Quienes se oponen cuestiona que el impuesto desincentivará la inversión tecnológica en un país que ya es uno de los productores más ecológicos del mundo.
Montevideo | Todo El Campo | Los desafíos de la ganadería siguen en aumento. En una medida sin precedentes, Dinamarca crea un impuesto que grave las emisiones de gases de efecto invernadero (dióxido de carbono CO2) de la ganadería, por el cual los productores deberán pagar anualmente unos 100 euros por animal. Organizaciones agrarias han criticado la medida.
La medida se toma luego de meses de debates y negociaciones entre diferentes actores del país: partidos políticos, asociaciones ganaderas y medioambientales.
El pago es de unos 16 euros por tonelada de dióxido de carbono emitida por vacas, cerdos y otras especies ganaderas, han informado medios europeos.
La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, socialdemócrata, espera que la medida “allane el camino hacia el futuro, tanto en nuestra región como a nivel global”.
Dinamarca es un importante productor de cerdos. Con casi 6 millones de habitantes, posee 13,1 millones de cerdos en sus granjas. En los últimos 30 años, la producción porcina pasó a ser un referente europeo y mundial por su eficiencia productiva.
Organizaciones agrícolas como Bæredygtigt Landbrug, que no ha formado parte de las negociaciones, han criticado inmediatamente el acuerdo, al tiempo que algunas organizaciones ecologistas consideran que el acuerdo prevé demasiadas deducciones fiscales que lo hacen, en la práctica, inoperante.
“Me parece una locura”, opinó Peter Kiaer, secretario de la organización agrícola Bæredygtigt Landbrug, que no participó de las negociaciones que crearon el impuesto.
El gremialista cree que el impuesto desincentivará la inversión tecnológica en un país que ya es uno de los productores más ecológicos del mundo. “El Gobierno no escucha a los agricultores y ganaderos”, enfatizó.
Søren Søndergaard, presidente del Consejo Danés para la Agricultura y la Alimentación señaló que se llega a un punto “contra todo pronóstico”. “Hemos podido sacar adelante un modelo fiscal en el que los ganaderos que apliquen soluciones sostenibles puedan evitar completamente el nuevo impuesto”, agregó, lo que significa que no todos los productores pagarían.
Lars Aagaard, el ministro de Ambiente, señaló que el sector primario es el principal emisor de gases de efecto invernadero en el país y eso debe cambiar: “Esto no puede continuar, el sector primario debe contribuir y ser parte de un futuro verde”.
Foto de portada: ganado vacuno en Dinamarca | Foto de Pxfuel.
El mandatario dijo que la ley más importante del Gobierno fue ley de urgente consideración (LUC), que tuvo un capítulo vinculado a las Mipymes.
Paso de los Toros, Tacuarembó | Todo El Campo | El presidente Luis Lacalle concurrió al encuentro de directivos de 25 asociaciones, cámaras y centros comerciales del interior del país, oportunidad en que destacó el apoyo brindado por Gobierno a las Mipymes durante la pandemia, así como el rol articulador de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), el crecimiento del formalismo y la reducción de impuestos ese numeroso e importante grupo comercial.
La actividad se llevó a cabo el viernes 21 de junio en el Midland Hotel & Resort, en Paso de los Toros, con la presencia de Carmen Sánchez, titular de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE); Wilson Ezquerra, intendente de Tacuarembó; y Luis Irigoin, alcalde isabelino.
El mandatario subrayó el “fuerte apoyo y asistencia” que el Gobierno dio a las empresas Mipymes: “La ley más importante, la LUC (ley de urgente consideración) tuvo un capítulo vinculado a las Mipymes; en lapandemia hubo un fuerte apoyo y asistencia a las Mipymes y creció el formalismo durante la pandemia, en unos 5 puntos. ¿Qué pasó ahí?, porque a la gente no le sobraba plata y vender, no vendía mucho. Lo que pasó fue que “las Mipymes se recostaron en el palenque del Estado, porque vieron una posibilidad que no era de crecer, sino de pasar la crisis”.
También mencionó “el diálogo mantenido con los centros comerciales del litoral” del país, con reuniones “varias en la Torre Ejecutiva u otros lugares y no siempre hubo acuerdo porque la frazada es corta”, dijo en referencia a los escasos recursos que se poseen.
El reclamo de las empresas era “justo” debido a la situación creada en Argentina, “pero que generaba consecuencias dramáticas de este lado. Es difícil, pero recordarán que se dio una mano con el BROU, con el combustible, se buscaron mecanismos que obviamente no eran suficientes con lo que se estaba viviendo”.
Hubo algo “que me parece muy loco que haya pasado de largo en la discusión política que estoy viendo, y es que se le bajaron los impuestos a las Mypimes, hace un par de años por primera vez en muchos años, no solo se le bajó los impuestos a las personas físicas y algunos jubilados, sino que también a las empresas”, subrayó.
Agregó que “la idea era bajar los impuestos a las Mypimes porque eso no iba a inversiones extranjeras, eso iba al barrio, como un trabajo más, una inversión más, agrandarse, cambiar el camión o poder poner publicidad”.
PALABRAS DEL PRESIDENTE LACALLE.
Luis Lacalle.
EVENTO DE LA CEDU.
El evento del que participó Lacalle fue organizado por la Confederación Empresarial del Uruguay (CEDU), con planteamientos y disertaciones sobre temas del sector vinculadas a la reglamentación de la ley de inversiones y promoción industrial, la presentación de la Plataforma de Digitalización del Ecosistema Minorista, y una evaluación del desempeño de los Centros Pymes.
Carmen Sánchez precisó que el 90% de quienes participaron de la propuesta de ANDE indicaron una “alta satisfacción”, el 56% de las empresas que comenzaron su vinculación en estado de informalidad se formalizaron y más del 50% aumentaron sus ventas. “Los números indican que estamos en el camino correcto”.
ANDE.
ANDE cuenta con una red conformada por 23 Centros Pymes en todo el territorio nacional, exceptuando la capital del país. Al respecto, anunció la apertura de dos Centros Pymes en Montevideo en los próximos meses, que estarán ubicados en los barrios Colón y Unión. Los mencionados establecimientos brindan orientación y asesoramiento a emprendedores y empresas con el fin de promover su evolución y crecimiento.
Desde 2020 hasta 2023, ANDE ha realizado una inversión cercana a los 2.900 millones de pesos a Mipymes ubicadas en el interior.
Hay productos denominados no tradicionales y pagan impuesto por esa condición, pero hace décadas que se exportan y forman parte de nuestra propia tradición productora y exportadora.
Montevideo | Todo El Campo | Según la Cámara Mercantil de Productos del País (CMPP), el impuesto que se paga por las exportaciones de los productos no tradicionales y que sirven para financiar al Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) “no tiene fundamento legal vigente”, además hay casos en que los sectores aportantes no reciben beneficio ni prestación alguna, como los lácteos y los granos.
El impuesto cuestionado grava las exportaciones de lácteos, soja, arroz, maíz, cebada, sorgo, colza, semillas, madera y miel, entre otros, publicó el semanario Búsqueda este jueves 23 de mayo.
El pago de impuestos se remonta a la ley N° 16.226/1991 que en su artículo 458 establece: “Las exportaciones de productos que sean considerados no tradicionales a la vigencia de la presente ley, así como a partir de la misma, deberán abonar en el Banco de la República Oriental del Uruguay, al liquidarse el cumplido de embarque de exportación, un impuesto de 0,3% del valor FOB de la exportación, que será destinado al LATU”; y su modificación por ley N° 19.924/20 (de presupuesto), que en su artículo 417 dispone una reducción de 0,3% a 0,25%.
En los últimos años la CMPP ha solicitados cambios con el cobro de impuesto: “Al día de hoy ni la exportación de soja, arroz, maíz, cebada, sorgo o colza, ni la exportación de semillas, madera o miel, pueden ser consideradas no tradicionales”, afirma. La entidad argumenta que “esa categorización o calificación como tradicional o no tradicional, que se hace a la exportación de determinados productos, no la hace el legislador ni la ley, sino el Poder Ejecutivo”.
Agrega: “Por los fundamentos de hecho y de derecho, y con el fin de coadyuvar a una mejora en la competitividad de nuestro país, y así lograr nuevos espacios en los mercados internacionales para nuestra producción agroindustrial, fue que se solicitó al Poder Ejecutivo la revisión de la situación planteada, a los efectos de que, ni la exportación de soja, arroz, maíz, cebada, sorgo o colza, ni la exportación de lana industrializada, o de semillas, madera o miel, siguiera siendo considerada exportación de productos no tradicionales, ya que hace décadas que se exportan y forman parte de nuestra propia tradición productora y exportadora”.
RECAUDACIÓN DEL LATU: US$ 19,7 MILLONES.
En 2022 el LATU recaudó de “fondos públicos que provienen del impuesto que es liquidado por la Dirección Nacional de Aduanas y vertido a nuestra cuenta bancaria en el Banco de la República”, totalizaron $ 788.353.594 (unos US$ 19,7 millones, con el dólar al 31 de diciembre de 2022).
Ese año las exportaciones de soja fueron por US$ 1.922 millones, por lo cual por ese impuesto aportó casi US$ 4,8 millones; la madera pagó US$ 2,8 millones, sin contabilizar el pago que realiza la madera para celulosa; los lácteos US$ 2,2 millones; y el arroz US$ 1,25 millones.
LÁCTEOS Y GRANOS PAGAN SIN RECIBIR CONTRAPRESTACIÓN.
El artículo de Búsqueda agrega que la cadena láctea paga al LATU US$ 1 millón por año, y plantea la pregunta: “¿Tiene sentido que los contribuyentes paguen $ 35 millones al año y que los recursos aportados por la cadena láctea se vayan a un lugar que poco o nada aporta al sector?”.
En 2020, José Palma, expresidente de la Asociación de Comerciantes de Granos (ACG), dijo a la revista Verde que el sector agrícola, a través del 0,3% de las exportaciones de soja, destinaba al LATU unos US$ 3 millones por año. Sin embargo, consideró que “la cadena agrícola dista de recibir una contraprestación acorde por parte del LATU. Esto fue señalado al Gobierno anterior y al actual”.
La institución cuestionó a las intendencias por una normativa que “tranca la venta de guías”, que es “injusta e improcedente” y “atenta contra el comercio de las empresas ganaderas”.
Montevideo | Todo El Campo | En un comunicado fechado el 1° de noviembre, la Federación Rural cuestionó el proceder de las intendencias que retienen las guías de propiedad y tránsito de los semovientes a los productores que no estén al día con el impuesto municipal.
De esa forma se actúa de manera “injusta e improcedente” y se “atenta contra el comercio de las empresas ganaderas”.
EL COMUNICADO.
El documento expresa que las intendencias “mantienen el mecanismo de no venta de guías de propiedad y tránsito de semovientes” a todos aquellos los productores “que no demuestren estar al día con el impuesto del 1% municipal”, el cual “es recuperado solo por algunos productores”, queda mayoritariamente en las arcas de las intendencias.
La Federación entiende y señala que es un “mecanismo de tranca en la venta de guías”, además de que es “injusto e improcedente”.
También “atenta contra la posibilidad de manejo comercial de las empresas ganaderas, violentando la libertad a la hora de vender y aumentando la burocracia innecesariamente”.
En ese escenario “el único que pierde es el productor rural”.
Finaliza planteando que “ante la posibilidad de comenzar con un nuevo sistema de guías electrónicas, se debe aprovechar esa instancia para eliminar” el mecanismo señalado y cuestionado.
La principal novedad para este nuevo cierre de ejercicio, está en el tope de ingresos para el Imeba, ya sea para ejercer la opción de Imeba o para pasar preceptivamente al IRAE.
Eduardo Appoloni | Montevideo | Todo El Campo | El próximo 30 de junio cierra un nuevo ejercicio fiscal para las empresas agropecuarias y entendemos importante repasar alguna de las novedades impositivas a partir de este año, así como algunos de los principales impuestos del sector.
La principal novedad para este nuevo cierre de ejercicio, está en el tope de ingresos para el Imeba, ya sea para ejercer la opción de Imeba o para pasar preceptivamente al IRAE.
El nuevo monto vigente para ejercicios cerrados al 30 de junio de 2023 es de 2.500.000 UI (aproximadamente US$ 378.800), recordamos que para ejercicios anteriores el monto era de 2.000.000 UI (aproximadamente US$ 303.000).
PRINCIPALES IMPUESTOS.
Los principales impuestos del sector los podemos separar en dos grandes capítulos:
1. IMPUESTOS A LA RENTA. A los efectos fiscales, dentro de las rentas agropecuarias podemos tener dos categorías:
Las derivadas de la actividad agropecuaria, que son aquellas destinadas a obtener productos primarios, vegetales o animales.
Aquellas otras rentas comprendidas como son los servicios agropecuarios prestados por productores, enajenaciones de activos fijo afectados a las actividades agropecuarias, actividades de aparcería, pastoreo, medianería y similares.
En la actualidad nos encontramos con dos impuestos que gravan las rentas agropecuarias:
Impuesto a las Rentas de las Actividades Empresariales (en adelante IRAE)
Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios (en adelante Imeba).
El IRAE grava las rentas de fuente uruguaya y su alícuota es del 25%, mientras que el Imeba grava la primera enajenación de productos agropecuarios a cualquier título a contribuyentes de IRAE, organismos municipales y nacionales así como la exportación de bienes, y su alícuota varía entre 0% y 2,5% dependiendo del bien enajenado.
Lo particular del Imeba es que afecta a la mayoría de los productores agropecuarios, siendo para algunos un impuesto final y para otros un pago a cuenta (contribuyente de IRAE). Serán contribuyentes de Imeba aquellos productores con una explotación agropecuaria menor a 1.250 hectáreas IC 100 y cuyos ingresos del año anterior no superen los 2.500.000 de UI (aproximadamente US$ 378.800).
Los siguientes sujetos pasivos no podrán optar por este régimen ya que están inhabilitados por su forma jurídica: sociedades anónimas, sociedades en comandita por acciones, establecimientos permanentes de no residentes, fondos de inversión cerrados de crédito y fideicomisos, salvo los de garantía.
Los restantes contribuyentes que obtengan rentas agropecuarias y no cumplan con las condiciones antes mencionadas, estarán incluidos en el IRAE. Dentro de este impuesto existe la posibilidad de tributar por un régimen simplificado (IRAE Ficto), donde pueden optar aquellos contribuyentes que también quedaban incluidos en el Imeba por su forma jurídica y que sus ingresos agropecuarios del ejercicio anterior no superen las 4.000.000 de UI (aproximadamente US$ 606.000)
2. IMPUESTO AL PATRIMONIO. Aquellas explotaciones agropecuarias cuyos activos superen las 12.000.000 de UI (aproximadamente US$ 1.818.000) serán contribuyentes del Impuesto al Patrimonio Agropecuario (en adelante IP). Las entidades con acciones al portador y las no residentes (excepto las personas físicas) no se encuentran incluidas en esta exoneración y estarán gravadas desde el inicio.
Para determinar el valor de los activos se deben considerar dos aspectos:
El valor de los inmuebles rurales que sean propiedad de la empresa. Este se determina por el valor de catastro al 2012 actualizado por el Índice de Precios de Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura.
El valor ficto de bienes muebles y semovientes. Se determina como el 40% del valor de los inmuebles rurales computándose para quienes realicen explotación agropecuaria, sin importar la titularidad del inmueble.
Las tasas del IP varían de acuerdo al valor de los activos fiscales. Cuando los activos no superan las 30.000.000 UI (aproximadamente US$ 4.546.000) es del 0,75%, mientras que cuando exceden este tope es del 1,5%.
En este impuesto existe una sobretasa que se aplica en aquellas explotaciones agropecuarias en donde los activos fiscales superan las 30.000.000 UI (aproximadamente US$ 4.546.000) y cuyas alícuotas van desde el 0,7% al 1.5%.
