El remate será los días 29 y 30 de setiembre; se puede seguir por la web de Todo El Campo.
Montevideo | Todo El Campo | El martes 29 y miércoles 30, Pantalla Uruguay realizará el remate 320 con 12.082 vacunos y 460 ovinos. Las ventas comenzarán a las 09.00 horas.
El martes 29 saldrán los ovinos, terneros, terneras y novillos; el miércoles 30 será el turno de las vacas de invernada, vaquillonas, los vientres preñados y entorados, y las piezas de cría.
La financiación será del banco Itaú; 90 días previa aprobación crediticia o 0,5% de descuento mensual por pago contado. Clientes de Itaú pueden comprar con 90 días a tasa cero, previa aprobación crediticia.
El ganado vacuno está totalmente asegurado contra muerte y abigeato por el Banco de Seguros del Estado (BSE).
Los lotes cuentan con sello de certificación sanitaria de Boehringer Ingelheim.
Como hace más de 22 años los vendedores en Pantalla Uruguay son parte de un negocio genuino, cobrando contado sin descuento financiero.
DETALLE DE LA OFERTA.
MARTES 29.
460 ovinos – 09.00 horas.
3.255 terneros – 09.14 horas.
2.736 terneras – 13.11 horas.
810 terneros y terneras – 17.23 horas.
611 novillos de 1 a 2 años – 18.44 horas.
396 novillos de 2 a 3 años – 19.41 horas.
37 novillos Holando – 20.19 horas.
MIÉRCOLES 30.
1.094 vacas de infernada – 09.00 horas.
1.210 vaquillonas S/S 1 a 2 años – 11.08 horas.
80 vaquillonas S/S 2 a 3 años – 13.02 horas.
887 vientres preñados – 13.11 horas.
223 vientres entorados – 15.01 horas.
743 piezas de cría – 15.24 horas.
PREOFERTAS.
Además de Todo El Campo, se pueden seguir las ventas en Canal Rural 195 de DirecTV, Charrúa TV, canales locales y streaming en la web de Pantalla Uruguay y aplicación móvil.
Uruguay en la conferencia mundial “Una sola salud”. El ministro dijo que “no podemos concebir la sanidad animal, la salud pública y la conservación del ambiente como temas aislados”.
Montevideo | Todo El Campo | Se llevó a cabo en Roma (Italia) la conferencia global “Una sola salud” de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la -Alimentación (FAO), Y que contó con la participación de Jefes de Estado, ministros, organismos públicos, miembros del sector académico, representantes del sector privado e indígenas.
or Uruguay participó el ministro Alfredo Fratti.
El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) informó que el objetivo central de la conferencia fue promover la integración del concepto de “Una sola salud” en las políticas y estrategias impulsadas en los sistemas agroalimentarios.
En el encuentro se acordaron políticas comunes para promover la cooperación entre países y sectores productivos, impulsar soluciones desde las comunidades y fomentar inversiones sostenibles.
Los sistemas agroalimentarios sostienen la alimentación y los medios de vida de miles de millones de personas. Al mismo tiempo, enfrentan desafíos cada vez más complejos, entre ellos el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la aparición de nuevas enfermedades, las pandemias y la resistencia a los antimicrobianos.
En la oportunidad se firmó un memorando de entendimiento con el Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe), que tuvo como objetivo central desarrollar actividades de cooperación para implementar planes de vigilancia epidemiológica y de control y erradicación de enfermedades.
Además, en el marco del Año Internacional de los Pastizales y los Pastores 2026, Uruguay presentó en la sede de la FAO la muestra interactiva “Uruguay: un paseo por los sentidos”, organizada por el Instituto Nacional de Carnes (INAC), con la participación de su presidente, Gastón Scayola.
La propuesta se desarrolló en el espacio FoodSLab de la FAO e incluyó una degustación de carnes y una muestra fotográfica. A través de esta experiencia, Uruguay puso en valor la riqueza de sus pastizales, la producción de carne natural y una cultura productiva estrechamente vinculada al territorio.
FRATTI: URUGUAY ESTÁ COMPROMETIDO CON UNA SOLA SALUD.
Al cierre del encuentro, Fratti, destacó en su discurso que “Una sola salud es una necesidad operativa e impostergable” y agregó que “Uruguay asume este compromiso desde la responsabilidad de producir alimentos en un mundo atravesado por crecientes desafíos sanitarios, ambientales y climáticos».
“No podemos concebir la sanidad animal, la salud pública y la conservación del ambiente como temas aislados”, sostuvo Fratti, y destacó la importancia de la coordinación entre los distintos ministerios, áreas del Estado y sector privado para abordar estos desafíos de manera integral.
También destacó la importancia de la trazabilidad individual obligatoria del ganado que se realiza en Uruguay, concebida como un instrumento sanitario, de información, prevención y generación de confianza.
Fratti agregó que para un país como Uruguay, cuya producción agropecuaria supera ampliamente las necesidades de su mercado interno y que tiene una clara vocación de inserción internacional, la confianza constituye uno de nuestros principales activos. “La confianza no se declara; se construye”, concluyó.
Para todos los países del mundo, los objetivos ambientales no son independientes ni ajenos a la producción de alimentos a través de la agropecuaria, la granja o la pesca.
Montevideo | Todo El Campo | Parece ser que las políticas productivas de alimentos -léase agricultura, pecuaria, granja, pesca- son contrarias a las políticas del cuidado del medio ambiente. Nada más falso.
El debate es universal y afecta a todos los países del mundo entre los que está Uruguay.
Un artículo de NFU Scotland (National Farmers Union of Scotland), la principal organización gremial que representa a los agricultores y ganaderos escoceses, afirma que si en verdad importa la seguridad alimentaria, hay que respaldar la producción; pero además, si importan los objetivos climáticos y comunitarios, hay que apoyar a quienes trabajan la tierra y producen alimentos.
Tras años de debate sobre el futuro de la agricultura, NFU Scotland reclama que el foco deje de estar en el diseño de políticas y pase a la entrega efectiva de apoyos. En Escocia, la Ley de Agricultura y Comunidades Rurales de 2024 y el Plan de Apoyo Rural ya trazaron el marco, pero ahora lo urgente es garantizar que los recursos lleguen a los agricultores y a los crofters activos. (En Uruguay no existen una figura idéntica a los crofters pero serían pequeños productores familiares que trabajan tierras ajenas).
El artículo subraya que la producción de alimentos y los objetivos ambientales no son metas separadas, sino interdependientes. Sin respaldo económico real, advierte, será imposible sostener la seguridad alimentaria, cumplir con los compromisos climáticos y mantener la vitalidad de las comunidades rurales.
Es oportuno aclarar que en Uruguay los sectores productivos no piden respaldo económico de ningún tipo, sus reclamos -a diferencia de lo que pasa en otros países, principalmente europeos- pasa por reglas claras y fundamentalmente libertad para trabajar.
Volviendo a NFU Scotland, la organización insiste en que la nueva arquitectura de apoyo debe ser simple, proporcional y accesible, evitando burocracia excesiva que excluya a los pequeños productores.
Sostienen que las empresas agrícolas también se ven afectadas por las decisiones tomadas a nivel parlamentario sobre fiscalidad, costos de empleo, comercio, migración, energía y otros mecanismos económicos. La viabilidad de la agricultura no puede separarse de las decisiones políticas.
El mensaje final es contundente y universal: si importa la seguridad alimentaria, hay que respaldar la producción; si importan los objetivos climáticos y comunitarios, hay que apoyar a quienes trabajan la tierra.
Uruguay está considerado como uno de los países más igualitarios, sin embargo, encabeza la lista con un 40,5% de la riqueza en manos de su élite.
Montevideo | Todo El Campo | La concentración de riqueza en América Latina vuelve a poner en evidencia la fragilidad de sus sistemas fiscales y la persistente desigualdad social. Según estimaciones de la World Inequality Database, países como Uruguay, México, Chile y Brasil registran que el 1% más rico controla más del 39% de la riqueza nacional, superando incluso a Estados Unidos.
Dicho de otra forma, Estados Unidos distribuye mejor la riqueza que varios países, inclusive el nuestro: A Estados Unidos se le asocia ampliamente con una concentración extrema de la riqueza, pero su 1% más rico posee una proporción menor de la riqueza nacional que el 1% más rico en Uruguay, México, Chile y Brasil.
Uruguay está considerado como uno de los países más igualitarios, sin embargo, encabeza la lista con un 40,5% de la riqueza en manos de su élite.
Aunque la región logró avances en la reducción de la desigualdad de ingresos en las primeras décadas del siglo XXI, la distribución de la riqueza muestra un panorama más duro: estructuras heredadas que limitan la movilidad social y perpetúan brechas históricas.
Un artículo de Latinometrics (una plataforma digital de análisis y visualización de datos enfocada en América Latina) subraya que los sistemas fiscales latinoamericanos, basados en impuestos al consumo y con baja recaudación en relación al PIB, no logran compensar estas desigualdades. En algunos casos, incluso las agravan: los hogares pobres terminan pagando más en impuestos indirectos de lo que reciben en transferencias.
La pandemia elevó la deuda pública y reforzó las tensiones sociales, alimentando el discurso de líderes populistas que prometen soluciones rápidas. Sin embargo, los especialistas advierten que sin políticas que ataquen la desigualdad de riqueza -como impuestos a grandes fortunas o sucesiones- será difícil sostener la democracia y evitar nuevas olas de descontento.
El siguiente cuadro muestra la participación del 1% más rico de la población en la riqueza total de la región, medida en 2024.Turkey
En un contexto global donde se discute gravar a los multimillonarios, América Latina enfrenta el desafío de decidir si su élite económica debe contribuir más para financiar un futuro inclusivo.
EL CASO URUGUAYO.
En Uruguay se rechaza un impuesto específico al 1% más rico al considerar que nuestro país ya tiene una presión fiscal elevada y que gravar patrimonios altos podría desalentar inversiones, provocar fuga de capitales y dañar la reputación del país como destino atractivo para personas y empresas de alto patrimonio.
Algunos de los principales argumentos contra el impuesto al 1% más rico son:
URUGUAY RECAUDA IMPUESTOS EN NIVELES COMPARABLES A PAÍSES DESARROLLADOS – Gobierno, empresarios y técnicos tributarios sostienen que agregar un nuevo tributo al patrimonio aumentaría la carga en un contexto de crecimiento económico lento.
RIESGOS DE FUGAS DE CAPITALES – Se teme que un impuesto al patrimonio incentive la salida de capitales hacia países con regímenes fiscales más favorables. Un ejemplo fue y es la llegada de argentinos de alto patrimonio durante la pandemia, que buscaban refugio en Uruguay por su política tributaria competitiva.
IMPACTO EN LA INVERSIÓN PRIVADA – Uruguay ha construido una reputación como destino atractivo para inversión extranjera directa (inmobiliario, tecnológico, forestal). Un impuesto adicional podría reducir el flujo de inversiones clave para el desarrollo.
INEFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO – El problema no es falta de recursos, sino mala asignación.
RECHAZO A LOS IMPUESTOS DIRIGIDOS – Varios técnicos sostienen que no deberían existir tributos con destino específico (ej. pobreza infantil), sino que la recaudación debe discutirse en el Parlamento a través del Presupuesto.
CONTRAPRODUCENTE.
Por tanto y en virtud de lo anterior, a pesar de que en Uruguay el 1% más rico posee el 40,5% de la riqueza (en Estados Unidos el 34,8%), instaurar un impuesto al 1% más rico, con cualquier motivo, aunque en Uruguay se plantea para combatir la pobreza, será contraproducente y tenderá un efecto contrario al que se quiere obtener, porque: desalienta la inversión, genera fuga de capitales y no resuelve la raíz del problema, que es la ineficiencia del gasto público.
Cepal analizó esas implicaciones y llegó a una cifra “conservadora para El Niño fuerte e intenso; pero puede ser de un impacto incluso mayor”, se señaló desde el organismo internacional.
Montevideo | Todo El Campo | El español Carlos de Miguel, director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal) ha dicho a diversos medios de comunicación que El Niño tendrá efectos muy heterogéneos en los países de la región.
Cepal acaba de publica un informe especial porque “la organización meteorológica mundial ha alertado desde hace meses sobre la alta probabilidad de un Niño con características de intenso”, dijo De Miguel.
“El Niño es un fenómeno natural y recurrente que afectan al sistema global con implicaciones que para América Latina son importantes. Hace un par de años ya sufrimos un Niño importante -en 2023/2024-”, recordó, y advirtió que para este año se espera un evento “con mayor fortaleza” y con “implicaciones que también serán mayores”, pero “heterogéneas, dependiendo de las características de cada país o región”.
Cepal analizó esas implicaciones y “llegamos a una cifra conservadora para El Niño fuerte e intenso; pero puede ser de un impacto incluso mayor”, señalo.
El informe especial de Cepal se puede leer en el enlace al pie de artículo (*), pero su eje central apunta a las severas repercusiones económicas, sociales y en diversos sectores productivos ante la inminencia de un episodio de alta intensidad, dice la Cepal en un comunicado.
COMUNICADO DE LA CEPAL.
De acuerdo con estimaciones del organismo regional, un fenómeno El Niño de carácter extremo provocará una pérdida acumulada de al menos 2% del Producto Interno Bruto (PIB) regional en un horizonte de tres años, de la cual la mitad se concentrará durante el primer año de ocurrencia. Asimismo, el impacto negativo en los ingresos de los hogares podría incrementar la pobreza en hasta 4,8 millones de personas adicionales hacia finales de la década en comparación con un escenario sin El Niño.
El informe alerta sobre un fenómeno de magnitud histórica y las consecuencias económicas:
Las proyecciones de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos (NOAA) señalan una probabilidad superior al 90% de que El Niño alcance una intensidad muy fuerte durante el otoño e invierno boreal de 2026-2027, y un 69% de probabilidad de registrar una magnitud histórica (por eso se le denomina como un “súper El Niño”), con anomalías en la temperatura superficial del mar superiores a +2,5 °C o +3,0 °C en la región Niño 3.4.
Los impactos económicos serán profundamente heterogéneos y persistentes: contracción del PIB real, presiones inflacionarias, pobreza y vulnerabilidad crítica en sectores clave, como energía, pesca, agricultura y algunas infraestructuras.
Según el informe, la región presenta una elevada vulnerabilidad estructural en el sector energético debido a que en varios países la generación hidroeléctrica supera el 70% de la matriz eléctrica y más del 50% de la capacidad instalada tiene más de 30 años de antigüedad. Para el trimestre octubre-diciembre de 2026, la probabilidad de déficit de precipitaciones alcanza un 60%, con un 31,1% del territorio regional en alerta alta. Las altas temperaturas dispararán la demanda de electricidad para climatización en grandes metrópolis como Lima, São Paulo y Ciudad de México en momentos de menor disponibilidad hídrica, elevando el riesgo de cortes eléctricos y sobrecostos operativos.
Se anticipan además impactos severos en la pesca y recursos marinos: el debilitamiento de la surgencia de aguas frías en el Pacífico reduce la disponibilidad de fitoplancton, alterando la red trófica y provocando el hundimiento y migración de especies clave como la anchoveta, la sardina y la merluza. En episodios pasados de Súper El Niño, las capturas pesqueras regionales sufrieron reducciones del 52,7% (1972-1973) y del 26,9% (1997-1998), a lo que se suma la proliferación de floraciones algales nocivas (marea roja) y el blanqueamiento masivo de arrecifes de coral a lo largo de la región.
El informe también alerta sobre el peligro en el sector agropecuario y seguridad alimentaria: basado en el análisis de la FAO se identifican probabilidades superiores al 70% de sufrir sequías que afectan al sector agropecuario en los próximos meses en el Corredor Seco Centroamericano, Colombia, Venezuela y naciones del Caribe como Cuba, República Dominicana y Haití, amenazando cosechas básicas, disponibilidad de forraje e ingresos rurales.
10 MEDIDAS SUGERIDAS POR CEPAL A LOS GOBIERNOS.
Para evitar que los impactos climáticos deriven en crisis socioeconómicas prolongadas, la Cepal insta a los gobiernos a adoptar diez medidas estratégicas de política pública:
Planificación con horizonte de cambio climático: asumir el riesgo climático como criterio permanente en las políticas nacionales y marcos normativos.
Infraestructura resiliente y alertas tempranas: destinar recursos a la protección física de activos e infraestructuras estratégicas e implementar sistemas de alerta tempranas.
Mecanismos financieros contingentes y seguros climáticos: disponer de fondos de reserva, bonos catastróficos y seguros para proveer liquidez inmediata.
Resiliencia en cadenas productivas y asentamientos: proteger los medios de vida en zonas críticas como el Corredor Seco y comunidades pesqueras, entre otras.
Ecosistemas resilientes y sostenibilidad: restaurar barreras naturales (arrecifes y manglares) y aplicar cuotas y vedas pesqueras dinámicas.
Cooperación regional e integración energética: coordinar la gestión de cuencas transfronterizas u otros recursos compartidos, y compartir reservas de energía entre países.
Diversificación de la matriz eléctrica: fomentar la complementariedad renovable (hidrosolar y eólica) para reducir la dependencia de las lluvias.
Gestión hídrica integral por cuenca: monitorear caudales y embalses a escala local para priorizar el consumo humano y la generación.
Redes de protección social focalizadas: otorgar transferencias monetarias directas a hogares vulnerables para contener el aumento de la pobreza y la inseguridad alimentaria.
Eficiencia energética y gestión de demanda urbana: aplicar programas temporales de ahorro y gestión de picos de consumo durante olas de calor.
“Las respuestas adoptadas una vez declarada la emergencia son considerablemente más costosas que las medidas preventivas basadas en una adecuada anticipación. Es imperativo pasar de una respuesta posterior a las pérdidas a una gestión anticipatoria del riesgo climático”, indicó José Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la Cepal.
