El sindicato de Ancap decide parar y con el paro daña las instalaciones de la refinería de La Teja exponiendo a todo el país a mayores gastos y eventualmente a que haya faltante de combustible. ¿No corresponde que los responsables de esa medida se hagan cargo?, los directores de Ancap ¿no tienen la obligación de denunciar civil y/o penalmente en cuanto son funcionarios públicos?, y de no hacerlo, los fiscales ¿no deberán actuar de oficio?

Hébert Dell’Onte | La rotura en la refinería de La Teja, como consecuencia del paro que la Federación Ancap (Fancap) decidió la semana pasada, puso en debate la responsabilidad civil que los sindicatos tienen o deberían tener sobre sus acciones. Desde el Ministerio de Industria, Energía y Minería como la dirección de Ancap y legisladores del Gobierno se han pronunciaron sobre la posibilidad o necesidad de instaurar una demanda civil y eventualmente penal sobre los responsables.

Hasta el momento no se ha establecido qué costo directo tendrá la rotura como tampoco los costos derivados generados a partir de ella, pero diferentes voces se han alzado planteando o pidiendo la posibilidad de que los responsables se hagan cargo para no trasladarlo a la ciudadanía. Incluso se pidió que la Fiscalía actúe de oficio, como es el caso del senador Jorge Gandini.

La senadora Carmen Sanguinetti (Partido Colorado) escribió sobre el tema en las redes sociales: “Cualquiera que esté medianamente cerca del mundo industrial sabe que parar una planta no es sencillo, y tiene riesgos si no se planifica con mucha anticipación. La medida sindical en La Teja fue una irresponsabilidad mayúscula”.

Su colega del Partido Nacional, Graciela Bianchi, fue más específica: “Los actos irresponsables tienen consecuencias”, escribió, y pidió a las autoridades de Ancap que “no se olviden de los artículos 24 y 25 de la Constitución” que establece que “los funcionarios públicos que actúen con falta grave o dolo responden con su patrimonio por el daño causado”.

El subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), el colorado Walter Verri, expresó: “Lamentablemente lo que advertimos que podía pasar, paso. Una unidad de la refinería de La Teja no arrancó. Se está desarmando para ver la gravedad del daño. Era una de las posibilidades, pero no escucharon. Ahora pagamos todos. Lamentable radicalización sindical”.

El senador Jorge Gandini (Partido Nacional) acusó al sindicato de Ancap de hacer “un chantaje, una extorción” porque el sindicato dice: “O nos renuevan el convenio o apagamos la refinería, y apagaron la refinería”, lo cual es “una barbaridad”.

“Hubo daños y quienes tomaron esa decisión tienen que hacerse cargo”, subrayó, y pidió a la Fiscalía que tome cartas en el asunto: “Desearía que algún fiscal interviniera de oficio” porque los sindicalistas “tienen que hacerse responsable con su patrimonio, no con el patrimonio de la gente”.

Gandini aclaró que hay trabajadores, incluso sindicalistas que “quieren a Ancap y quieren al organismo”, el problema es “la dirigencia sindical que dice representar a los trabajadores”.

Parar la refinería “fue una media extrema, totalmente ilógica con el inicio de un conflicto porque estaban en negociaciones y tomaron la medida más extrema de todas porque la última vez que se hizo fue contra la dictadura”.

UN SOLO URUGUAY: “LA POBLACIÓN ES REHÉN DEL CORPORATIVISMOS SINDICAL ESTATAL”.

Desde fuera de la política también se hicieron oír voces reclamando que Fancap se haga cargo de los daños y costos generados por la medida sindical. Un Solo Uruguay emitió un comunicado que tituló “El que rompe paga” en el cual se pregunta si “alguna vez en este país se hará cargo el que rompe o el que dilapida los dineros públicos”.

“Que el PIT-CNT y Fancap se hagan cargo del costo de la reparación y de los perjuicios ocasionados como cualquier hijo de vecino”, agrega el movimiento.

Finaliza: “Que se termine el abuso de cargar las mañas ajenas a la población, siempre rehén del corporativismo sindical estatal”.

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