El aumento vertiginoso de los precios de fertilizantes y combustibles debido al conflicto en Irán ha afectado a los agricultores.
Tom Polansek | Chicago, EE.UU. | Reuters | Todo El Campo | La Comisión Federal de Comercio (FCT) de Estados Unidos informó el jueves 28 que ha estado investigando los precios de los fertilizantes, que se dispararon tras el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.
El aumento vertiginoso de los precios de fertilizantes y combustibles debido al conflicto ha afectado a los agricultores que han plantado maíz y otros cultivos, y han luchado contra una sequía resurgida en las llanuras de EE.UU. Algunos productores se enfrentan a un cuarto año consecutivo de márgenes en declive.
“La comisión inició hace algún tiempo una importante investigación a nivel industrial sobre el aumento precipitado de los precios de los fertilizantes en este país, que ha afectado a tantos agricultores de nuestro país», dijo el presidente de la FTC, Andrew Ferguson, en una grabación de un evento con agricultores en Texas.
La agencia confirmó sus declaraciones.
La FTC indicó que la investigación incluyó el uso de un tipo de orden administrativa llamada demanda civil de investigación, que puede utilizarse para obtener documentos o testimonios.
Empresas de fertilizantes CF Industries (CF. N), Mosaico (MOS. N) y Nutrien (NTR. TO), no hicieron comentarios inmediatos.
LOS PRECIOS SE DISPARAN.
Oriente Medio es un centro líder en la producción de fertilizantes, y gran parte del comercio global de fertilizantes suele pasar por el estrecho de Ormuz, donde el transporte marítimo ha sido bloqueado durante la guerra.
Desde el cierre del estrecho a finales de febrero, los precios de la urea, uno de los principales fertilizantes producidos en la región del Golfo, han subido un 55%, escribió la Kentucky Farm Bureau en un testimonio preparado ante una audiencia del comité de agricultura del Senado de EE.UU. este mes. Los precios de otro fertilizante nitrogenado subieron un 33%, según el grupo de agricultores.
El Departamento de Agricultura de EE.UU. ha declarado que toda la administración del presidente Donald Trump se centró en garantizar una mayor producción nacional de fertilizantes asequibles.
“Los datos del USDA han mostrado que el mayor aumento en los costes de insumos de los agricultores en todo Estados Unidos desde 2020 ha provenido de los fertilizantes”, dijo Ferguson. “Estos continuos aumentos de precios no son algo que nuestra nación, y mucho menos nuestros agricultores, puedan seguir ignorando”.
Una encuesta del mes pasado realizada por la American Farm Bureau Federation, el principal lobby agrícola de EE.UU., reveló que la mayoría de los agricultores no podían permitirse todos los fertilizantes que necesitan para esta temporada de crecimiento.
Aaron Martinka, presidente del grupo industrial Texas Corn Producers, dijo en un comunicado que la investigación de la FTC era un paso hacia la justicia del mercado.
“Un cártel de fertilizantes ha llevado la agricultura estadounidense al límite, mientras hace que los costos de la compra de todas las familias de este país suban”, dijo Martinka. “Los campesinos están hartos y no nos vamos a ir”.
Artículo de Tom Plansek en Reuters. Sus artículos se pueden ver aquí: Tom Polansek | Reuters
Referentes de Uruguay y Argentina analizaron los cambios regulatorios, las oportunidades de financiamiento y el impacto de las nuevas tendencias.
Montevideo | Todo El Campo | Para seguir fortaleciendo el mercado local, la Bolsa Electrónica de Valores S.A. (Bevsa) organizó un curso sobre fondos de inversión, mercado de valores y finanzas sostenibles, en el que especialistas nacionales e internacionales se reunieron para analizar tendencias y desafíos del sector financiero.
Diego Labat, gerente general de Bevsa, en la apertura del encuentro, comentó: “Desde Bevsa buscamos que este tipo de eventos contribuyan al desarrollo del mercado de valores. Históricamente hemos acompañado a su formación, y hoy el desafío sigue siendo fortalecerlo. El objetivo es aprender de otras realidades y pensar qué cosas podemos hacer en Uruguay”.
TRES MÓDULOS.
El primer módulo del curso estuvo centrado en el mercado de valores y la oferta pública, con un análisis sobre los cambios regulatorios recientes y los desafíos que enfrenta el sistema financiero ante las nuevas tecnologías y modelos de inversión.
En ese marco, Federico Rocca, abogado especializado en temas financieros y asesor de Bevsa, entre otras entidades, realizó una puesta a punto sobre la evolución normativa del mercado de valores uruguayo, repasando los principales hitos regulatorios entre 2024 y 2026.
Entre ellos destacó los avances sobre activos virtuales, nuevas modalidades de oferta pública, cambios en fondos de inversión y el proyecto impulsado por el Banco Central del Uruguay (BCU) para implementar sandbox regulatorios, pensados como entornos controlados para probar innovaciones financieras.
“Los cambios normativos recientes muestran una ampliación del perímetro regulatorio, pero también abren oportunidades para el desarrollo del mercado de valores. Por un lado, se busca corregir desvíos ocurridos fuera del mercado formal y además, pequeños ajustes en la normativa de oferta pública permitieron que ciertos sectores de la economía comenzaran a ver el mercado de valores como una vía real de financiamiento”, afirmó Rocca.
El módulo también incluyó un análisis internacional a cargo de Emiliano Silva, abogado con experiencia en derecho bancario y mercado de capitales, quien realizó un resumen sobre la evolución regulatoria global vinculada a valores negociables, contratos de inversión y activos virtuales, poniendo el foco en cómo estos conceptos están reconfigurando el derecho financiero.
“Hoy existe una convergencia regulatoria en materia de activos virtuales, buscando paralelismos con la regulación tradicional. El desafío es que la regulación no termine ‘matando al mensajero’, es decir, debe permitir la innovación y mantenerse neutral frente a los avances tecnológicos, mientras protege a los inversores”, señaló Silva.
La experiencia argentina fue abordada por Mario Kenny, socio de Nicholson y Cano, quien profundizó sobre el proceso de regulación de la tokenización de activos en ese país.
“En Argentina, el proceso de tokenización de valores negociables comenzó a regularse el año pasado mediante tres normas de la Comisión Nacional de Valores. Se trata de una representación digital adicional de valores negociables ya existentes, que pueden negociarse en plataformas cripto administradas por prestadores de servicios de activos virtuales. Es una forma de acercar instrumentos tradicionales a nuevos ecosistemas tecnológicos”, explicó Kenny.
El segundo módulo estuvo dedicado a los fondos de inversión, considerados una de las herramientas más relevantes dentro de la inversión colectiva. Hernán López Mazeo, quien cuenta con una amplia experiencia en el tema y sociedades gestoras de carteras de activos, abordó los distintos formatos jurídicos, el crecimiento de los fondos privados frente a los públicos y los desafíos regulatorios que enfrenta el sector.
“El gran desafío de la industria de fondos de inversión es combinar innovación, acceso y protección. La distribución es cada vez más global y digital, los límites entre la oferta pública y la privada son más difusos, y la posibilidad de ofrecer más y mejores productos al inversor dependerá de la ingeniería legal y de la capacidad de conectar mercados y estrategias cross-border”, sostuvo López Mazeo.
El tercer módulo se centró en las finanzas sostenibles y el papel que pueden desempeñar los instrumentos del mercado de valores para movilizar capital hacia proyectos con impacto ambiental y social. Durante su exposición, Mauro de la Vega, director ejecutivo de la Alianza Uruguaya por el Agua, destacó que las finanzas sostenibles no solo incorporan objetivos de rentabilidad, sino también factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), cada vez más relevantes para empresas e inversores.
En este contexto, repasó instrumentos como los bonos temáticos, los préstamos vinculados a sostenibilidad y el blended finance, así como experiencias desarrolladas en Uruguay, entre ellas el Bono Indexado a Indicadores de Cambio Climático (BIICC), el fideicomiso REIF y el bono social de Ánima.
“Las finanzas sostenibles amplían la lógica financiera, ya que no solo buscan rentabilidad, sino también generar impacto medible. Además de mejorar el desempeño y el valor de las empresas, permiten anticiparse a cambios regulatorios, climáticos y de políticas públicas que ya están transformando la economía”, expresó De la Vega.
CIERRE DE LA JORNADA.
El cierre de la jornada estuvo a cargo del abogado Marcelo Villegas, quien reflexionó sobre la velocidad de transformación de los mercados financieros. “Lo que estamos viendo es un cambio profundo, y los marcos jurídicos deben amoldarse a las nuevas realidades, porque han quedado rígidos frente a la velocidad con la que evoluciona el mercado”, concluyó Villegas.
En minutos comienza la charla “Fondos de Inversión, Mercado de Valores y Finanzas Sostenibles” organizada por #BEVSA.
La jornada reunirá a especialistas nacionales e internacionales para analizar tendencias y desafíos del mercado financiero.
La avicultura uruguaya opera al límite, con exceso de oferta y precios en planchada de $ 88/kilo que presionan márgenes y agravan el impacto del contrabando.
Canelones | Todo El Campo | Denis Villalva, director de Valle Alegre, advirtió que la industria avícola uruguaya opera al 100% de su capacidad, con precios en planchada de $ 88/kilo que no cubren costos. El exceso de oferta obliga a congelar producto, mientras el contrabando de supremas agrava la presión sobre el mercado.
Entrevistado para Todo El Campo y el programa Diario Rural (CX4 Rural), el director de Valle Alegre dijo que la faena de aves ha tenido una tendencia al alza desde hace varios meses, como consecuencia de que la industria está operando al 100% de su capacidad de producción.
Agregó que el mercado interno está bien abastecido y actualmente hay un exceso de oferta que supera a la demanda. Esa situación lleva a que haya empresas que están congelando el producto sobrante.
El de aves es un sector muy dinámico y requiere que se realice la faena entre los 42 y 45 días -explicó-; retrasar ese proceso más allá de ese período incrementa considerablemente los costos debido a la genética del animal y la eficiencia en la conversión del alimento.
El mercado interno está cambiando hacia un mayor consumo de carne de aves, y eso ve reflejado también en mejoras en el sector industrial y la cadena en general: mejoras genéticas, en los sistemas de cría, en las plantas frigoríficas, en los galpones, los façoneros e incubadoras. Creció la tecnificación que mejoró notablemente respecto a hace 5 a 10 años, subrayó. Todo ha repercutido en un mejor producto y eso ayuda a seducir al consumidor.
De todas formas, hay mucho más para hacer, pero vamos por buen camino y con un consumo que aumenta.
VARIABILIDAD DEL SUMINISTRO Y RECUPERACIÓN.
Al ser consultado sobre la capacidad de producción del sector, Villalba dijo que en 2025 hubo un par de empresas que sufrieron un desfasaje temporal en la producción que causó complicaciones por generar una menor oferta a la habitual. Pasó en la avicultura pero puede pasara en cualquier otro sector.
Corregir ese déficit productivo era cuestión de tiempo, y así fue como sucedió. El problema fue solucionado mediante reestructuración y actualizaciones tecnológicas; el resultado fue que la capacidad actual de faena supera ampliamente la demanda interna.
Por otro lado, además de atender la plaza local, cada empresa apunta a mercados exteriores con algún producto diferenciado.
PRECIOS Y DINÁMICA DEL MERCADO.
Ayer Todo El Campo publicó un documento de la Cámara Uruguaya de Procesadores Avícolas (Cupra) en el cual se señala que el precio de planchada (en puerta de fábrica) es de $ 88/kilo. Consultado Villalva si esa baja en el valor se refleja a nivel del consumidor, dijo que en la formación del precio final intervienen varios factores.
Sin embargo, cuando el producto sale de la planta frigorífica el precio es prácticamente el mismo en todas las empresas, no hay mucha oscilación.
Es el consumidor el que puede decidir dónde comprar: ir a una cadena de supermercados y pagar $ 270/kilo de pollo, o ir a una pollería o carnicería del barrio y pagar $ 150. El producto es el mismo, lo que cambia es cuánto paga el consumidor según el lugar en que compra.
Hoy el precio a levantar en frigorífico es de $ 86 a $ 88, pollo con menudo.
En comparación con hace 2 o 3 meses, los precios están bajando debido a un exceso de oferta, lo que es atractivo para distribuidores y consumidores.
Con un precio de $ 88/kilo, después de impuestos y retenciones obligatorias, los márgenes de las empresas son negativos, aseguró, pero se puede lograr mejores promedios a través de la eficiencia.
CONTRABANDO.
En cuanto al contrabando, dijo que es una piedra en el zapato que preocupa desde hace años. En los últimos meses el contrabando ha sido muy agresivo y ha hecho mucho daño, sobre todo con la suprema, que es el producto que hace el valor en el pollo, y por cada kilo de suprema que ingresa de contrabando son dos o dos pollos y medio que perdemos de vender.
Desde hace un tiempo, el contrabando se ha visto reflejado en muchas zonas del país, y eso preocupa porque tenemos un excedente de suprema que nunca había pasado, por lo menos en los últimos 30 años.
ESTRUCTURA DE COSTOS Y SALUD FINANCIERA.
En el cierre de la entrevista, Villalva se refirió al precio de los granos y la energía por ser determinantes.
El mayor costo está en el maíz y en las cargas energéticas.
El maíz está ahora a US$ 255–265 por tonelada, comparado con aproximadamente US$ 190 por tonelada en la misma época del año pasado. La diferencia es considerable.
El combustible también ha aumentado bastante y eso eleva la ecuación.
La soja subió entre US$ 50 y US$ 60 respecto a hace 5 o 6 meses; sigue siendo un nivel razonable comparado con los niveles históricos de varios años.
En lo energético, los recientes aumentos en el combustible, el gas y la electricidad, siguen siendo una carga pesada.
Con la convocatoria 2026 se busca ampliar el número de productores que están en el programa.
Hébert Dell’Onte Larrosa | Montevideo | Todo El Campo | El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) realizó anuncios sobre el programa Procría, haciendo una puesta a punto de los avances realizados y un llamado a nuevos productores interesados.
Las novedades sobre el tema fueron comunicadas mediante conferencia liderada por el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, quien estuvo secundado por el presidente del Plan Agropecuario y coordinador de Procría, Santiago Scarlato, el vicepresidente del Instituto Nacional de Carnes, Leonardo Bove, y el presidente del Instituto Nacional de Colonización, Alejandro Henry.
LOS NÚMEROS DE PROCRÍA.
Fratti resaltó el éxito del programa Procría, y la posibilidad de reunir, detrás de un objetivo común diversos técnicos.
El coordinador de Procría, Santiago Scarlato, dijo que hay más de 1.000 los productores involucrados en 900 unidades de producción o predios. Esa diferencia se debe a que hay casos, por ejemplo de colonos, que abarcan a varios productores en un emprendimiento productivo colectivo.
Los grupos de productores generados en el marco del programa son 106 en todo el país; y el 90% de los predios se ubican en las zonas definidas como prioritarias al norte, noreste y este del país.
Con esos 106 grupos trabajan 99 extensionistas, de los cuales el 76% son ingenieros agrónomos, 21% veterinarios y 3% técnicos agropecuarios. Del total de extensionistas, el 54% son hombres y el 46% mujeres.
Los 900 predios vinculados al programa implican una superficie promedio de 386 hectáreas, que manejan 156 vientres entorados (promedio/predio) y 158 vientres ovinos encarnerados (promedio/predio). Y son 232 predios de colonos.
Casi el 80% son sistemas criadores.
GARRAPATA.
También se informó la relación de los predios con la garrapata, con un problema muy grave en el norte, pero también se marca la presencia del parásito en el sur y este del país como se muestra en el mapa publicado a continuación.
CONVOCATORIA 2026.
Con la convocatoria 2026 se busca ampliar el número de productores que están en el programa.
Se apunta a productores de entre 100 y 1.250 hectáreas índice Coneat 100 de todo el país; deben tener un sistema de cría o ciclo completo vacuno o mixto.
Se priorizará la incorporación de productores a grupos ya existentes con el aval de técnico y del grupo; también se priorizará a los productores que ya se presentan como parte de un grupo.
Los departamentos a los que se apunta son Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro, Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo, Durazno, Florida, Treinta y Tres, Rocha, Lavalleja y Maldonado, con énfasis en productores jóvenes entre 18 y 29 años y mujeres rurales.
Lo que se debe atender ante el próximo cierre del ejercicio fiscal.
Eduardo Appoloni | Montevideo | Estudio Appoloni | Todo El Campo | El próximo 30 de junio cierra un nuevo ejercicio fiscal para las empresas agropecuarias y entendemos importante repasar algunos de los principales impuestos del sector.
Estos impuestos los podemos separar en dos grandes capítulos:
1. IMPUESTOS A LA RENTA.
A los efectos fiscales, dentro de las rentas agropecuarias podemos tener dos categorías: las derivadas de la actividad agropecuaria, que son aquellas destinadas a obtener productos primarios, vegetales o animales, y aquellas otras rentas comprendidas como son los servicios agropecuarios prestados por productores, enajenaciones de activos fijo afectados a las actividades agropecuarias, actividades de aparcería, pastoreo, medianería y similares. En la actualidad nos encontramos con dos impuestos que gravan las rentas agropecuarias: Impuesto a las Rentas de las Actividades Empresariales (en adelante IRAE) e Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios (en adelante Imeba).
El IRAE grava las rentas de fuente uruguaya y su alícuota es del 25%, mientras que el Imeba grava la primera enajenación de productos agropecuarios a cualquier título a contribuyentes de IRAE, organismos municipales y nacionales así como la exportación de bienes, y su alícuota varía entre 0% y 2,5% dependiendo del bien enajenado. Lo particular del Imeba es que afecta a la mayoría de los productores agropecuarios, siendo para algunos un impuesto final y para otros un pago a cuenta (contribuyente de IRAE). Serán contribuyentes de Imeba aquellos productores con una explotación agropecuaria menor a 1250 hectáreas IC 100 y cuyos ingresos del año anterior no superen los 2.500.000 de UI (aproximadamente U$S 409.000).
Los siguientes sujetos pasivos no podrán optar por este régimen ya que están inhabilitados por su forma jurídica: sociedades anónimas, sociedades en comandita por acciones, establecimientos permanentes de no residentes, fondos de inversión cerrados de crédito y fideicomisos, salvo los de garantía.
Los restantes contribuyentes que obtengan rentas agropecuarias y no cumplan con las condiciones antes mencionadas, estarán incluidos en el IRAE. Dentro de este impuesto existe la posibilidad de tributar por un régimen simplificado (IRAE Ficto), donde pueden optar aquellos contribuyentes que también quedaban incluidos en el Imeba por su forma jurídica y que sus ingresos agropecuarios del ejercicio anterior no superen las 4.000.000 de UI (aproximadamente U$S 655.000)
2. IMPUESTO AL PATRIMONIO.
Aquellas explotaciones agropecuarias cuyos activos superen las 12.000.000 de UI (aproximadamente U$S 1.965.000) serán contribuyentes del Impuesto al Patrimonio Agropecuario (en adelante IP).
Las entidades con acciones al portador y las no residentes (excepto las personas físicas) no se encuentran incluidas en esta exoneración y estarán gravadas desde el inicio.
Para determinar el valor de los activos se deben considerar dos aspectos:
a) El valor de los inmuebles rurales que sean propiedad de la empresa. Este se determina por el valor de catastro al 2012 actualizado por el Índice de Precios de Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura.
b) El valor ficto de bienes muebles y semovientes. Se determina como el 40% del valor de los inmuebles rurales computándose para quienes realicen explotación agropecuaria, sin importar la titularidad del inmueble.
Las tasas del IP varían de acuerdo al valor de los activos fiscales. Cuando los activos no superan las 30.000.000 UI (aproximadamente U$S 4.912.500) es del 0,75%, mientras que cuando exceden este tope es del 1,5%.
En este impuesto existe una sobretasa que se aplica en aquellas explotaciones agropecuarias en donde los activos fiscales superan las 30.000.000 UI (aproximadamente U$S 4.912.500) y cuyas alícuotas van desde el 0,7% al 1.5%.
Cuando un contribuyente verifica ser parte de una Unidad Económica Administrativa, a los efectos de determinar el impuesto o la alícuota de la sobretasa, se deben considerar todos los activos de las entidades que la integran.
OTROS ASPECTOS DE INTERÉS.
-Facturación electrónica, estarán exonerados de esta obligación aquellos productores que se dediquen exclusivamente a actividades agropecuarias y cuyos ingresos en el ejercicio no superen los 4.000.000 de UI (aproximadamente US$ 655.000).
– Los saldos de impuestos del ejercicio cerrado al 30 de junio del 2026, se deberán abonar en el mes de octubre 2026
-Los arrendamientos de un establecimiento rural no se consideran renta agropecuaria, y siguen el mismo tratamiento que las rentas de capital.
– Los anticipos de impuestos se realizan en forma trimestral. Si el contribuyente lo prefiere, tiene la opción de hacerlo mensualmente.
– Los productos agropecuarios se encuentran gravados bajo el régimen de IVA en Suspenso. Esto habilita a los contribuyentes de IRAE a solicitar créditos fiscales por el IVA Compras (directamente relacionado con los ingresos derivados de la actividad agropecuaria) para el pago de futuras obligaciones.
La inversión implica US$ 350.000 en una primera etapa y US$ 750.000 en los próximos años, dinero que surge de los propios colonos.
Montevideo | Todo El Campo | El Instituto Nacional de Colonización (INC) financiará unidades de producción familiar y asociativa que están trabajando en el marco del programa Procría, uno de los buques insignia del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).
El paso dado por Colonización fue definido y votado por unanimidad en el Directorio, y posibilitará que se integren productores que quieran mejorar la cría en sus predios, se informó.
El presidente del Instituto Plan Agropecuario, Santiago Scarlato, y el presidente del INC, Alejandro Henry, firmaron un convenio que facilitará nuevas incorporaciones al Procría. La firma del convenio tuvo lugar ayer en presencia del ministro de Ganadería, Alfredo Fratti.
La inversión implica US$ 350.000 en una primera etapa y US$ 750.000 en los próximos años. Esos montos que en total son US$ 1.100.000, “surgen de los propios colonos”, destacó Henry.
Estos fondos son parte de la recaudación por concepto de renta que realiza Colonización.
Scarlato realizó comentarios positivos para el acuerdo firmado ya que es un paso que permitirá expandir el programa Procría que ya en pleno desarrollo.
Asimismo, el presidente del Plan Agropecuario comentó que quienes se incorporen, en una primera instancia, lo harán a los grupos que ya están formados, y se priorizará a quienes se presenten en grupo.
La nueva convocatoria al Procría se extiende hasta el 15 de julio.
