Los productores forestales estudiaron el alcance del decreto y expresaron sus conclusiones: “La primera es que este cambio de normativa implica nuevas exigencias al sector forestal, que demandarán nuevos trámites para productores menores a 100 hectáreas y para aquellos proyectos plantados antes de 2005”, afirman, y consideran que si esa medida es de utilidad “para darle más garantías a la sociedad sobre la sostenibilidad de la producción forestal, la SPF no presenta mayores reparos sobre las nuevas exigencias, salvo que estas se traduzcan en burocracia y demoras administrativas que distorsiones los ciclos normales de la producción”.
La Sociedad de Productores Forestales (SPF) se pronunció sobre el decreto presentado por los ministerios de Ambiente y de Ganadería, Agricultura y Pesca este lunes en el Senado, arribando a la conclusión que “significa nuevas exigencias para el sector, las cuales asumimos si son de utilidad para dar más garantías a la sociedad sobre la sostenibilidad de la producción forestal y consideramos que es momento que se unifiquen las exigencias de gestión sostenible a todas las actividades productivas”.
EL DECRETO DEL GOBIERNO.
El lunes 13 de diciembre el Gobierno presentó en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado un decreto sobre ajustes en materia forestal. El documento firmado por el presidente Luis Lacalle y los ministros Adrián Peña (de Ambiente) y Fernando Mattos (de Ganadería, Agricultura y Pesca), introduce nuevas exigencias en los controles ambientales. Peña valoró que con ese decreto “no es necesario una nueva ley”.
Como ya informó Todo El Campo, el decreto crea un Registro Ambiental de Plantaciones para los proyectos menores a 100 hectáreas lo que significa un cambio importante ya que hasta el momento solo los proyectos de más de 100 hectáreas necesitan la aprobación del Ministerio de Ambiente. Con el decreto referido los proyectos de menor porte van a pasar a ser controlados en su reforestación.
También se incorporan nuevos criterios para la evaluación de impacto ambiental, vinculados al suelo, el agua, la biodiversidad y valor patrimonial con lo cual hay criterios más restrictivos.
Peña dijo que en esos temas se toman “decisiones políticas, pero con fundamento técnico”.
Para incorporar esas modificaciones “no se necesita de una nueva ley, la que ya existe nos da las competencias para poder ajustar estos criterios en un continuo de crecimiento y de aprendizaje con un fundamento técnico que es clave”, agregó.
LA POSTURA DE LA SOCIEDAD DE PRODUCTORES FORESTALES.
Los productores forestales estudiaron el alcance del decreto y expresaron sus conclusiones: “La primera es que este cambio de normativa implica nuevas exigencias al sector forestal, que demandarán nuevos trámites para productores menores a 100 hectáreas y para aquellos proyectos plantados antes de 2005”, afirman, y consideran que si esa medida es de utilidad “para darle más garantías a la sociedad sobre la sostenibilidad de la producción forestal, la SPF no presenta mayores reparos sobre las nuevas exigencias, salvo que estas se traduzcan en burocracia y demoras administrativas que distorsiones los ciclos normales de la producción”.
Por otra parte, la SPF considera “importante que se unifiquen las exigencias de gestión sostenible a todas las actividades productivas, a fin de obtener resultados efectivos de la implementación de las políticas ambientales y de conservación de los recursos naturales”.
Desde ahora la regulación llega a proyectos de menos de 100 hectáreas, “que antes solo debían registrarse en la Dirección Forestal, y ahora también lo deben hacer en el Ministerio de Ambiente. A su vez, las áreas plantadas previo a 2005, que no requirieron en su momento de autorización ambiental ahora deberán contar con dicha aprobación previo a ser replantadas”.
Tales disposiciones, nuevas, implican coordinación entre la Dirección Forestal y el Ministerio de Ambiente, “lo que consideramos positivo, puesto que mucha información es compartida”.
No se establecen prohibiciones para plantar, pero “se regula de forma más exigente la normativa para autorizar una plantación forestal realizada fuera de terrenos forestales definidos en el decreto” (Art. 9).
El MGAP es la secretaria de Estado con “competencia sobre el uso de los suelos” y “define específicamente cuáles son los terrenos forestales (además de los suelos de Prioridad Forestal) considerando su aptitud productiva”.
“Con referencia a los productores que quieran plantar bosques de abrigo y sombra y no tengan terrenos forestales, su área de plantación quedará limitada al 8% del establecimiento para obtener el registro correspondiente previa plantación. De lo contrario, el proyecto será clasificado como “B” por el Ministerio de Ambiente y deberán seguir un proceso más complejo de autorización por parte de la autoridad ambiental”, expresa la SPF.
CONCLUSIÓN: NUEVAS EXIGENCIAS Y UN PROYECTO “ABSOLUTAMENTE NEGATIVO”
Los forestales asumen las “nuevas exigencias” que se imponen al sector por el decreto del Gobierno, si éstos “son de utilidad para dar más garantías a la sociedad sobre la sostenibilidad de la producción forestal y consideramos que es momento que se unifiquen las exigencias de gestión sostenible a todas las actividades productivas”.
Respecto al proyecto de ley de Cabildo Abierto la SPF reitera que “considera absolutamente negativo para el sector forestal, para el sector agropecuario, para el país en su conjunto, y especialmente para pequeños productores agropecuarios, el proyecto de ley que establece prohibiciones y otras limitaciones al sector”, concluye.
El presidente dijo que el Poder Ejecutivo elaboró “un decreto que llevó mucho tiempo zurcir por las tensiones que eventualmente pueden surgir entre los ministerios de Ambiente y de Ganadería respecto al sector forestal, y estamos muy conformes con esa reglamentación”.
Hébert Dell’Onte | En la tarde ayer, en conferencia de prensa a su regreso del viaje a Catar, el presidente Luis Lacalle fue preguntado sobre la muy probable votación a favor de del proyecto de ley que regula la forestación. “Si se vota el proyecto de ley el Ejecutivo va a vetar”, respondió el mandatario. El texto en consideración es impulsado por Cabildo Abierto y cuenta con el apoyo del Frente Amplio.
Lacalle explicó que los cinco partidos que conforman la coalición de Gobierno (Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido Independiente y Partido de la Gente) conformaron “el documento ‘Compromiso por el país’ que nos compromete a todos, entre nosotros y con la opinión pública. Todo lo que está por fuera de ese acuerdo no tiene un compromiso recíproco entre los distintos partidos”.
Agregó que el proyecto en cuestión fue presentado por Cabildo Abierto (su autor es el diputado Rafael Menéndez) y ese partido “está en todo su derecho”, pero “está por fuera de ‘Compromiso por el país’, con lo cual quien habla se ve liberado a actuar según su propia concepción”.
Por tanto, “si se vota el proyecto de ley el Ejecutivo lo va a vetar”, enfatizó.
Lacalle dijo que el Poder Ejecutivo elaboró “un decreto que llevó mucho tiempo zurcir por las tensiones que eventualmente pueden surgir entre los ministerios de Ambiente y de Ganadería respecto al sector forestal, y estamos muy conformes con esa reglamentación”.
DOMENECH – GANDINI, DOS VISIONES.
El senador Guillermo Domench (Cabildo Abierto) dijo que si el presidente veta el proyecto de ley, “sería un desaire y una grave discordancia con un socio de la coalición”.
En una visión diferente, el senador Jorge Gandini (Partido Nacional) comentó que el hecho “no influye el funcionamiento de la coalición”.
Pablo Ferreri, figura destacada en los gobiernos de José Mujica y Tabaré Vázquez, considera que “sería perjudicial para los intereses del país avanzar en este proyecto de ley ( de Cabildo Abierto) tal como está”.
Hébert Dell’Onte | Si bien en política nunca está todo dicho hasta que las cosas efectivamente suceden, al momento parece una realidad próxima que Cabildo Abierto y el Frente Amplio apoyarán en el Senado el proyecto de ley sobre la forestación que tiene media sanción en la Cámara de Diputados. La votación sería sin modificaciones y contra la opinión de los ministerios involucrados que son el de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y el de Ambiente (MA).
La posición de Cabildo Abierto es clara y en ese partido hay una contundente unidad en el apoyo a la iniciativa del diputado Rafael Menéndez, autor del texto en debate. En el Frente Amplio, donde está el otro apoyo parlamentario, la realidad tiene matices, con actores que piensan que no es correcto apoyar el proyecto.
En marzo de este año, en un artículo periodístico, Pablo Ferreri expuso sus objeciones sobre el proyecto de ley. Desde entonces pasaron 9 meses, tiempo suficiente como para que pudiera haber un cambio de opinión a la luz del debate que se ha desarrollado, pero este martes 14 de diciembre el exdirector de la Dirección General de Rentas (2010 a 2015) y exviceministro de Economía (2015 a 2020) del Frente Amplio volvió a expresar su discrepancia: “Con respecto al proyecto de ley de Cabildo Abierto sobre forestación (…) no es un proyecto conveniente” escribió en sus redes sociales y compartió el link de un artículo que publicó en Montevideo Portal cuando se dio el debate por parte de los diputados.
EL ARTÍCULO DE FERRERI.
Ferreri no ocupa ningún cargo electo en el Frente Amplio pero debemos pensar que es una voz autorizada dado los cargos relevantes que ocupó entre 2010 y 2020 durante los gobiernos de José Mujica y Tabaré Vázquez. Y lo más importante es que asume su posición y expone sus argumentos con objetividad.
En la primera parte del artículo titulado “Las políticas de Estado y el bienestar de los uruguayos”, Ferreri destaca la importancia de lograr consensos en algunos temas y el de la forestación es uno de ellos; luego aporta información objetiva sobre el peso que tiene en la economía del país como generadora de ingresos y de fuentes laborales.
NECESITAMOS CONSENSOS Y POLÍTICAS DE ESTADO.
“El desarrollo del sector forestal ha sido una política de Estado, la construcción de las mismas siempre es algo deseable cuando se trata de los principales desafíos de una Nación”, escribió el referente del Frente Amplio.
No es fácil encontrar esos consensos pero “nuestro país ofrece ejemplos, como la promoción de le educación pública desde el siglo XIX, la construcción de un estado de bienestar en términos relativos más potente que en el resto de América Latina desde inicios del siglo XX, o más cercano en el tiempo, la alfabetización digital y la política antitabaco desarrolladas por Tabaré Vázquez”, menciona.
“En materia económica también hay lineamientos que se transformaron en políticas de Estado con resultados positivos”, agrega, y señala la industria del software, la ley de puertos, la trazabilidad de la carne promovida por Jorge Batlle y concretada en los gobiernos del Frente Amplio. “El actual Gobierno continúa y potencia los estímulos otorgados en el período pasado a la industria audiovisual”, esos “son todos buenos ejemplos”.
LA IMPORTANCIA DE LA CADENA FORESTAL.
En un capítulo aparte se ocupa de la forestación otro ejemplo de políticas de Estado: “El valor bruto de la producción forestal es de US$ 2.300 millones” y “si incluimos impactos indirectos e inducidos, el sector contribuye con más de US$ 2.100 millones de valor agregado, lo que equivale a casi 4% del PBI”.
Todo esto “significa trabajo, oportunidades laborales para muchos uruguayos, que es al final del día lo más importante: hay 18.000 puestos de trabajo asociados al complejo forestal de forma directa, y si incluimos los impactos indirectos e inducidos, el sector da soporte a más de 25.000 empleos en la economía”, detalla Ferreri.
Por otra parte escribió: “Con la tercera planta de celulosa operativa, los impactos de la cadena forestal aumentarán: la contribución al PBI alcanzaría a casi 6% y el sector daría unos 30.000 empleos. A partir de 2024 la celulosa será el principal rubro de exportación de Uruguay, con exportaciones totales por unos US$ 2.900 millones”.
La forestación es “una acertada política de Estado” porque sus resultados “han sido beneficiosos para el país, todos los gobiernos que pasaron desde 1987 cuando se promulgó la ley, han jugado un importante papel en sostener e impulsar esta política”.
Sin embargo, Cabildo Abierto “argumenta que el desarrollo de la actividad forestal debe ser limitado” y “así lo establece en la exposición de motivos” y “no hay evidencia empírica de que esta actividad haya generado un deterioro ambiental al crecer la superficie plantada, ni que la misma consuma recursos hídricos necesarios para otras actividades agropecuarias”, reflexiona Ferreri.
“Tampoco estamos en la actualidad frente a un crecimiento exponencial del área forestal, se pasó de unas 50.000 hectáreas a principios de los ´90 a un entorno de un millón de hectáreas forestadas en 2008. Desde entonces, el crecimiento ha sido moderado, siendo el área forestada actual de 1,1 millones de hectáreas, un 7% de la superficie agropecuaria total, lo cual no parece ser excesivo si lo comparamos con países de referencia como por ejemplo Nueva Zelanda”.
A su vez considera que los diversos rubros agropecuarios no compiten entre sí, sino que se complementan “y son los propios productores agropecuarios los que eligen el mejor mix para su ecuación”.
Por lo tanto, “la argumentación para alterar una política de estado que lleva tres décadas no luce lo suficientemente sólida”, y en consecuencia “sería perjudicial para los intereses del país avanzar en este proyecto de ley tal como está”.
Lo que tenemos en puerta, con la aprobación de el proyecto de ley son “señales que afectan activos intangibles como la certeza, la previsibilidad y el respeto de las reglas de juego, no inspiran confianza y al final del día eso lo paga la gente. Lo pagan los trabajadores”, concluye.
Con respecto al proyecto de ley de Cabildo Abierto sobre forestación, estoy de acuerdo con Danilo, no es un proyecto conveniente. Al respecto escribí hace unos meses, cuando se aprobó en diputados. Dejo aquí el link: https://t.co/73qnWFlforhttps://t.co/QhE0lY439H
Con la firma del presidente Luis Lacalle y los ministros de Ambiente y Ganadería, Adrián Peña y Fernando Mattos, respectivamente, el Poder Ejecutivo presentó un decreto por el cual se generan mayores controles al sector forestal. Por otra parte el subsecretario de Ambiente, Gerardo Amarilla, dijo que desde lo ambiental la Ley Forestal “tiene pocos argumentos y poca justificación”.
El Gobierno presentó en al Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado un decreto sobre ajustes en materia forestal. El documento está firmado por el presidente Luis Lacalle y los ministros Adrián Peña de Ambiente y Fernando Mattos de Ganadería, Agricultura y Pesca, e introduce nuevas exigencias en los controles ambientales. Peña dijo que para avanzar en ese sentido “no es necesario una nueva ley”.
Peña y Mattos explicaron, en conferencia de prensa, el alcance del decreto que se presentó después de un año de trabajo conjunto de ambas secretarías de Estado.
El decreto crea un Registro Ambiental de Plantaciones para los proyectos menores a 100 hectáreas lo que significa un cambio importante ya que hasta el momento solo los proyectos de más de 100 hectáreas necesitan la aprobación del Ministerio de Ambiente. Con el decreto los proyectos de menor porte van a pasar a ser controlados en su reforestación.
En otro aspecto del decreto se incorporan nuevos criterios para la evaluación de impacto ambiental, vinculados al suelo, el agua, la biodiversidad y valor patrimonial con lo cual hay criterios más restrictivos.
En estos temas se toman “decisiones políticas, pero con fundamento técnico”, destacó Peña.
Para incorporar estas modificaciones “no se necesita de una nueva ley, la que ya existe nos da las competencias para poder ajustar estos criterios en un continuo de crecimiento y de aprendizaje con un fundamento técnico que es clave”.
MATTOS: EL EQUILIBRO ENTRE LO AMBIENTAL Y PRODUCTIVO.
“Estamos conformes con esta iniciativa que trabajamos a pedido del presidente de la República”, dijo el ministro Mattos. Este es “un decreto que ya está vigente, que escucha los planteos recibidos y que busca el equilibrio entre la dimensión ambiental y la productiva, respetando los estudios técnicos para detectar los suelos aptos para la forestación”.
“Desde la creación en el año 1987, la ley forestal tuvo 27 modificaciones, y está instancia es otro avance desde el punto de vista de los controles ambientales no solo a la forestación existente sino a los futuros proyectos, por lo que consideramos que una nueva ley no es necesaria”, expresó.
El jerarca también reconoció “la validez y la virtud de que la propuesta de Cabildo Abierto haya puesto arriba de la mesa la necesidad de rediscusión de los aspectos normativos que rigen a la forestación, desde la promulgación de la ley de 1987”.
AMARILLA: “LA LEY FORESTAL TIENE POCOS ARGUMENTOS Y POCA JUSTIFICACIÓN”.
El subsecretario del Ministerio de Ambiente, Gerardo Amarilla dijo ayer a VTV Noticias que desde lo ambiental la Ley Forestal “tiene pocos argumentos y poca justificación”.
El Ministerio “ya hace un estricto control de los proyectos forestales, clasifica los proyectos, pone requisitos y límites para plantación forestal sobre todo protegiendo los cursos de agua, los humedales, el monte nativo. O sea que hay una serie de limitaciones y en las últimas horas se firmó un decreto del Poder Ejecutivo con las firmas de los ministerios de Medio Ambiente y de Ganadería, Agricultura y Pesca en el cual se ingresa en el control ambiental los proyectos forestales menores a 100 hectáreas y mayores a 40”, destacó.
En declaraciones Amarilla recordó que esa incorporación de control de los proyectos forestales de 40 a 100 hectáreas “implican una exigencia extra porque hasta ahora esos controles y estudios de impacto ambiental se exigían a los proyectos mayores a 100 hectáreas”.
CABILDO ABIERTO NO RENUNCIA AL PROYECTO DE LEY.
El senador Guillermo Domenech (Cabildo Abierto), dijo que no se renuncia al proyecto de ley que está en debate por lo que espera que en los próximos días el Frente Amplio de los votos para su aprobación. Desde el Gobierno, el senado Jorge Gandini opinó que el voto conjunto de Cabildo Abierto y el Frente Amplio no debilita ni afecta el funcionamiento de la coalición.
El sindicato de Ancap decide parar y con el paro daña las instalaciones de la refinería de La Teja exponiendo a todo el país a mayores gastos y eventualmente a que haya faltante de combustible. ¿No corresponde que los responsables de esa medida se hagan cargo?, los directores de Ancap ¿no tienen la obligación de denunciar civil y/o penalmente en cuanto son funcionarios públicos?, y de no hacerlo, los fiscales ¿no deberán actuar de oficio?
Hébert Dell’Onte | La rotura en la refinería de La Teja, como consecuencia del paro que la Federación Ancap (Fancap) decidió la semana pasada, puso en debate la responsabilidad civil que los sindicatos tienen o deberían tener sobre sus acciones. Desde el Ministerio de Industria, Energía y Minería como la dirección de Ancap y legisladores del Gobierno se han pronunciaron sobre la posibilidad o necesidad de instaurar una demanda civil y eventualmente penal sobre los responsables.
Hasta el momento no se ha establecido qué costo directo tendrá la rotura como tampoco los costos derivados generados a partir de ella, pero diferentes voces se han alzado planteando o pidiendo la posibilidad de que los responsables se hagan cargo para no trasladarlo a la ciudadanía. Incluso se pidió que la Fiscalía actúe de oficio, como es el caso del senador Jorge Gandini.
La senadora Carmen Sanguinetti (Partido Colorado) escribió sobre el tema en las redes sociales: “Cualquiera que esté medianamente cerca del mundo industrial sabe que parar una planta no es sencillo, y tiene riesgos si no se planifica con mucha anticipación. La medida sindical en La Teja fue una irresponsabilidad mayúscula”.
Su colega del Partido Nacional, Graciela Bianchi, fue más específica: “Los actos irresponsables tienen consecuencias”, escribió, y pidió a las autoridades de Ancap que “no se olviden de los artículos 24 y 25 de la Constitución” que establece que “los funcionarios públicos que actúen con falta grave o dolo responden con su patrimonio por el daño causado”.
El subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), el colorado Walter Verri, expresó: “Lamentablemente lo que advertimos que podía pasar, paso. Una unidad de la refinería de La Teja no arrancó. Se está desarmando para ver la gravedad del daño. Era una de las posibilidades, pero no escucharon. Ahora pagamos todos. Lamentable radicalización sindical”.
El senador Jorge Gandini (Partido Nacional) acusó al sindicato de Ancap de hacer “un chantaje, una extorción” porque el sindicato dice: “O nos renuevan el convenio o apagamos la refinería, y apagaron la refinería”, lo cual es “una barbaridad”.
“Hubo daños y quienes tomaron esa decisión tienen que hacerse cargo”, subrayó, y pidió a la Fiscalía que tome cartas en el asunto: “Desearía que algún fiscal interviniera de oficio” porque los sindicalistas “tienen que hacerse responsable con su patrimonio, no con el patrimonio de la gente”.
Gandini aclaró que hay trabajadores, incluso sindicalistas que “quieren a Ancap y quieren al organismo”, el problema es “la dirigencia sindical que dice representar a los trabajadores”.
Parar la refinería “fue una media extrema, totalmente ilógica con el inicio de un conflicto porque estaban en negociaciones y tomaron la medida más extrema de todas porque la última vez que se hizo fue contra la dictadura”.
UN SOLO URUGUAY: “LA POBLACIÓN ES REHÉN DEL CORPORATIVISMOS SINDICAL ESTATAL”.
Desde fuera de la política también se hicieron oír voces reclamando que Fancap se haga cargo de los daños y costos generados por la medida sindical. Un Solo Uruguay emitió un comunicado que tituló “El que rompe paga” en el cual se pregunta si “alguna vez en este país se hará cargo el que rompe o el que dilapida los dineros públicos”.
“Que el PIT-CNT y Fancap se hagan cargo del costo de la reparación y de los perjuicios ocasionados como cualquier hijo de vecino”, agrega el movimiento.
Finaliza: “Que se termine el abuso de cargar las mañas ajenas a la población, siempre rehén del corporativismo sindical estatal”.
El objetivo de la movida combinada entre el Frente Amplio y el PIT-CNT parece ser debilitar al Gobierno en cuantos frentes les sea posible y para eso todo viene bien, incluso los pequeños debates que nada tienen para aportar.
Hébert Dell’Onte| La coordinación de la arremetida sindical de los últimos días es evidente. Pero no solo los sindicatos han desarrollado una estrategia de alto impacto, también el Frente Amplio, lo cual es lógico considerando la afinidad entre ambos. El objetivo de la movida combinada parece ser debilitar al Gobierno en todos los frentes posibles y para eso todo viene bien.
Este miércoles se dieron don hechos que evidencia el “vale todo” para el juego opositor. El primero tiene que ver con la confirmación de las firmas que cuestionan la Ley de Urgente Consideración (LUC), y concretamente refiere al color de las papeletas del SI y del NO.
La Corte Electoral decidió que quienes van por SI, o sea sí derogar los 135 artículos en debate, usarán la papeleta color rosado, en tanto que los van por el NO, o sea no derogar los 135 artículos, tendrán papeleta celeste.
Conocidos esos colores, desde el PIT-CNT y el FA salieron voces a cuestionar la resolución de la Corte porque consideran que el rosado los perjudica porque “en Uruguay todos somos celestes”, dijo Pablo Abdala. “Vamos a impugnar”, anunció, sumando otro elemento de confrontación y lo que es peor pone un manto de dudas sobre el accionar de la Corte Electoral. Esto último es tan serio y preocupante como ridículo.
Es serio y preocupante porque nuestra Corte Electoral es un organismo de garantías y no se lo puede poner en duda por el color de las papeletas. Pero también es ridículo porque ya en otras oportunidades, como el referéndum sobre la Ley de Ancap (2003) durante el gobierno del Dr. Jorge Batlle, se utilizaron esos mismos colores lo que no implicó ninguna maniobra y no recuerdo que haya habido planteamientos de intenciones ocultas o manipulación a pesar de que muchos de los dirigentes sindicales de entonces eran los mismos que ahora (los cargos casi vitalicios de los sindicalistas es otro tema de debate).
Además, si el color de una papeleta incidiera significativamente en el voto, eso sucedería por dos motivos: la poca inteligencia de nuestra sociedad, lo cual es falso, o por la flojera de los argumentos de alguna de las partes.
De todas formas, en el año 2003 ganó el SI cuya papeleta era color rosado, y perdió el NO de color celeste.
OTRA DISCUSIÓN ABSURDA: EL CRUCIFIJO DE CIPRIANI.
Otra discusión de ribetes absurdos es lo plateado por el diputado Enzo Malán (Frente Amplio) por el crucifijo que el director de ASSE, Dr. Leonardo Cipriani, colocó en su despacho.
Ante eso, apenas un par de consideraciones: Las oficinas personales no son lugares públicos, no lo es la de Cipriani como tampoco la de Malán.
Además, el diputado socialista cae en una contradicción fragrante: es práctica más que habitual en los legisladores colocar banderas político partidarias y simbología político sectorial, pero no en el encierro de las cuatro paredes de sus oficinas, sino hacia el exterior donde circulan personas de todas las posiciones y posturas políticas, delegaciones o comitivas de diferentes instituciones.
A su vez hasta hemos visto ingresar al plenario de la Cámara de Representantes a algún legislador con insignias o elementos alusivos a partidos políticos o ideologías identificadas con el Frente Amplio, y hasta con referencia a otros países y dictaduras, sin que el referido legislador se mostrara afectado.
Como vemos, a Uruguay le están faltando los grandes debates que el país necesita, y la oposición sindical y política no ayudan para que eso suceda.
