Un escenario complejo, donde la capacidad de gestión y negociación será determinante como la competitividad productiva para mejorar la presencia de la carne uruguaya en el mundo.
Montevideo | Todo El Campo | El comercio internacional de carne de vacuno vive en 2026 un reacomodamiento profundo que redefine las condiciones de acceso de los países del Mercosur.
El Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica del Uruguay (INI/UCU) elaboró un documento abordando “las nuevas reglas en el comercio de la carne”, particularmente analizando qué fue lo que cambio respecto a la Unión Europea, China y Estados Unidos, tres destinos claves para para las exportaciones de Uruguay.
De acuerdo con el INI/UCU tres movimientos simultáneos marcan el nuevo escenario.
El primero, la entrada en vigor del acuerdo Mercosur–Unión Europea, que abre una cuota preferencial de 99.000 toneladas pero deja a Brasil fuera por incumplimientos sanitarios.
Segundo, la salvaguardia impuesta por China, que fija límites estrictos y asigna a Uruguay una cuota de 324.000 toneladas, holgada frente a su flujo real.
Y tercero, la ampliación extraordinaria del cupo de carne argentina en Estados Unidos, que pasó de 20.000 a 100.000 toneladas en respuesta a la escasez de stock vacuno norteamericano.
Para Uruguay, estas transformaciones implican oportunidades y desafíos: negociar dentro del Mercosur la distribución de la cuota europea, insistir bilateralmente en Washington por una ampliación de su cupo histórico y prepararse para la dependencia de un mercado chino que define unilateralmente las reglas de acceso.
El resultado es un escenario de mayor complejidad, donde la capacidad de gestión y negociación será tan determinante como la competitividad productiva para sostener y ampliar la presencia de la carne uruguaya en los principales mercados globales.
INFORME DE INI/UCU: LAS NUEVAS REGLAS DEL COMERCIO DE LA CARNE: QUÉ CAMBIÓ CON EUROPA, CHINA Y ESTADOS UNIDOS.
El comercio internacional de carne vacuna atraviesa en 2026 un reacomodamiento significativo, con tres procesos que redefinen simultáneamente las condiciones de acceso para Argentina, Brasil, Uruguay y en menor medida para Paraguay. Por un lado, la entrada en vigor del acuerdo Mercosur-Unión Europea abrió una cuota arancelaria preferencial para el bloque; pero este mercado también restringe las exportaciones de Brasil por razones sanitarias, por otro, China endureció las condiciones de ingreso a su mercado mediante una salvaguardia; y, en paralelo, Estados Unidos amplió sustancialmente el cupo asignado a Argentina. El resultado es un escenario de oportunidades ampliadas, pero también de mayor complejidad en la gestión de los cupos disponibles y posibles cambios en las condiciones de acceso a los mercados.
UNIÓN EUROPEA (UE).
El acuerdo Mercosur-UE, en vigencia provisoria desde el 1° de mayo de 2026, estableció una cuota arancelaria de 99.000 toneladas de carne vacuna para el bloque sudamericano en conjunto, con un arancel intracuota del 7,5% (frente al 40%-60% que rige fuera de cuota) (Uruguay XXI, 2026). La apertura del mercado se realizará de gradualmente: 11.000 toneladas para el período parcial de 2026 (mayo-diciembre), con incrementos anuales hasta alcanzar el volumen pleno hacia 2030-2031. El cupo se divide en 55% carne enfriada y 45% congelada (Uruguay XXI, 2026).
La distribución interna entre los cuatro socios del Mercosur no está resuelta; mientras tanto, rige el criterio de orden de llegada (INAC, 2026a; Uruguay XXI, 2026). Según trascendió en la prensa especializada, los países manejaban un principio de acuerdo que combinaría la distribución de las cuotas de acuerdo con el desempeño histórico de las exportaciones hacia la UE y las colocaciones al resto del mundo, si bien finalmente no hubo resolución formal debido a la posición sostenida por Paraguay (Prensa Mercosur, 2026). Para Uruguay, esta cuota se suma a las ya existentes con la UE (Hilton, 481, GATT y Bilan), destacándose la Cuota Hilton, cuyo arancel baja de 20% a 0% en el marco del nuevo acuerdo (INAC, 2026a).
Con la UE también debe tenerse en cuenta el impacto de la medida tomada contra las exportaciones de Brasil, excluyéndola de la lista de países autorizados para exportar carne al bloque europeo por no presentar las garantías sanitarias sobre el uso generalizado de antimicrobianos en la cadena productiva brasileña. Esta medida que está siendo reclamada por las autoridades brasileñas, podría prohibir las exportaciones de carne del miembro del Mercosur a la UE desde el 3 de setiembre de 2026.
CHINA.
El segundo movimiento relevante es la decisión de China, resuelta tras una investigación iniciada en diciembre de 2024 a pedido de la ganadería china y que involucró a 60 partes interesadas, chinas e internacionales, a lo largo de 2025. La medida, vigente desde el 1° de enero de 2026 y con una duración de tres años (hasta el 31 de diciembre de 2028), establece un cupo total de 2.680.000 toneladas para 2026, que crecerá 2% anualmente. El cupo se divide en siete partes: seis para los exportadores con “intereses sustanciales” (Argentina, Australia, Brasil, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Uruguay) y una séptima para el resto de los proveedores. La medida alcanza a la carne vacuna congelada y enfriada, con y sin hueso, pero no a menudencias ni a productos de otras especies. Todo volumen que exceda la cuotaparte asignada paga un arancel intracuota del 12% y uno extracuota del 55% (INAC, 2026a, 2026b), y los remanentes no utilizados no son trasladables al año siguiente.
La cuotaparte de Uruguay es de 324.000 toneladas para 2026, con incrementos a 330.000 en 2027 y 337.000 en 2028 (INAC, 2026b). El volumen resulta holgado frente al flujo real: en 2025 Uruguay exportó a China unas 200.000 toneladas de los productos alcanzados, por debajo incluso del máximo histórico de 350.000 toneladas (2021-2022) (INAC, 2026a).
Como se observa, Brasil concentra el mayor riesgo de agotamiento anticipado de su cuotaparte, mientras que Uruguay opera aun con amplio margen.
ESTADOS UNIDOS.
El tercer proceso es bilateral entre Argentina y Estados Unidos. Tras la firma del Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocas, el presidente Trump firmó el 6 de febrero de 2026 una proclamación que amplió el cupo preferencial de carne argentina de 20.000 a 100.000 toneladas anuales, en cuatro tramos trimestrales de 20.000 toneladas (El Observador, 2026). La medida, acotada a recortes magros y con vigencia solo para 2026, respondió a una caída del stock vacuno estadounidense a un mínimo histórico (86,2 millones de cabezas en enero de 2026) y a un récord de precios de la carne picada en diciembre de 2025 (El Observador, 2026).
Uruguay mantiene, en paralelo, su propia cuota histórica con Estados Unidos, de 20.000 toneladas anuales con un arancel de US$ 44 por tonelada (26,4% fuera de cuota), administrada por INAC según criterio de past performance (INAC, 2026b). En febrero de 2026, el ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, reclamó formalmente al embajador estadounidense una ampliación de ese cupo, aprovechando el precedente argentino; según el jerarca, el planteo está “siendo trabajado” hasta la fecha sin definición (Ámbito Financiero, 2026).
Los escenarios descriptos plantean a Uruguay al menos tres desafíos concretos. En primer lugar, frente a la UE, el país enfrenta un desafío de coordinación regional antes que de acceso: el beneficio del acuerdo Mercosur-UE depende de que Uruguay logre incidir en la definición del criterio de reparto intrabloque, en un terreno donde su peso relativo es menor al de Brasil y Argentina. También debe seguirse de cerca las medidas sanitarias impuestas a Brasil y su posible repercusión en las corrientes de exportación de Uruguay a Europa, donde pueden también surgir algunas oportunidades debido a que la Comisión Europea confirmó que Uruguay no estaría afectado por esta medida.
En segundo lugar, frente a Estados Unidos, el desafío es de capacidad negociadora bilateral: a diferencia de Argentina, Uruguay no cuenta hasta el momento con un marco de negociación específico que le permita disputar una ampliación de su cupo histórico, pese a operar en el mismo contexto de escasez de oferta estadounidense que explicó la ampliación argentina.
En tercer lugar, la salvaguardia china expone un desafío distinto: el de la dependencia de un mercado cuyas condiciones de acceso Uruguay no negocia, sino que recibe. A diferencia de las cuotas con la UE y con Estados Unidos, que surgen de acuerdos bilaterales o de bloque, la cuotaparte china fue definida unilateralmente por China como resultado de una investigación de salvaguardia, y puede volver a modificarse en el mismo formato al cabo de los tres años de vigencia, lo que obliga al gobierno uruguayo a esta preparado y a llevar una política proactiva en relación a la capacidad de acceso al mercado de uno de los principales productos de la canasta exportadora uruguaya.
Compartimos link al informe mensual de comercio exterior de Uruguay 🇺🇾 elaborado por el INI de la @UCUoficial.
En la reunión los empresarios pusieron el foco en la conflictividad laboral y el puerto; también pidieron un debate serio sobre la jornada laboral y reclamaron políticas de largo plazo en energía y logística.
Montevideo | Todo El Campo | La Confederación de Cámaras Empresariales (CCE) mantuvo este martes 18 de agosto una reunión con el presidente Yamandú Orsi, en la que planteó su visión sobre la conflictividad laboral, la discusión en torno a la reducción de la jornada de trabajo y los desafíos que enfrenta Uruguay en materia de competitividad.
Del encuentro se destacan, entre otros temas, la conflictividad laboral creciente: preocupación por el impacto en cadenas productivas y en la capacidad del país para producir y competir.
Situación del puerto de Montevideo que acumuló casi 33 días de paralización en 2026, el doble que en 2024 y cercano a los 36 de 2025, afectando logística, importaciones, exportaciones y transbordos.
Los costos y las pérdidas: las interrupciones generan costos directos y comerciales, con estimaciones de pérdidas en decenas de millones de dólares.
El daño por la mala imagen y pérdida de confiabilidad internacional en el país debido a las las demoras en contenedores afectan la reputación de Uruguay como socio confiable en comercio internacional.
La reducción de la jornada laboral que el gobierno no impulsa; la CCE pide análisis sectoriales y evitar soluciones uniformes. Se señaló también que las cámaras empresariales están evaluando impactos económicos y productivos de cambios en la organización del tiempo de trabajo.
En competitividad se valoró el proyecto de ley en estudio, pero en la CCE consideran que las medidas actuales son solo un primer paso y no mueven la aguja por sí solas.
Y las prioridades estructurales: energía y logística son los ejes críticos para mejorar productividad, atraer inversión y generar empleo.
CCE SE REUNIÓN CON EL PRESIDENTE ORSI POR LA CONFLICTIVIDAD LABORAL Y PUSO FOCO EN LA COMPETITIVIDAD.
Del encuentro entre la Confederación de Cámaras Empresariales (CCE) y el presidente Yamandú Orsi participaron el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone. La delegación de la CCE fue encabezada por su presidente, Leonardo Loureiro que fue acompañado por el presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Rafael Ferber; el presidente de la Cámara de Industrias, Leonardo García, y el presidente de la Intergremial de Transporte de Carga, Ignacio Asumendi.
A la salida de la reunión, Loureiro señaló que la creciente conflictividad laboral es uno de los temas que el sector empresarial observa con mayor preocupación, por sus efectos sobre distintas cadenas de actividad y sobre la capacidad del país para producir, comerciar y competir. “Es algo que estamos viendo con mucha preocupación”, afirmó.
EL IMPACTO DE LA CONFLICTIVIDAD.
Consultado particularmente sobre la situación del puerto de Montevideo, Loureiro puso el foco en las consecuencias que las interrupciones de actividad tienen mucho más allá del propio sector portuario.
Según señaló, en lo que va del año el puerto acumula casi 33 días de paralización, una cifra que, de acuerdo con los datos manejados por la CCE, duplica la registrada en 2024 y se acerca a los más de 36 días de 2025.
“Eso afecta a toda la cadena: desde el transporte y la logística hasta los operadores de carga, la importación, la exportación y el transbordo. Afecta a todos los sectores de la actividad económica”, sostuvo.
Loureiro agregó que estas situaciones implican costos directos para las empresas, pero también consecuencias comerciales y dificultades para preservar la imagen y confiabilidad del país.
Como ejemplo, explicó que la demora de un contenedor puede determinar la pérdida de una operación, modificaciones en las condiciones de venta, mayores tiempos de almacenamiento o cambios en el destino y las características de una mercadería.
Si bien aclaró que la CCE no cuenta aún con una cuantificación global de esas pérdidas, estimó a título personal que los costos acumulados podrían ubicarse en “decenas de millones de dólares”.
REDUCCIÓN DE LA JORNADA LABORAL.
Otro de los asuntos planteados fue la discusión sobre una eventual reducción de la jornada laboral.
Loureiro sostuvo que, de acuerdo con lo transmitido durante el encuentro, el Gobierno no está promoviendo actualmente una reducción generalizada de la jornada, sino el análisis y la discusión del tema.
“El gobierno no está promoviendo el tema de la reducción de la jornada laboral. Sí se está promoviendo el análisis y la discusión de un tema que hay que tratar”, explicó.
Desde la CCE se planteó que cualquier análisis debe contemplar las realidades particulares de cada actividad económica y evitar soluciones uniformes para sectores con estructuras productivas, necesidades de personal y niveles de capacitación diferentes.
“No es un tema que se pueda aplicar a todos los sectores de actividad económica”, señaló Loureiro.
En ese sentido, informó que distintas cámaras empresariales se encuentran realizando estudios especializados para analizar los posibles impactos económicos, productivos y laborales de eventuales cambios en la organización del tiempo de trabajo.
Sobre el acuerdo alcanzado en el sector de la construcción, Loureiro sostuvo que responde a antecedentes y características particulares de esa actividad y que no resulta posible trasladarlo automáticamente al resto de los sectores.
COMPETITIVIDAD: ENERGÍA Y LOGÍSTICA COMO PRIORIDADES.
La competitividad ocupó también una parte relevante del encuentro.
Loureiro valoró el proceso de diálogo y participación que derivó en el proyecto de ley de competitividad actualmente a estudio del Parlamento, pero sostuvo que las medidas incluidas hasta el momento representan solamente una primera parte de los cambios que Uruguay necesita.
La iniciativa, explicó, permite simplificar trámites, reducir algunos costos y acelerar procesos, pero por sí sola “no mueve la aguja” de la competitividad del país.
Para la CCE, los principales desafíos estructurales se encuentran en áreas como la energía y la logística.
En materia logística, Loureiro señaló que el funcionamiento del puerto constituye un componente central para la competitividad de numerosas actividades productivas.
En energía, la conversación incluyó los costos de la electricidad y los combustibles, así como el impacto que tienen los marcos regulatorios y los distintos mecanismos de subsidios sobre los precios que finalmente afrontan las empresas.
“Donde hay que trabajar muy fuerte es en energía y logística”, afirmó.
La CCE viene planteando la necesidad de abordar estos temas con una mirada transversal y de largo plazo, promoviendo condiciones que permitan aumentar la productividad, estimular la inversión y generar más oportunidades de crecimiento y empleo para el país.
La medida alcanza a 246 operarios con vigencia retroactiva desde marzo. La medida busca dar alivio a las familias afectadas y tiempo institucional para encontrar una solución de fondo.
Salto | Todo El Campo | El diputado Horacio de Brum (Partido Colorado) solicitó en nota dirigida al presidente de la Cámara, diputado Rodrigo Goñi, que se respalde a las familias afectadas por la situación laboral en la industria frigorífica en el departamento con una nueva extensión del subsidio por desempleo para 246 operarios pertenecientes a la empresa Somicar SA – FrigoSalto.
La propuesta del legislador plantea otorgar una prórroga por el término de seis meses, con vigencia retroactiva desde el 1° de marzo de 2026.
El amparo alcanzará a 246 trabajadores, entre los cuales 179 se encuentran bajo la modalidad de desempleo total y 67 en régimen parcial.
La prolongación de las dificultades en FrigoSalto siguen causando incertidumbre laboral y económica a las familias de los trabajadores.
El subsidio no debe interpretarse de forma aislada, sino como una pieza fundamental para la economía salteña, entendiendo que es una actividad que dinamiza a diversos sectores vinculados a la cadena productiva del norte del país.
Una nueva prórroga de seis meses dará el margen institucional necesario para buscar una solución de fondo a la problemática de la empresa afectada, expresó De Brum.
Los proyectos seleccionados, entre casi ochenta presentados, tendrán una duración de cinco años y podrán recibir hasta $ 9.300.000, cubriendo el 100% de su costo total.
Montevideo | Todo El Campo | Cinco proyectos de investigadores e investigadoras del Instituto Clemente Estable fueron seleccionados por el Fondo Ida Holz, una iniciativa de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) destinada a impulsar la investigación científica de excelencia y fortalecer las capacidades del sistema científico-tecnológico nacional.
El Fondo Ida Holz apoya proyectos que generen conocimiento original, contribuyan al fortalecimiento de la ciencia y la tecnología en Uruguay y potencien el desarrollo de capacidades en el país.
Los proyectos seleccionados, entre casi ochenta presentados, tendrán una duración de cinco años y podrán recibir hasta $ 9.300.000, cubriendo el 100% de su costo total.
Además del financiamiento de los proyectos, el fondo contempla el apoyo a la formación de nuevos investigadores mediante dos becas de doctorado nacional, de hasta 36 meses cada una, y una beca de posdoctorado nacional, de hasta 24 meses.
Las propuestas seleccionadas con participación de investigadores del Instituto Clemente Estable abarcan diferentes áreas de investigación: desde la calidad ambiental y la producción agropecuaria hasta la salud de los polinizadores, la reparación de lesiones de la médula espinal y el aprovechamiento sostenible de residuos.
PROYECTOS SELECCIONADOS.
Florece: Floraciones de Cianobacterias en la Era de la Contaminación Múltiple. Responsables: Claudia Piccini Ferrín y Carla Cecilia Kruk Gencarelli.
Estrategias de resistencia y manejo sustentable de enfermedades en papa y tomate: integración de recursos genéticos, genómica funcional, microbioma y bioinsumos. Responsables: Inés Ponce de León Tadeo y María Inés Siri Tomás.
Salud de los polinizadores en sistemas agrícolas: una mirada integral para comprender y mitigar el impacto de los plaguicidas. Responsables: Karina Antúnez Claustre y Ciro Invernizzi Castillo.
Rol de la Cx26 en la biología de un nicho de células madre latentes y su impacto en la autorreparación tras una lesión de la médula espinal. Responsables: Raúl Russo Blanc y Fernando Alvarez Valin.
Biorrefinerías territoriales: transformando residuos en valor para el desarrollo sostenible de Uruguay. Responsables: Angela Cabezas Da Rosa de la Universidad Tecnológica, Instituto Tecnológico Regional Centro-Sur, con participación de Claudia Etchebehere Arenas, investigadora del Instituto Clemente Estable.
La selección de estas propuestas constituye un reconocimiento a la trayectoria y capacidad de los equipos de investigación y destaca, a su vez, la participación de investigadores e investigadoras del instituto en proyectos que abordan algunos de los principales desafíos científicos y tecnológicos del país.
FONDO IDA HOLZ.
El Fondo Ida Holz es un instrumento de financiamiento público en Uruguay diseñado para impulsar la investigación científica de excelencia a largo plazo en todas las áreas del conocimiento. Fue creado en 2025.
Ida Holz Bard es una ingeniera, informática y profesora uruguaya conocida popularmente como “la madre de internet” debido a su rol fundamental en la conectividad del país y de América Latina.
Nacida en Montevideo en 1935, formó parte de las primeras generaciones universitarias dedicadas a la computación en la región.
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En la foto de portada, estudiantes de UTEC construyendo una celda de energía con sedimentos microbianos.
Análisis de Rosgan. Se observa un contexto potencialmente favorable para la inversión en producción.
Rosario, Santa Fe, Argentina | Todo El Campo | El último análisis de Rosgan indica que el endeudamiento de las empresas ganaderas argentinas alcanzó un récord histórico al superar los US$ 1.562 millones, con un crecimiento acelerado tanto en volumen como en la proporción de préstamos en dólares. La estabilidad cambiaria y el diferencial de tasas reales entre pesos y moneda extranjera impulsaron la toma de crédito, aunque el contexto electoral agrega incertidumbre sobre su sostenibilidad. En paralelo, la suba del valor del ternero -68% en el último año- mejora la ecuación de rentabilidad y refuerza el atractivo de apalancar inversiones productivas, siempre que los plazos de financiación se adapten a los ciclos largos de la actividad ganadera.
Los cinco puntos destacados del análisis Rosgan son:
1) La deuda ganadera alcanzó un récord histórico: US$ 1.562 millones, el nivel más alto en 20 años.
2) Creció la proporción de préstamos en dólares: hoy 43% frente al 22% en 2024.
3) Tasas en pesos: 53% anual con inflación al 33%, costo real positivo cercano al 15%.
4) Tasas en dólares: 6% anual con inflación del 7,5%, costo real negativo (-1,6%).
5) Rentabilidad: el ternero subió 68% en un año, superando el costo financiero y favoreciendo inversión productiva.
Informe Rosgan – Según se desprende de los datos publicados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), los saldos de deuda provenientes de préstamos contraídos por empresas ganaderas alcanzan -medidos en dólares- su nivel máximo de los últimos 20 años, superando incluso los registros alcanzados entre fines de 2017 y comienzos de 2018, cuando se registró otro de los momentos de mayor expansión del crédito bancario.
Esta situación surge al analizar la evolución de los pasivos contraídos por las empresas ganaderas con entidades financieras, a partir de los saldos pendientes por actividad económica publicados por el BCRA al cierre del segundo trimestre del año.
Como primer punto a destacar, desde comienzos de 2024 hasta la actualidad se observa un crecimiento prácticamente ininterrumpido de los saldos adeudados por las empresas del sector. Según la estadística publicada al 30 de junio de este año, los préstamos bancarios otorgados a empresas ganaderas -específicamente aquellas dedicadas a la cría de ganado vacuno, excepto cabañas- ascienden a un total de US$ 1.562 millones. Esto representa una expansión del 38% durante los primeros seis meses del año y del 47% respecto de los saldos registrados doce meses atrás.
A priori, los números absolutos muestran que, desde comienzos de 2024, los saldos de deuda contraídos por las empresas del sector se han más que triplicado, al pasar de menos de US$ 500 millones a los actuales US$ 1.562 millones. No obstante, es válido aclarar que, puesto que los saldos se expresan en dólares a efectos de homogeneizar la comparación, la variación de los montos mencionados puede reflejar tanto cambios en el volumen de crédito como movimientos en el tipo de cambio y en la composición monetaria de dichos préstamos.
A su vez, otro aspecto a destacar es el fuerte crecimiento observado en la proporción de préstamos nominados en moneda extranjera. Actualmente, el 43% de los saldos adeudados corresponde a este tipo de operaciones, frente al 30% registrado un año atrás, el 22% en junio de 2024 y menos del 10% durante los dos años previos.
Si bien la estabilidad cambiaria registrada durante el último año, junto con el menor costo nominal de las financiaciones en dólares, favorecieron las condiciones para la toma de este tipo de préstamos, también se observa una ventaja muy clara al comparar las tasas reales de las financiaciones nominadas en dólares y en pesos.
Según la estadística publicada por el BCRA correspondiente al segundo trimestre del año, la tasa promedio a la que accedía al crédito el sector ganadero rondaba el 53% anual para los préstamos en pesos. Si bien es cierto que la historia reciente nos remite a tasas de hasta tres dígitos, especialmente durante el último tramo de 2023, previo al cambio de gobierno, la realidad es que, por entonces, la inflación en pesos llegaba a duplicar ese costo, por lo que el costo real del dinero resultaba negativo.
Hoy, con una inflación promedio fluctuando en torno al 33% anual, la diferencia simple es efectivamente 20 puntos porcentuales. Un año atrás, aún con una tasa nominal más baja, del 47%, pero con una inflación que todavía fluctuaba en torno al 39% anual, arrojaba una diferencia de apenas 8 puntos porcentuales, brecha que prácticamente se duplicó durante el último año.
En términos reales, considerando la relación entre ambas tasas, el costo financiero se ubica en torno al 15% anual frente al 6% resultante, un año atrás.
Distinto es el caso de las tasas nominadas en moneda extranjera. Según la estadística publicada por el BCRA correspondiente al segundo trimestre del año, la tasa promedio a la que accedía al crédito el sector ganadero rondaba el 6% anual para los préstamos en dólares, apenas 2 puntos porcentuales por debajo de lo registrado un año atrás. Sin embargo, al considerar la variación del tipo de cambio, tenemos que la inflación en dólares durante este último periodo fue del 7,5% anual, lo que se traduce en una tasa real negativa, para préstamos contraídos en moneda extranjera.
En este contexto, mientras que dos años atrás la inflación en pesos licuaba gran parte del costo financiero de la deuda contraída en moneda nacional, hoy este costo real aumentó significativamente. En tanto, la mayor estabilidad del tipo de cambio frente a la variación del resto de los precios nominados en moneda nacional genera una inflación en dólares superior al costo de contraer financiación nominada en moneda extranjera. De este modo, la ecuación se invierte y la tasa real en dólares se torna ligeramente negativa, (-1,6% anual).
Claro está que, a medida que nos acerquemos al período electoral, estas alternativas de financiación vuelven a tornarse más riesgosas ante eventuales movimientos del tipo de cambio, en un contexto en el que la incertidumbre política tiende a crecer, más allá de la contención que genera la estabilidad de las variables macroeconómicas.
No obstante, más allá del costo real que naturalmente debe tener el dinero en un contexto en el que las tasas pagadas por tomar financiación vuelven a ser positivas para cualquier actividad productiva, lo que el productor ganadero no debería dejar de contrastar es qué rendimiento genera efectivamente esa financiación dentro de su actividad.
En este sentido, el valor del ternero —por tomar la categoría de hacienda más representativa de la cría— creció durante el último año un 68% en términos nominales, frente a un costo de tomar dinero que, en promedio, se ubicó en el 53% anual. Si bien esta comparación no implica por sí misma que toda inversión financiada resulte rentable, sí refleja una relación de precios que, en principio, mejora el atractivo de apalancar determinadas decisiones productivas.
Esta relación favorable, que se viene registrando de manera prácticamente ininterrumpida durante los últimos tres años, genera un contexto potencialmente favorable para la inversión en producción.
Sin embargo, todavía existe un amplio margen para seguir afianzando el financiamiento del sector. La ganadería tiene ciclos productivos largos y una fuerte inmovilización de capital en hacienda. Por eso, no alcanza con que exista crédito: el plazo debe ser compatible con el ciclo biológico y comercial de la actividad. Esto será determinante para transformar las actuales condiciones favorables de la actividad en mayor inversión, crecimiento y oferta ganadera.
