La sociedad debería preguntarse si está dispuesta continuar soportando conductas sindicales que no le hacen bien al país y que los propios causantes reconocen el extremismo en que el caen.
Hébert Dell’Onte | La escalada conflictiva que están llevando adelante los sindicatos podría ser fruto de la casualidad, pero no lo parece, en especial cuando todos los sindicatos en conflicto -aunque son independientes en sus acciones y decisiones- están unificados en el PIT-CNT. Y todos sabemos a qué intereses políticos partidarios responde la gremial sindical y sus instituciones afiliadas.
Provocar varios focos simultáneos y en diversos ámbitos de la sociedad es una vieja táctica ya vista en el mundo entero, usada por algunas agrupaciones o movimientos de variado perfil con el fin de magnificar en la sociedad la sensación de disconformidad.
Ese accionar puede no gustar, pero aceptemos que en principio no hay nada de ilegítimo en él. Lo que es inaceptable es lo que significa en pérdidas millonarias para un país que está saliendo de una situación compleja como consecuencia de la crisis mundial ocasionada por la pandemia.
Uno de los paros más significativos de las últimas horas es el de la refinería de La Teja que, según expresó el presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, por cada día que permanece cerrada genera al ente un costo de medio millón de dólares.
Cuando Stipanicic dice que la empresa pierde esa suma (US$ 500.000), lo que en realidad nos está diciendo es que ese dinero saldrá del bolsillo de todos los ciudadanos, del que paga combustibles para producir, del que pone en marcha su camión de reparto, o usa su autor para pasear. Pero también el ciudadano que no tiene vehículo alguno verá reflejado el costo del combustible de diferentes formas, por ejemplo, cuando vaya al almacén a comprar productos de primera necesidad encarecidos porque también lo hicieron su producción y reparto.
Por otra parte, la Coordinadora de Interdepartamentales de la Unión Nacional de Obreros y Transportistas (Unott), resolvió parar los días viernes 10 y 17 de diciembre, y el jueves 23. No es necesario explicar los perjuicios que esa movilización causa en las empresas y sobre todo en los usuarios que son los que no tienen vehículo propio para viajar.
Diciembre es un mes de fechas muy significativas, en especial el viernes previo a la Navidad en el que miles de compatriotas se movilizan de un punto del país a otro para reencontrarse con sus familias.
Recuérdese que hace un año muchos ciudadanos no pudieron reencontrarse con sus seres queridos debido a las medidas de cuidado a las que nos obligó la pandemia. Hoy la amenaza nace a partir de una decisión sindical egoísta y poco solidaria.
Pero hay más: paro en la construcción, paro en la educación y el paro del sindicato portuario sobre el cual ya nos hemos referido desde este espacio.
Son todas medidas de diferente naturaleza, intensidad y capacidad de impacto. Lo que tienen en común es el daño que causan al país y a nosotros los ciudadanos. La sociedad debería preguntarse si está dispuesta continuar soportando conductas sindicales que no le hacen bien al país y que los propios causantes reconocen el extremismo en el que caen.
Así lo dijo Fancap (Federación Ancap) al expresar en una carta dirigida al presidente Luis Lacalle: “Tenemos plena conciencia de la medida extrema que tomamos en el día de hoy”, expresa en relación al paro en la refinería.
Walter Verri dijo que se trata de “proteger al Uruguay de la posibilidad del fracking”. Además afirmó que el Gobierno actual descarta realizar exploraciones y prospecciones convencionales y no convencionales, especialmente en tiempos en que el país avanza hacia una segunda transición energética basada en las energías renovables y la movilidad eléctrica.
La Comisión Nacional de Evaluación Científica y Técnica (CNECT), que evaluó en profundidad antecedentes nacionales e internacionales sobre la fractura hidráulica (fracking), recomendó al Poder Ejecutivo, como posición mayoritaria, extender la moratoria de la actividad. El subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) Walter Verri dijo que este documento será la base que se enviará al Parlamento para su estudio y consideró que la extensión de la moratoria a través de una ley “blindará al país” de la posibilidad de que se realice fracking por un período más prolongado. Al mismo tiempo, descartó que el Gobierno considere efectuar prospecciones convencionales y no convencionales en tiempos en que el país se dirige a una segunda transición energética basada en las energías renovables.
La CNECT funciona bajo la órbita del MIEM para estudiar en profundidad el tema del fracking en Uruguay y asesorar sobre la posibilidad o no de efectuar esta actividad en nuestro país, entregó el 2 de diciembre su informe final al Poder Ejecutivo.
Este documento, recibido por el subsecretario Walter Verri, presenta como posición mayoritaria extender la moratoria para realizar actividades de fracking en nuestro territorio. El Poder Ejecutivo enviará al Parlamento un proyecto de ley, basado en este documento, para su estudio por parte de los legisladores.
Durante el encuentro, Verri, en nombre del MIEM y del Poder Ejecutivo, agradeció a los integrantes de la comisión por su tiempo y esfuerzo para realizar un aporte en “beneficio del país”.
El subsecretario dijo que el Poder Ejecutivo seguirá las sugerencias del informe, elaborado con diferentes análisis y recopilación de datos nacionales e internacionales. Por ese motivo, este documento constituirá el proyecto de ley que se enviará al Parlamento. La extensión de la moratoria a las actividades de fracking por un plazo mayor al anterior, a través de una ley, “blindará al país” legalmente ante eventualidades que, no obstante, hoy no se consideran, aseguró.
El jerarca dijo que se trata de “proteger al Uruguay de la posibilidad del fracking”, si bien afirmó que el Gobierno actual descarta realizar exploraciones y prospecciones convencionales y no convencionales, especialmente en tiempos en que el país avanza hacia una segunda transición energética basada en las energías renovables y la movilidad eléctrica.
Verri valoró también la “amplia base de consenso político” que se obtiene debido a que la CNECT está integrada por representantes de diversas organizaciones, tanto estales como científicas y de la sociedad civil. Recordó que la comisión fue creada en el Gobierno anterior y se consolidó en este, sin injerencias políticas de ninguna índole. Se trata de “una política de Estado más allá de los partidos”, señaló.
La CNECT fue creada por la Ley 19.585. Está presidida por el MIEM —actualmente bajo la coordinación de Alicia Torres— e integrada por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, el Ministerio de Ambiente, la Universidad de la República, el Congreso de Intendentes, la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay y la Red Uruguaya de ONG Ambientalistas.
Sus objetivos son recopilar y estudiar en profundidad los antecedentes internacionales relativos al procedimiento de la fractura hidráulica (fracking) y de la perforación horizontal, incluidos disposiciones, normativas e informes científicos y técnicos.
Además, identifica las mejores prácticas internacionalmente reconocidas en cuanto al procedimiento de la fractura hidráulica y evalúa la posibilidad o no de utilizarlo en Uruguay.
Asimismo, asesora a los poderes del Estado y los gobiernos departamentales sobre las potenciales consecuencias de la utilización del fracking.
El informe técnico y científico que produjeron los actores multidisciplinarios de la CNECT contiene un análisis profundo del procedimiento de fractura hidráulica, adaptado específicamente a la realidad de nuestro país. En función al contenido de este informe, el Parlamento decidirá si se continúa con la prohibición de la aplicación de la técnica o si se habilita bajo ciertas condiciones a partir de 2022. En el documento presentado el 2 de diciembre, las organizaciones adoptaron como posición mayoritaria la extensión de la moratoria del fracking. En posición minoritaria, la Red Uruguaya de ONG Ambientalistas recomendó la prohibición de esta actividad. (Presidencia).
“Uruguay debe reconocerse a sí mismo como lo que es sin vergüenza alguna, porque allí residen nuestras principales fortalezas, y por lo tanto nuestra identidad como país”.
Ing. Agr. Santiago Gutiérrez Silva | El cotidiano debate público en Uruguay suele transitar por la inmediatez de la agenda pública. Bailamos alrededor de la última declaración explosiva del dirigente de turno, usualmente frases enlatadas llenas de épica y poesía, con muy poca sustancia real y poco aggiornadas.
Vivimos enfrascados en discusiones sí políticas, o sobre política partidaria, pero poco sobre políticas públicas o visión estratégica de país.
Entonces, ¿existen hoy en Uruguay proyectos de país, que trasciendan los proyectos de poder, es decir el cómo llegar?
La bendita y tan importante estabilidad democrática uruguaya tiene una contracara difícil y negativa que es la pesada aversión al cambio de nuestro pueblo. Esa misma estabilidad y su consecuente miedo al cambio, se sustentan en la creencia inconsciente de que en Uruguay existen solo dos proyectos de país bien distintos a grandes rasgos, independientemente de cómo se alineen electoralmente los partidos, pero que dan meridianas certezas.
Por un lado el centenario y preponderante modelo batllista. Un país con una importante influencia europea en su estructura centralista, con una fuerte presencia y cobertura de un Estado grande y dirigista, urbano e industrialista, concentrando sus esfuerzos en la franja costera Colonia-Rocha, donde vive la inmensa mayoría de los uruguayos. En grandes términos el modelo que ha seguido el Uruguay entre los gobiernos colorados y frenteamplistas.
Por otro lado, un modelo de fuerte arraigo en sus tradiciones históricas y productivas en el interior del país, que apuesta a su identidad nacional y la producción de alimentos y servicios de exportación, con vocación federal y descentralizadora. Un modelo más liberal, de crecimiento “hacia fuera”. La perspectiva más blanca-nacionalista del proyecto país.
Por muchos años, en la discursiva hemos llevado al extremo la contraposición de estos dos modelos como opuestos y resaltando unos la imposibilidad y lo terrible del otro. Naturalmente el derrotero histórico, las emociones y la pasión han hecho mucho por hacer parecer paralelos estos caminos.
«Uruguay precisa de un Estado fuerte para un país planificado, regionalizado y descentralizado, con 4 o 5 ciudades de peso y dinámicas. Con acceso a educación de calidad en toda su extensión. Un Estado que avance agresivamente en inserción internacional y sus empresas públicas estén realmente al servicio de la gente y no sean un fin en sí mismo, entre tantos otros pendientes».
Lo cierto es que tienen de raíz concepciones históricas, filosóficas y teóricas bien distintas sobre quiénes somos y hacia dónde vamos, pero el largo y sinuoso camino recorrido hasta aquí, analizándolo racionalmente parece haber despejado algunas dudas prácticas al respecto.
Estos dos modelos no necesariamente son totalmente excluyentes. Uruguay ha encontrado fortalezas y seguridades, torpezas e ineficiencias enormes en la construcción de su fuerte estado como escudo de los más débiles, y ha demostrado en los hechos que su vocación productiva e identidad está en la producción agropecuaria, el turismo y la venta de otros servicios, principalmente. Un Uruguay que crece hacia fuera, entre otras cosas, por carecer de escala para un mercado interno de peso.
En este último punto se cruzan ambos caminos. La ausencia de ese mercado interno hace necesaria la presencia de un Estado fuerte (que no necesariamente es lo mismo que grande), que proteja a los más desfavorecidos y elimine las terribles diferencias de todo tipo, particularmente entre la capital y el interior, que dejó por el camino el modelo centralista. También hace necesario que ese Estado sea impulsor y socio de su más importante apuesta productiva: la producción agropecuaria, la atracción de turistas durante todo el año, la venta de servicios financieros y tecnológicos, y que a su vez aliente a un pujante sector audiovisual y a un universo cultural que tiene mucho para ofrecer y crecer. Uruguay debe reconocerse a sí mismo como lo que es sin vergüenza alguna, porque allí residen nuestras principales fortalezas, y por lo tanto nuestra identidad como país.
El cruce de caminos que hace de ese tercer modelo de país, precisa de grandes reformas en la estructura, organigrama y funcionamiento del Estado, que lo hagan fuerte donde debe estar y eficiente y ágil en toda su dimensión.
Uruguay precisa de un Estado fuerte para un país planificado, regionalizado y descentralizado, con 4 o 5 ciudades de peso y dinámicas. Con acceso a educación de calidad en toda su extensión. Un Estado que avance agresivamente en inserción internacional y sus empresas públicas estén realmente al servicio de la gente y no sean un fin en sí mismo, entre tantos otros pendientes. Cabe a modo ilustrativo preguntarse si precisamos de 14 ministerios que responden a intereses sectoriales, o si es razonable que un país con 3,4 millones de habitantes tenga 19 directores de higiene, cultura o turismo. Es evidente la magnitud y profundidad de la discusión que tenemos por delante, para llevar realmente a Uruguay al siglo XXI.
¿Tendremos la madurez necesaria para poner antes de todos nuestros pruritos personales, el destino de Uruguay como Nación?
Hoy estamos lejos de poder dar las discusiones mínimas necesarias, por tener de horizonte inmediato la agenda pública. Una agenda y un horizonte electoral, que poco tienen que ver con la vocación de cambio real. Hay que animarse.
La Agremiación de Tamberos de Canelones recibió del Instituto de Colonización 515 hectáreas de la colonia Teresa Buzzalino. En la oportunidad el presidente Luis Lacalle volvió a enfatizar el compromiso del Gobierno con la agropecuaria, la economía, la soberanía y el arraigo de los trabajadores al campo. También celebró el buen momento del sector lechero.
El mandatario dijo que siempre ha estado cerca de los colonos y enfatizó que conoce cómo ha evolucionado el grupo de tamberos, su relación con la tierra y la búsqueda de soluciones. “Estamos comprometidos con la producción agropecuaria, el país y la familia rural”, subrayó.
Señaló que la industria de la leche pasa por un momento de buenos precios, pero aun así los tambos siguen cerrando, lo cual consideró que a veces es inentendible. En ese sentido, dijo que la explicación está vinculada, por lo general, al área, a no tener un campo de recría y a la escala para la alimentación.
“Estamos en un círculo virtuoso que es trabajo, cuidado, extensión y alimentos en una industria con horizonte oscilante durante un par de años, pero con buenos precios. Estamos ante una preciosa oportunidad”, añadió.
“En esta época de producción agropecuaria vamos a tener que pensar cómo tener un nuevo instituto, que no consiste en cortar lo que se hizo bien, sino pararnos sobre eso y tener a las familias arraigadas en los campos con posibilidad de continuar con esa vida”, añadió.
COMPLEJIDAD.
Recordó que el sector lácteo es complejo, porque las vacas se deben ordeñar más de una vez al día y eso dificulta convencer a las nuevas generaciones. Para ello, se les debe dar un sostén económico, además de la vocación de trabajo para continuar la tarea familiar.
Luis Clavijo, representante de los tamberos, reseñó que el objetivo de la agremiación es encontrar oportunidades para que los socios puedan desarrollar su actividad. Valoró que disponer del predio era fundamental para ampliar el área de trabajo conjunto y disponer de un lugar para efectuar encuentros.
EL PREDIO – El predio entregado se ubica en Paso Belastiquí, Canelones, próximo a Aguas Corrientes y está incluido como área protegida de Humedales del Santa Lucía.
Argentina | El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, no descartó la posibilidad de implementar una suba de las retenciones a la exportación de carne y otros alimentos.
“Si queremos asegurar carne, pollo, pan y leche tenemos que desvincular los precios internos de los internacionales”, señaló el funcionario en una entrevista con Página 12.
Las declaraciones del funcionario nacional se dan luego de una semana en la que los precios de la hacienda se incrementaron un 25%, costo que se expresará en la venta al público y que impactará en el consumo.
Al ser consultado respecto a qué mecanismos se evalúan para “desvincular” los precios, el funcionario respondió: “Dos: el más tradicional de aumentar los derechos de exportación y un alternativo de crear fideicomisos de subsidio cruzado, como sucede en el mercado del aceite mezcla”.
“Comparando el 2015 con el 2021 hoy las retenciones tienen menos peso frente a productos con precios internacionales más altos y, por lo tanto, menor regulación de cupo de exportaciones. El otro mecanismo es un fideicomiso de subsidio cruzado, un acuerdo entre privados por el que parte de la renta exportadora se destina a subsidiar el precio de aquellos que venden en el mercado interno”, agregó Feletti.
“No sé qué va a pasar el martes (hoy 23), porque probablemente los supermercados y carnicerías tengan que reponer mercadería tras el fin de semana largo, pero todo movimiento desmedido que ocurra será retrotraído», señaló el funcionario. (Edición Rural).
Los ministros del Interior y de Defensa visitaron Artigas y escucharon reclamos referidos a la inseguridad y el abigeato. Luis A Heber dijo que el Estado no puede culpar a otros sino “dar respuestas”, y García anunció que el grupo de trabajo formado invitará a la Fiscalía a integrarse.
Carlos Díaz | Artigas | En la mañana del jueves 17, Tomás Gomensoro, departamento de Artigas, recibió a los ministros del Interior, Luis A Heber, y de Defensa, Javier García. Ambos secretarios de Estado se reunieron con productores para intercambiar sobre temas de seguridad y mejorar medidas sobre el tema.
La reunión se llevó a cabo en el local Itacumbú, participaron más de 100 vecinos de Bella Unión, Tomás Gomensoro y zonas rurales.
Heber dijo que el abigeato es un tema “complicado”, y agregó que se ha buscado “la combinación de todas las fuerzas de seguridad para poder realizar una comisión de apoyo mutuo y poder compartir información con el fin de dar batalla al delito”.
El jerarca resaltó que el Estado debe “dar respuestas y echarse las culpas uno a otros” o hacer señalamientos “estos de Prefectura, estos de la Policía” porque cuando eso sucede “la gente queda de cara y mirando sin entender por qué no se le da respuesta” sobre la seguridad “que tiene derecho de reclamar”.
Luis A Heber.
El ministro Javier García dijo que “la reunión con los vecinos fue muy importante” y se logró “armar un grupo de trabajo” con los vecinos, Prefectura, el Ejército, la Policía “y por supuesto que vamos a invitar a la Fiscalía”, anunció.
La delincuencia se vincula, en esa zona del país “al crimen organizado”, evaluó y recordó el hecho en el que dos efectivos de la Prefectura fueron agredidos con arma de fuego por parte de personas que “tiraron a matar”.
“Tenemos que enfrentar este fenómeno” y en eso “hay una decisión política”, añadió.
Javier García.Eduardo Fillol.Martín Eiras.Ferreira Pintos.Ana Araujo.
DESPUÉS DE 20 AÑOS SIN SER ESCUCHADOS.
Posteriormente en rueda de prensa, Heber dijo que el objetivo del Ministerio del Interior es garantizar tranquilidad a los productores agropecuarios para que no pierdan su producción.
Destacó la facilidad para realizar denuncias, el uso de drones con visión nocturna y las coordinaciones con la Policía de Brasil para mantener una acción conjunta, publicó la web de Presidencia.
Además, el ministro agregó que los productores le han transmitido agradecimiento por escuchar sus reclamos que durante 20 años no fueron tomados en cuenta.
