Una sensación de historia ya vivida tienen los productores autoconvocados del vecino pais que en las últimas semanas comenzaron a presionar a la Mesa de Enlace para que empiece a tener una posición menos dialoguista y más crítica con el Gobierno. Creen que las restricciones a las exportaciones de carne, maíz y trigo establecidas por diferentes mecanismos son similares a las aplicadas en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, entre 2005 y 2015.
Pese a que el ministro de Agricultura argentino, Julián Domínguez, buscó acercar posiciones con el ruralismo desde que asumió en septiembre pasado, luego de la derrota del oficialismo en las PASO, los productores que las regulaciones que puso en marcha se transformarán en mecanismos que les quitarán ingresos. A eso se suma la brecha cambiaria, la presión impositiva, la inseguridad en las zonas rurales y las acusaciones por cuestiones ambientales, entre otros temas.
Al mismo tiempo, ven que si no hubiese sido por la liquidación de divisas récord que generaron las exportaciones del agro en 2021, por la suba de los precios internacionales de los granos (más de US$32.000 millones, según datos de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina), la situación de la macroeconomía hubiera sido peor de lo que fue. En otras palabras, observan una distancia enorme entre lo que dan y lo que reciben. Hay un dato que refleja la magnitud de esa diferencia: de cada tres barcos que salen con soja desde los puertos del Gran Rosario, uno va para el Estado en concepto de derechos de exportación.
En lo formal, el Gobierno dice que el campo es importante, que es uno de los motores de la economía y que quiere alentar las exportaciones. De hecho, el Poder Ejecutivo respalda la propuesta del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), integrado por 61 cámaras del sector, menos tres entidad rurales, para establecer un régimen que otorgue estabilidad fiscal e incentivos específicos por diez años para que las exportaciones totales del país pasen de US$65.000 millones a US$100.000 millones y se creen 700.000 puestos de trabajo en la agroindustria.
Sin embargo, como parte de las medidas de control de precios, el Gobierno cree que debe intervenir en los mercados de granos y de carne para evitar subas de precios en los alimentos. El ala dura del kirchnerismo sostiene que eso debe hacerse vía prohibiciones a las exportaciones o aumentos de los derechos de exportación. Esto fue lo que ocurrió en mayo pasado cuando, de un día para el otro, el presidente Alberto Fernández anunció el cierre de las exportaciones de carne, con excepción de las cuotas arancelarias otorgadas al país. Ese cepo, decidido en el comienzo de la campaña electoral, se fue flexibilizando progresivamente hasta que Domínguez, que no quiere romper con el campo, fijó la prohibición de exportar siete cortes de tipo parrillero, que no se consumen en el país, hasta fin de 2023.
El nuevo mecanismo que está por salir a la luz es un fideicomiso para subsidiar los alimentos a sectores de menos recursos. Según los cálculos de Agricultura, debería servir para comprar 2,4 millones de toneladas de trigo (la mitad de lo que procesa la industria molinera) para la elaboración de harina 000 y fideos y 1,5 millones de toneladas de maíz para pollos. Tanto productores como exportadores le dijeron al ministro Domínguez que eso distorsionará el mercado de granos y ofrecieron, a cambio, explorar otras alternativas, como el uso de la tarjeta Alimentar o la baja de impuestos. En el Gobierno les respondieron que seguirán adelante con la idea. A este instrumento, Agricultura acaba de fijar un mecanismo de regulación sutil para las exportaciones de maíz y trigo, llamado volúmenes de equilibrio, que los productores lo interpretan como una transferencia de sus ingresos a los exportadores.
Como telón de fondo de esas desavenencias está el fenómeno La Niña, que en la región pampeana es sinónimo de sequía. En el próximo mes, el dato sobre la lluvia caída en la zona núcleo será clave para el futuro de la economía. Hay mucho en juego.
Sin renegar de lo público que también tienen su razón de ser, debemos entender que sin empresas privadas no hay trabajo, y que el trabajo es el sustento económico, social, sicológico y humano de las personas, y por extensión de las sociedades. Por tanto, cuanto se haga en ese sentido es calve para que el país funcione.
Hébert Dell’Onte | 2022 debería ser el año del despegue, y aunque en realidad nadie puede decirlo con certeza hay señales de que tal vez así sea.
Lo peor de la pandemia parece haber pasado, desde la ciencia hay quienes dicen que la nueva variante, Ómicron, tiene gran poder de contagio pero su gravedad es menor, por lo que es ideal para que la humanidad pueda desplegar la inmunidad de rebaño.
A su vez la ciencia ha desarrollado y profundizado el estudio del virus logrando un conocimiento acumulado que nos dará la posibilidad de lograr mejores y más efectivos instrumentos para su combate.
El mundo está cansado de los tapabocas, de las distancias, de los encierros, de la restricción de actividades sociales, económicas o de cualquier naturaleza, y por tanto todo cuanto podamos avanzar para regresar a nuestra vida de hace dos años, previo a la pandemia, sería un logro clave.
A nivel país, los indicadores también son positivos. Uruguay supo llevar adelante el manejo de la crisis pandémica, con muchos sectores sufriendo en extremo los perjuicios, es verdad, pero las actividades se van normalizando, la economía se reactiva, aumenta la generación de empleo y cuando esto ocurre, volvemos a navegar.
No menos importante es que el país vuelva a concentrar su esfuerzo y energía en el progreso. Tenemos por delante desafíos como desarrollar estrategias de inserción internacional para colocar nuestros productos de calidad en el mundo y generar ingresos de divisas genuinas y frescas que se volcarán para hacer funcionar mejor el país.
La inversión extranjera es otro punto a atender, para eso se deben generar condiciones donde no las hay, y reafirmar o mejorar las que ya estén.
Lograr un Uruguay más competitivo es otra materia pendiente. No podemos seguir con el combustible más caro de la región y los políticos deberían ponerse de acuerdo en cuál es el instrumento más adecuado para lograr una rebaja real.
La política monetaria es otro factor del cual casi no se ha hablado en todos estos meses, pero su incidencia en los resultados económicos de las empresas es clave. Tal vez haya que pensar en un Banco Central con más independencia del Gobierno de turno.
La facilidad en la instalación de empresas nacionales o extranjeras es otro tema importante. Quienes generan fuentes de trabajo genuinos -léase los privados- tienen que tener el camino fácil a la hora de instalarse. Para eso es necesario simplificar la burocracia, los trámites y los costos.
Sin renegar de lo público que también tienen su razón de ser, debemos entender que sin empresas privadas no hay trabajo, y que el trabajo es el sustento económico, social, sicológico y humano de las personas, y por extensión de las sociedades. Por tanto, cuanto se haga en ese sentido es calve para que el país funcione.
No hay política laboral más absurda que aquella que cobra por trabajar.
Hay que decir que a pesar de ser un país pequeño, las realidades laborales y de competitividad varían según el departamento, por ejemplo, no es lo mismo un emprendimiento comercial en Artigas que en Maldonado, sus fortalezas y debilidades son diferentes y esas diferencias deben tenerse en cuenta por parte de quienes nos gobiernan.
La seguridad social es otro tema pendiente que desde hace décadas espera por una solución que si no puede ser definitiva lo sea en el mayor plazo posible.
La lista es larga, y ahora que la pandemia parece comenzar a ceder en sus embestidas, deberíamos ponernos a trabajar en esos temas, sin mezquindades políticas y con generosidad, pensando en el bien del país.
Lamentablemente los tiempos y las circunstancias políticas no son tan simples como redactar un artículo periodístico. Nuestro sistema político es rico en propuestas, ideas y filosofías de país, eso es bueno, pero tenemos que aprender a limar esas diferencias y fraccionamientos cuando el país está en juego.
El objetivo está adelante, es el de un Uruguay mejor, y todos tenemos la obligación moral, política y ciudadana de ponernos de acuerdo para llegar a él lo antes posible.
La Asamblea General se reunió de forma extraordinaria, levantando el receso iniciado pocos días antes.
El miércoles 29 de diciembre se reunió la Asamblea General para tratar el veto del Poder Ejecutivo al proyecto de ley referido a la actividad forestal. La iniciativa de Cabildo Abierto fue aprobada en las Cámaras de Diputados y el Senado con votos cabildantes y del Frente Amplio, y en la jornada de ayer no logró la mayoría calificada para levantar el veto.
La Asamblea General se reunió de forma extraordinaria, levantando el receso iniciado pocos días antes.
El artículo 137 y siguientes de la Constitución de la República confieren al Poder Ejecutivo la potestad de vetar los proyectos de ley que se voten en el Parlamento, luego la Asamblea General debe confirmar el veto o levantarlo con mayorías especiales, que en esta oportunidad no se lograron.
Hicieron uso de la palabra en los legisladores: Alfredo Fratti (FA), Juan Moreno (PC), Nelson Larzábal (FA), Guillermo Domenech (CA), Iván Posadas (PI), César Vega (Peri), Daniel Peña (PG), Ubaldo Aíta (FA), Sebastián Da Silva (PN), Óscar Andrade (FA), Andrés Cianciarullo (PC), Alejandro Sánchez (FA), Rafael Menéndez (CA) y Sergio Bottana (PN).
El resultado de la votación fue: Legisladores de la Cámara de Senadores 15 votos afirmativos (a favor de levantar el veto) y 16 votos negativos. Legisladores de la Cámara de Representantes 44 votos afirmativos y 53 votos negativos. En conclusión, la Asamblea General no alcanzó la mayoría calificada requerida por el artículo 138 de la Constitución para levantar el veto interpuesto por el Poder Ejecutivo.
La conformación de Gobiernos con acuerdos interpartidarios no es nuevo en Uruguay, la historia reciente a partir de 1985 es clara en eso, con la gobernabilidad formulada por el referente y líder blanco Wilson Ferreira cuando el país, la efervescencia social y el sistema electoral eran otros. Años después (1995) Alberto Volonté puso en manos de Julio Sanguinetti el cogobierno que era un paso más avanzado.
Hébert Dell’Onte | 2021 llegó a su fin con uno de los acontecimientos políticos más importantes del año: la aprobación del proyecto de ley que regula la forestación, cuyo autor es el diputado Rafael Menéndez de Cabildo Abierto, y el anunciado veto del presidente Luis Lacalle.
Las consecuencias de esos dos hechos, que conforman dos eslabones de una misma cadena, son relativas y dependen del lugar del cual se analiza.
Lo primero que hay que entender es que la coalición que conforma el Gobierno sigue tan firme como el primer día, así lo ha dicho el presidente de la República Luis Lacalle, lo cual es importante, pero más aún lo es que lo ratificara el líder del Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos.
EL CAMINO INICIADO POR EL WILSONISMO.
Debemos tener en cuenta que la conformación de Gobiernos con acuerdos interpartidarios no es nuevo en Uruguay, la historia reciente a partir de 1985 es clara en eso, con la gobernabilidad formulada por el referente y líder blanco Wilson Ferreira cuando el país, la efervescencia social y el sistema electoral eran otros.
Gracias a esa gobernabilidad del wilsonismo el gobierno de Julio María Sanguinetti (1985-1990) contó con respaldo suficiente para llevar el país adelante, además de reafirmar la legitimidad en tiempos que no eran fáciles luego de más de diez años de dictadura.
Algo parecido volvió a darse en los años 90 durante la Presidencia de Luis A Lacalle (1990-1995) primero y la segunda de Sanguinetti (1995-2000) después. Vale la pena recordar que en 1995 es Alberto Volonté que sigue el legado del wilsonismo al decir: “Más que gobernabilidad, ofrecemos cogobierno que es más que aquella”.
En 1999 se instauró por primera vez el balotaje o segunda vuelta y también ahí blancos y colorados rubrican un documento común que llevó a la Presidencia a Jorge Batlle (2000-2005).
EL PARÉNTESIS DEL FRENTE AMPLIO.
Es a partir de 2005 que el concepto de gobernabilidad y cogobierno quedan en el olvido, o por lo menos soslayado, ya que desde entonces y hasta 2020 el Frente Amplio tuvo mayorías parlamentarias y no tuvo necesidad de acordar con nadie para llevar adelante su programa de Gobierno.
Curiosamente, esa mayoría que dio fortaleza a los gobiernos de Tabaré Vázquez y José Mujica implicó una debilidad para el sistema democrático dado que quienes la ostentaban se vieron con el derecho, legítimo pero nada positivo, de prescindir de las minorías.
EL EQUILIBRIO ENTRE LA COALICIÓN Y LA OPOSICIÓN RESPONSABLE.
Es a partir de 2019 que otra vez el diálogo y el acuerdo priman con la conformación de la coalición integrada por 5 partidos (Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido Independiente y Partido de la Gente), lo que hace que se activen instancias de diálogo, negociaciones y acuerdos que conforman una plataforma de objetivos amplios que integra a todas las partes.
Cada uno de los 5 partidos tiene su historia, impronta, declaración de principios, objetivo de país. Las definiciones ideológicas y los programas de Gobierno de los integrantes de la coalición tienen puntos en común que hacen posible el acuerdo, pero también ofrecen contradicciones profundas. Hace unos años era difícil imaginar que herreristas y wilsonistas pudieran hacer un frente político común con batllistas. Tan difícil como hacerlo con cabildantes, pero gracias a esos posicionamientos y objetivos en común se logró y hoy conforman el Gobierno.
Eso no quiere decir que se reniegue de todo lo que los separa, divide y les da identidad. Que estén juntos para gobernar no los hace la misma cosa, por el contrario, la riqueza y grandeza de la coalición está en la diversidad, su conformación es la política llevada a su máxima expresión de la negociación y el acuerdo en defensa de los intereses del país y de un proyecto común.
Ese acuerdo no dice en ningún lugar que cada partido no puede impulsar proyectos que crea fundamentales o que constituyan un compromiso con sus votantes. Tampoco dice que se deba renunciar a las convicciones fundamentales. No lo dice el acuerdo, no es eso lo que se busca, ni ese es el fin de la coalición.
Es todo lo contrario: cada uno suma de acuerdo a lo que es su esencia, todos aportan al Gobierno, pero también hacen oposición en aquellas cosas en que no puede haber acuerdo. Pero es una “oposición responsable”, según la definición del sociólogo alemán Juan Linz. Eso fue lo que hizo Wilson Ferreira a partir de 1985, y Alberto Volonté en 1995.
CUANDO MUJICA AMENAZÓ A TABARÉ VÁZQUEZ.
Es un fino equilibrio, es verdad, pero así es la complejidad política de gobernar.
Ni siquiera el Frente Amplio con sus mayorías parlamentarias ni su disciplina partidaria escapó de situaciones internas complejas. El caso más sonado en ese sentido fue cuando en 2017 el senador José Mujica amenazó a Tabaré Vázquez de “trancar el Parlamento” si se paraba su iniciativa de legalizar y vender marihuana en las farmacias.
Amenazar con trancar el Parlamento es un extremo grave, una extorción política a la que Cabildo Abierto ni ningún socio de la coalición llegó, por aquello de la “oposición responsable” ya mencionada.
Por último, cabe recordar una de las reflexiones más centradas que dejó el capítulo del proyecto de ley sobre la forestación.
Corresponde al senador blanco Jorge Gandini, quien dijo en medio del debate en el Senado que la suerte de los partidos de la coalición está atada al éxito o el fracaso que tenga el Gobierno. Por tanto, no cabe hacer un escándalo, desde ningún ángulo. Gobernabilidad, cogobierno o coalición, son sólo formas de llevar adelante las soluciones que el país necesita, y cuando se hace con responsabilidad, aún desde el perfil opositor, todos ganamos.
El diputado opositor, Ec. José Luis Espert, dijo que es “falso que la tierra sea un bien social. Es de sus dueños”.
Julián Domínguez, ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, considera que la tierra es “un bien social” y propone crear un Instituto de la Tierra para “planificar un nuevo ordenamiento territorial que defina el modelo de desarrollo agrobioindustrial de Argentina”, cosa que “también lo ha planteado nuestro presidente Alberto Fernández”, recordó.
El jerarca ministerial había dicho en setiembre -antes de asumir en el cargo en sustitución de Luis Basterra- que el trigo, el maíz y la carne son “bienes culturales”. Hoy esas producciones están bajo intervención oficial, publicó la prensa argentina, por lo que la señal no es buena para la agropecuaria del país.
La afirmación de Domínguez fue hecha en la Estación Experimental Julio Hirschhörn de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), oportunidad de inaugurar el Centro de Capacitación y Transferencia de Tecnología, Producción y Servicios vinculado al sector forestal.
El titular de la cartera agropecuaria participó de la inauguración del Centro de Capacitación y Transferencia de Tecnología, Producción y Servicios vinculado al sector forestal y se interiorizó sobre el proyecto de secado de alimentos que realiza la universidad dentro de la estación experimental junto a productores de la región.
Domínguez planteó su objetivo de trabajar junto a las universidades del país “en un Instituto de la Tierra para para una política pública, para debatir el modelo de gestión territorial de la Argentina, para consolidar (la tierra) como un bien social que cuidemos entre todos y no como una mercancía donde es el mercado quien impone el modelo de desarrollo y gestión”.
“La cuestión de la tierra va a ser central en los próximos años”, comentó y llamó a “estudiar el mejor aprovechamiento del agua y una mejor distribución territorial para el desarrollo de nuestro país”. «Argentina está llamado a ser durante los próximos 30 a 40 años uno de los grandes proveedores de alimentos y proteínas animales que el mundo demanda y que Argentina tiene capacidad para producir, generar valor agregado, industrializar. Este es el desafío que tenemos”, reflexionó.
UNA VIEJA IDEA DE DOMÍNGUEZ.
En junio el presidente Alberto Fernández se refirió a “tierras improductivas”.
“Me pone muy contento, porque la verdad es que hace falta el esfuerzo de los dos, de un Estado que esté presente y también de un particular que entienda, solidariamente, que no tiene sentido tener tierras improductivas cuando alguien está necesitando un terreno. Y que no tiene sentido guardarlo para que el día que se muera, un hijo lo herede. Y tiene mucho más sentido volverla productiva hoy, y que en ese lugar alguien construya techo, donde van a crecer sus hijos y sus hijas”, dijo Fernández en esa oportunidad.
RESPUESTA: “ES FALSO”.
Los sectores productivos del campo y la oposición le respondieron al ministro Domínguez. El diputado opositor, Ec. José Luis Espert, dijo que es “falso que la tierra sea un bien social. Es de sus dueños, de quien la trabaja”.
“¿Acaso las fábricas (capital) son un bien social?” se preguntó.
“Sigan con disparates así que no va a quedar un peso en el país y los impuestos los terminarán pagando solo los que no puedan irse” que son “los trabajadores”.
Menos diplomática y más agresiva fue la respuesta del Ec. Roberto Cachanosky que fiel a su estilo comentó: “Para estos k (kirchneristas) lo único que no es social es el sueldo de ellos”.
Los productores forestales estudiaron el alcance del decreto y expresaron sus conclusiones: “La primera es que este cambio de normativa implica nuevas exigencias al sector forestal, que demandarán nuevos trámites para productores menores a 100 hectáreas y para aquellos proyectos plantados antes de 2005”, afirman, y consideran que si esa medida es de utilidad “para darle más garantías a la sociedad sobre la sostenibilidad de la producción forestal, la SPF no presenta mayores reparos sobre las nuevas exigencias, salvo que estas se traduzcan en burocracia y demoras administrativas que distorsiones los ciclos normales de la producción”.
La Sociedad de Productores Forestales (SPF) se pronunció sobre el decreto presentado por los ministerios de Ambiente y de Ganadería, Agricultura y Pesca este lunes en el Senado, arribando a la conclusión que “significa nuevas exigencias para el sector, las cuales asumimos si son de utilidad para dar más garantías a la sociedad sobre la sostenibilidad de la producción forestal y consideramos que es momento que se unifiquen las exigencias de gestión sostenible a todas las actividades productivas”.
EL DECRETO DEL GOBIERNO.
El lunes 13 de diciembre el Gobierno presentó en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado un decreto sobre ajustes en materia forestal. El documento firmado por el presidente Luis Lacalle y los ministros Adrián Peña (de Ambiente) y Fernando Mattos (de Ganadería, Agricultura y Pesca), introduce nuevas exigencias en los controles ambientales. Peña valoró que con ese decreto “no es necesario una nueva ley”.
Como ya informó Todo El Campo, el decreto crea un Registro Ambiental de Plantaciones para los proyectos menores a 100 hectáreas lo que significa un cambio importante ya que hasta el momento solo los proyectos de más de 100 hectáreas necesitan la aprobación del Ministerio de Ambiente. Con el decreto referido los proyectos de menor porte van a pasar a ser controlados en su reforestación.
También se incorporan nuevos criterios para la evaluación de impacto ambiental, vinculados al suelo, el agua, la biodiversidad y valor patrimonial con lo cual hay criterios más restrictivos.
Peña dijo que en esos temas se toman “decisiones políticas, pero con fundamento técnico”.
Para incorporar esas modificaciones “no se necesita de una nueva ley, la que ya existe nos da las competencias para poder ajustar estos criterios en un continuo de crecimiento y de aprendizaje con un fundamento técnico que es clave”, agregó.
LA POSTURA DE LA SOCIEDAD DE PRODUCTORES FORESTALES.
Los productores forestales estudiaron el alcance del decreto y expresaron sus conclusiones: “La primera es que este cambio de normativa implica nuevas exigencias al sector forestal, que demandarán nuevos trámites para productores menores a 100 hectáreas y para aquellos proyectos plantados antes de 2005”, afirman, y consideran que si esa medida es de utilidad “para darle más garantías a la sociedad sobre la sostenibilidad de la producción forestal, la SPF no presenta mayores reparos sobre las nuevas exigencias, salvo que estas se traduzcan en burocracia y demoras administrativas que distorsiones los ciclos normales de la producción”.
Por otra parte, la SPF considera “importante que se unifiquen las exigencias de gestión sostenible a todas las actividades productivas, a fin de obtener resultados efectivos de la implementación de las políticas ambientales y de conservación de los recursos naturales”.
Desde ahora la regulación llega a proyectos de menos de 100 hectáreas, “que antes solo debían registrarse en la Dirección Forestal, y ahora también lo deben hacer en el Ministerio de Ambiente. A su vez, las áreas plantadas previo a 2005, que no requirieron en su momento de autorización ambiental ahora deberán contar con dicha aprobación previo a ser replantadas”.
Tales disposiciones, nuevas, implican coordinación entre la Dirección Forestal y el Ministerio de Ambiente, “lo que consideramos positivo, puesto que mucha información es compartida”.
No se establecen prohibiciones para plantar, pero “se regula de forma más exigente la normativa para autorizar una plantación forestal realizada fuera de terrenos forestales definidos en el decreto” (Art. 9).
El MGAP es la secretaria de Estado con “competencia sobre el uso de los suelos” y “define específicamente cuáles son los terrenos forestales (además de los suelos de Prioridad Forestal) considerando su aptitud productiva”.
“Con referencia a los productores que quieran plantar bosques de abrigo y sombra y no tengan terrenos forestales, su área de plantación quedará limitada al 8% del establecimiento para obtener el registro correspondiente previa plantación. De lo contrario, el proyecto será clasificado como “B” por el Ministerio de Ambiente y deberán seguir un proceso más complejo de autorización por parte de la autoridad ambiental”, expresa la SPF.
CONCLUSIÓN: NUEVAS EXIGENCIAS Y UN PROYECTO “ABSOLUTAMENTE NEGATIVO”
Los forestales asumen las “nuevas exigencias” que se imponen al sector por el decreto del Gobierno, si éstos “son de utilidad para dar más garantías a la sociedad sobre la sostenibilidad de la producción forestal y consideramos que es momento que se unifiquen las exigencias de gestión sostenible a todas las actividades productivas”.
Respecto al proyecto de ley de Cabildo Abierto la SPF reitera que “considera absolutamente negativo para el sector forestal, para el sector agropecuario, para el país en su conjunto, y especialmente para pequeños productores agropecuarios, el proyecto de ley que establece prohibiciones y otras limitaciones al sector”, concluye.
