La Asamblea General se reunió de forma extraordinaria, levantando el receso iniciado pocos días antes.
El miércoles 29 de diciembre se reunió la Asamblea General para tratar el veto del Poder Ejecutivo al proyecto de ley referido a la actividad forestal. La iniciativa de Cabildo Abierto fue aprobada en las Cámaras de Diputados y el Senado con votos cabildantes y del Frente Amplio, y en la jornada de ayer no logró la mayoría calificada para levantar el veto.
La Asamblea General se reunió de forma extraordinaria, levantando el receso iniciado pocos días antes.
El artículo 137 y siguientes de la Constitución de la República confieren al Poder Ejecutivo la potestad de vetar los proyectos de ley que se voten en el Parlamento, luego la Asamblea General debe confirmar el veto o levantarlo con mayorías especiales, que en esta oportunidad no se lograron.
Hicieron uso de la palabra en los legisladores: Alfredo Fratti (FA), Juan Moreno (PC), Nelson Larzábal (FA), Guillermo Domenech (CA), Iván Posadas (PI), César Vega (Peri), Daniel Peña (PG), Ubaldo Aíta (FA), Sebastián Da Silva (PN), Óscar Andrade (FA), Andrés Cianciarullo (PC), Alejandro Sánchez (FA), Rafael Menéndez (CA) y Sergio Bottana (PN).
El resultado de la votación fue: Legisladores de la Cámara de Senadores 15 votos afirmativos (a favor de levantar el veto) y 16 votos negativos. Legisladores de la Cámara de Representantes 44 votos afirmativos y 53 votos negativos. En conclusión, la Asamblea General no alcanzó la mayoría calificada requerida por el artículo 138 de la Constitución para levantar el veto interpuesto por el Poder Ejecutivo.
La conformación de Gobiernos con acuerdos interpartidarios no es nuevo en Uruguay, la historia reciente a partir de 1985 es clara en eso, con la gobernabilidad formulada por el referente y líder blanco Wilson Ferreira cuando el país, la efervescencia social y el sistema electoral eran otros. Años después (1995) Alberto Volonté puso en manos de Julio Sanguinetti el cogobierno que era un paso más avanzado.
Hébert Dell’Onte | 2021 llegó a su fin con uno de los acontecimientos políticos más importantes del año: la aprobación del proyecto de ley que regula la forestación, cuyo autor es el diputado Rafael Menéndez de Cabildo Abierto, y el anunciado veto del presidente Luis Lacalle.
Las consecuencias de esos dos hechos, que conforman dos eslabones de una misma cadena, son relativas y dependen del lugar del cual se analiza.
Lo primero que hay que entender es que la coalición que conforma el Gobierno sigue tan firme como el primer día, así lo ha dicho el presidente de la República Luis Lacalle, lo cual es importante, pero más aún lo es que lo ratificara el líder del Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos.
EL CAMINO INICIADO POR EL WILSONISMO.
Debemos tener en cuenta que la conformación de Gobiernos con acuerdos interpartidarios no es nuevo en Uruguay, la historia reciente a partir de 1985 es clara en eso, con la gobernabilidad formulada por el referente y líder blanco Wilson Ferreira cuando el país, la efervescencia social y el sistema electoral eran otros.
Gracias a esa gobernabilidad del wilsonismo el gobierno de Julio María Sanguinetti (1985-1990) contó con respaldo suficiente para llevar el país adelante, además de reafirmar la legitimidad en tiempos que no eran fáciles luego de más de diez años de dictadura.
Algo parecido volvió a darse en los años 90 durante la Presidencia de Luis A Lacalle (1990-1995) primero y la segunda de Sanguinetti (1995-2000) después. Vale la pena recordar que en 1995 es Alberto Volonté que sigue el legado del wilsonismo al decir: “Más que gobernabilidad, ofrecemos cogobierno que es más que aquella”.
En 1999 se instauró por primera vez el balotaje o segunda vuelta y también ahí blancos y colorados rubrican un documento común que llevó a la Presidencia a Jorge Batlle (2000-2005).
EL PARÉNTESIS DEL FRENTE AMPLIO.
Es a partir de 2005 que el concepto de gobernabilidad y cogobierno quedan en el olvido, o por lo menos soslayado, ya que desde entonces y hasta 2020 el Frente Amplio tuvo mayorías parlamentarias y no tuvo necesidad de acordar con nadie para llevar adelante su programa de Gobierno.
Curiosamente, esa mayoría que dio fortaleza a los gobiernos de Tabaré Vázquez y José Mujica implicó una debilidad para el sistema democrático dado que quienes la ostentaban se vieron con el derecho, legítimo pero nada positivo, de prescindir de las minorías.
EL EQUILIBRIO ENTRE LA COALICIÓN Y LA OPOSICIÓN RESPONSABLE.
Es a partir de 2019 que otra vez el diálogo y el acuerdo priman con la conformación de la coalición integrada por 5 partidos (Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido Independiente y Partido de la Gente), lo que hace que se activen instancias de diálogo, negociaciones y acuerdos que conforman una plataforma de objetivos amplios que integra a todas las partes.
Cada uno de los 5 partidos tiene su historia, impronta, declaración de principios, objetivo de país. Las definiciones ideológicas y los programas de Gobierno de los integrantes de la coalición tienen puntos en común que hacen posible el acuerdo, pero también ofrecen contradicciones profundas. Hace unos años era difícil imaginar que herreristas y wilsonistas pudieran hacer un frente político común con batllistas. Tan difícil como hacerlo con cabildantes, pero gracias a esos posicionamientos y objetivos en común se logró y hoy conforman el Gobierno.
Eso no quiere decir que se reniegue de todo lo que los separa, divide y les da identidad. Que estén juntos para gobernar no los hace la misma cosa, por el contrario, la riqueza y grandeza de la coalición está en la diversidad, su conformación es la política llevada a su máxima expresión de la negociación y el acuerdo en defensa de los intereses del país y de un proyecto común.
Ese acuerdo no dice en ningún lugar que cada partido no puede impulsar proyectos que crea fundamentales o que constituyan un compromiso con sus votantes. Tampoco dice que se deba renunciar a las convicciones fundamentales. No lo dice el acuerdo, no es eso lo que se busca, ni ese es el fin de la coalición.
Es todo lo contrario: cada uno suma de acuerdo a lo que es su esencia, todos aportan al Gobierno, pero también hacen oposición en aquellas cosas en que no puede haber acuerdo. Pero es una “oposición responsable”, según la definición del sociólogo alemán Juan Linz. Eso fue lo que hizo Wilson Ferreira a partir de 1985, y Alberto Volonté en 1995.
CUANDO MUJICA AMENAZÓ A TABARÉ VÁZQUEZ.
Es un fino equilibrio, es verdad, pero así es la complejidad política de gobernar.
Ni siquiera el Frente Amplio con sus mayorías parlamentarias ni su disciplina partidaria escapó de situaciones internas complejas. El caso más sonado en ese sentido fue cuando en 2017 el senador José Mujica amenazó a Tabaré Vázquez de “trancar el Parlamento” si se paraba su iniciativa de legalizar y vender marihuana en las farmacias.
Amenazar con trancar el Parlamento es un extremo grave, una extorción política a la que Cabildo Abierto ni ningún socio de la coalición llegó, por aquello de la “oposición responsable” ya mencionada.
Por último, cabe recordar una de las reflexiones más centradas que dejó el capítulo del proyecto de ley sobre la forestación.
Corresponde al senador blanco Jorge Gandini, quien dijo en medio del debate en el Senado que la suerte de los partidos de la coalición está atada al éxito o el fracaso que tenga el Gobierno. Por tanto, no cabe hacer un escándalo, desde ningún ángulo. Gobernabilidad, cogobierno o coalición, son sólo formas de llevar adelante las soluciones que el país necesita, y cuando se hace con responsabilidad, aún desde el perfil opositor, todos ganamos.
El diputado opositor, Ec. José Luis Espert, dijo que es “falso que la tierra sea un bien social. Es de sus dueños”.
Julián Domínguez, ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, considera que la tierra es “un bien social” y propone crear un Instituto de la Tierra para “planificar un nuevo ordenamiento territorial que defina el modelo de desarrollo agrobioindustrial de Argentina”, cosa que “también lo ha planteado nuestro presidente Alberto Fernández”, recordó.
El jerarca ministerial había dicho en setiembre -antes de asumir en el cargo en sustitución de Luis Basterra- que el trigo, el maíz y la carne son “bienes culturales”. Hoy esas producciones están bajo intervención oficial, publicó la prensa argentina, por lo que la señal no es buena para la agropecuaria del país.
La afirmación de Domínguez fue hecha en la Estación Experimental Julio Hirschhörn de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), oportunidad de inaugurar el Centro de Capacitación y Transferencia de Tecnología, Producción y Servicios vinculado al sector forestal.
El titular de la cartera agropecuaria participó de la inauguración del Centro de Capacitación y Transferencia de Tecnología, Producción y Servicios vinculado al sector forestal y se interiorizó sobre el proyecto de secado de alimentos que realiza la universidad dentro de la estación experimental junto a productores de la región.
Domínguez planteó su objetivo de trabajar junto a las universidades del país “en un Instituto de la Tierra para para una política pública, para debatir el modelo de gestión territorial de la Argentina, para consolidar (la tierra) como un bien social que cuidemos entre todos y no como una mercancía donde es el mercado quien impone el modelo de desarrollo y gestión”.
“La cuestión de la tierra va a ser central en los próximos años”, comentó y llamó a “estudiar el mejor aprovechamiento del agua y una mejor distribución territorial para el desarrollo de nuestro país”. «Argentina está llamado a ser durante los próximos 30 a 40 años uno de los grandes proveedores de alimentos y proteínas animales que el mundo demanda y que Argentina tiene capacidad para producir, generar valor agregado, industrializar. Este es el desafío que tenemos”, reflexionó.
UNA VIEJA IDEA DE DOMÍNGUEZ.
En junio el presidente Alberto Fernández se refirió a “tierras improductivas”.
“Me pone muy contento, porque la verdad es que hace falta el esfuerzo de los dos, de un Estado que esté presente y también de un particular que entienda, solidariamente, que no tiene sentido tener tierras improductivas cuando alguien está necesitando un terreno. Y que no tiene sentido guardarlo para que el día que se muera, un hijo lo herede. Y tiene mucho más sentido volverla productiva hoy, y que en ese lugar alguien construya techo, donde van a crecer sus hijos y sus hijas”, dijo Fernández en esa oportunidad.
RESPUESTA: “ES FALSO”.
Los sectores productivos del campo y la oposición le respondieron al ministro Domínguez. El diputado opositor, Ec. José Luis Espert, dijo que es “falso que la tierra sea un bien social. Es de sus dueños, de quien la trabaja”.
“¿Acaso las fábricas (capital) son un bien social?” se preguntó.
“Sigan con disparates así que no va a quedar un peso en el país y los impuestos los terminarán pagando solo los que no puedan irse” que son “los trabajadores”.
Menos diplomática y más agresiva fue la respuesta del Ec. Roberto Cachanosky que fiel a su estilo comentó: “Para estos k (kirchneristas) lo único que no es social es el sueldo de ellos”.
Los productores forestales estudiaron el alcance del decreto y expresaron sus conclusiones: “La primera es que este cambio de normativa implica nuevas exigencias al sector forestal, que demandarán nuevos trámites para productores menores a 100 hectáreas y para aquellos proyectos plantados antes de 2005”, afirman, y consideran que si esa medida es de utilidad “para darle más garantías a la sociedad sobre la sostenibilidad de la producción forestal, la SPF no presenta mayores reparos sobre las nuevas exigencias, salvo que estas se traduzcan en burocracia y demoras administrativas que distorsiones los ciclos normales de la producción”.
La Sociedad de Productores Forestales (SPF) se pronunció sobre el decreto presentado por los ministerios de Ambiente y de Ganadería, Agricultura y Pesca este lunes en el Senado, arribando a la conclusión que “significa nuevas exigencias para el sector, las cuales asumimos si son de utilidad para dar más garantías a la sociedad sobre la sostenibilidad de la producción forestal y consideramos que es momento que se unifiquen las exigencias de gestión sostenible a todas las actividades productivas”.
EL DECRETO DEL GOBIERNO.
El lunes 13 de diciembre el Gobierno presentó en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado un decreto sobre ajustes en materia forestal. El documento firmado por el presidente Luis Lacalle y los ministros Adrián Peña (de Ambiente) y Fernando Mattos (de Ganadería, Agricultura y Pesca), introduce nuevas exigencias en los controles ambientales. Peña valoró que con ese decreto “no es necesario una nueva ley”.
Como ya informó Todo El Campo, el decreto crea un Registro Ambiental de Plantaciones para los proyectos menores a 100 hectáreas lo que significa un cambio importante ya que hasta el momento solo los proyectos de más de 100 hectáreas necesitan la aprobación del Ministerio de Ambiente. Con el decreto referido los proyectos de menor porte van a pasar a ser controlados en su reforestación.
También se incorporan nuevos criterios para la evaluación de impacto ambiental, vinculados al suelo, el agua, la biodiversidad y valor patrimonial con lo cual hay criterios más restrictivos.
Peña dijo que en esos temas se toman “decisiones políticas, pero con fundamento técnico”.
Para incorporar esas modificaciones “no se necesita de una nueva ley, la que ya existe nos da las competencias para poder ajustar estos criterios en un continuo de crecimiento y de aprendizaje con un fundamento técnico que es clave”, agregó.
LA POSTURA DE LA SOCIEDAD DE PRODUCTORES FORESTALES.
Los productores forestales estudiaron el alcance del decreto y expresaron sus conclusiones: “La primera es que este cambio de normativa implica nuevas exigencias al sector forestal, que demandarán nuevos trámites para productores menores a 100 hectáreas y para aquellos proyectos plantados antes de 2005”, afirman, y consideran que si esa medida es de utilidad “para darle más garantías a la sociedad sobre la sostenibilidad de la producción forestal, la SPF no presenta mayores reparos sobre las nuevas exigencias, salvo que estas se traduzcan en burocracia y demoras administrativas que distorsiones los ciclos normales de la producción”.
Por otra parte, la SPF considera “importante que se unifiquen las exigencias de gestión sostenible a todas las actividades productivas, a fin de obtener resultados efectivos de la implementación de las políticas ambientales y de conservación de los recursos naturales”.
Desde ahora la regulación llega a proyectos de menos de 100 hectáreas, “que antes solo debían registrarse en la Dirección Forestal, y ahora también lo deben hacer en el Ministerio de Ambiente. A su vez, las áreas plantadas previo a 2005, que no requirieron en su momento de autorización ambiental ahora deberán contar con dicha aprobación previo a ser replantadas”.
Tales disposiciones, nuevas, implican coordinación entre la Dirección Forestal y el Ministerio de Ambiente, “lo que consideramos positivo, puesto que mucha información es compartida”.
No se establecen prohibiciones para plantar, pero “se regula de forma más exigente la normativa para autorizar una plantación forestal realizada fuera de terrenos forestales definidos en el decreto” (Art. 9).
El MGAP es la secretaria de Estado con “competencia sobre el uso de los suelos” y “define específicamente cuáles son los terrenos forestales (además de los suelos de Prioridad Forestal) considerando su aptitud productiva”.
“Con referencia a los productores que quieran plantar bosques de abrigo y sombra y no tengan terrenos forestales, su área de plantación quedará limitada al 8% del establecimiento para obtener el registro correspondiente previa plantación. De lo contrario, el proyecto será clasificado como “B” por el Ministerio de Ambiente y deberán seguir un proceso más complejo de autorización por parte de la autoridad ambiental”, expresa la SPF.
CONCLUSIÓN: NUEVAS EXIGENCIAS Y UN PROYECTO “ABSOLUTAMENTE NEGATIVO”
Los forestales asumen las “nuevas exigencias” que se imponen al sector por el decreto del Gobierno, si éstos “son de utilidad para dar más garantías a la sociedad sobre la sostenibilidad de la producción forestal y consideramos que es momento que se unifiquen las exigencias de gestión sostenible a todas las actividades productivas”.
Respecto al proyecto de ley de Cabildo Abierto la SPF reitera que “considera absolutamente negativo para el sector forestal, para el sector agropecuario, para el país en su conjunto, y especialmente para pequeños productores agropecuarios, el proyecto de ley que establece prohibiciones y otras limitaciones al sector”, concluye.
El presidente dijo que el Poder Ejecutivo elaboró “un decreto que llevó mucho tiempo zurcir por las tensiones que eventualmente pueden surgir entre los ministerios de Ambiente y de Ganadería respecto al sector forestal, y estamos muy conformes con esa reglamentación”.
Hébert Dell’Onte | En la tarde ayer, en conferencia de prensa a su regreso del viaje a Catar, el presidente Luis Lacalle fue preguntado sobre la muy probable votación a favor de del proyecto de ley que regula la forestación. “Si se vota el proyecto de ley el Ejecutivo va a vetar”, respondió el mandatario. El texto en consideración es impulsado por Cabildo Abierto y cuenta con el apoyo del Frente Amplio.
Lacalle explicó que los cinco partidos que conforman la coalición de Gobierno (Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido Independiente y Partido de la Gente) conformaron “el documento ‘Compromiso por el país’ que nos compromete a todos, entre nosotros y con la opinión pública. Todo lo que está por fuera de ese acuerdo no tiene un compromiso recíproco entre los distintos partidos”.
Agregó que el proyecto en cuestión fue presentado por Cabildo Abierto (su autor es el diputado Rafael Menéndez) y ese partido “está en todo su derecho”, pero “está por fuera de ‘Compromiso por el país’, con lo cual quien habla se ve liberado a actuar según su propia concepción”.
Por tanto, “si se vota el proyecto de ley el Ejecutivo lo va a vetar”, enfatizó.
Lacalle dijo que el Poder Ejecutivo elaboró “un decreto que llevó mucho tiempo zurcir por las tensiones que eventualmente pueden surgir entre los ministerios de Ambiente y de Ganadería respecto al sector forestal, y estamos muy conformes con esa reglamentación”.
DOMENECH – GANDINI, DOS VISIONES.
El senador Guillermo Domench (Cabildo Abierto) dijo que si el presidente veta el proyecto de ley, “sería un desaire y una grave discordancia con un socio de la coalición”.
En una visión diferente, el senador Jorge Gandini (Partido Nacional) comentó que el hecho “no influye el funcionamiento de la coalición”.
Pablo Ferreri, figura destacada en los gobiernos de José Mujica y Tabaré Vázquez, considera que “sería perjudicial para los intereses del país avanzar en este proyecto de ley ( de Cabildo Abierto) tal como está”.
Hébert Dell’Onte | Si bien en política nunca está todo dicho hasta que las cosas efectivamente suceden, al momento parece una realidad próxima que Cabildo Abierto y el Frente Amplio apoyarán en el Senado el proyecto de ley sobre la forestación que tiene media sanción en la Cámara de Diputados. La votación sería sin modificaciones y contra la opinión de los ministerios involucrados que son el de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y el de Ambiente (MA).
La posición de Cabildo Abierto es clara y en ese partido hay una contundente unidad en el apoyo a la iniciativa del diputado Rafael Menéndez, autor del texto en debate. En el Frente Amplio, donde está el otro apoyo parlamentario, la realidad tiene matices, con actores que piensan que no es correcto apoyar el proyecto.
En marzo de este año, en un artículo periodístico, Pablo Ferreri expuso sus objeciones sobre el proyecto de ley. Desde entonces pasaron 9 meses, tiempo suficiente como para que pudiera haber un cambio de opinión a la luz del debate que se ha desarrollado, pero este martes 14 de diciembre el exdirector de la Dirección General de Rentas (2010 a 2015) y exviceministro de Economía (2015 a 2020) del Frente Amplio volvió a expresar su discrepancia: “Con respecto al proyecto de ley de Cabildo Abierto sobre forestación (…) no es un proyecto conveniente” escribió en sus redes sociales y compartió el link de un artículo que publicó en Montevideo Portal cuando se dio el debate por parte de los diputados.
EL ARTÍCULO DE FERRERI.
Ferreri no ocupa ningún cargo electo en el Frente Amplio pero debemos pensar que es una voz autorizada dado los cargos relevantes que ocupó entre 2010 y 2020 durante los gobiernos de José Mujica y Tabaré Vázquez. Y lo más importante es que asume su posición y expone sus argumentos con objetividad.
En la primera parte del artículo titulado “Las políticas de Estado y el bienestar de los uruguayos”, Ferreri destaca la importancia de lograr consensos en algunos temas y el de la forestación es uno de ellos; luego aporta información objetiva sobre el peso que tiene en la economía del país como generadora de ingresos y de fuentes laborales.
NECESITAMOS CONSENSOS Y POLÍTICAS DE ESTADO.
“El desarrollo del sector forestal ha sido una política de Estado, la construcción de las mismas siempre es algo deseable cuando se trata de los principales desafíos de una Nación”, escribió el referente del Frente Amplio.
No es fácil encontrar esos consensos pero “nuestro país ofrece ejemplos, como la promoción de le educación pública desde el siglo XIX, la construcción de un estado de bienestar en términos relativos más potente que en el resto de América Latina desde inicios del siglo XX, o más cercano en el tiempo, la alfabetización digital y la política antitabaco desarrolladas por Tabaré Vázquez”, menciona.
“En materia económica también hay lineamientos que se transformaron en políticas de Estado con resultados positivos”, agrega, y señala la industria del software, la ley de puertos, la trazabilidad de la carne promovida por Jorge Batlle y concretada en los gobiernos del Frente Amplio. “El actual Gobierno continúa y potencia los estímulos otorgados en el período pasado a la industria audiovisual”, esos “son todos buenos ejemplos”.
LA IMPORTANCIA DE LA CADENA FORESTAL.
En un capítulo aparte se ocupa de la forestación otro ejemplo de políticas de Estado: “El valor bruto de la producción forestal es de US$ 2.300 millones” y “si incluimos impactos indirectos e inducidos, el sector contribuye con más de US$ 2.100 millones de valor agregado, lo que equivale a casi 4% del PBI”.
Todo esto “significa trabajo, oportunidades laborales para muchos uruguayos, que es al final del día lo más importante: hay 18.000 puestos de trabajo asociados al complejo forestal de forma directa, y si incluimos los impactos indirectos e inducidos, el sector da soporte a más de 25.000 empleos en la economía”, detalla Ferreri.
Por otra parte escribió: “Con la tercera planta de celulosa operativa, los impactos de la cadena forestal aumentarán: la contribución al PBI alcanzaría a casi 6% y el sector daría unos 30.000 empleos. A partir de 2024 la celulosa será el principal rubro de exportación de Uruguay, con exportaciones totales por unos US$ 2.900 millones”.
La forestación es “una acertada política de Estado” porque sus resultados “han sido beneficiosos para el país, todos los gobiernos que pasaron desde 1987 cuando se promulgó la ley, han jugado un importante papel en sostener e impulsar esta política”.
Sin embargo, Cabildo Abierto “argumenta que el desarrollo de la actividad forestal debe ser limitado” y “así lo establece en la exposición de motivos” y “no hay evidencia empírica de que esta actividad haya generado un deterioro ambiental al crecer la superficie plantada, ni que la misma consuma recursos hídricos necesarios para otras actividades agropecuarias”, reflexiona Ferreri.
“Tampoco estamos en la actualidad frente a un crecimiento exponencial del área forestal, se pasó de unas 50.000 hectáreas a principios de los ´90 a un entorno de un millón de hectáreas forestadas en 2008. Desde entonces, el crecimiento ha sido moderado, siendo el área forestada actual de 1,1 millones de hectáreas, un 7% de la superficie agropecuaria total, lo cual no parece ser excesivo si lo comparamos con países de referencia como por ejemplo Nueva Zelanda”.
A su vez considera que los diversos rubros agropecuarios no compiten entre sí, sino que se complementan “y son los propios productores agropecuarios los que eligen el mejor mix para su ecuación”.
Por lo tanto, “la argumentación para alterar una política de estado que lleva tres décadas no luce lo suficientemente sólida”, y en consecuencia “sería perjudicial para los intereses del país avanzar en este proyecto de ley tal como está”.
Lo que tenemos en puerta, con la aprobación de el proyecto de ley son “señales que afectan activos intangibles como la certeza, la previsibilidad y el respeto de las reglas de juego, no inspiran confianza y al final del día eso lo paga la gente. Lo pagan los trabajadores”, concluye.
Con respecto al proyecto de ley de Cabildo Abierto sobre forestación, estoy de acuerdo con Danilo, no es un proyecto conveniente. Al respecto escribí hace unos meses, cuando se aprobó en diputados. Dejo aquí el link: https://t.co/73qnWFlforhttps://t.co/QhE0lY439H
