El ministro Gabriel Oddone reafirmó el compromiso de trabajar en la desdolarización”, una política que comenzó el gobierno de Luis Lacalle y que el Frente Amplio continuará.
Hébert Dell’Onte Larrosa | Montevideo | Todo El Campo | ¿Qué hacemos con nuestros ahorros, los dejamos en pesos o compramos dólares?, es la eterna pregunta que muchos se hacen. Es que el dólar juega un rol destacado en nuestras economías familiares, y en la comprensión general es más fácil calcular la cantidad que significa US$ 100.000 y todo lo que se podría hacer con esa suma, que con $ 3,9 millones, aunque en el mercado de cambios sean montos equivalentes (tipo de cambio: US$ 1 = $ 39,89).
Lo que sucede es que desde hace unos cuantos meses el dólar se mantiene estable (por no decir a la baja), fluctuando apenas por debajo o por arriba de los $ 40.
Analizada su evolución de los últimos 5 años, el valor de la moneda estadounidense tuvo un piso de $ 37 en marzo de 2024 y un techo de $ 44 en diciembre de 2024, y a partir de diciembre ha tenido un proceso constante a la baja, con un pico de suba puntual (en abril cotizó a $ 42), para retomar el camino descendente.
ODDONE: “ES MUCHÍSIMO MÁS RENTABLE AHORRAR EN PESOS QUE EN DÓLARES”.
El jueves 2 de octubre, al visitar el departamento de Salto, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone dijo que en nuestro país es “mucho más rentable ahorrar en pesos que en dólares” y explicó que Uruguay tiene una inflación baja, por tanto “cualquiera que haga los números puede encontrar que es muchísimo más rentable ahorrar en pesos que en dólares”.
Reconoció que el ahorro en moneda local implica el riesgo de “una eventual devaluación, pero en Uruguay no se devalúa desde hace 20 años, entre otras cosas porque no hay política de compromiso sobre el tipo de cambio”.
“Cualquier analista financiero, en la medida que existan instrumentos para el ahorro que todavía no están disponibles y es algo sobre lo que hay que trabajar, va a encontrar que el ahorro en la moneda doméstica tiene mucho más sentido, porque está asociado a lo que las personas mayormente ganan y a lo que la mayoría de las personas pagan”.
Además, Oddone reafirmó el compromiso de trabajar en la desdolarización”, una política que comenzó el gobierno de Luis Lacalle y que el Frente Amplio continuará.
El comportamiento del dólar en Uruguay va en línea con la tendencia que se ve en e mundo, por lo que cuánto vale no es una variable en la que se pueda hacer mucho.
“Ninguno de nosotros sabe dimensionar el precio de nada que valga más de $ 150.000, $ 200.000. Eso forma parte de un evento cultural sobre el que hay que trabajar”, puntualizó.
LA ENCUESTA DEL BANCO CENTRAL.
Al finalizar setiembre, el Banco Central del Uruguay (BCU) publicó la Encuesta de Expectativas Económicas de agosto, donde se observa un ajuste en las previsiones de los especialistas económicos que, respecto al dólar, esperan que 2025 finalice con una suba leve.
“El objetivo de la encuesta es monitorear mensualmente la evolución de las expectativas de mercado respecto de las principales variables macroeconómicas, de modo de complementar la información disponible para el diseño de la política monetaria”, explicó el BCU.
Según la encuesta, al terminar 2025, el valor del dólar estará en $ 41,53, un incremento de solo $ 1,6 respecto al valor actual.
📊 Expectativas de los analistas en setiembre de 2025.
Al comparecer al Parlamento, Fratti dijo que la garrapata es “uno de los problemas más graves que tiene no el sector agropecuario, sino el país”, y que constituye “un desafío del gobierno nacional”.
Hébert Dell’Onte Larrosa | Montevideo | Todo El Campo | Uno de los capítulos más trascendentes que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) está impulsando para los próximos años, es el Plan Nacional de Lucha contra la Garrapata, para el cual el proyecto de presupuesto en debate en la Cámara de Representantes prevé la asignación de recursos concretos.
Al comparecer a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, el ministro Alfredo Fratti explicó que para desarrollar el plan hay una acción sanitaria predial y el uso de hemovacunas.
A través de Dilave (División Laboratorios Veterinarios) y un laboratorio privado, Uruguay está produciendo hemovacunas que inmunizan a los terneros previniendo enfermedades que pueden ocasionar la muerte del animal.
En todo 2024 Dilave produjo 160.000, en lo que va de 2025 hasta agosto, la producción llegó a 271.000 dosis, precisó el ministro, y lo logra con el mismo personal y presupuesto.
Por otro lado, se aplica “una vieja ley de la garrapata, que había quedado en desuso”, anunció, y adelanto controles que, reconoció, van a ser “molestos” porque los productores ya van a reclamar: “¡Me interrumpieron la tropa!”; “No era una garrapata; era una cáscara”, dirán; pero “lo que nosotros decimos es que se acabó la circulación de animales con garrapata en este país, a no ser que vayan directamente a faena”, enfatizó.
En noviembre de este año comenzarán “las pruebas de inmunización contra la garrapata en 6.000 animales”, con la aplicación de “tres dosis cada veinte días”, por lo que se espera tener alguna novedad sobre su funcionamiento en el mes de marzo.
De todas formas, “los controles ya están” y se analiza reestablecerlos cuando se pasa de una “zona sucia a zona limpia”.
La otra opción es “seguir flexibilizando y permitiendo que (la garrapata) circule”, lo que no lleva al resultado que hemos obtenido hasta ahora: “Hemos sembrado la garrapata por todo el país”.
FOMENTAR EL USO DE BIOINSUMOS EN LA AGROPECUARIA.
Otra herramienta mencionada por Fratti es “fomentar la producción, el desarrollo, la innovación y el registro de bioinsumos de uso agropecuario, como alternativa a los productos químicos o combinaciones más efectivas. En el Ministerio ya había gente que estaba proponiendo bioinsumos como control de la garrapata”, pero el expediente estaba “en el último lugar del cajón. Lo que hicimos fue sacarlo del último lugar y ponerlo en el primero”, contó.
En ese sentido “fuimos dos veces a Tacuarembó” donde “hay una ingeniera agrónoma que está produciendo bioinsumos”. Sobre el resultado las opiniones están divididas, pero “yo creo que tenemos que cambiar nuestra concepción” respecto a la habilitación de esos productos, que son diferentes a los medicamentos. “No se puede esperar de un bioinsumo la misma respuesta que tiene un medicamento”.
“La interpretación para habilitar un bioinsumo y decir que es efectivo, lleva su tiempo. Además, implica un cambio en el chip de la interpretación que hacemos de los medicamentos para el combate a diferentes enfermedades”, explicó a los legisladores.
“Queremos fomentar la producción, desarrollo, innovación y registro de bioinsumos de uso agropecuario, como alternativa a los productos químicos o combinaciones más efectivas, porque en muchos casos pueden ser coadyuvantes”, señaló.
Asimismo, Fratti comentó que “el Ministerio está implementando el Plan Nacional de Bioinsumos” con aplicación ganadera y agrícola.
Uruguay “ya ha recibido devoluciones de contenedores porque encontraron residuos de medicamentos usados para controlar la garrapata. Es algo que no se termina de un día para el otro”, pero “capaz que se puede combinar con los bioinsumos, porque el producto que tenemos con menor tiempo de espera para faena lleva 40 días y la garrapata tiene un ciclo de 21 días. Es decir que si estás en una zona complicada de garrapata es muy difícil cumplir los tiempos de espera para faena”.
UN PLAN REALIZADO CON EL APOYO DE TODAS LAS INSTITUCIONES Y GREMIOS DEL AGRO.
En el proyecto de presupuesto, el artículo que refiere al Plan Nacional de Lucha contra la Garrapata es el 226, sobre el cual el director general de Servicios Ganaderos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Dr. Marcelo Rodríguez, definió su cometido.
Dijo que la garrapata no es solo un problema sanitario, también económico al representar una pérdida de unos US$ 100 millones por año.
El mal uso de productos químicos genera “multirresistencia, lo que “ha producido que en algunos lugares del país haya problemas serios”, agregó.
En respuesta a eso es que “necesitamos” que el laboratorio oficial (Dilave) sea “reforzado para llegar a la máxima cantidad posible de animales inmunizados, y así evitar las pérdidas”.
Ese refuerzo también refiere a “aspectos edilicios y de funcionamiento informático para hacer más eficiente el trabajo”, reclamó el Dr. Rodríguez ante los legisladores.
El Plan Nacional de Lucha contra la Garrapata “se ha realizado en apoyo de todas las instituciones y todos los gremios involucrados en la institucionalidad agropecuaria”, porque “el Ministerio solo no puede encarar esta tarea”.
Por lo tanto, “el objetivo de este artículo es reforzar todas las tareas que hace el Ministerio, tratar de llevar adelante el Plan Nacional de Lucha contra la Garrapata, reforzar los controles y tratar, en el plazo más breve posible, de disminuir la prevalencia de la enfermedad y también apoyarnos en los bioinsumos y en las vacunas que están en desarrollo en el país”.
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En la foto, el ministro Fratti en la Comisión de Presupuesto de Diputados | Foto de X @DiputadosUY
El presupuesto limita la denominación de producto lácteo a los que son de origen animal y modifica la forma de elegir a los integrantes de la directiva (consejeros) del Instituto Nacional de la Leche.
Hébert Dell’Onte Larrosa | Montevideo | Todo El Campo | El artículo 261 del proyecto de ley de presupuesto intenta corregir la denominación como productos lácteos de aquellos que no lo son, y apela a lo establecido por Bromatología en la definición de tales.
El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, sostuve en la Comisión de Presupuesto, que se busca “prohibir que se utilice la palabra lácteo para productos de origen vegetal y no animal”. Agregó que “tiene que quedar claro que no puede ser que productos de origen vegetal se llamen leche. Todo lo que es leche tiene que ser de origen animal”, explicando el tenor del artículo mencionado.
EL ARTÍCULO 261.
Lo que establece el artículo citado por Fratti es que “las denominaciones asociadas a productos lácteos y sus derivados, no deberán utilizarse para hacer publicidad o para comercializar alimentos que incumplan con la definición establecida en el Reglamento Bromatológico Nacional, no debiendo utilizarse ninguna etiqueta, documento comercial, descripción o representaciones pictóricas, material publicitario o forma de publicidad y de presentación, en los puntos de venta o comercialización electrónica, que indique, implique o sugiera que se trata de un alimento de origen lácteo”. Esa disposición abarca la prohibición de que los productos “cultivados o producidos de manera artificial en un laboratorio”.
Además, ningún integrante de la cadena alimenticia podrá modificar “la información que acompaña a un alimento, cuando la misma sea pasible de inducir en error al consumidor final, o reduzca de otro modo su nivel de protección y sus posibilidades de elección consciente, siendo responsables de las modificaciones que introduzcan en la información alimentaria que acompaña al producto”.
Una vez que el Parlamento apruebe dicha disposición, el Poder Ejecutivo dispondrá de hasta 120 días para reglamentar la disposición.
EN ACUERDO CON LAS INDUSTRIAS LÁCTEAS.
Ricardo de Izaguirre, presidente del Instituto Nacional de la Leche (Inale), que acompañó a Fratti a la Comisión de Presupuesto añadió que el artículo 261 es “muy importante” para la institución que preside, como para la Cámara de Industrias Lácteas.
La denominación de leche es “para un producto de secreción mamaria. Eso está dentro de las normas a nivel internacional y dentro de nuestro reglamento bromatológico en el país, y está ya habilitado por la Unión Europea”, argumentó.
También señaló algunas de las virtudes del producto leche: “Al ser una secreción natural, tiene la generación de productos cada vez más reconocidos” como “proteínas y prótidos para el cáncer, para la oxigenación cerebral, así como todo tipo de globulinas”.
CONSTITUCIÓN DEL INALE.
El 262 se refiere a la “representación en el Inale, de las gremiales, de los privados, del sector privado”, continuó De Izaguirre.
El Inale está integrado por cuatro representantes de los ministerios de Ganadería, de Economía y Finanzas, de Industria y de Relaciones Exteriores; con un presidente designado por el Poder Ejecutivo; por el lado de las gremiales son dos representantes de la industria, dos de los productores lecheros y uno de la quesería artesanal.
Los representantes de las gremiales, según una ley de 2007, surgen de elecciones, pero “eso no ha sido posible, o sea que desde hace 18 años la designación de directivos es provisoria.
En virtud de esa irregularidad “solicitamos que sean designados, como en los demás institutos, por las gremiales directamente”, planteó.
Esa modificación es algo “muy bueno porque en el Inale la representación de las gremiales tiene un papel muy importante, tanto los industriales como los queseros y las de productores”. Ese cambio sobre cómo se nombra la conformación del directorio es “una decisión más que importante para normalizar esta situación”, remarcó.
Otra modificación es “la designación del presidente como representante legal del Instituto”, lo que “da mucha más agilidad al funcionamiento de la institución”, finalizó.
CONSTITUCIÓN ACTUAL.
El presidente actual, en representación del Poder Ejecutivo.
Los consejeros, en representación del MGAP: Natalia Barboza (titular), y Fabián Mila (suplente); por el Ministerio de Economía: Pamela Sosa (titular) y Fernando Esponda (suplente); por el Ministerio de Industria: Adrián Miguez (titular) y Ángel Larrama (suplente); por el Ministerio de Relaciones Exteriores: Anahí Aguirre (titular) y Mariana Losada (suplente).
En representación de los productores remitentes: Álvaro Quintans (titular) y Horacio Rodríguez (suplente); Fernando Valverde (titular) y Justino Zavala (suplente).
Representan a los productores artesanales: Erich Schaffner (titular) y Néstor Rostán (suplente).
Por las industrias procesadoras: Gabriel Valdes (suplente) y Martín Berrutti (suplente); y Pablo Coll (titular) y Alejandro Dellature (suplente).
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En la foto, vista general de la Comisión de Presupuesto el día en que recibió a la delegación del MGAP encabezada por el ministro Alfredo Fratti. Foto cuenta de X Diputados @DiputadosUY
Cuando Trump comenzó a imponer aranceles muchos advirtieron que medidas como esas podrían resultar en un tiro en el pie, pero ahora que el tiempo ha pasado es necesario preguntarse cómo han resultado, ya respuesta es que, medidos en recaudación, el avance es alentador.
Hébert Dell’Onte Larrosa | Montevideo | Todo El Campo | Donald Trump asumió como presidente de Estados Unidos el 20 de enero de este año. A partir de entonces, comenzó a sonar como nunca antes en las redacciones de los medios de comunicación y las conversaciones profesionales o casuales en todo el mundo, la palabra “arancel”.
A impulsos de Estados Unidos la política comercial internacional tomó un giro que pocos meses antes era impensado y los aranceles adquirieron una importancia como nunca antes. Si alguien no estaba familiarizad con el concepto, ahora lo está.
La Organización Mundial del Comercio (OMC) define arancel como “los derechos de aduana aplicados a las importaciones de mercancías”, pero Trump le ha dado un sentido diferente, sacándolos de los netamente comercial para usarlos con fines proteccionistas y hasta políticos. Se dirá que ya antes fueron utilizados con esa finalidad no comercial, y es verdad, pero nunca tan abiertamente ni de forma tan blanqueada como ahora.
Cuando Trump comenzó a imponer aranceles muchos advirtieron que medidas como esas podrían resultar en un tiro en el pie, pero ahora que el tiempo ha pasado es necesario preguntarse cómo han resultado, ya respuesta es que, medidos en recaudación, el avance es alentador.
LOS TRES OBJETIVOS DE TRUMP.
La Ec. Isabela Lara del Servicio de Estudios de CaixaBank, uno de los principales bancos españoles, respondió a esa pregunta en un reciente reporte titulado “¿Funcionan los aranceles como herramienta de recaudación fiscal en EE.UU.?”.
A través de los aranceles, la Casa Blanca “persigue tres objetivos principales”, sostiene Lara. El primero, “proteger las industrias nacionales y repatriar la manufactura a suelo estadounidense (incluyendo el fortalecimiento de la independencia económica en sectores estratégicos)”; segundo, “corregir el déficit comercial”; y tercero, “aumentar la recaudación para financiar parte del creciente déficit fiscal”.
Son “objetivos difícilmente reconciliables entre sí”, porque “es difícil frenar las importaciones para defender la producción local y, a la vez, depender de ellas como fuente de ingresos fiscales”, y si esa política tiene éxito, “menor será la base de recaudación que pueda esperarse”.
LO QUE RECAUDADO EN EL PRIMER SEMESTRE SUPERA TODO 2023 Y TODO 2024.
Agrega que “históricamente, la recaudación del Tesoro estadounidense por aranceles ha sido marginal, pues su objetivo principal no había sido, hasta entonces, ser un instrumento importante de política fiscal o un mecanismo de recaudación”.
“Las principales fuentes de ingresos han sido los impuestos sobre sociedades y el IRPF, que en conjunto han representado cerca del 60% de los ingresos totales, equivalentes a aproximadamente el 10% del PIB. En comparación, los aranceles apenas han aportado un 2% de la recaudación total y un 0,3% del PIB”, subraya la economista en su análisis.
Pero cuando comenzó a regir el arancel estadounidense (abril/2025), los analistas observaron cambios: “Solo entre enero y julio, el Tesoro ha recaudado US$ 114.860 millones en aranceles, lo que equivale a casi un 0,4% del PIB. Es decir, este año ya se ha recaudado más por esta vía (como proporción del PIB) que en el total del año tanto de 2023 como de 2024” (ver gráfico). No obstante -continúa Lara- “más allá de la primera mitad del año, el resultado final en adelante dependerá tanto del nivel arancelario final como del comportamiento de las importaciones”.
Para EE.UU. “es crucial mantener la recaudación vía aranceles en cotas elevadas para poder cubrir parte del aumento proyectado del déficit público en los próximos 10 años a raíz de la nueva ley presupuestaria. Con recaudar el equivalente al 1% del PIB ya evitaría un deterioro significativo de las cuentas actuales”. Por el momento, “el aumento en la recaudación por aranceles ha sido significativo”, sin embargo, alcanzar el 1% del PIB y mantenerse en el tiempo “parece difícil”, advierte la Ec. Lara. El tiempo dirá, mientras tanto el gráfico siguiente ilustra muy bien sobre cómo viene siendo la tendencia.
En un congreso sobre ciencia realizado en Colombia se incluyó un panel sobre la comunicación, el acceso y el entendimiento de la ciencia. Los panelistas coincidieron en que el mensaje científico debe llegar a la política de forma clara.
Hébert Dell’Onte Larrosa | Montevideo | Todo El Campo | Se realizó en Bogotá, Colombia, el XII Encuentro RedBio 2025, evento que convocó a científicos, no científicos y periodistas especializados en esa temática, y desarrollo diversos paneles, uno de ellos titulado “Políticas públicas para la ciencia, investigación e innovación” que hizo foco sobre el vínculo de la ciencia y la política.
Participaron de la mesa diálogo la diputada colombiana Yulieth Sánchez Carreño, integrante de la comisión de ciencia y tecnología del Parlamento de ese país; Pedro Rocha Salavarrieta, coordinador de biotecnologia y bioseguridad del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura; Diego Villanueva-Mejía, investigador y docente de la Universidad EAFIT; y Alejandra Sánchez Zuluaga, politóloga vinculada al asesoramiento científico en el Parlamento colombiano.
La moderación estuvo a cargo de María Andrea Uscategui, directora ejecutiva de Agro-Bio Colombia.
LA CIENCIA DEBE DAR UN MENSAJE MÁS CLARO.
Sánchez Carreño abrió la participación de la mesa destacando la importancia de que la política y la ciencia puedan trabajar en conjunto, y planteó la necesidad de que los científicos bajen al llano en sus conceptos y terminología para poder ser entendidos.
Dijo que en la ciencia hay personas demasiado estudiosas con aspectos muy técnicos y “los políticos a veces sentimos que debemos bajar toda esa técnica y términos para que la gente pueda entender”, y eso incluye a los políticos que muchas veces son los que trasladan el mensaje.
“La invitación es que los investigadores bajen ese mensaje para que nosotros podamos entender, enamorarnos en los proyectos científicos en los que ustedes trabajan, y nosotros podamos acompañarlos desde el Parlamento, y poder decir que determinado proyecto de ley, trabajado en conjunto entre la investigación la educación y el parlamento, puede convertirse en ley”.
La legisladora reiteró el concepto: “Trabajemos de la mano, pero necesitamos que los científicos nos bajen el mensaje más claro con términos que sean entendibles por la gente. Estamos dispuestos a escucharlos y aprender muchísimo, porque ustedes con la investigación nos ayudan con el desarrollo en nuestro país, y queremos seguir trabajando juntos”.
DIFUNDIR CIENCIA CON SENCILLEZ Y SIN PERDER EL RIGOR TÉCNICO.
Pedro Rocha dijo que “los políticos tienen buenas intenciones, pero no son sabios que lo saben todo, y es ahí donde puede haber una gran desconexión entre la política, la ciencia y los científicos. No hay que dejar solos a los que hacen las políticas y toman las decisiones, porque no necesariamente tienen el conocimiento técnico sobre las cosas donde muchas veces hay que tomar decisiones sobre asuntos específicos”.
Muchas veces cuando uno habla con investigadores, éstos toman distancia de lo político por entender que es “muy burocrático”. En eso “hay un error, porque la burocracia debe existir, aunque hay algo que no se le puede perdonar a la burocracia, y es que no funcione”. Lo correcto es “que la burocracia exista para que las cosas funcionen”. Pero lo importante aquí es que “no se debe dejar solos a los hacen la política y toman las decisiones”, enfatizó.
Comunicar la ciencia en un lenguaje simple es lo que se debe hacer, “pero hay que establecer los canales de comunicación”, planteó. “Cuando se trata de ciencia hay que ser muy consciente del rigor técnico, pero sabiendo traducirlo y entregarlo a los que toman decisiones”.
El trabajo científico no siempre tiene notoriedad en el general de la sociedad, ni en las redes sociales que son hoy un vehículo de comunicación importante, y “una iniciativa científica puede truncarse por el impacto político (negativo) que puede tener alguna decisión, y eso no se da porque los políticos sean malos, sino que es una situación que existe relacionada con el funcionamiento de nuestras democracias”.
Además “hay que reconocer la heterogeneidad de los diferentes miembros de la sociedad y de los distintos países. Es necesario tomar en consideración que hay múltiples grupos, y una de las características de los parlamentos es que deben tomar decisiones, hacer política, incluyendo muchos grupos” de interés o de opinión.
GENERAR MESAS DE TRABAJO ENTRE CIENTÍFICOS Y POLÍTICOS.
Villanueva-Mejía fue consultado sobre las barreras que impiden que la ciencia fluya en lo político, y contestó que esa respuesta “quizá no la tenemos tan clara por parte de los científicos ni de los políticos”.
“Sí hay una limitación en la comunicación científica, pero la ciencia no puede ser un accesorio en la toma de decisiones. La ciencia tiene que ser el pilar fundamental y estructural en la toma de esas decisiones públicas”.
Un problema es que los políticos “son muy reactivos y responde en el corto plazo, cuando hay otros intereses y muchas veces no se piensa en la globalidad o integralidad, sino en lo que está ocurriendo. Eso pasa mucho en Latinoamérica”. En cambio, reflexionó que “la ciencia permite tomar decisiones que nos lleven a un desarrollo oportuno en el mediano y largo plazo, y por eso hay que trabajar juntos y para eso es necesario estar muy conectados”.
Para esa conexión no es necesario hacer foros, aunque “son ejercicios muy valiosos”, pero “una de las cosas que debería institucionalizarse es la existencia de mesas trabajo permanente, en la que los científicos y los políticos conversemos, para que salgan programas, proyectos, declaraciones oportunas”.
Cuando se lanzan “proyectos que regulan y permiten el desarrollo de la región basado en ciencia, no hay tanta restricción ni prohibición, hay más entendimiento sobre lo que hacemos, y por lo tanto el conocimiento, las starup, los emprendimientos y las innovaciones pueden desarrollarse en la región”.
Por el contrario, “cuando los políticos nos asfixian con regulaciones, lo que ocurre es que la starup y los innovadores se van porque no pueden generar desarrollo en la región, y eso nos frena. Es un cuello de botella que hay que atacar, porque la innovación y la ciencia deben permitir el desarrollo de la región”.
INSTITUCIONALIZAR EL ASESORAMIENTO CIENTÍFICO EN EL PARLAMENTO.
Alejandra Sánchez Zuluaga busca institucionalizar la asesoría científica en el legislativo trabajando junto a la diputada Jennifer Pedraza. Al intervenir en el panel, dijo que “el acceso al conocimiento es una disputa en el mundo, porque para miles de comunicades el conocimiento sigue siendo un privilegio, y por eso la necesidad de una divulgación científica y la apropiación social del conocimiento. Pero eso no sucede sin lo mínimo que se precisa para lograrlo que es el presupuesto”.
Advirtió que “hoy en el mundo están triunfando discursos anticientíficos, y es un auge que los políticos han usado para retroceder en la inversión en ciencia, tecnología y educación; y ese auge de discursos populistas y demagogos que está tomando fuerza en América Latina lo tenemos que parar. ¿Cómo?, a través de evidencia científica porque la ciencia, el conocimiento y la educación transforman vidas y resuelven problemas sociales. Ahí está la función social de la ciencia”, enfatizó.
Por esas razones, desde el Parlamento “hemos promovido la creación de una Comisión permanente para hablar, discutir y hacer control político sobre todos los temas de ciencia”.
En Colombia “no ha habido políticos que se dediquen a la ciencia, que pongan la lupa en el presupuesto de la ciencia, y tampoco hay control político”. Sin embargo, no es solo controlar, sino también “generar un puente de interlocución” entre científicos y políticos.
Otro reto es que los parlamentarios no siempre son los que toman decisiones, por tanto “ahora necesitamos que la figura que ya está en el Parlamento como control político, llegue a la rama ejecutiva” con alcance a los alcaldes, los intendentes y por supuesto ministros e incluso el presidente.
Es muy “dramático” y se debe corregir, que “la política llega tarde a la ciencia; necesitamos pasar a la acción”, finalizó.
