Además, CAF y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura firmarán un acuerdo para trabajar en la promoción de la Conciencia Agropecuaria desde los ámbitos de la comunicación y la educación.
Cooperativas Agrarias Federadas (CAF) recibirá a Adrián Peña y Fernando Mattos, ministros de Ambiente y de Ganadería, Agricultura y Pesca, respectivamente, en su último Consejo Directivo del año. Será el próximo martes 14 de diciembre a las 13 horas en la Lanera Piedra Alta (Av. Zorrilla de San Martín s/n, ciudad de Florida).
De la instancia también participará Walter Verri (subsecretario de Industria, Energía y Minería y Martín Fernández (presidente del Instituto Nacional del Cooperativismo), además de otras autoridades nacionales.
TEMAS DE AGENDA.
La instancia estará enfocada en poner en valor el compromiso de las cooperativas agrarias con el cuidado ambiental. En ese sentido, CAF informó que realizará una recorrida por esta planta industrial que es pionera en tratamiento de efluentes en Uruguay, para luego compartir una mesa de autoridades con presencia de prensa.
Asimismo, CAF y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) firmarán un acuerdo para trabajar en la promoción de la Conciencia Agropecuaria desde los ámbitos de la comunicación y la educación.
CAF REPRESENTA A MÁS DE 10.000 PRODUCTORES RURALES.
CAF es la Federación que nuclea a las cooperativas agrarias del Uruguay y representa a más de 10.000 productores rurales, fundamentalmente de pequeña y mediana escala.
LA ÚNICA PEINADURÍA DEL MUNDO CUYOS DUEÑOS SON PRODUCTORES LANEROS.
Lanera Piedra Alta, perteneciente a la cooperativa agraria Central Lanera Uruguaya, es la única peinaduría del mundo cuyos dueños son los productores laneros. Allí se han peinado los tops de lana más finos de la historia del país y de América, de 12,9 micras.
Fue la primera planta de su tipo en el país en certificarse bajo las normas ISO 9001 de calidad, y allí se procesa la lana uruguaya que luego se inserta en los mercados más exigentes del mundo.
Con apoyo de UTE y el BSE, el MIEM presentó la primera convocatoria de Subite, un programa que, en su etapa inicial, beneficiará la adquisición de hasta 1.000 motos eléctricas y 100 triciclos de carga en Artigas, Paysandú, Rivera, Salto y Tacuarembó. Entre estos beneficios se encuentran el reintegro del 10% del valor de compra.
La primera convocatoria de Subite: Programa de incorporación de vehículos eléctricos se presentó el martes 7 de diciembre en la sala Idea Vilariño de la Torre de las Telecomunicaciones. La iniciativa está a cargo del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), a través de la Dirección Nacional de Energía (DNE), y cuenta con el apoyo de UTE y del Banco de Seguros del Estado (BSE).
El objetivo de este programa es beneficiar la adquisición de hasta 1000 motos eléctricas y 100 triciclos de carga en la región norte del país (Artigas, Paysandú, Rivera, Salto y Tacuarembó). Pueden obtener los beneficios tanto personas físicas como jurídicas con residencia en los departamentos convocados.
El programa otorga como beneficios el reintegro del 10% del valor de compra del vehículo (con topes de 250 dólares para motos y 450 para triciclos) y un descuento en la factura de UTE (monto único de $ 2022 por concepto de energía para el suministro asociado al vehículo). Además, a través de los Certificados de Eficiencia Energética, el beneficiario recibirá un reintegro por concepto de ahorros energéticos una vez transcurridos los primeros 12 meses desde la adquisición del vehículo. El monto se calcula en función del uso dado al vehículo. Finalmente, también será acreedor de un seguro obligatorio del BSE por un año.
Estos beneficios se suman a las principales ventajas que ya tiene la movilidad eléctrica. En este marco, se destaca que moverse en una moto eléctrica consume 10 veces menos energía que hacerlo en una moto a combustión. Otros beneficios de este tipo de movilidad son la disminución de emisiones de CO2, la reducción de la contaminación sonora, la utilización de energía generada localmente y renovable, y la menor variabilidad de precio del energético.
En la actividad participaron el director nacional de Energía, Fitzgerald Cantero; la presidenta de UTE, Silvia Emaldi; y la vicepresidenta del BSE, Silvana Olivera.
El director Cantero dijo que Subite es un programa que busca dar “más opciones a la lista de toma de decisiones de los uruguayos”, tanto empresas como organizaciones y familias. El objetivo es “que empiecen a visualizar a la movilidad eléctrica como una opción”.
“El mundo está yendo hacia ahí y la movilidad eléctrica es el ahora. Por lo tanto, desde el Gobierno debemos generar determinas condiciones para que sea una posibilidad real para los ciudadanos”, explicó.
Cantero agregó que la meta es que la experiencia piloto de la primera convocatoria de Subite se extienda a todo el país, luego de una evaluación exitosa.
El director también agradeció a los empresarios que participaron de reuniones para informarse de cuáles son las opciones de importación de vehículos en el mercado, tanto hoy como futuras.
La administración del MIEM aborda a la movilidad eléctrica con una visión de tres ejes, informó el jerarca. El primero de ellos es la infraestructura, y se está trabajando para seguir ampliándola. “Pronto habrá novedades”, anunció Cantero.
El segundo eje es el de la oferta. Hay una “necesidad de contar con vehículos como este para el mercado”, añadió.
Finalmente, el programa Subite se enmarca en el eje de la demanda, que busca que los usuarios y personas vean en la movilidad eléctrica “una posibilidad”, “una oportunidad” y “una realidad”, facilitando el acceso a los vehículos.
En el evento, la presidenta de UTE, Silvia Emaldi, enfatizó el trabajo que se realiza en infraestructura, especialmente de carga, y destacó la apuesta a una ruta eléctrica nacional y a la generación de una red regional, que sitúen a Uruguay como líder en la región.
Por su parte, la vicepresidenta del BSE, Silvana Olivera, destacó la importancia de la movilidad eléctrica y la voluntad de la institución de seguir trabajando en programas como Subite. (MIEM).
La sociedad debería preguntarse si está dispuesta continuar soportando conductas sindicales que no le hacen bien al país y que los propios causantes reconocen el extremismo en que el caen.
Hébert Dell’Onte | La escalada conflictiva que están llevando adelante los sindicatos podría ser fruto de la casualidad, pero no lo parece, en especial cuando todos los sindicatos en conflicto -aunque son independientes en sus acciones y decisiones- están unificados en el PIT-CNT. Y todos sabemos a qué intereses políticos partidarios responde la gremial sindical y sus instituciones afiliadas.
Provocar varios focos simultáneos y en diversos ámbitos de la sociedad es una vieja táctica ya vista en el mundo entero, usada por algunas agrupaciones o movimientos de variado perfil con el fin de magnificar en la sociedad la sensación de disconformidad.
Ese accionar puede no gustar, pero aceptemos que en principio no hay nada de ilegítimo en él. Lo que es inaceptable es lo que significa en pérdidas millonarias para un país que está saliendo de una situación compleja como consecuencia de la crisis mundial ocasionada por la pandemia.
Uno de los paros más significativos de las últimas horas es el de la refinería de La Teja que, según expresó el presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, por cada día que permanece cerrada genera al ente un costo de medio millón de dólares.
Cuando Stipanicic dice que la empresa pierde esa suma (US$ 500.000), lo que en realidad nos está diciendo es que ese dinero saldrá del bolsillo de todos los ciudadanos, del que paga combustibles para producir, del que pone en marcha su camión de reparto, o usa su autor para pasear. Pero también el ciudadano que no tiene vehículo alguno verá reflejado el costo del combustible de diferentes formas, por ejemplo, cuando vaya al almacén a comprar productos de primera necesidad encarecidos porque también lo hicieron su producción y reparto.
Por otra parte, la Coordinadora de Interdepartamentales de la Unión Nacional de Obreros y Transportistas (Unott), resolvió parar los días viernes 10 y 17 de diciembre, y el jueves 23. No es necesario explicar los perjuicios que esa movilización causa en las empresas y sobre todo en los usuarios que son los que no tienen vehículo propio para viajar.
Diciembre es un mes de fechas muy significativas, en especial el viernes previo a la Navidad en el que miles de compatriotas se movilizan de un punto del país a otro para reencontrarse con sus familias.
Recuérdese que hace un año muchos ciudadanos no pudieron reencontrarse con sus seres queridos debido a las medidas de cuidado a las que nos obligó la pandemia. Hoy la amenaza nace a partir de una decisión sindical egoísta y poco solidaria.
Pero hay más: paro en la construcción, paro en la educación y el paro del sindicato portuario sobre el cual ya nos hemos referido desde este espacio.
Son todas medidas de diferente naturaleza, intensidad y capacidad de impacto. Lo que tienen en común es el daño que causan al país y a nosotros los ciudadanos. La sociedad debería preguntarse si está dispuesta continuar soportando conductas sindicales que no le hacen bien al país y que los propios causantes reconocen el extremismo en el que caen.
Así lo dijo Fancap (Federación Ancap) al expresar en una carta dirigida al presidente Luis Lacalle: “Tenemos plena conciencia de la medida extrema que tomamos en el día de hoy”, expresa en relación al paro en la refinería.
Walter Verri dijo que se trata de “proteger al Uruguay de la posibilidad del fracking”. Además afirmó que el Gobierno actual descarta realizar exploraciones y prospecciones convencionales y no convencionales, especialmente en tiempos en que el país avanza hacia una segunda transición energética basada en las energías renovables y la movilidad eléctrica.
La Comisión Nacional de Evaluación Científica y Técnica (CNECT), que evaluó en profundidad antecedentes nacionales e internacionales sobre la fractura hidráulica (fracking), recomendó al Poder Ejecutivo, como posición mayoritaria, extender la moratoria de la actividad. El subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) Walter Verri dijo que este documento será la base que se enviará al Parlamento para su estudio y consideró que la extensión de la moratoria a través de una ley “blindará al país” de la posibilidad de que se realice fracking por un período más prolongado. Al mismo tiempo, descartó que el Gobierno considere efectuar prospecciones convencionales y no convencionales en tiempos en que el país se dirige a una segunda transición energética basada en las energías renovables.
La CNECT funciona bajo la órbita del MIEM para estudiar en profundidad el tema del fracking en Uruguay y asesorar sobre la posibilidad o no de efectuar esta actividad en nuestro país, entregó el 2 de diciembre su informe final al Poder Ejecutivo.
Este documento, recibido por el subsecretario Walter Verri, presenta como posición mayoritaria extender la moratoria para realizar actividades de fracking en nuestro territorio. El Poder Ejecutivo enviará al Parlamento un proyecto de ley, basado en este documento, para su estudio por parte de los legisladores.
Durante el encuentro, Verri, en nombre del MIEM y del Poder Ejecutivo, agradeció a los integrantes de la comisión por su tiempo y esfuerzo para realizar un aporte en “beneficio del país”.
El subsecretario dijo que el Poder Ejecutivo seguirá las sugerencias del informe, elaborado con diferentes análisis y recopilación de datos nacionales e internacionales. Por ese motivo, este documento constituirá el proyecto de ley que se enviará al Parlamento. La extensión de la moratoria a las actividades de fracking por un plazo mayor al anterior, a través de una ley, “blindará al país” legalmente ante eventualidades que, no obstante, hoy no se consideran, aseguró.
El jerarca dijo que se trata de “proteger al Uruguay de la posibilidad del fracking”, si bien afirmó que el Gobierno actual descarta realizar exploraciones y prospecciones convencionales y no convencionales, especialmente en tiempos en que el país avanza hacia una segunda transición energética basada en las energías renovables y la movilidad eléctrica.
Verri valoró también la “amplia base de consenso político” que se obtiene debido a que la CNECT está integrada por representantes de diversas organizaciones, tanto estales como científicas y de la sociedad civil. Recordó que la comisión fue creada en el Gobierno anterior y se consolidó en este, sin injerencias políticas de ninguna índole. Se trata de “una política de Estado más allá de los partidos”, señaló.
La CNECT fue creada por la Ley 19.585. Está presidida por el MIEM —actualmente bajo la coordinación de Alicia Torres— e integrada por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, el Ministerio de Ambiente, la Universidad de la República, el Congreso de Intendentes, la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay y la Red Uruguaya de ONG Ambientalistas.
Sus objetivos son recopilar y estudiar en profundidad los antecedentes internacionales relativos al procedimiento de la fractura hidráulica (fracking) y de la perforación horizontal, incluidos disposiciones, normativas e informes científicos y técnicos.
Además, identifica las mejores prácticas internacionalmente reconocidas en cuanto al procedimiento de la fractura hidráulica y evalúa la posibilidad o no de utilizarlo en Uruguay.
Asimismo, asesora a los poderes del Estado y los gobiernos departamentales sobre las potenciales consecuencias de la utilización del fracking.
El informe técnico y científico que produjeron los actores multidisciplinarios de la CNECT contiene un análisis profundo del procedimiento de fractura hidráulica, adaptado específicamente a la realidad de nuestro país. En función al contenido de este informe, el Parlamento decidirá si se continúa con la prohibición de la aplicación de la técnica o si se habilita bajo ciertas condiciones a partir de 2022. En el documento presentado el 2 de diciembre, las organizaciones adoptaron como posición mayoritaria la extensión de la moratoria del fracking. En posición minoritaria, la Red Uruguaya de ONG Ambientalistas recomendó la prohibición de esta actividad. (Presidencia).
El director general del IICA, Manuel Otero, junto al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, con quien abordó temas como la formación, la capacitación y la transferencia de tecnologías en el sector agropecuario.
El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) apoyará la actividad agropecuaria de Uruguay a través de las transferencias de conocimientos y nuevas tecnologías, con el foco puesto en acompañar el desarrollo a los pequeños productores de los lugares distantes del país y no dejar a nadie atrás.
Así lo acordaron el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca del Uruguay, Fernando Mattos, y el director general del IICA, Manuel Otero, durante una reunión en Montevideo.
Luego de su misión en Brasil, Otero llegó a la capital uruguaya, donde además del ministro Mattos fue recibido por la vicepresidenta Beatriz Argimón, y mantuvo encuentros con autoridades de distintas instituciones del sector agropecuario y el comercio internacional.
El ministro Mattos destacó el apoyo “de muchas décadas” del IICA al desarrollo rural del continente y subrayó que el Instituto juega un rol importante en el diseño del plan estratégico agropecuario que el Uruguay tiene en preparación y que abrirá a consulta pública con distintos actores del sector en los primeros meses de 2022.
“Creemos que un acercamiento al IICA nos dará la posibilidad de incorporar técnicos de prestigio internacional y así contar con otras visiones de la realidad agropecuaria que queremos para el futuro. El IICA nos va a ayudar a pensar el diseño de una agropecuaria más moderna y más comprometida con la sociedad y con el ambiente”, explicó Mattos.
El ministro reveló que los temas centrales del encuentro con Otero fueron la formación, la capacitación y la transferencia de tecnologías en el sector agropecuario.
“Necesitamos –afirmó- que las nuevas tecnologías lleguen a los lugares más recónditos de la República, para facilitar la comunicación y la transmisión del conocimiento, y lograr que aquellos que tienen menos posibilidades, por distancia o por escala, también accedan a herramientas para realizar una producción más moderna”.
“Las empresas de mayor dimensión –agregó- ya tienen acceso a estas herramientas, pero no queremos tener sectores rezagados. Pretendemos empujarlos a través de la transferencia de conocimiento”.
Mattos también destacó el valor del Programa “Suelos Vivos en las Américas”, que el IICA lanzó en diciembre de 2020 con el objetivo de articular esfuerzos públicos y privados en el combate a la degradación de los suelos.
“Está en sintonía –dijo- con lo que venimos trabajando en el Uruguay como política de estado, que es el buen uso de los suelos. Podemos cooperar con el IICA y transferir la experiencia uruguaya en la materia, porque se trata de recibir cooperación y también de devolver”.
“Caminamos en la dirección; respaldamos la acción del IICA y tenemos muchos proyectos en conjunto por delante”, resumió Mattos.
OTERO: “TRANSFORMANDO AMENAZAS EN OPORTUNIDADES”.
Manuel Otero, por su lado, y acompañado por su asesor especial Jorge Werthein y el representante del IICA en el país, Rodrigo Saldías, agradeció el respaldo del Uruguay al proceso de discusión que los 34 estados miembros del IICA llevaron adelante de cara a la Cumbre de Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas, que se realizó en setiembre pasado.
El continente americano fue el único continente que concurrió a la cita global con un mensaje convergente, que puso en primer plano el rol de los agricultores en la producción de alimentos; destacó el valor de la ciencia y la tecnología para la transformación de los sistemas agroalimentarios y advirtió que la agricultura es parte de la solución a los desafíos que enfrenta la humanidad.
“Con esta filosofía hemos logrado un consenso en el hemisferio y ahora no podemos detenernos. Tenemos que pasar de la defensiva a la ofensiva, transformando amenazas en oportunidades”, dijo Otero.
“Nuestro continente –añadió- está llamado a ser garante de la seguridad alimentaria y nutricional y de la sostenibilidad ambiental del planeta. En la región se produce uno de cada tres kilos de alimentos que se comercializan en el mundo y también tenemos la mayoría de los recursos naturales. Esto tenemos que defenderlo con fuerza”.
El director de IICA reveló que conversó con el ministro Mattos de la importancia de la institucionalidad agropecuaria y calificó a Uruguay como un país de avanzada en temas como uso de suelo y sistemas productivos sostenibles.
Otero también contó que en el encuentro se comenzó a discutir la creación de hubs de innovación.
“Uno sería para agricultura tropical, con sede en Costa Rica, y otro en Uruguay, dedicado a los temas de la nueva agricultura digital para los países de zonas templadas”, anticipó.
“La agenda de cooperación técnica del IICA –finalizó Otero- está al servicio de las instituciones del Uruguay, de su ministerio, sus instituciones y sus productores agropecuarios”.
CON INIA, ALADI Y LA SUBSECRETARIA DE RR.EE.
Antes de viajar a Argentina, Otero se reunió también con el presidente del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), José Eduardo Bonica, y el vicepresidente de la entidad, Walter Baethgen Varela, y con la subsecretaria de Relaciones Exteriores de la Cancillería uruguaya, Carolina Ache Batlle.
También mantuvo un almuerzo con el secretario General de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), Sergio Abreu, organismo con el que el IICA colabora estrechamente, principalmente en mecanismos relacionados a la facilitación del intercambio comercial.
La Asociación Uruguaya de Producción Animal (AUPA) realizará los días martes 14 y miércoles 15 de diciembre el Séptimo Congreso con la participación de 22 expositores, actividades en vivo, contenido multimedia on demand y stands empresariales virtuales entre otras presentaciones y actividades.
Fabio Montossi, presidente de AUPA, dijo que el Sétimo Congreso llega cuando “es un momento muy especial para la producción animal en el mundo y Uruguay no escapa a eso”, con muchos “temas transversales” en agenda que “cruzan la ganadería de carne, la ganadería de leche, la producción de pescado, la producción avícola, la de cerdos”, y todo eso serán temas de abordaje por parte de AUPA abordará.
Consultado sobre cuál será el enfoque que se le dará al congreso teniendo en cuenta la amplitud y variedad de aristas que tiene el tema, Montossi dijo que “hemos tratado de combinar cómo se articulan y contribuyen la ciencia, la tecnología y el agronegocio para posicionar la marca Uruguay Natural para las proteínas de origen animal, particularmente de Uruguay. Ese es el foco y el interés transversal del Congreso”, subrayó.
Luego se plantea “con una visión de cómo se prepara un país y un sector, estratégicamente, para posicionarse competitivamente en el mundo de las proteínas”. Destacó en esto “el modelo irlandés que es muy interesante para mirarlo desde Uruguay por una cantidad de elementos”.
Los irlandeses “se están posicionando hacia el 2031, y hay un plan estratégico que será presentado por el Dr. Declan Troy”, director de Investigación de Teagasc (Irlanda).
Luego se abordará la visión propia de Uruguay con el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ing. Fernando Mattos, presentando el plan estratégico para nuestro país.
Destacó la temática “Cambio climático y producción animal, desde el consumidor al productor” que incluye “dos charlas, una desde la ciencia y la tecnología” y la otra “desde la industria”.
Otros bloques o temas serán sobre “una sola salud” que abordará los temas de “salud humana, saluda animal y salud ambiental”, o “la producción animal sostenible”, con destacados expositores.
En la página web de AUPA se puede acceder con más detalle al programa y los expositores: www.aupa2021.com
ENTREVISTA COMPLETA.
El 14 y 15 de diciembre, celebraremos el 7° Congreso de AUPA.
