Jul 1, 2022 | Opinión
En una reunión inédita, 40 instituciones expresaron su desconformidad y en un mensaje al Gobierno aseguraron que la cadena agroindustrial es parte de la solución de la crisis que vive el país.
Este miércoles 29 de junio, preocupados por los problemas de sector rural argentino y del país en general, en una instancia inédita e histórica, se reunieron todos los eslabones de la cadena agroindustrial bajo la convocatoria de la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA).
La reunión se llevó a cabo en la sede de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la movilización del 13 de julio se decidió como protesta ante la falta de gasoil, la presión impositiva, las retenciones y la brecha cambiaria. La medida incluye parar la comercialización de granos y ganados. Además se realizarán movilizaciones en distintas ciudades del interior del país.
“ES IMPRESCINDIBLE LA INTEGRACIÓN CON PAZ SOCIAL”.
Finalizado el encuentro de CEEA las 40 instituciones participantes expresaron en un comunicado que “los presentes coincidieron en que la cadena agroindustrial es parte de la solución y de la salida a esta crisis”.
Partiendo de ese escenario, destacaron la unidad de las instituciones y subrayaron que poseen “una visión en común, con el convencimiento de que el sector está en condiciones de crecer en producción, exportaciones, abastecimiento y en la generación de bioenergía y más empleo”, sin embargo advierten que “todo esto debe darse en el marco de un profundo respeto a la democracia, la institucionalidad y la división de poderes”.
El sector agrícola hace un llamado a la política, entendiendo que ésta “debe recuperar la estabilidad macroeconómica y detener la confrontación, que redunda en mayor desigualdad”.
Para la sociedad argentina y el país mismo “es imprescindible la integración con paz social, para lograr un desarrollo federal, sostenible e inclusivo. Estas son condiciones imprescindibles para trabajar, producir, industrializar, transportar, comercializar para lograr el abastecimiento interno e incrementar las exportaciones”.
En ese marco es “urgente el acceso al gasoil y a los fertilizantes para evitar una parálisis total del aparato productivo. También es necesario que haya menos intervenciones dañinas, que se baje el gasto público y que se ponga fin a la crisis energética, para hacerlo posible”.
“El sector agroindustrial genera casi 4 millones de empleos en todo el país, el 70% de las exportaciones y 8 de cada 10 divisas netas. Crea empleo federal y genuino, con el aporte fundamental de los productores en la dinamización de la economía. Aporta innovación tecnológica y mejoras en la calidad del trabajo y de la producción. Por eso, existe entre los actores presentes la convicción de que, si se dan las condiciones adecuadas, sin intervenciones distorsivas ni cambios de reglas de juego permanentes, podría crecer aún más e incrementar las posibilidades de desarrollo federal de Argentina”, expresa el comunicado.
Finaliza señalando que se está atravesando “un momento histórico, que le da a nuestro país una oportunidad excepcional que no debemos dejar pasar. Seguiremos trabajando para hacerlo realidad”.
CUARENTA INSTITUCIONES PARTICIPANTES.
Las instituciones participantes fueron las siguientes: Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC); Federación de Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales; Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid); Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (Acsoja); Angus; Asociación de Productores Exportadores Argentinos (Apea); Argentrigo; Asociación Semilleros Argentina (ASA); Asociación Argentina del Girasol (Asagir); Asociación Argentina de Productores Autoconvocados (AAPA); Barbechando; Braford; Brangus; Bolsa de Cereales de Buenos Aires; Bolsa de Comercio de Rosario; Bolsa de Comercio de Santa Fe; Cámara Argentina de Feedlot (CAF); Cámara Argentina Fabricantes de Maquinaria Agrícola (Cafma); Confederaciones Rurales Argentinas (CRA); Cámara de Legumbres de la República Argentina; Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (Camya); Centro de Consignatarios de Productos del País (CCPP); Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara); Centro Exportador de Cereales (CEC); Centro de Corredores y Agentes de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires; Coninagro; Centro de Empresas Procesadores Avícolas (CEPA); Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA); Federación Agraria Argentina (FAA); Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac); Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (Fifra); Hereford; Limousin; Asociación Maíz y Sorgo Argentina (Maizar); Mercado Agroganadero (MAG); Federación Argentina de la Industria Molinera; Sociedad Rural Argentina (SRA); Ateneo SRA; y Ateneo CRA.
Foto de CRA.
Jul 1, 2022 | Opinión
Para Molino Santa Rosa el decreto del Ejecutivo echa por tierra la estabilidad que ostentaba el sector donde “había un poco de importaciones de harina y de exportaciones” pero “nada significativo” dijo su presidente, Carlos Reyes.
Pérdida de fuente laboral, ruptura en la cadena de pagos y efectos en el desempeño económico de la industria nacional son algunas de las consecuencias denunciadas por las Cooperativas Molino Santa Rosa y Florida luego de conocerse el decreto que rebaja de 12% al 6% los aranceles para la importación de harina proveniente del Mercosur. Preservar las fuentes de trabajo sin tener que incrementar el precio de un producto de la canasta básica familiar estimuló a los industriales a movilizarse para intentar que el poder Ejecutivo revea esta decisión.
La decisión tomada por el Poder Ejecutivo y anunciada en su momento por la ministra de Economía Azucena Arbeleche de bajar del 12% al 6% los aranceles para la importación de harinas de la región, genera tensiones e incertidumbre en el sector molinero del país. Las cooperativas de los molinos Florida y Santa Rosa marcaron distancia a través de un comunicado en el cual puntualizan una serie de perjuicios para las empresas, el sector y las localidades donde se encuentran. Anunciaron en las últimas horas la contratación de una consultoría que les permita conocer con más precisión las consecuencias de estas medidas y “saber dónde estamos parados” señaló Nelson Mas, presidente de la Cooperativa Molino Florida.
En una reunión mantenida con la Cámara Empresarial de Florida que involucra al Centro Comercial, Asociación Rural de Florida y Sociedad de Productores de Leche de Florida y en la cual la Intendencia cumple un papel preponderante, varios legisladores oficialistas nacionales indicaron “que el decreto está por reverse”, aunque los molineros ponen reparos sosteniendo que “el decreto sigue firme y para el caso de la harina es definitivo”.
LA MEDIDA NO BAJARÁ EL PRECIO DEL PAN.
Por la cercanía y la relación comercial entre Uruguay y Argentina, el país vecino es el que tiene las mayores posibilidades de acceder a estos beneficios arancelarios. Mas que “esto de estar expuesto a lo que es la economía argentina” nos deja “en una incertidumbre total”, por tratarse de una de las economías “más fluctuantes del mundo”, publicó el semanario La Mañana.
Para los molineros locales, de habérselos tenido en cuenta podrían haber alcanzado con el equipo económico “una batería de medidas reales y que impacte en el precio final de la harina”. Agregó que esta rebaja arancelaria no “hará que llegue el pan más barato a la gente”.
El cooperativista indicó que las medidas de Economía son “un riesgo latente” para la industria nacional por las pérdidas de fuentes laborales y ruptura en las cadenas de pagos que pueda acarrear. “Hoy los molinos están perdiendo capital de giro” debido a que las subas de las materias primas y sobre todo del trigo, no se ven reflejadas en el precio final de la harina. Además existe un efecto derrame sobre la sociedad donde se encuentran ambos emprendimientos y que beneficia a toda la economía en general.
PARA SANTA ROSA ES UN PROBLEMA CAPITAL.
Para los trabajadores de la Cooperativa Molino Santa Rosa este decreto echa por tierra la estabilidad que ostentaba el sector donde “había un poco de importaciones de harina y de exportaciones” pero “nada significativo” dijo su presidente Carlos Reyes. Agregó que “la incertidumbre” tras esta decisión del Ejecutivo arroja preocupación entre los afectados, aún sin tener un escenario cierto sobre las consecuencias y derivaciones que tendrá sobre el sector.
La industria molinera nacional “ha retrasado los aumentos de harina” para no afectar el bolsillo de los uruguayos, pero “si el trigo mantiene este valor a noviembre y diciembre cuando se cosecha, la industria va a sufrir una fuerte descapitalización”. El no haber transferido todo el valor del aumento de los granos resintió también el ingreso de las empresas. Reyes estima que de no existir un escenario favorable para este fin de año, la empresa molinera de Santa Rosa sufrirá una descapitalización “entre el 20% y 25%” del capital de trabajo. El consumo de harina en el país es muy estandarizado producto del lento crecimiento demográfico. Estos beneficios a las importaciones de harina “obviamente va a redundar en pérdida de puestos de trabajo” manifestó Reyes.
EL RÉGIMEN ARANCELARIO DATABA DEL 2000.
Una consultoría a través de uno de los programas del Instituto Nacional del Cooperativismo que despeje algunas incógnitas y aporte más elementos para toda la industria nacional es el próximo paso en el cual están embarcados. “Nosotros no intentamos generar información solo a los molinos cooperativos sino que le sirva a todo el sector” indicó el entrevistado.
El sistema arancelario vigente data del año 2000 cuando en común acuerdo entre Argentina y Uruguay se dispusieron esos porcentajes “básicamente por las distorsiones que generaba (el vecino país) a los precios de su mercado interno”. Reyes sostuvo que durante todo ese tiempo existió cierta estabilidad que benefició al sector local.
El documento considera que de seguir adelante con lo que establece el decreto habrá pérdida de puestos de trabajo en la industria molinera nacional, efectos negativos sobre el desempeño económico de la industria nacional, restricciones de la industria local en cuanto a su abastecimiento de trigo, afectación en la cadena de pagos y disminución del costo y las exigencias en los controles de calidad que realiza el LATU a los productos importados (harinas, panificados, pastas).
UN ESCENARIO COMPLICADO.
El escenario coyuntural imperante con una guerra de por medio pone un signo de interrogación sobre el sector local, si se tiene en cuenta que el país es tomador de precios. Nelson Mas sostiene que el rubro debe ceñirse a los precios internacionales del trigo, que para el caso de la harina supera el 70% del total del costo de producción de este alimento.
Si bien no se piensa en faltante de materia prima para lo que resta del año, sí las reservas están ajustadas hasta la próxima zafra de trigo respondiendo a la corriente exportadora consecuencia de los buenos precios internacionales. La guerra en Ucrania apuntala este escenario que pone en mala posición a las empresas que deben afrontar el aumento permanente de los insumos. (Artículo de Álvaro Melgarejo en La Mañana).
Jun 30, 2022 | Información, Noticias, Opinión
Ante el cierre del ejercicio fiscal para las empresas agropecuarias, el Cr. Eduardo Appoloni explica algunos de los principales impuestos del sector.
Cr. Eduardo Appoloni | El próximo 30 de junio cierra un nuevo ejercicio fiscal para las empresas agropecuarias y entendemos importante repasar algunos de los principales impuestos del sector.
Estos impuestos los podemos separar en dos grandes capítulos:
1. Impuestos a la Renta.
A los efectos fiscales, dentro de las rentas agropecuarias podemos tener dos categorías: las derivadas de la actividad agropecuaria, que son aquellas destinadas a obtener productos primarios, vegetales o animales, y aquellas otras rentas comprendidas como son los servicios agropecuarios prestados por productores, enajenaciones de activos fijo afectados a las actividades agropecuarias, actividades de aparcería, pastoreo, medianería y similares. En la actualidad nos encontramos con dos impuestos que gravan las rentas agropecuarias: Impuesto a las Rentas de las Actividades Empresariales (en adelante IRAE) e Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios (en adelante Imeba).
El IRAE grava las rentas de fuente uruguaya y su alícuota es del 25%, mientras que el Imeba grava la primera enajenación de productos agropecuarios a cualquier título a contribuyentes de IRAE, organismos municipales y nacionales así como la exportación de bienes, y su alícuota varía entre 0% y 2,5% dependiendo del bien enajenado. Lo particular del Imeba es que afecta a la mayoría de los productores agropecuarios, siendo para algunos un impuesto final y para otros un pago a cuenta (contribuyente de IRAE). Serán contribuyentes de Imeba aquellos productores con una explotación agropecuaria menor a 1250 hectáreas IC 100 y cuyos ingresos del año anterior no superen los 2.000.000 de UI (aproximadamente US$ 270.000).
Los siguientes sujetos pasivos no podrán optar por este régimen ya que están inhabilitados por su forma jurídica: sociedades anónimas, sociedades en comandita por acciones, establecimientos permanentes de no residentes, fondos de inversión cerrados de crédito y fideicomisos, salvo los de garantía.
Los restantes contribuyentes que obtengan rentas agropecuarias y no cumplan con las condiciones antes mencionadas, estarán incluidos en el IRAE. Dentro de este impuesto existe la posibilidad de tributar por un régimen simplificado (IRAE Ficto), donde pueden optar aquellos contribuyentes que también quedaban incluidos en el Imeba por su forma jurídica y que sus ingresos agropecuarios del ejercicio anterior no superen las 4.000.000 de UI (aproximadamente US$ 540.000)
2. Impuesto al Patrimonio.
Aquellas explotaciones agropecuarias cuyos activos superen las 12.000.000 de UI (aproximadamente US$ 1.629.000) serán contribuyentes del Impuesto al Patrimonio Agropecuario (en adelante IP).
Las entidades con acciones al portador y las no residentes (excepto las personas físicas) no se encuentran incluidas en esta exoneración y estarán gravadas desde el inicio.
Para determinar el valor de los activos se deben considerar dos aspectos:
a) El valor de los inmuebles rurales que sean propiedad de la empresa. Este se determina por el valor de catastro al 2012 actualizado por el Índice de Precios de Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura.
b) El valor ficto de bienes muebles y semovientes. Se determina como el 40% del valor de los inmuebles rurales computándose para quienes realicen explotación agropecuaria, sin importar la titularidad del inmueble.
Las tasas del IP varían de acuerdo al valor de los activos fiscales. Cuando los activos no superan las 30.000.000 UI (aproximadamente US$ 4.073.000) es del 0,75%, mientras que cuando exceden este tope es del 1,5%.
En este impuesto existe una sobretasa que se aplica en aquellas explotaciones agropecuarias en donde los activos fiscales superan las 30.000.000 UI (aproximadamente US$ 4.073.000) y cuyas alícuotas van desde el 0,7% al 1.5%.
Cuando un contribuyente verifica ser parte de una Unidad Económica Administrativa, a los efectos de determinar el impuesto o la alícuota de la sobretasa, se deben considerar todos los activos de las entidades que la integran.
OTROS ASPECTOS DE INTERÉS.
– Los saldos de impuestos del ejercicio cerrado al 30 de junio del 2022, se deberán abonar en el mes de octubre 2022
-Los arrendamientos de un establecimiento rural no se consideran renta agropecuaria, y siguen el mismo tratamiento que las rentas de capital.
– Los anticipos de impuestos se realizan en forma trimestral. Si el contribuyente lo prefiere, tiene la opción de hacerlo mensualmente.
– Los productos agropecuarios se encuentran gravados bajo el régimen de IVA en Suspenso. Esto habilita a los contribuyentes de IRAE a solicitar créditos fiscales por el IVA Compras (directamente relacionado con los ingresos derivados de la actividad agropecuaria) para el pago de futuras obligaciones.
EL AUTOR. El Cr. Eduardo Appoloni de Estudio Appoloni – eduardo@eappoloni.com
Jun 30, 2022 | Agricultura, Granja, Noticias, Opinión
La reglamentación surge de la necesidad de conocer el mercado nacional sobre dichos insumos agrícolas y brindar información actualizada y confiable a los usuarios de los mismos a través de dicho catálogo.
El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), a través de la Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA), y ante la necesidad de instrumentar medidas tendientes a promover el uso de herramientas de manejo integrado de plagas a través del monitoreo de sus poblaciones como de fomentar el uso de insumos sostenibles, procedió a la creación de un Catálogo Nacional de Insumos para el Monitoreo de Plagas.
El Catálogo estará a cargo de la División Control de Insumos de la DGSA. Los insumos abarcan a los utilizados exclusivamente para el monitoreo de plagas, incluyendo trampas y semioquímicos (sean atrayentes alimenticios, feromonas, paraferomonas) o cualquier otra sustancia con dicho fin.
No se comprenden los insumos semioquímicos para el control de plagas; tampoco comprende a los insumos semioquímicos que tengan doble acción, tanto para monitoreo y control de plagas. Ambos casos requieren sí el registro ante la DGSA.
La reglamentación surge de la necesidad de conocer el mercado nacional sobre dichos insumos agrícolas y brindar información actualizada y confiable a los usuarios de los mismos a través de dicho catálogo.
El mismo será actualizado por la DGSA en su página web, y será elaborado con información remitida por las empresas que los comercializan a través de la presentación de dos Anexos con información técnica estipulada en la Resolución y que será de carácter de declaración jurada.
Para acceder a la resolución: Resolución N° 686/022 de la DGSA: Insumos de Monitoreo de Plagas | Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (www.gub.uy)
Jun 30, 2022 | Opinión
El documento de la OIT y el MTSS expresa que para Uruguay “es un desafío ambiental minimizar la utilización de productos químicos, analizando la posibilidad de su sustitución por productos biológicos y microorganismos benéficos y pensando en un control biológico de plagas”.
Hébert Dell’Onte | La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Ministerio de Trabajo y Seguridad Social del Uruguay (MTSS) elaboraron el documento “Actualización y desarrollo de indicadores de empleo verde y azul en Uruguay. Informe 2021” en el cual evalúan el impacto de las políticas vinculadas al cambio climático, con un enfoque sectorial y “examinando más de cerca la cantidad y la calidad de los empleos verdes y azules que existen actualmente en la economía de nuestro país”, se lee en el prólogo.
El texto explica los conceptos de empleos verdes y azules: “Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los empleos verdes son los que contribuyen a proteger el medio ambiente y reducir los efectos nocivos de la actividad humana sobre él (mitigación), o a afrontar mejor las condiciones actuales del cambio climático (adaptación)”.
En el empleo azul “refiere a las actividades relacionadas con la explotación y preservación del medio ambiente marino”, por tanto, trata del “uso sostenible de los recursos oceánicos para el crecimiento económico, la mejora de los medios de subsistencia y el empleo, manteniendo al mismo tiempo la salud de los ecosistemas oceánicos”.
El capítulo 6, de un total de 11, se ocupa del sector agropecuario.
“La certificación internacional sobre la calidad del producto se aplica en múltiples casos y es lo que posibilita al Uruguay acceder con sus productos a mercados de altísima exigencia a nivel mundial, como ser el caso de la carne, lácteos o cítricos, entre otros. Pero el exigente control y sistemas de trazabilidad sobre estos productos, recae sobre la calidad del producto y las certezas de su consumo seguro para el consumidor del mercado final, pero no implica necesariamente el control de que el proceso productivo haya ocurrido de un modo amigable con el ambiente en su país de origen”, expresa.
Sobre “la producción orgánica de carne, si bien existe en el país un esquema de certificación al respecto, en el sector de exportación de carne orgánica el acceso a certificaciones radica exclusivamente en el interés de lograr el acceso a mercados, dependiendo del interés y capacidad financiera de solventarla por parte del productor, pero no genera diferencias notorias en los procesos productivos, por lo cual no sería el criterio adecuado, en este caso, para diferenciar procesos verdes”.
De haber un marco metodológico “que delimite las actividades agropecuarias verdes en función del uso de agroquímicos, como es el caso de la producción orgánica, indudablemente varios sectores no deberían ser considerados como verdes”. Es el caso de la forestación por el “uso extensivo de hormiguicidas o herbicidas, por más que sea controlado”.
Por lo tanto para Uruguay “es un desafío ambiental minimizar la utilización de productos químicos, analizando la posibilidad de su sustitución por productos biológicos y microorganismos benéficos y pensando en un control biológico de plagas”.
Sobre la producción avícola, porcina y lechera, el texto dice que “en las condiciones actuales de producción en el país, habría consenso entre los técnicos consultados en cuanto a no considerar (esas producciones) como actividades verdes”, y agrega: “Aquí influyen aspectos de bienestar animal, emisiones (óxido nitroso en la lechería, por ejemplo), entre otros”.
SOBRE EL USO DEL AGUA Y EL SUELO.
En cuanto a la gestión del recurso agua, donde los aspectos relevantes a tener en cuenta son la calidad y la cantidad, “tanto en cuanto al consumo de agua de lluvia natural como, principalmente, el agua retirada de cursos naturales para otros usos (como el riego), quitándola de su sistema natural y por ende generando efectos sobre el mismo”, el trabajo indica que “con esta óptica, quedarían excluidos de las actividades verdes los casos de la forestación y otras que producen materia seca en volumen importante (por ejemplo: granos)”.
Asimismo, “la agricultura extensiva (soja, trigo, maíz, cebada, arroz, etc.) presenta una enorme mejora en materia de la gestión del recurso suelo”, en especial en la última década por la reglamentación de los planes de uso y manejo de suelos, que llevó a mejorar su preservación.
GANADERÍA Y PRADERA NATURAL.
En el párrafo referido a la ganadería de vacunos y ovinos se destaca la importancia de la pradera natural: “En Uruguay, la mayor parte de la ganadería se practica con base en la pradera natural, que es el ecosistema por excelencia del territorio. La pradera natural es el principal ecosistema a preservar, con vegetación que soporta el corte por parte de los herbívoros (para alimentarse), los cuales son parte integrante de dicho ecosistema. Por lo tanto, a diferencia de otros países, esta actividad productiva puede operar sin que sea necesario cambiar el ecosistema, realizando un manejo natural de la pastura y su rebrote, con adecuados sistemas de rotación del ganado en los sectores del predio”.
“Para el sector de la ganadería, los resultados preliminares de la Cuenta Ambiental Económica Agropecuaria (CAE-Agro), indican ganancias de eficiencia en el uso del suelo, agua azul y emisiones de GEI (gases de efecto invernadero). Sin embargo, se observa una reducción en la eficiencia del uso de energía, fertilizantes y pesticidas, cuando esta se compara con la cantidad de cabezas”.
Se menciona el debate sobre el uso de feedlot: “Los productores de carne intensiva en Uruguay se nuclean en la Asociación Uruguaya de Productores de Carne Intensiva Natural. Entre aquellos que visualizan a la ganadería en campo natural como una actividad verde en el Uruguay, están, por un lado, quienes consideran verdes a los establecimientos que aplican la modalidad feedlot, justificado en que los primeros 2 años de vida el ganado creció a campo natural (a diferencia de otros países donde el ganado nace en corrales y allí pasa toda su vida). Por otro lado, están quienes no perciben a estos establecimientos como una actividad verde, principalmente con base en razones relativas al bienestar animal o porque implica una intensificación de la producción”.
MONOCULTIVOS, Y EL CASO DEL ARROZ.
Por otra parte, “los monocultivos y ninguna actividad agrícola intensiva sería de consideración en este enfoque, al sustituir un ambiente natural biodiverso por una única especie”.
También cuestiona la producción arrocera: “Con la inundación derivada de la preparación de un predio para el cultivo de arroz, toda especie que no pueda nadar va a desaparecer, por lo que se trata de un sector a descartar en este enfoque”, aunque aclara que eso se debe analizar en un determinado tiempo y espacio en el que “surgirán nuevas especies con condiciones para habitar en el nuevo ecosistema, que van a invadir el predio inundado para el cultivo del arroz”.
“En cambio, sí podrían ser incluidos otros casos extensivos tradicionales en predios de menor escala (trigo o maíz, por ejemplo)”.
Jun 28, 2022 | Noticias, Opinión, Vacunos
El manejo de los animales pone a éstos en situaciones de estrés que afectan su potencial. Ahora, productores y veterinarios cuentan con un adaptador que ayudará a una pronta recuperación y mejores resultados.
Biogénesis Bagó lanzó un producto innovador que ha tenido resultados positivos y probados en beneficio de la producción ganadera. Es el adaptador Vit y Min.
El Dr. Ignacio Arrospide del Departamento Técnico de Biogénesis Bagó explicó que kit Vit y Min “contiene las vitaminas y minerales más importantes para la reproducción celular”, y que “en ambos casos” esos productos “actuarán como correctores en situaciones de carenciales de vitaminas y minerales, también como antioxidantes o neutralizadores de los radicales libres”.
Cuando decimos “liberación de radicales libres” nos referimos a “sustancias químicas muy reactivas” que “son las responsables de la oxidación y muerte de células de los diferentes tejidos”.
En los bovinos, el aumento de la liberación de radicales libres se da bajo situaciones de estrés o manejo de desafíos que pueden tener los animales en diferentes situaciones”, dijo Arrospide. Esas “situaciones pueden ser: el manejo durante el protocolo en vaquillonas a inseminación a tiempo fijo”; también el caso de “vaquillonas para transferencia de embriones”. Otro ejemplo es “en las terneradas ante el destete y castraciones”.
Otra situación que favorece la liberación de radicales libres es cuando “los novillos que ingresan al corral”, y en este caso “vamos a tener dos grandes desafíos, por un lado la respuesta inmune que generen frente a los biológicos aplicados previo al ingreso al corral, como el cambio nutricional de pasar del sistema pastoril a granos”.
En definitiva, “todos aquellos animales que se vean enfrentados a ese tipo de desafíos van a tener que destinar energía para adaptarse a la situación que atraviesa, esa energía el animal la usa en ese proceso de cambio en lugar de producir carne o mejorar los índices reproductivos”.
“En estos tiempos donde necesitamos sistemas de producción de alta performance es importante utilizar un producto como el adaptador Vit y Min” y al hacerlo los resultados serán de “altas ganancias en un feedlot, vientres que entran en programas de inseminación artificial o transferencia de embriones con buenos porcentajes de preñez, una rápida recuperación de terneros al destete y castraciones, como también en toros previo al servicio de modo de mejorar el rendimiento físico y la calidad seminal”, destacó Arrospide.
RESULTADOS PROBADOS.
Para tener una idea de la relevancia que puede llegar a tener en una inseminación artificial a tiempo fijo, en Uruguay “los lotes que recibieron adaptador han mejorado el resultado entre un 6% y 20% si lo comparamos con los lotes de vaquillonas del mismo rodeo pero que no recibieron adaptador”.
Además, “estudios realizados en Brasil sobre la transferencia de embriones en vaquillonas arrojan que los lotes que recibieron adaptador mejoraron resultados en un 11% de preñez”.
Biogénesis Bagó tiene a disposición su equipo técnico para atender a productores y médicos veterinarios para lograr mejores resultados productivos.
