“Las medidas tomadas hasta el momento son absolutamente insuficientes”, afirmaron Fratti y Larzabal, que proponen postergar pagos y aplicar subsidios.
Montevideo | Todo El Campo | Los diputados Alfredo Fratti y Nelson Larzabal (foto) del Frente Amplio, médico veterinario el primero e ingeniero agrónomo el segundo, difundieron un documento en el que se expresan sobre la situación de déficit hídrico que afecta a todo el país. Ambos legisladores, que integran la Comisión de Ganadería en Diputados, consideran que a la falta de agua se suman al sector agropecuario otros problemas como la importación de carne de ave, entre otros.
“Las medidas tomadas hasta el momento son absolutamente insuficientes”, afirmaron Fratti y Larzabal, que proponen postergar pagos y aplicar subsidios.
TEXTO COMPLETO.
El siguiente es el manifiesto completo:
La actual emergencia agropecuaria se da como consecuencia de la situación climática en el país y los efectos adversos que tiene y tendrá sobre la economía nacional. Productores y trabajadores rurales han hecho llegar su gran preocupación a legislares y gente relacionada al sector agropecuario en su conjunto.
La Ley 18.362 Art 207 y el decreto 829/008 establecieron el Fondo Agropecuario de Emergencia a ser utilizado en caso de declararse emergencia agropecuaria. Es decir, hay que aplicar la ley. El impacto de la situación actual de estos eventos, tienen repercusión luego de finalizados los mismos y es necesario acción coordinada de la institucionalidad agropecuaria y del trabajo territorial con las organizaciones del medio rural para lograr que las propuestas sean más adecuadas a las realidades de los diferentes rubros y escalas productivas.
Ejemplos como: el mal estado corporal de las vacas que hace que no se preñen o que las lecheras a parir en otoño bajaran su producción, la falta de agua para riego y bajo calibre de frutos en el sector hortofrutícola, la disminución del rendimiento en los cultivos agrícolas que hoy está muy comprometida su productividad.
Debemos sumar problemas coyunturales como la baja del entorno de dos dólares por kilo en el ganado gordo que arrastra los precios de toda la producción ganadera, así como medidas de Gobierno que al liberar la importación de pollos en trozos ha generado una enorme incertidumbre en toda la cadena avícola, la suspensión del «Programa más agua para la producción» que podría estar mitigado la situación actual fue suspendida y las insuficientes medidas en las emergencias agropecuarias anteriores, que repercutirán por largo tiempo en toda la economía del país.
Como legisladores del Frente Amplio que integramos la Comisión de Ganadería Agricultura y Pesca de Diputados entendemos que las medidas tomadas hasta el momento son absolutamente insuficientes como lo están alertando las gremiales involucradas en esta temática.
Es por esto que proponemos medidas directas como: 1) Postergar los pagos de contribución rural hasta tres meses después de levantada la emergencia. Deberá tomarse en cuenta la capacidad económica de cada franja o sector de productores.
2) Postergar los pagos al BPS de los cuatrimestrales de enero y mayo y refinanciarlos en cuotas a partir de 2024 y 2025.
3) Subsidiar a los tamberos por litro de leche enviado a planta con el apoyo del Fondo Agropecuario de Emergencia.
4) Tratamiento especial para las deudas contraídas por cultivos afectados por esta situación y por las emergencias agropecuarias anteriores.
Como medidas institucionales: 1) Convocar en forma urgente el Consejo Agropecuario Nacional Ley 18120. 2) Convocar a todos los Consejos agropecuarios Departamentales. 3) Convocar a todas las mesas de Desarrollo Rural.
Con la participación activa de todos los actores del sector, definir otras medidas paliativas contundentes y de impacto, para que el sector de mayor aporte en la economía del país se resienta lo menos posible y por lo tanto no se pierdan productores y trabajadores del sector.
Firman los diputados Alfredo Fratti y Nelson Larzabal, junto con los suplentes Paulo Beck y William Martínez.
Montevideo/TodoElCampo-El balance del año 2022 es positivo, señaló el director de Empleo del Ministerio de Trabajo, Daniel Pérez. Además, reconoció que se aspira a mejorar los registros, que la tasa de empleo alcanzó niveles superiores a los de 2019, año previo al comienzo de la pandemia por COVID-19. También indicó que en el primer año de la Ley de Promoción del Empleo se acordó con empresas para la inserción de personas de sectores vulnerables.
Montevideo/TodoElCampo-Daniel Pérez, en diálogo con Comunicación Presidencial, destacó que los datos de empleo muestran un nivel de recuperación importante. Sobre finales del año 2021 se alcanzaron niveles de recuperación prepandemia y en 2022, aunque se aguardan las cifras a ejercicio cerrado, se estima que la tasa de desempleo se sitúe por debajo del 8%, lo que significa, por lo menos, un punto menos de lo registrado en 2019, último año sin emergencia sanitaria por COVID-19 y cierre de la administrasción anterior.
En cuanto a la tasa de actividad, también registra niveles similares a los prepandemia y la tasa de empleo incluso superior. El jerarca agregó que, si se compara la cantidad de personas con trabajo, actualmente hay 35.000 más que las que se encontraban ocupadas en 2019.
Asimismo, hizo referencia a la Ley de Promoción del Empleo, por la que los datos son auspiciosos. Durante el primer año se alcanzaron niveles similares e, incluso, en algunos casos superiores a los registrados en el último año antes de la emergencia sanitaria, lo que permitió focalizar las acciones en los jóvenes menores de 24 años, que integran el grupo con mayor índice de desempleo.
Además, sostuvo que se generaron convenios para brindar más apoyo a las empresas que contratan personas con vulnerabilidad, como personas en hogares en situación de pobreza, afrodescendientes, personas trans, víctimas de violencia de género, inmigrantes, así como quienes se encuentran en proceso de reinserción en la sociedad.
El director de Empleo manifestó que estos acuerdos generados durante el 2022 se intensificarán durante 2023 y prevé lograr que las empresas, mediante los beneficios disponibles, incorporen a personas pertenecientes a estos colectivos. https://www.youtube.com/embed/NmWbrK_OUis?rel=0
“Se aprobó un proyecto con irracionalidad técnica, que tendrá efectos negativos sobre la inversión forestal, y que termina siendo inaplicable en muchas zonas como el sur del país”.
Montevideo | Todo El Campo | La Sociedad de Productores Forestales (SPF) lamentó que la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley con “ajustada mayoría”, que peca por “irracionalidad técnica” lo que en el futuro generará consecuencias. “Las actividades productivas no pueden estar permanentemente en vilo a lo que el Parlamento decida cada año para satisfacer su juego político”, agregó la institución.
En sus redes sociales la SPF escribió que “lamentablemente en el día de hoy (jueves 15/12) una ajustada mayoría de diputados votó un proyecto de ley sobre prevención y combate de incendios forestales que desconoce la opinión técnica y profesional” de la Dirección Nacional de Bomeros (DNB), el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) y la Dirección General Forestal (DGF) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
Agregó que “como consecuencia de ello, se aprobó un proyecto con irracionalidad técnica, que tendrá efectos negativos sobre la inversión forestal, y que termina siendo inaplicable en muchas zonas como el sur del país”.
“Las actividades productivas no pueden estar permanentemente en vilo a lo que el Parlamento decida cada año para satisfacer su juego político. El tema de la prevención de incendios es algo muy importante que los productores forestales hemos encarado con profesionalismo”, señalaron.
YA SE HABÍAN TOMADO MEDIDAS.
El proyecto de ley aprobado por Diputados parte como consecuencia de los incendios que afectaron al país a fines de 2021 y comienzo de 2022, por lo que la SPF enfatiza que “luego de los incendios del verano pasado, los productores forestales tomamos muchas medidas adicionales a las que ya se tomaban, que incluyeron retirar las plantaciones de los centros poblados, aumentar los recursos de detección, mejorar los recursos de combate y la capacitación adicional de las personas”.
Los propietarios, arrendatarios o tenedores a cualquier título de bosques estarán obligados “a la presentación de planes de prevención de incendios forestales”. Votaron a favor el Frente Amplio y Cabildo Abierto.
Hébert Dell’Onte | Montevideo | Todo El Campo | La Cámara de Diputados aprobó el jueves 15 de diciembre un proyecto de ley sobre la regulación de la prevención y combate de incendios forestales que ahora pasa a el Senado. La iniciativa fue presentada por los diputados Cecilia Bottino, Alfredo Fratti, Ubaldo Aita, Constante Mendiondo (todos del Frente Amplio), Rafael Menéndez (Cabildo Abierto) y César Vega (Partido Ecológico Radical Intransigente).
El diputado Ubaldo Aita dijo que la propuesta surge luego de los incendios forestales a finales de 2021 e inicios de 2022. Partiendo de esa situación diversos grupos de la sociedad “nos entregaron un proyecto de ley que los legisladores firmamos a los efectos de darle estado parlamentario”.
Las instituciones de la sociedad civil la las que hizo referencia Aita son: Sociedad de Fomento Rural Puntas de Arroyo Negro, la Sociedad de Fomento Rural Las Delicias Arroyo Malo, la Sociedad de Fomento Rural Colonia Porvenir, la Sociedad de Fomento Rural Santa Blanca, la Asociación Agraria Bella Vista, el Grupo Paso de los Carros, el Colectivo Tierra Pa Todos, el Colectivo Agroecológico El Ombú, Calapis y Calagui.
Los incendios generaron conmoción económica, social y sicológica en las poblaciones afectadas, agregó.
Sobre el fin del proyecto dijo que “busca sistematizar en un único cuerpo normativo y dar rango legal a un conjunto de disposiciones reglamentarias provenientes de distintos organismos con competencia en la materia y disponer así de un ordenamiento de las reglamentaciones vigentes”.
DISPOSICIONES.
El proyecto de ley establece que “la prevención de los incendios forestales en todo el territorio nacional se regirá por la disposición de la Dirección Nacional Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, del Sistema Nacional de Emergencia y otras instituciones con competencia en la materia de acuerdo a las regulaciones” que establece el proyecto de ley en cuestión.
También se determina que el director Nacional de Bomberos tiene “responsabilidad exclusiva” en el combate de los incendios, “o de quien lo represente”, y obliga a los organismos públicos en la colaboración de la prevención y el combate de incendios forestales.
Por otra parte, “todo organismo público o privado vinculado al sector forestal deberá asistir con personal y materiales a los servicios de Bomberos cuando éstos lo requieran en la actuación del combate de los incendios forestales y la posibilidad de disponer materiales o equipos”.
El proyecto de ley “establece la separación de macizos forestales de caminos públicos, carreteras, vías férreas, etc. y determina medidas para las áreas de los cortafuegos al interior de los macizos y la obligación de su mantenimiento”.
También se indican “distancias mínimas” de 500 metros a centros poblados y establecimientos vecinos a la forestación, y se “prohíbe la plantación forestal comercial a menos de 150 metros de edificaciones en zonas rurales para las plantaciones superiores a 50 hectáreas”.
Los propietarios, arrendatarios o tenedores a cualquier título de bosques estarán obligados “a la presentación de planes de prevención de incendios forestales conforme a un conjunto preciso de requisitos para bosques mayores a 40 hectáreas y permitir el acceso con fines de inspección a los funcionarios de la Dirección General Forestal y de Bomberos”.
Se obliga a la Dirección de Bomberos a investigar las causas de todo incendio en un área forestada.
EL DEBATE.
Ricardo Molinelli (Partido Colorado), dijo que el director de Bomberos y de la Dirección Forestal del MGAP presentaron documentos que en algunos puntos difieren del proyecto de ley en debate. Una de las diferencias es que el proyecto de ley prohíbe la actividad forestal de un radio mínimo de 500 metros desde el límite de las zonas urbanas y suburbanas, y Bomberos como la Dirección Forestal propusieron 200 metros.
Otra diferencia fue sobre los metrajes de los cortafuegos. El proyecto mantiene la extensión de 20 metros de ancho libre de árboles en plantaciones para celulosa, y de 50 metros para plantaciones de aserrío o calidad; allí Bomberos y la Dirección Forestal habían propuesto 12 metros.
Una tercera diferencia se dio con los bosques destinados al silvopastoreo.
No obstante, el proyecto incorporó muchas de las propuestas de Bomberos y la Dirección Forestal, agregó Molinelli que acompañó la iniciativa con su voto.
El diputado Eduardo Lust (Cabildo Abierto) dijo su partido acompañará totalmente el proyecto de ley. “Este no es un proyecto que esté pensado en contra de la forestación ni ningún medio de producción, sino en los centros poblados que están rodeados de bosques artificiales”.
Miguel Irrazabal (Partido Nacional) cuestionó que las instituciones forestales no fueron escuchadas por lo que sus aportes como integrantes de la cadena forestal “no se tomaron en cuenta, lo que es muy extraño”.
Se preguntó por qué son 500 metros los establecidos “¿de dónde sacan esos 500, podrían ser 505 metros, mil, un millón, o 200 metros” como se propuso por Bomberos y la Dirección Forestal.
MOLINELI (PC) Y NÚÑEZ (PN) VOTARON A FAVOR.
Cabe señalar que los partidos tradicionales votaron en contra, sin embargo, los diputados Molinelli y Nancy Núñez, de Paysandú dieron su voto, el diputado Nelson Larzábal (FA) observó que ambos son de Paysandú y como tales conocieron la angustia de los vecinos que viven en la zona de los incendios de hace un año. “Vivieron de cerca la situación angustiante, y acá no se trata de lo productivo sino de las vidas humanas”, concluyó.
El subsecretario contó que alguien le preguntó si iba a concurrir o no a la asamblea avícola, a lo que respondió: “¡Cómo no iba a venir!, pero ¿en qué cabeza cabe que no esté acá?, ¡claro que tengo que estar acá, conversando con ustedes!”.
Hébert Dell’Onte | Una delegación del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) con el subsecretario Ignacio Buffa como principal, participó de la asamblea convocada por la coordinadora del sector avícola a la cual asistió todo el sector, con el fin de discutir y tratar las importaciones de carne de ave desde Brasil. El encuentro se realizó el jueves 24 de noviembre en la Sociedad de Fomento Rural de San Jacinto, Canelones.
Acompañando al subsecretario se encontraban el director general de la Granja, Nicolás Chiesa; el director de servicios Ganaderos, Diego de Freitas; el director general Desarrollo Rural, Carlos Rydstrom; además de técnicos vinculados al sector.
En la oportunidad Buffa dijo que cada vez que “hay un tema para conversar, y de un lado están los productores, del otro lado siempre va a estar el Ministerio de Ganadería”, por tanto “es un enorme gusto estar acá”.
“Para el Ministerio, esta es una enorme oportunidad para contar las cosas que venimos haciendo en un sector que es estratégico desde todo punto de vista: es estratégico porque da trabajo, porque genera producción de alimento, y porque da plata”, señaló.
Por todo eso “este Ministerio le ha puesto un fuerte empuje a lo que es el sector y en ese empuje vamos a seguir hasta el final, y vamos a tratar de desarrollar al sector avícola”, expresó.
Destacó que “cada vez que se trata un tema que importa genera ese tipo de convocatorias, y no hay nada más lindo que construir el desarrollo de un sector a partir del consenso, que es lo vamos a hacer hoy”.
Buffa contó que “alguien me preguntaba si iba a venir (a la asamblea), ¡cómo no iba a venir!, pero en qué cabeza cabe que no esté acá, claro que tengo que estar acá, conversando con ustedes y que ustedes me planteen los problemas”, dijo.
VIDEO.
“REPORTE SOBRE LAS ACCIONES EN UN SECTOR FUNDAMENTAL”.
El Ministerio de Ganadería publicó en Twitter que en la asamblea se realizó “un reporte de gestión de todas las acciones desarrolladas sobre un sector” que Buffa definió como “fundamental para esta administración”.
Los datos (el reporte) publicados en la red social son los siguientes:
Entre enero y octubre de 2022, la faena fue de 27,2 millones de cabezas, 2,5% más que en los primeros 10 meses de 2021.
En 2022 aumentaron las importaciones de carne de pollo respecto a años anteriores, con particular aumento de los cortes.
Entre enero y setiembre 2022 el volumen comercializado aumentó 4,5% respecto al mismo período de 2021, llegando a las 61,5 toneladas.
El 95,4% de la carne comercializada fue carne de origen nacional y el restante 4,6% fue de carne importada.
Entre enero y setiembre de 2020 la carne importada representó el 4,14% y en enero a setiembre 2021 el 3,42%.
El precio del pollo entero en lo que va del 2022 ha crecido de forma similar al IPC, no siguiendo el comportamiento de la carne vacuna.
Desde enero a octubre 2022, el sector realizó exportaciones por US$ 1,58 millones (96% más que en el mismo período de 2021); esto por mayor volumen y precio (70% y 15% más, respectivamente).
Se exportaron 581 toneladas de carne de pollo y 695 toneladas de garras.
El 51% del pollo exportado tuvo como destino Qatar y se recibió un precio promedio de 2.074 US$/tonelada.
La producción al total del año podría ubicarse en valores similares o levemente inferiores a los del año pasado.
El comportamiento de las entradas a galpones de engorde, hasta el momento, no avizora una caída de la producción en los próximos dos meses.
El proyecto consta de un solo artículo y se presentó con la firma de 9 diputados, todos del Frente Amplio.
Hébert Dell’Onte | El diputado Nelson Larzábal (foto), vicepresidente de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de Diputados anunció que el Frente Amplio, partido al que pertenece, presentó un proyecto de resolución que busca establecer los cupos a las importaciones de carne de pollo.
El legislador pidió la palabra en la asamblea del sector avícola realizada el jueves 24 en la Sociedad de Fomento Rural de San Jacinto (Canelones) y comentó que el tema de las importaciones de pollos desde Brasil “es un tema que venimos conversando con las autoridades del Ministerio”, incluso con la presencia del ministro Fernando Mattos, con quien “hablamos del tema, nos dio explicaciones”.
Larzábal anunció entonces que presentó “un proyecto de resolución para que el Poder Ejecutivo vuelva a tener la consideración y use de nuevo los cupos acordados o en su defecto se marquen nuevos cupos”.
Adelantó que “el proyecto de resolución se mandó a la Comisión de Ganadería, y la idea es que en la próxima sesión se apruebe y se mande al plenario del Parlamento” para su tratamiento y votación. “Espero que el proyecto en el que pedimos al Poder Ejecutivo que vuelva a los cupos tenga el apoyo de todos los partidos”, concluyó.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN.
El proyecto consta de un solo artículo y se presentó con la firma de 9 diputados, todos del Frente Amplio.
El artículo expresa: “La Cámara de Representantes solicita al Poder Ejecutivo que disponga la vigencia de los convenios existentes desde 2010, entre las Cámaras Empresariales, y que establecían una cuota máxima de 120 (ciento veinte) toneladas mensuales de pollo entero congelado desde Brasil y 60 (sesenta) toneladas para Argentina”.
Firman el texto: Nelson Larzábal Neves (Canelones), Lucía Etcheverry Lima (Canelones), Sylvia Ibarguren Gauthier (Río Negro), Carlos Varela Nestier (Montevideo), Gustavo Olmos (Montevideo), Felipe Carballo Da Costa (Montevideo), Mariano Tucci Montes De Oca (Montevideo), Gonzalo Civila López (Montevideo) y Ana María Olivera Pessano (Montevideo).
“DAÑO IRREVERSIBLE A LA PRODUCCIÓN NACIONAL”.
En la exposición de motivos se recuerda que en 2010 los gobiernos de Uruguay y Brasil acordaron que Uruguay levantaría la limitante de importar carne aviar de Brasil por razones sanitarias.
Sin embargo, dado “la gran desigualdad de volúmenes producidos en Brasil y Uruguay”, se “ponía en gran riesgo a toda la industria avícola uruguaya” por lo que, también en 2010, “se acordó y se firmó un acuerdo” que limitaba las importaciones desde Uruguay en “una cuota máxima de 120 toneladas mensuales de pollo entero congelado”.
En el 2014, se habilita a Estado Unidos y Chile, y en el 2018, a Argentina, “con una cuota de 60 toneladas mensuales de pollo entero congelado”.
Pero en marzo de 2022 se levantó el cupo y se liberaron los permisos de importación, superándose “los topes de 120 y 60 toneladas mensuales”, también “se habilitó el ingreso de cortes”.
Lo que ocurrió es que “los volúmenes de carne aviar importada, sin límites y producida con costos más bajos que en nuestro país por el mayor productor y exportador de carne aviar del mundo (Brasil), compite y desplaza a la carne aviar producida por nuestras industrias, afectando a todos los eslabones de la cadena y representan una amenaza inminente al futuro de la industria nacional y a las fuentes de trabajo que esta genera”, argumentan los diputados firmantes.
“El mayor impacto lo causa la carne trozada y en especial la suprema” que es el corte de mayor valor. Actualmente “la proporción de carne aviar importada está llegando a valores no alcanzados históricamente”, según un informe de Cámara de Procesadoras Avícolas (Cupra).
La medida que liberaliza la importación tiene como fin “reducir los precios al consumo”, pero no ha dado el resultado buscado “y amenaza seriamente los puestos de trabajo de la industria nacional genuina y muy eficiente”.
La liberación de las importaciones “no están siendo efectivas y generan un daño irreversible a la producción nacional y en particular a la producción e industrias de menor escala. Los que se ven favorecidos, son los importadores” que concentran el negocio.
