Más plata para el Estado: Fondo de Inspección Sanitaria pasa a Rentas Generales, una decisión que la Federación Rural definió como “atropello a la competitividad”.
Montevideo | Todo El Campo | La Federación Rural definió como “atropello a la competitividad” que el Fondo de Inspección Sanitaria (FIS) pase a Rentas Generales.
En un comunicado público la Federación Rural expresó que el FIS “grava todas las carnes faenadas en Uruguay, además de la carne importada y el ganado en pie” pasará a Rentas Generales.
Es “un tributo creado para fortalecer la sanidad y la transparencia del sistema cárnico”, que con la resolución ya ratificada “pierde su destino específico y pasa a engrosar la caja del Estado”.
La institución que representa a los productores de todo el país considera que estamos ante “un nuevo atropello” a la cadena productiva “que ya carga con múltiples costos y obligaciones”.
“Mientras el sector productivo discute la injusticia del 1% municipal, el Estado consolida en silencio otro 1% que se lleva más de 30 millones de dólares por fuera de la cadena cárnica”, cuando son recursos que “deberían volver al sistema sanitario, a la competitividad y al desarrollo del interior productivo”.
La decisión confirma y profundiza que “Uruguay no solo es un país caro, es un país costoso” que redunda en contra de la competitividad y la producción.
“Un país costoso no le sirve a nadie”, enfatiza la Federación Rural: No le sirve al productor, no le sirve a la industria, no le sirve al trabajador rural, no le sirve al propio Estado.
Concluye que la cadena cárnica de Uruguay es “una de las eficientes y auditadas del mundo”, y como tal “merece reglas claras, respeto institucional y un sistema tributario que acompañe, no que castigue”.
La defensa de la competitividad “no es un capricho gremial”, sino que es “defender el trabajo, la producción y el futuro del país”, cierra el comunicado.
CREACIÓN DEL FONDO DE INSPECCIÓN SANITARIA (FIS).
El FIS se creó en 1970, por ley Nº 13.892, promulgada el 19 de octubre, con la finalidad de financiar los servicios de inspección sanitaria de carnes y productos de origen animal, asegurando la calidad para el consumo interno y la exportación.
La ley estableció un impuesto específico a las exportaciones del 1% sobre el valor de vacunos y ovinos en pie, y de carnes de distintas especies (vacuna, ovina, suina, equina, aves y caza menor), excepto las conservadas. También en el mercado interno, del 1% sobre el precio de la carne vacuna y ovina destinada al consumo nacional.
La ley 13.892, en su artículo 421, establece con precisión: “Las recaudaciones serán vertidas en una cuenta corriente del Tesoro Nacional denominada Fondo de Inspección Sanitaria”, el cual “se destinará a atender el pago de las retribuciones personales y gastos, de cualquier naturaleza, que demande al Ministerio de Ganadería y Agricultura el contralor higiénico, sanitario y tecnológico en los frigoríficos, mataderos, saladeros, fábricas de carnes preparadas, fábricas de embutidos, cámaras frigoríficas y transportes frigoríficos, como así de toda autorización de exportación de carnes y subproductos comestibles, incluso del acto de su realización en los lugares de embarque” según decretos existentes. La ley es clave porque garantiza que la carne uruguaya cumpla con estándares internacionales en materia sanitaria, y sostiene la reputación de Uruguay como exportador de carne de alta calidad.
No se puede atender temas tan delicados y trascendentes como el ambiental sin la presencia activa y protagónica de quienes producen y son responsables de buena parte de la economía del país.
Hébert Dell’Onte Larrosa | Montevideo | Todo El Campo | ¿Qué tan lejos está la institucionalidad rural del Ministerio de Ambiente? La pregunta surge porque aparentemente hay una desconexión importante entre el medio amiente y la producción agropecuaria, sin embargo, ¿hasta qué punto eso es real y cuánto tiene de espejismo surgido por la falta de ámbitos de diálogo permanentes, formales y transparentes entre las partes?
Uruguay es un país agropecuario. Por economía, cultura e identidad, estamos unidos a la producción agropecuaria y esa es una realidad innegable. A nadie en su sano juicio se le puede ocurrir cambiar esa matriz, que sería dejar de ser lo que somos, lo que nos ha dado un lugar en el mundo y prescindir aquello por el cual el mundo nos conoce y valora.
Partiendo de esa premisa incambiable de “Uruguay, país agropecuario”, el desafío es cómo coordinar esa característica con uno de los mayores retos globales: el cuidado del medio ambiente.
Sabemos que el mundo se ha impuesto trabajar en la reducción de emisiones y corregir los altos índices de contaminación humana que se dan en todos los sitios del mundo a los que el ser humano ha tenido acceso. En ese contexto y con una visión equivocada muchos entienden la producción agropecuaria como un serio problema, pero las investigaciones científicas y alejadas de toda acción publicitaria han demostrado que el campo no solo es clave por producir alimentos, sino porque es de las actividades que menor contamina, y además controla sus propias emisiones. En Uruguay hay destacados científicos capaz de exponer claramente sobre esos temas y con absoluta claridad tirar por tierra los prejuicios que se repiten sin sustento.
A tal punto eso es así que ninguna actividad económica del país tiene la importancia de la agropecuaria y además ayuda al cumplimiento de las metas ambientales, y con el avance de las investigaciones esos objetivos se van alcanzando y cumpliendo de forma cada vez más contundente.
Llegados a este punto vamos a lo del título: ¿por qué la institucionalidad rural, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca no han conformado una mesa de trabajo o un convenio marco de cooperación con el objetivo de promover acciones que beneficien al sector productivo y el cuidado del ambiente, a la vez?
En Uruguay no hay sector que cuide el medio ambiente más que el rural, y eso ocurre por la básica razón de que el productor necesita de un ambiente sano para lograr los mejores resultados. Cuidar un bien prestado y finito como es el de la naturaleza es clave y el hombre de campo lo sabe, y lo asume cada vez más.
Es verdad que el MA y el MGAP han firmado convenios específicos para coordinar políticas de desarrollo productivo sostenible. Por ejemplo, en 2021, ambos ministerios firmaron acuerdos para promover un desarrollo productivo sostenible en el sector agropecuario; y en 2024 se lanzó el proyecto Ganadería Sostenible Uruguay, financiado por la Unión Europea (a través de Euroclima), y liderado por el MA y MGAP.
Seguramente hay otras iniciativas, pero ¿cuál es el rol que cumple la institucionalidad rural no gubernamental? No se puede atender temas tan delicados y trascendentes como el ambiental sin la presencia activa y protagónica de quienes producen y son responsable de buena parte de la economía del país.
No está clara la integración de instituciones como la Federación Rural (FR), la Asociación Rural del Uruguay (ARU) o Cooperativas Agrarias Federadas (CAF), entre otras, a pesar de que todas ellas han abordado en distintas instancias la importancia de los temas ambientales.
Lo que planteo no es un invento sin sustento. Hace un año (setiembre de 2024) y aquí cerca, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) de Paraguay y la Asociación Rural de Paraguay (ARP) firmaron un convenio de cooperación con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto, promoviendo acciones que beneficien al sector productivo y al cuidado del ambiente a la vez.
Los puntos fundamentales del acuerdo Mades-ARP pasan por la promoción de prácticas agrícolas sostenibles, la protección de los recursos naturales y la implementación de programas educativos para las comunidades locales. Todos objetivos aplicables a Uruguay, aunque podrían adaptarse o agregarse otros según nuestra idiosincrasia. Se busca así no solo el bienestar ambiental, sino también el desarrollo económico y social de las regiones rurales del país, dice la información oficial paraguaya al respecto.
El cuidado ambiental no es solo responsabilidad del Estado, del MA ni del MGAP, fundamentalmente es responsabilidad de los ciudadanos, de la sociedad, y por eso el clave que se integre a la institucionalidad rural.
Solo hay que tener voluntad política, animarse a dar el primer paso, una llamada telefónica, un mensaje de WhatsApp desde alguno de los ministerios y poner fecha de encuentro, para comenzar a dialogar. Casualmente y por fortuna para Uruguay, el mejor aliado del cuidado ambiental es el principal motor económico del país: el agro. Ojalá nuestros gobernantes puedan verlo con claridad.
Hay “preocupación por el continuo y persistente deterioro de las condiciones de seguridad en nuestra campaña”.
Montevideo | Todo El Campo | La Federación Rural emitió una alerta sobre la seguridad rural, una situación en proceso de agravamiento.
En un comunicado fechado el jueves 4, la Federación Rural abordó uno de los temas más sensibles para los ciudadanos uruguayos en general: el de la inseguridad, que no se da únicamente en las grandes ciudades, sino que se ha generalizado a todo el país, alcanzando ciudades pequeñas y también establecimientos agropecuarios.
La Federación Rural centró su atención en los hechos delictivos que involucran a productores rurales: “Ante los últimos hechos delictivos, que involucran a productores rurales bajo la modalidad de copamiento en los departamentos de Canelones, San José y Lavalleja” es que la institución expresó “preocupación por el continuo y persistente deterioro de las condiciones de seguridad en nuestra campaña”.
Es una situación que “se sigue agravando”, con “episodios de gran violencia, generando angustia e incertidumbre en el diario vivir”, de los productore como sus familias.
Luego de esas consideraciones, el Consejo Directivo hizo un “llamado a las autoridades competentes” para que “tomen las medidas que garanticen el derecho de las personas a una vida tranquila y en paz, reforzando la seguridad de la población rural”.
Por último, se instó a la “conformación y consolidación de todas las Comisiones de Seguridad Rural en todos los departamentos de nuestro país”.
“La sanidad animal es un pilar estratégico para el país”.
Montevideo | Todo El Campo | La Federación Rural emitió un comunicado sobre el fideicomiso de la garrapata y la bichera en el que dice que es “incorrecto plantear una contraposición entre la campaña contra la garrapata y la política de Estado orientada a la erradicación de la mosca de la bichera”.
Esa “contradicción es falsa, ya que a nivel legal y presupuestal ambas están siendo implementadas”, sostiene, y propone “incorporar cambios al fideicomiso de la mosca de la bichera” que se mencionan a continuación:
Declaración de campaña de erradicación de bichera política de Estado en texto de artículo de la ley.
Dsegurar reserva de dinero exclusivo para bichera, de al menos 6,2 millones de dólares.
Dicha reserva se puede cambiar en su destino solo por unanimidad de votos en gobernanza de fideicomiso.
Gobernanza de fideicomiso con participación de productores en mayoría. (Gremiales de productores y gobierno).
Asegurar un porcentaje para destinar en investigación en salud animal.
Dejar un porcentaje de los ingresos de enfermedades prevalentes en dicho fondo. Al menos un 50%.
Posibilidad de redireccionamiento de recursos en casos de emergencias sanitarias.
Concluye que “la sanidad animal es un pilar estratégico para el país y que no puede quedar sujeta a decisiones coyunturales”.
El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca no está de acuerdo con la directora de Seguridad Rural sea una funcionaria de ese Ministerio, debe ser de la Policía.
Montevideo | Todo El Campo | Ante el incremento del abigeato la Federación Rural emitió un comunicado en el que expresó preocupación por “la alarmante escalada de inseguridad que nos toca vivir, particularmente en el medio rural”. El texto fechado el 12 de agosto agrega “los recurrentes ataques de jaurías de perros a las majadas ovinas”.
Más adelante se expresa intranquilidad por “la lentitud en la convocatoria de las comisiones de Seguridad Rural departamentales”.
LA RESPUESTA DE FRATTI.
El texto de la Federación Rural generó la respuesta del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, quien reconoció que el abigeato es un delito que “nunca paró” y añadió que corresponde a la Policía controlarlo.
“Nunca paró el abigeato. Una cosa es que no se denuncie, pero no es un hecho nuevo”, dijo el jerarca en declaraciones que recoge Telenoche (Canal 4).
Agregó que el Ministerio que encabeza “está trabajando con la Policía, y la seguridad rural tiene que volver a la Policía, porque en el período pasado la directora de Seguridad Rural era una funcionaria del Ministerio (de Ganadería, Agricultura y Pesca). Nosotros no estamos de acuerdo con eso y la Policía está de acuerdo con nosotros. Los mandos medios (de la Policía) nos han dicho que están dispuestos a asumir ellos y que el Ministerio (de Ganadería) sea un apoyo, pero no la cabeza de la seguridad”.
Es un tema que “nos falta cerrar con el ministro (del Interior Carlos Negro)”, concluyó.
