¿Qué efecto tienen el frío y la sequía en los pastos forrajeros cuando ambos fenómenos se dan de forma conjunta?, se preguntó el Ing. Agr. Fernando Lattanzi del programa Pasturas & Forrajes del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA). El técnico usó su cuenta de Twitter para explicarlo.
Lattanzi escribió que junio terminó con “tasas muy bajas de acumulación de forraje en la plataforma de pastoreo del tambo”, una situación que se repite en “los predios del litoral sudoeste monitoreados en el proyecto”, escribió.
Agregó que en invierno “la radiación que las plantas pueden usar en fotosíntesis es baja”, pero en nuestro país ese factor “no es una gran limitante del crecimiento”. “El verano fue algo más nublado que lo usual, pero desde abril estamos en el promedio histórico”, además de que junio “tuvo más sol que lo normal”, como lo muestra el siguiente gráfico.
En invierno “la temperatura sí es una limitante al crecimiento” porque “las forrajeras reducen mucho su crecimiento cuando los registros son por debajo de 10ºC y lo detienen a 2ºC”.
Durante otoño “el suelo ha estado bastante más frío que lo usual” con mayo y junio a temperaturas mínimas a nivel de pasto “muy bajas”.
EL LITORAL SUDOESTE ATRAVIESA UNA SEQUÍA QUE SE DA MENOS DE UNA VEZ CADA ONCE AÑOS.
Pero el frío no es el único problema, el déficit hídrico también hace lo suyo. Lattanzi escribió: “Además del frío, en el litoral sudoeste estamos atravesando una sequía que se da menos de una vez cada once años. Esta mezcla de frío + sequía es la principal causa del bajo crecimiento en mayo-junio”.
Esa combinación de frío y sequía, “infrecuente en Uruguay pero común en climas continentales secos, exacerba los efectos de las heladas, ya que mucho del daño que causa una helada es efecto de desecación”, señaló. Por esa razón suele verse que con el frío más la sequía, la hoja más vieja se muere más rápido.
El Ing. Lattanzi concluye con tres gráficas en la que muestra la sequía a la que se refiere.
1/6 Sale un HILO frío y seco desde @INIA_UY Estanzuela. En junio estamos con tasas muy bajas de acumulación de forraje en la plataforma de pastoreo del tambo. Igual estan los predios del litoral sudoeste monitoreados en el proyecto @FONTAGRO @SFariña @NBaraibar@Lu_Betancorpic.twitter.com/CGerkO0ZfU
Cargill agregará velas a un buque de carga para probar si puede reducir las emisiones contaminantes. Este paso puede marcar el inicio de un camino que, como muchas cosas vinculadas al ambiente, pude que no tenga retorno.
Jonathan Saul | Londres, Inglaterra | Reuters | En una nueva versión de la tecnología antigua, Cargill, uno de los mayores fletadores de barcos del mundo, agregará velas de última generación a un buque a principios del próximo año para probar si la energía eólica puede reducir sus emisiones de carbono, dijo un alto ejecutivo de la compañía.
Con alrededor del 90% del comercio mundial transportado por mar, el transporte marítimo representa casi el 3% de las emisiones de CO2 del mundo, sin embargo, los defensores del medio ambiente dicen que los esfuerzos del sector para reducir las emisiones son lentos.
El grupo agrícola líder Cargill comenzará a probar un buque a granel seco con dos velas eólicas en el primer trimestre de 2023, dijo a Reuters Jan Dieleman, presidente de la división de transporte oceánico de Cargill.
“Habrá carga a bordo, esto no serán pruebas de mar sino un uso comercial real”.
“Es posible que queramos usar un período de tres a seis meses para ver cómo funciona y luego estar listos para apretar el gatillo en una serie adicional de barcos y eso dependerá de la disponibilidad de los barcos correctos”, dijo Dieleman, y agregó que un barco totalmente optimizado para el viento podría reducir las emisiones en un 30%.
“Esto nunca se ha hecho antes con alas duras para un buque comercial de este tamaño”, dijo Dieleman, y agregó que Cargill también estaba explorando la combinación de energía eólica con combustibles de carbono cero.
BAR Technologies, que ha diseñado barcos para la Copa América, está desarrollando las velas que está construyendo la noruega Yara Marine Technologies. A principios de esta semana, las dos compañías también firmaron un acuerdo con el propietario de graneles secos Berge Bulk para instalar velas eólicas en un barco, que se instalará en el segundo trimestre de 2023.
Cargill fleta entre 600 y 700 barcos, de los cuales el 90% son para graneles secos y el resto son petroleros.
Los volúmenes totales de mar transportados de Cargill aumentaron a 240 millones de toneladas en el año fiscal 2021-2022 (junio-junio) desde los 220 millones de toneladas del año anterior.
El grupo es parte de una iniciativa llamada Sea Cargo Charter que rastrea las emisiones de los buques por parte de las empresas. Las emisiones de Cargill estuvieron un 5,9% por encima de la trayectoria establecida.
“Hubo interrupciones en la cadena de suministro, economías en auge con mucha aceleración de los barcos, lo que resultó en más emisiones”, dijo Dieleman, y agregó que “todavía había trabajo por hacer”.
En una reunión inédita, 40 instituciones expresaron su desconformidad y en un mensaje al Gobierno aseguraron que la cadena agroindustrial es parte de la solución de la crisis que vive el país.
Este miércoles 29 de junio, preocupados por los problemas de sector rural argentino y del país en general, en una instancia inédita e histórica, se reunieron todos los eslabones de la cadena agroindustrial bajo la convocatoria de la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA).
La reunión se llevó a cabo en la sede de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la movilización del 13 de julio se decidió como protesta ante la falta de gasoil, la presión impositiva, las retenciones y la brecha cambiaria. La medida incluye parar la comercialización de granos y ganados. Además se realizarán movilizaciones en distintas ciudades del interior del país.
“ES IMPRESCINDIBLE LA INTEGRACIÓN CON PAZ SOCIAL”.
Finalizado el encuentro de CEEA las 40 instituciones participantes expresaron en un comunicado que “los presentes coincidieron en que la cadena agroindustrial es parte de la solución y de la salida a esta crisis”.
Partiendo de ese escenario, destacaron la unidad de las instituciones y subrayaron que poseen “una visión en común, con el convencimiento de que el sector está en condiciones de crecer en producción, exportaciones, abastecimiento y en la generación de bioenergía y más empleo”, sin embargo advierten que “todo esto debe darse en el marco de un profundo respeto a la democracia, la institucionalidad y la división de poderes”.
El sector agrícola hace un llamado a la política, entendiendo que ésta “debe recuperar la estabilidad macroeconómica y detener la confrontación, que redunda en mayor desigualdad”.
Para la sociedad argentina y el país mismo “es imprescindible la integración con paz social, para lograr un desarrollo federal, sostenible e inclusivo. Estas son condiciones imprescindibles para trabajar, producir, industrializar, transportar, comercializar para lograr el abastecimiento interno e incrementar las exportaciones”.
En ese marco es “urgente el acceso al gasoil y a los fertilizantes para evitar una parálisis total del aparato productivo. También es necesario que haya menos intervenciones dañinas, que se baje el gasto público y que se ponga fin a la crisis energética, para hacerlo posible”.
“El sector agroindustrial genera casi 4 millones de empleos en todo el país, el 70% de las exportaciones y 8 de cada 10 divisas netas. Crea empleo federal y genuino, con el aporte fundamental de los productores en la dinamización de la economía. Aporta innovación tecnológica y mejoras en la calidad del trabajo y de la producción. Por eso, existe entre los actores presentes la convicción de que, si se dan las condiciones adecuadas, sin intervenciones distorsivas ni cambios de reglas de juego permanentes, podría crecer aún más e incrementar las posibilidades de desarrollo federal de Argentina”, expresa el comunicado.
Finaliza señalando que se está atravesando “un momento histórico, que le da a nuestro país una oportunidad excepcional que no debemos dejar pasar. Seguiremos trabajando para hacerlo realidad”.
CUARENTA INSTITUCIONES PARTICIPANTES.
Las instituciones participantes fueron las siguientes: Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC); Federación de Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales; Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid); Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (Acsoja); Angus; Asociación de Productores Exportadores Argentinos (Apea); Argentrigo; Asociación Semilleros Argentina (ASA); Asociación Argentina del Girasol (Asagir); Asociación Argentina de Productores Autoconvocados (AAPA); Barbechando; Braford; Brangus; Bolsa de Cereales de Buenos Aires; Bolsa de Comercio de Rosario; Bolsa de Comercio de Santa Fe; Cámara Argentina de Feedlot (CAF); Cámara Argentina Fabricantes de Maquinaria Agrícola (Cafma); Confederaciones Rurales Argentinas (CRA); Cámara de Legumbres de la República Argentina; Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (Camya); Centro de Consignatarios de Productos del País (CCPP); Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara); Centro Exportador de Cereales (CEC); Centro de Corredores y Agentes de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires; Coninagro; Centro de Empresas Procesadores Avícolas (CEPA); Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA); Federación Agraria Argentina (FAA); Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac); Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (Fifra); Hereford; Limousin; Asociación Maíz y Sorgo Argentina (Maizar); Mercado Agroganadero (MAG); Federación Argentina de la Industria Molinera; Sociedad Rural Argentina (SRA); Ateneo SRA; y Ateneo CRA.
Para Molino Santa Rosa el decreto del Ejecutivo echa por tierra la estabilidad que ostentaba el sector donde “había un poco de importaciones de harina y de exportaciones” pero “nada significativo” dijo su presidente, Carlos Reyes.
Pérdida de fuente laboral, ruptura en la cadena de pagos y efectos en el desempeño económico de la industria nacional son algunas de las consecuencias denunciadas por las Cooperativas Molino Santa Rosa y Florida luego de conocerse el decreto que rebaja de 12% al 6% los aranceles para la importación de harina proveniente del Mercosur. Preservar las fuentes de trabajo sin tener que incrementar el precio de un producto de la canasta básica familiar estimuló a los industriales a movilizarse para intentar que el poder Ejecutivo revea esta decisión.
La decisión tomada por el Poder Ejecutivo y anunciada en su momento por la ministra de Economía Azucena Arbeleche de bajar del 12% al 6% los aranceles para la importación de harinas de la región, genera tensiones e incertidumbre en el sector molinero del país. Las cooperativas de los molinos Florida y Santa Rosa marcaron distancia a través de un comunicado en el cual puntualizan una serie de perjuicios para las empresas, el sector y las localidades donde se encuentran. Anunciaron en las últimas horas la contratación de una consultoría que les permita conocer con más precisión las consecuencias de estas medidas y “saber dónde estamos parados” señaló Nelson Mas, presidente de la Cooperativa Molino Florida.
En una reunión mantenida con la Cámara Empresarial de Florida que involucra al Centro Comercial, Asociación Rural de Florida y Sociedad de Productores de Leche de Florida y en la cual la Intendencia cumple un papel preponderante, varios legisladores oficialistas nacionales indicaron “que el decreto está por reverse”, aunque los molineros ponen reparos sosteniendo que “el decreto sigue firme y para el caso de la harina es definitivo”.
LA MEDIDA NO BAJARÁ EL PRECIO DEL PAN.
Por la cercanía y la relación comercial entre Uruguay y Argentina, el país vecino es el que tiene las mayores posibilidades de acceder a estos beneficios arancelarios. Mas que “esto de estar expuesto a lo que es la economía argentina” nos deja “en una incertidumbre total”, por tratarse de una de las economías “más fluctuantes del mundo”, publicó el semanario La Mañana.
Para los molineros locales, de habérselos tenido en cuenta podrían haber alcanzado con el equipo económico “una batería de medidas reales y que impacte en el precio final de la harina”. Agregó que esta rebaja arancelaria no “hará que llegue el pan más barato a la gente”.
El cooperativista indicó que las medidas de Economía son “un riesgo latente” para la industria nacional por las pérdidas de fuentes laborales y ruptura en las cadenas de pagos que pueda acarrear. “Hoy los molinos están perdiendo capital de giro” debido a que las subas de las materias primas y sobre todo del trigo, no se ven reflejadas en el precio final de la harina. Además existe un efecto derrame sobre la sociedad donde se encuentran ambos emprendimientos y que beneficia a toda la economía en general.
PARA SANTA ROSA ES UN PROBLEMA CAPITAL.
Para los trabajadores de la Cooperativa Molino Santa Rosa este decreto echa por tierra la estabilidad que ostentaba el sector donde “había un poco de importaciones de harina y de exportaciones” pero “nada significativo” dijo su presidente Carlos Reyes. Agregó que “la incertidumbre” tras esta decisión del Ejecutivo arroja preocupación entre los afectados, aún sin tener un escenario cierto sobre las consecuencias y derivaciones que tendrá sobre el sector.
La industria molinera nacional “ha retrasado los aumentos de harina” para no afectar el bolsillo de los uruguayos, pero “si el trigo mantiene este valor a noviembre y diciembre cuando se cosecha, la industria va a sufrir una fuerte descapitalización”. El no haber transferido todo el valor del aumento de los granos resintió también el ingreso de las empresas. Reyes estima que de no existir un escenario favorable para este fin de año, la empresa molinera de Santa Rosa sufrirá una descapitalización “entre el 20% y 25%” del capital de trabajo. El consumo de harina en el país es muy estandarizado producto del lento crecimiento demográfico. Estos beneficios a las importaciones de harina “obviamente va a redundar en pérdida de puestos de trabajo” manifestó Reyes.
EL RÉGIMEN ARANCELARIO DATABA DEL 2000.
Una consultoría a través de uno de los programas del Instituto Nacional del Cooperativismo que despeje algunas incógnitas y aporte más elementos para toda la industria nacional es el próximo paso en el cual están embarcados. “Nosotros no intentamos generar información solo a los molinos cooperativos sino que le sirva a todo el sector” indicó el entrevistado.
El sistema arancelario vigente data del año 2000 cuando en común acuerdo entre Argentina y Uruguay se dispusieron esos porcentajes “básicamente por las distorsiones que generaba (el vecino país) a los precios de su mercado interno”. Reyes sostuvo que durante todo ese tiempo existió cierta estabilidad que benefició al sector local.
El documento considera que de seguir adelante con lo que establece el decreto habrá pérdida de puestos de trabajo en la industria molinera nacional, efectos negativos sobre el desempeño económico de la industria nacional, restricciones de la industria local en cuanto a su abastecimiento de trigo, afectación en la cadena de pagos y disminución del costo y las exigencias en los controles de calidad que realiza el LATU a los productos importados (harinas, panificados, pastas).
UN ESCENARIO COMPLICADO.
El escenario coyuntural imperante con una guerra de por medio pone un signo de interrogación sobre el sector local, si se tiene en cuenta que el país es tomador de precios. Nelson Mas sostiene que el rubro debe ceñirse a los precios internacionales del trigo, que para el caso de la harina supera el 70% del total del costo de producción de este alimento.
Si bien no se piensa en faltante de materia prima para lo que resta del año, sí las reservas están ajustadas hasta la próxima zafra de trigo respondiendo a la corriente exportadora consecuencia de los buenos precios internacionales. La guerra en Ucrania apuntala este escenario que pone en mala posición a las empresas que deben afrontar el aumento permanente de los insumos. (Artículo de Álvaro Melgarejo en La Mañana).
Ante el cierre del ejercicio fiscal para las empresas agropecuarias, el Cr. Eduardo Appoloni explica algunos de los principales impuestos del sector.
Cr. Eduardo Appoloni | El próximo 30 de junio cierra un nuevo ejercicio fiscal para las empresas agropecuarias y entendemos importante repasar algunos de los principales impuestos del sector.
Estos impuestos los podemos separar en dos grandes capítulos:
1. Impuestos a la Renta.
A los efectos fiscales, dentro de las rentas agropecuarias podemos tener dos categorías: las derivadas de la actividad agropecuaria, que son aquellas destinadas a obtener productos primarios, vegetales o animales, y aquellas otras rentas comprendidas como son los servicios agropecuarios prestados por productores, enajenaciones de activos fijo afectados a las actividades agropecuarias, actividades de aparcería, pastoreo, medianería y similares. En la actualidad nos encontramos con dos impuestos que gravan las rentas agropecuarias: Impuesto a las Rentas de las Actividades Empresariales (en adelante IRAE) e Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios (en adelante Imeba).
El IRAE grava las rentas de fuente uruguaya y su alícuota es del 25%, mientras que el Imeba grava la primera enajenación de productos agropecuarios a cualquier título a contribuyentes de IRAE, organismos municipales y nacionales así como la exportación de bienes, y su alícuota varía entre 0% y 2,5% dependiendo del bien enajenado. Lo particular del Imeba es que afecta a la mayoría de los productores agropecuarios, siendo para algunos un impuesto final y para otros un pago a cuenta (contribuyente de IRAE). Serán contribuyentes de Imeba aquellos productores con una explotación agropecuaria menor a 1250 hectáreas IC 100 y cuyos ingresos del año anterior no superen los 2.000.000 de UI (aproximadamente US$ 270.000).
Los siguientes sujetos pasivos no podrán optar por este régimen ya que están inhabilitados por su forma jurídica: sociedades anónimas, sociedades en comandita por acciones, establecimientos permanentes de no residentes, fondos de inversión cerrados de crédito y fideicomisos, salvo los de garantía.
Los restantes contribuyentes que obtengan rentas agropecuarias y no cumplan con las condiciones antes mencionadas, estarán incluidos en el IRAE. Dentro de este impuesto existe la posibilidad de tributar por un régimen simplificado (IRAE Ficto), donde pueden optar aquellos contribuyentes que también quedaban incluidos en el Imeba por su forma jurídica y que sus ingresos agropecuarios del ejercicio anterior no superen las 4.000.000 de UI (aproximadamente US$ 540.000)
2. Impuesto al Patrimonio.
Aquellas explotaciones agropecuarias cuyos activos superen las 12.000.000 de UI (aproximadamente US$ 1.629.000) serán contribuyentes del Impuesto al Patrimonio Agropecuario (en adelante IP).
Las entidades con acciones al portador y las no residentes (excepto las personas físicas) no se encuentran incluidas en esta exoneración y estarán gravadas desde el inicio.
Para determinar el valor de los activos se deben considerar dos aspectos:
a) El valor de los inmuebles rurales que sean propiedad de la empresa. Este se determina por el valor de catastro al 2012 actualizado por el Índice de Precios de Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura.
b) El valor ficto de bienes muebles y semovientes. Se determina como el 40% del valor de los inmuebles rurales computándose para quienes realicen explotación agropecuaria, sin importar la titularidad del inmueble.
Las tasas del IP varían de acuerdo al valor de los activos fiscales. Cuando los activos no superan las 30.000.000 UI (aproximadamente US$ 4.073.000) es del 0,75%, mientras que cuando exceden este tope es del 1,5%.
En este impuesto existe una sobretasa que se aplica en aquellas explotaciones agropecuarias en donde los activos fiscales superan las 30.000.000 UI (aproximadamente US$ 4.073.000) y cuyas alícuotas van desde el 0,7% al 1.5%.
Cuando un contribuyente verifica ser parte de una Unidad Económica Administrativa, a los efectos de determinar el impuesto o la alícuota de la sobretasa, se deben considerar todos los activos de las entidades que la integran.
OTROS ASPECTOS DE INTERÉS.
– Los saldos de impuestos del ejercicio cerrado al 30 de junio del 2022, se deberán abonar en el mes de octubre 2022
-Los arrendamientos de un establecimiento rural no se consideran renta agropecuaria, y siguen el mismo tratamiento que las rentas de capital.
– Los anticipos de impuestos se realizan en forma trimestral. Si el contribuyente lo prefiere, tiene la opción de hacerlo mensualmente.
– Los productos agropecuarios se encuentran gravados bajo el régimen de IVA en Suspenso. Esto habilita a los contribuyentes de IRAE a solicitar créditos fiscales por el IVA Compras (directamente relacionado con los ingresos derivados de la actividad agropecuaria) para el pago de futuras obligaciones.
EL AUTOR. El Cr. Eduardo Appoloni de Estudio Appoloni – eduardo@eappoloni.com
La reglamentación surge de la necesidad de conocer el mercado nacional sobre dichos insumos agrícolas y brindar información actualizada y confiable a los usuarios de los mismos a través de dicho catálogo.
El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), a través de la Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA), y ante la necesidad de instrumentar medidas tendientes a promover el uso de herramientas de manejo integrado de plagas a través del monitoreo de sus poblaciones como de fomentar el uso de insumos sostenibles, procedió a la creación de un Catálogo Nacional de Insumos para el Monitoreo de Plagas.
El Catálogo estará a cargo de la División Control de Insumos de la DGSA. Los insumos abarcan a los utilizados exclusivamente para el monitoreo de plagas, incluyendo trampas y semioquímicos (sean atrayentes alimenticios, feromonas, paraferomonas) o cualquier otra sustancia con dicho fin.
No se comprenden los insumos semioquímicos para el control de plagas; tampoco comprende a los insumos semioquímicos que tengan doble acción, tanto para monitoreo y control de plagas. Ambos casos requieren sí el registro ante la DGSA.
La reglamentación surge de la necesidad de conocer el mercado nacional sobre dichos insumos agrícolas y brindar información actualizada y confiable a los usuarios de los mismos a través de dicho catálogo.
El mismo será actualizado por la DGSA en su página web, y será elaborado con información remitida por las empresas que los comercializan a través de la presentación de dos Anexos con información técnica estipulada en la Resolución y que será de carácter de declaración jurada.
