La propuesta generó una contundente respuesta de la FR al considerar que recae exclusivamente sobre el sector primario, que ya sostiene gran parte de la carga tributaria nacional.
Montevideo | Todo El Campo | La Federación Rural respondió críticamente a la propuesta de Pedro Apezteguía publicada en La Diaria este miércoles 26 de agosto y que plantea crear un impuesto departamental del 2 a 2,5% sobre la enajenación de productos agropecuarios o minerales, calculado en base a precios internacionales. Según el autor de la propuesta, este mecanismo permitiría multiplicar por cuatro los fondos destinados a la caminería rural, pasando de US$ 40 millones anuales a unos US$ 160 millones.
El texto cuestiona la iniciativa por varias razones. En primer lugar, señala que el tributo no guarda relación con el hecho que pretende gravar: el desgaste de los caminos depende del peso por eje y no del valor de la carga. Así, se generarían distorsiones entre productores que usan más o menos la caminería departamental, sin que el impuesto refleje ese uso real. Además, se advierte que el hecho generador es idéntico al del Imeba, lo que implicaría duplicar un impuesto ya existente bajo otro nombre.
También se refuta la idea de que las intendencias no reciben aportes de la producción: se mencionan la Contribución Inmobiliaria Rural, patentes de rodados, guías de tránsito, el impuesto al 1% sobre semovientes y el Imesi del gasoil, entre otros. El problema, se afirma, no es de recursos sino de gestión, dado que las intendencias ya reciben fondos nacionales y créditos internacionales, pero gran parte del gasto se consume en retribuciones personales.
El texto considera inviable el fondo interdepartamental que requeriría unanimidad del Congreso de Intendentes, y critica que la propuesta focaliza la carga en el sector agropecuario, sin incluir a otros usuarios de la caminería. Se sugieren alternativas como mayor coparticipación constitucional o destinar parte del Imesi ya recaudado.
Finalmente responde a la fábula de Esopo usada por Apezteguía, recordando que el productor rural ya ha puesto “el hombro en la rueda” con inversiones y tributos múltiples. Antes de exigir US$ 160 millones adicionales, corresponde auditar y mejorar la gestión de los recursos existentes.
La fábula de Esopo.
El siguiente es el artículo de la Federación Rural completo, respondiendo al Pedro Apezteguía.
IMPUESTO DEPARTAMENTAL A LA PRODUCCIÓN.
Federación Rural – Hemos tomado conocimiento de la columna de opinión publicada por el señor Pedro Apezteguía en la diaria (26 de agosto de 2026), titulada «Impuesto a las cargas que usan los caminos rurales departamentales: Dios ayuda al que se ayuda», y considera necesario expresar públicamente su desacuerdo con la propuesta que allí se formula.
Reconocemos la trayectoria del autor, quien se desempeñó como Director de Descentralización e Inversión Pública de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y condujo en su momento el Programa Nacional de Caminería Rural y las operaciones de crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo por trescientos millones de dólares destinadas a ese fin. Precisamente por ese antecedente, su diagnóstico técnico merece ser leído con atención — y también por eso, sus conclusiones deben ser discutidas con la misma seriedad.
La propuesta, en concreto, consiste en facultar a las intendencias a crear un impuesto departamental con una alícuota del 2 al 2,5%, aplicable por única vez en el ciclo a quienes enajenen productos agropecuarios o minerales con destino a acopio, industrialización o exportación, calculado sobre fictos de precios internacionales tomados de mercados como Chicago, San Pablo o el Banco Mundial. El autor estima que este mecanismo permitiría multiplicar por cuatro los fondos disponibles para caminería departamental, llevándolos desde los cuarenta millones de dólares anuales actuales a aproximadamente ciento sesenta millones.
Sobre una base agroindustrial que el propio autor estima en seis mil cuatrocientos millones de dólares, la cifra que efectivamente se detraería del sector productivo primario ronda los ciento treinta a ciento sesenta millones de dólares por año. No estamos, entonces, frente a un ajuste tributario menor. Estamos frente a la creación de un tributo específico y de gran magnitud sobre un único sector de la economía nacional.
Nuestro desacuerdo se funda en razones técnicas, económicas e institucionales que exponemos a continuación.
El instrumento propuesto no guarda relación con el hecho que pretende gravar. El propio autor dedica dos párrafos a explicar, con rigor ingenieril, que el daño a un camino no depende del valor de la carga sino del peso por eje, y que este daño crece a la potencia cuarta — de modo que duplicar la carga por eje multiplica por dieciséis el desgaste. La conclusión técnica es correcta. Sin embargo, la base imponible que se propone es ad valorem sobre precios internacionales de commodities, sin relación alguna con el peso por eje ni con los kilómetros efectivamente recorridos sobre caminería departamental. Un productor cuya producción sale íntegramente por ruta nacional pagaría exactamente lo mismo que otro con treinta kilómetros de camino departamental deteriorado; una hortaliza de bajo valor y alto volumen pagaría poco por un desgaste elevado; un grano de alto valor y transportado al máximo por eje pagaría mucho. El instrumento tributario propuesto es inconsistente con el diagnóstico físico que le da fundamento.
El hecho generador propuesto es, textualmente, el del Imeba. El Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios grava hoy exactamente eso: la venta de productos agropecuarios con destino a acopio, industrialización o exportación. Sumar un dos y medio por ciento adicional bajo otro nombre no crea un impuesto nuevo a la caminería: duplica el Imeba vigente y le cambia la denominación.
La afirmación de que las intendencias no reciben aportes de la producción es inexacta. La Contribución Inmobiliaria Rural grava el mismo padrón donde se produce y constituye, según el propio desglose del autor, el quince por ciento de los ingresos departamentales — una parte relevante corresponde al ámbito rural. A ello se suman las patentes de rodados de los vehículos afectados a la producción, las guías de propiedad y tránsito, el impuesto al uno por ciento sobre semovientes y el Imesi que cada camión paga al llenar su tanque de gasoil. El sector aporta ya, por múltiples vías, al sostenimiento de la infraestructura vial del país.
El diagnóstico de la caminería es de gestión, no de recursos. El autor reconoce que las intendencias reciben no menos de cuarenta millones de dólares anuales del gobierno nacional para caminería rural, además del Fondo de Desarrollo del Interior y de la línea de crédito del BID que él mismo negoció. Reconoce también que el cuarenta y seis por ciento del gasto departamental se consume en retribuciones personales. Antes de crear un impuesto de la magnitud propuesta, un debate republicano razonable exige mostrar auditoría de los recursos ya existentes, del rendimiento efectivo de la obra ejecutada y de la capacidad técnica real de las direcciones de vialidad departamentales para absorber una multiplicación por cuatro de su presupuesto de caminería.
El fondo interdepartamental propuesto es institucionalmente inviable. Requerir el acuerdo unánime del Congreso de Intendentes para la distribución de ciento sesenta millones de dólares anuales, entre diecinueve gobiernos de distintos signos políticos, escala y prioridades, equivale a establecer una regla de bloqueo. La historia reciente de las decisiones económicas del Congreso de Intendentes no autoriza optimismo al respecto.
No es descentralización tributaria; es focalización sectorial. La invocación al federalismo artiguista resulta atractiva, pero la propuesta no descentraliza: el peso íntegro de esa descentralización recae sobre un único sector. El comercio urbano departamental, la industria manufacturera, los servicios, el turismo — todos usuarios de la caminería departamental — no contribuirían al fondo. La descentralización tributaria, si se la considera necesaria, debe hacerse por vías que respeten el principio de generalidad: mayor coparticipación constitucional, afectación específica de una parte del Imesi-gasoil ya recaudado, fortalecimiento del destino afectado de la Contribución Inmobiliaria Rural. Todas ellas, alternativas que no crean un tributo nuevo sobre la producción primaria.
Merece, por último, una respuesta la fábula con la que se cierra la columna.
El autor recuerda a Esopo: el granjero cuya carreta se hunde en el barro llama a Hércules; Hércules le responde que ponga primero él mismo su hombro en la rueda. La moraleja — Dios ayuda al que se ayuda — se ofrece como justificación de la propuesta.
Nos permitimos devolver la fábula.
El granjero uruguayo tiene, desde hace décadas, el hombro puesto en la rueda. Ha llevado la producción de granos a multiplicarse por cinco en veinticinco años — dato que el propio autor destaca. Ha invertido en tecnología, genética, riego, sanidad, trazabilidad, silaje, mejora de suelos y sistemas de conservación. Genera cerca del ochenta por ciento de las exportaciones de bienes del país. Paga IRAE o ImebaA, IVA, aportes patronales, Contribución Inmobiliaria Rural, Impuesto al Patrimonio, ITP, patentes, guías y el Imesi del gasoil que consume cada uno de sus camiones. Y cuando el camino no está en condiciones, es él quien coordina cargas, prioriza embarques, escalona salidas y, cuando la Intendencia lo multa por circular sobre un balasto que no soportó la última lluvia, paga también la multa.
Hércules, en la fábula que efectivamente vive el productor rural, ha aparecido varias veces. Vino con el Fondo de Desarrollo del Interior. Vino con el Programa Nacional de Caminería Rural. Vino con la línea de trescientos millones de dólares del BID. La carreta, sin embargo, sigue hundida en el mismo tramo. No porque el granjero no empuje: porque la ayuda que llega se dispersa, se ejecuta con calidad insuficiente o se destina a rubros que no son la rueda hundida.
Antes de pedirle al productor que aporte ciento sesenta millones de dólares adicionales por año, corresponde preguntarse por qué los recursos que Hércules ya trajo no han rendido lo que debían. Esa es la pregunta que la moraleja del autor, si se aplica con honestidad, obliga a formular en primer término.
El sector agropecuario no rehúye la discusión sobre el financiamiento de la caminería rural. Al contrario: la considera una prioridad nacional. Pero la discusión seria no comienza creando un tributo nuevo sobre el eslabón productivo primario que ya sostiene la carga tributaria del país. Comienza auditando lo existente, corrigiendo lo que no funciona, respetando las especificaciones técnicas de la obra pública, y estableciendo reglas objetivas y previsibles de asignación y de restricción del tránsito.
Estamos disponibles para participar en esa discusión, con la seriedad que el tema exige.
El subsecretario del MGAP destacó el equilibrio en la oferta y los precios de la carne de pollo, al tiempo que remarcó la necesidad de avanzar hacia una política de Estado que universalice los seguros.
Canelones | Todo El Campo | Matías Carámbula, subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) se refirió al mercado uruguayo que está abastecido pero con un desfasaje de precios; recalcó la articulación estatal contra el contrabando y el impulso que debe tener una política de Estado para seguros climáticos.
Al ser entrevistado dijo que en esta ápoca del año se debe “monitorear de cerca la evolución de la oferta de carne aviar” y explicó que desde el Ministerio se ha “afinado mucho la información para la toma de decisiones”.
Actualmente el mercado se encuentra “abastecido” peo hay “una diferencia entre el precio que reciben la industria y los productores con lo que se vende. Hay algún desfasaje, pero se está monitoreando el escenario” sin descartar “algún aporte más de carne aviar”. De todas formas, “es un momento de cierta tranquilidad y estabilidad del sector y la oferta”.
El avícola “es un sector que precisa ser cuidado, en primer lugar porque producen una de las principales fuentes de proteína de origen animal para el consumo de la población, que es el pollo. Debemos cuidar esa base productiva porque en el escenario internacional siempre hay riesgo de temas sanitarios. Tenemos que ser muy cuidadosos con eso, mantener, sostener y proyectar una base productiva nacional en un contexto de ciertas sensibilidades que pueda haber a temas sanitarios”.
Con ese escenario, “lo que se ha ido manejando es ese porcentaje de permisos de importación” y “la idea es ir incrementando de a poco, en la medida que la producción nacional va generando posibilidades de competitividad frente a productores de otros países. Hoy la importación es 5,5% en relación al consumo de pollo del año anterior”.
CONTRABANDO.
Respecto al contrabando, Carámbula dijo que la participación del Ejército en la frontera seca es “una política que ya tiene un tiempo y se va a sostener”.
Destacó “el diálogo y la articulación de diferentes esferas del Estado que están vinculadas a ese tema: el Ejército en la frontera”, pero también “el Ministerio del Interior, toda la información de la UAM sobre contrabando en horticultura o fruticultura”.
“Se mejoró toda la articulación” en un tema que genera “mucha preocupación”, añadió.
SEGUROS Y DESAFÍOS CLIMÁTICOS.
A partir de los eventos climáticos de Salto sucedidos el día 18 de julio, se reafirmó la idea del seguro como una necesidad.
“Estamos convencidos que el seguro tiene que ser una prioridad” para el Estado. “En la horticultura ya hay una experiencia de aporte del Estado a lo que es el contrato de seguro y una de las cosas que vimos en Salto es que una parte importante de los productores no estaban asegurados. Es central pensar como política de Estado cómo apoyar y universalizar los seguros” a pesar de que en algunas producciones “es muy difícil por los costos”, reconoció.
“Nosotros llevamos un año y medio de gobierno y ya tenemos cuatro eventos vinculados al clima. El primero fue al comenzar el año 2025 en Canelones y algo de San José y Lavalleja” con “granizo y viento que afectó a 100 productores; el segundo fue en julio (2025) con heladas que afectó a 80 pequeños productores citrícolas en Salto; y el tercero en el verano que tuvimos la sequía y ahora el evento en Salto”, recordó. El cuarto fue en julio pasado en Salto.
Con esa cantidad de eventos en tan poco tiempo “es imposible que el Estado y los mismos productores puedan estar invirtiendo y buscando apoyo del Estado”; se incrementa la frecuencia de hechos climáticos y la intensidad con que ocurren.
“Estamos convencidos que la línea de inversión del Estado pasaría a ser por el lado de los seguros”, añadió.
GRANJA TRES ARROYOS.
En cuanto a la situación de Granja Tres Arroyos en Argentina que enfrenta problemas financieros importantes y si eso impacta en Granja Tres Arroyos Uruguay, Carámbula dijo que no posee demasiada información sobre el tema.
Sin embargo, la empresa en Uruguay ha logrado “cierta autonomía porque Tres Arroyos en Argentina está muy complicada y acá no nos han trasladado ningún planteo de algún efecto colateral. Al contrario, las señales han sido de una empresa que está con mucha estabilidad y está bien en general”, valoró.
MAYOR CONSUMO DE HUEVOS.
Carámbula destacó también el incremento del consumo de huevos en Uruguay, además de la carne aviar, en ese contexto “siempre es bueno que haya inversión, que también es modernización y tecnología”.
La llegada de inversiones en huevos es algo que desde el gobierno “se apoya esperando que sea un aporte que sume”, finalizó.
Un gran remate que refleja la situación del mercado.
Montevideo | Todo El Campo | Pantalla Uruguay remató este jueves 27 un total de 6.495 vacunos, el 98% de la oferta que ascendía a 6.637 ejemplares. Las terneras hicieron un promedio de US$ 4,12 marco una suba de 4% respecto al remate anterior; los terneros tuvieron un precio de US$ 4,35 (+1,6%) y las vacas de invernada US$ 2,75 (+5,3%).
Uruguay debe discutir cómo mejorar la salida de la producción en momentos difíciles”, dijo el intendente de Florida.
Florida | Todo El Campo | El intendente de Florida, Carlos Enciso, dijo que las intendencias están esperando el apoyo del gobierno nacional para hacer frente a El Niño. Planteo la necesidad de que se actúa ahora y no después que el daño está hecho; también fue consultado sobre el tránsito de camiones pesados en caminos que no tienen la capacidad de soportar el peso y la necesidad de que la producción sea comercializada y pueda salir de los establecimientos o chacras.
En rueda de prensa Enciso dijo que el problema de El Niño “ya está instalado y tenemos que dar respuestas” a la población en temas como “viviendas, caminería, asuntos sociales, y por supuesto esperando el adelanto del gobierno para no esperar a hacer la evaluación el año que viene, después de varios meses, cuando El Niño se retire”.
El intendente subrayó que se debe actuar “previendo algunas obras” que permitirían recibir el fenómeno más preparados de lo que hoy estamos.
Esas obras serían “de alcantarillas, canalización de arroyos y calzadas, plantes de contingencia para viviendas”, entre otros.
Al ser preguntado si está la posibilidad de que haya nuevos cobros a los ciudadanos para generar recursos que se dirijan a esa acción preventiva, Enciso aclaró que “más que impuestos” lo que se busca es llegar a un punto en el que “todos contribuyamos a mejorar los recursos para los caminos que más usamos” y que se relacionan con la producción de granos, arroz, forestales.
Eso “es parte de la discusión país para mejorar la salida de la producción en momentos difíciles”, añadió.
La Intendencia de Florida ni ninguna otra del país tiene recursos para afrontar los daños que los fenómenos climáticos están causando y causarán, comentó. “Los recursos con los que cuenta la Intendencia de Florida son los necesarios para un mantenimiento normal o tradicional, el problema es que para el impacto de las roturas que estamos viviendo ninguna intendencia tiene posibilidades financieras de dar respuestas”.
“Además hay que sustituir el balastro por carpetas asfálticas porque es imposible que camiones de 40 o 50 toneladas, y varios por día, circulen en rutas departamentales de balastro”, explicó.
Consultado sobre la posibilidad de poner un impuesto a los camiones que no están autorizados a circular, Enciso respondió que ese “es otro tema”, que se está trabajando “más a largo plazo” y que no hace a la batería de medidas que se deben tomar para esta emergencia.
Sobre ese punto las intendencias están “en diálogo con la ministra de Transporte” y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, “pero es una decisión para el año que viene en un plan diferente a la contingencia de la emergencia” por El Niño, concluyó.
El intendente Enciso ha mantenido varias reuniones con direcciones municipales y el Centro de Coordinación de Emergencias Departamentales (Cecoed) para mantener un diálogo fluido y contar siempre con información actualizada sobre los impactos climatológicos en el departamento, además de repasar protocolos de actuación y coordinación, y relevar el estado de la caminería rural, viviendas e infraestructura en general.
En la fotografía, el intendente de Florida y el director del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), Leandro Palomeque. Foto de Congreso de Intendentes.
Para Uruguay es importante participar en ámbitos que reúnen ciencia, industria y tomadores de decisiones, en un contexto marcado por el avance de movimientos antiganadería.
Montevideo | Todo El Campo | En la ciudad de Daejeon, Corea del Sur, se realizó, del 9 al 14 de agosto, el 72º Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología de la Carne (ICoMST 2026), evento que Uruguay realizó en 2014 y que volverá a realizar en 2031.
La ingeniera Marcia del Campo, entrevistada en el programa Diario Rural – CX4 Radio Rural, dijo que no es un congreso únicamente científico sino que también participa la industria y de tomadores de decisiones, por lo que “es clave estar ahí”, además de que Uruguay “ha logrado una presencia bastante protagónica en lo que es la comisión de organización”.
Señaló que “desde 2020 el congreso mantiene una estructura y el primer día hay que estar súper atentos y hacer como una actualización sobre qué está pasando con la ganadería y el consumo de carne en el mundo”.
En el mundo “hay un movimiento antiganadería, especialmente anticonsumo de carne y anticonsumo de carnes rojas por todo lo que tiene que ver con la agenda global de sostenibilidad, de algunas empresas que han surgido a nivel internacional que intentan acabar con la ganadería. Esas cosas nos obligan a estar cada vez más más atentos a la forma en que trabajamos y a la forma en que comunicamos cómo hacemos las cosas”, y por eso “el primer día es básicamente una actualización de todo lo que está pasando, cómo ha evolucionado el consumo en los distintos países”.
Los días siguientes, segundo, tercero y cuarto, la temática ingresa “en la parte de calidad, de tecnologías aplicada a lo que es la producción de carne y a lo que es calidad intrínseca y también procesos”, pero en el último día “se vuelve a hacer como una como un panorama general del futuro, de hacia dónde vamos, y otra vez surge que a pesar de todos los adelantos que hay a nivel de lo que es laboratorio o producción en sí de carne, no olvidarnos de estas amenazas que estamos teniendo en lo que tiene que ver con sostenibilidad, con bienestar animal y exigencia de los consumidores”.
Por otra parte, señaló que los asuntos que suceden en Uruguay, como los frigoríficos involucrados con residuos de medicamente, incluso el problema que involucró un barco con ganado en pie, son temas que se saben en esos eventos y de los cuales los participantes están enterados, temas que “afectan la imagen del país”.
ENTREVISTA COMPLETA.
Producción periodística Estela Apollonio, programa Diario Rural – CX4 Radio Rural.
