La aplicación del Reglamento por los operadores afectados no es sencilla, y resulta imprescindible preparase desde ahora mismo para cumplir con el mismo, a riesgo de no poder comercializar determinados productos si no se atiende a las exigencias que contiene la norma.
Montevideo | Todo El Campo | El 30 de diciembre entran a regir la mayor parte de las obligaciones del Reglamento 1.115/2023 del Parlamento Europeo, el cual cambiará los parámetros del comercio mundial en base a normas sobre la deforestación y la degradación forestal, e introduce nuevas obligaciones y exigencias que afectarán de forma clara a países como Uruguay.
Un artículo de PwC explica el alcance de la normativa con la cual “la UE pretende que la comercialización en Europa de determinadas mercancías sensibles deje de favorecer la deforestación y la degradación forestal, contribuyendo así a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y la pérdida de biodiversidad”; y advierte que “la aplicación del Reglamento por los operadores afectados no es sencilla, y resulta imprescindible preparase desde ahora mismo para cumplir con el mismo”, de lo contrario se corre el “riesgo de no poder comercializar determinados productos si no se atiende a las exigencias que contiene la norma”.
“El reglamento atañe a un extenso listado de productos” que son elaborados a partir de determinadas materias primas como “ganado vacuno, cacao, café, palma aceitera, caucho, soja y madera”, entre otros.
La norma “afecta tanto a grandes empresas como a Pymes” aunque el alcance para éstas últimas entrará a regir el 30 de junio de 2025.
Por otra parte, se señala que el reglamento “parte de una premisa básica: la prohibición de introducir en el mercado, comercializar o exportar materias primas y productos pertinentes salvo que cumplan tres condiciones” que menciona: “1) que no contribuyan a la deforestación; 2) que hayan sido producidos de conformidad con la legislación pertinente del país de producción (lo cual comprende no solo el cumplimiento de la normativa ambiental, sino también la relativa a derechos de uso del suelo, gestión de bosques, normativa laboral, fiscal o de derechos humanos); 3) que estén amparados por una declaración de diligencia debida”.
“La declaración de diligencia debida es la piedra angular en torno a la cual se definen las obligaciones de operadores y comerciantes para garantizar que los productos y materias primas no favorecen la deforestación o la degradación forestal. Así, tanto unos como otros deberán, antes de introducir en el mercado, comercializar o exportar un producto o materia prima pertinente, poner a disposición de las autoridades competentes a través de un registro comunitario (que la Comisión debe poner en marcha antes de finales de año) la correspondiente declaración de diligencia debida”. O sea que “no podrán introducir los productos o materias primas en el mercado, o exportarlos, si no se cumplen estas exigencias o si operadores o comerciantes no han podido cumplir con las obligaciones de diligencia debida por cualquier motivo”.
También se “regula también cómo llevar a cabo la diligencia debida que debe concluir con la correspondiente declaración”.
Asimismo, “deberán adoptarse medidas de reducción del riesgo, que pueden incluir el recabar información adicional, realizar estudios o auditorías independientes o adoptar medidas de apoyo a proveedores, entre otras”.
Se incluyen controles y sanciones, habilitando “a las autoridades nacionales a recuperar los costos en que incurran en casos de incumplimientos, así como a incautar materias primas y productos o a suspender la importación, exportación o comercialización de los mismos”.
“También se contemplan medidas correctoras de los incumplimientos y el establecimiento de un régimen sancionador con multas que ascenderán al 4% del volumen de negocios de la empresa en la UE, así como medidas de confiscación de productos e ingresos”.
Un punto importante es que “el Reglamento prevé incluso la posibilidad de denuncias (‘preocupaciones justificadas’) por parte de terceros, que desencadenen la actuación de la Administración”.
Finaliza señalando que “el Reglamento de Deforestación va a exigir de muchos operadores económicos el llevar a cabo un análisis riguroso de su cadena de suministro para poder garantizar que los productos que introducen en el mercado o exportan no contribuyen a la deforestación o a la degradación forestal y que se obtienen y producen con pleno respeto a la normativa de los países de origen. A falta de diez meses para que estas obligaciones estén plenamente vigentes, resulta ya aconsejable comenzar a trabajar en la puesta en marcha de medidas de diligencia debida para asegurar que los productos y materias primas afectados no se encuentren con dificultades para acceder al mercado en 2025”.
Los 10 principales países exportadores de agroalimentos son Estados Unidos, Países Bajos (en gran medida reexportador), Brasil, Alemania, Francia, China, España, Canadá, Italia e Indonesia.
Montevideo | Todo El Campo | En 2021 el comercio agroalimentario global alcanzó 1,9 billones de dólares, con un crecimiento del 120% entre 1995 y 2021 y una participación del 7,5% en el total del comercio de bienes, en promedio, durante el período, según el documento “Oportunidades para promover el comercio agroalimentario intrarregional en América Latina y el Caribe” de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En ese mismo período, el volumen del comercio mundial se incrementó en un 180%, según datos de la Organización Mundial de Comercio (OMC).
Los 10 principales países exportadores de agroalimentos son Estados Unidos, Países Bajos (en gran medida reexportador), Brasil, Alemania, Francia, China, España, Canadá, Italia e Indonesia; y la participación de América Latina y el Caribe (ALC) en el comercio mundial de estos productos es de un 15,6% en el caso de las exportaciones y un 6,3% en el de las importaciones.
Agrega que “el 70% del comercio agroalimentario corresponde a productos procesados como carnes, grasas y aceites, vinos, preparaciones alimenticias diversas, quesos, entre otros”.
Más adelante señala que “el comercio mundial de productos agrícolas mostró ser resiliente a las perturbaciones causadas por la pandemia” en 2020. Desde la oferta eso se explica porque “la producción agroalimentaria se vio menos afectada que otras actividades por las medidas de aislamiento, en tanto que, desde el punto de vista de la demanda, existe una menor elasticidad ingreso en comparación con otros productos”, o sea que cuando se reduce el ingreso de la población, la cantidad demandada de alimentos disminuye en menor proporción que la de otros bienes que no son de primera necesidad.
Asimismo, la invasión a Ucrania por parte de Rusia “involucra a países relevantes en la provisión de productos agrícolas y generó disrupciones en la oferta a nivel global”.
“FACILITAR LA INTEGRACIÓN Y PROMOVER EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS MERCADOS AGRÍCOLAS”
En ese contexto, el documento citado subraya “la importancia de facilitar la integración y promover el buen funcionamiento de los mercados agrícolas”, porque “el comercio internacional basado en reglas es fundamental para el funcionamiento del sistema agroalimentario global porque incrementa la eficiencia y permite acceder a una mayor variedad de alimentos por un menor precio”.
Además, “en un contexto de volatilidad de precios, la apertura comercial puede contribuir a la estabilidad de precios, al mitigar shocks idiosincráticos”.
Más adelante el documento dice que “los costos del comercio bilateral en la agricultura corresponden principalmente a transporte (26% del total), donde influyen la distancia geográfica y la mediterraneidad”.
Se destaca que hay “deficiencias en la infraestructura física necesaria para garantizar la conectividad comercial internacional (puertos, sistemas ferroviarios internacionales, etc.)”, como también “una menor eficiencia de las instituciones reguladoras”.
A pesar del desarrollo del transporte, “la distancia geográfica tiene un rol relevante en los costos del comercio bilateral agroalimentario”.
ARANCELES Y MEDIDAS NO ARANCELARIAS.
Por otro lado, la FAO y el BID dicen que “los productos agrícolas y pesqueros enfrentan aranceles más elevados y presencia de medidas no arancelarias”, además de “otros estándares públicos y privados con mayor frecuencia que otros sectores.
Algunos de los sectores con mayores alícuotas son las bebidas, tabaco, carnes, lácteos, productos de la molinería, preparaciones de carne y pescado, preparaciones de cereales, hortalizas, frutas, entre otros.
Asimismo, en el sector agroalimentario “también existe una mayor incidencia de subvenciones a las exportaciones y ayudas internas que tienen efectos distorsivos sobre el mercado”. Las estimaciones de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), “a nivel mundial”, muestran que “las transferencias brutas de consumidores y contribuyentes a los productores agrícolas que surgen de las medidas de política representan, en promedio, un 18% del valor de la producción”.
REGIONALIZACIÓN DEL COMERCIO DE AGROALIMENTARIO.
El documento menciona “la regionalización del comercio agroalimentario”, un concepto que hace referencia a “la tendencia de los países a comerciar más dentro de una región que con países fuera de ella. Los países forman clusters comerciales -que pueden ser regionales o expandirse para incluir países extrarregionales- dentro de los cuales tienden a comerciar más”.
Esos clusters “se basan en la proximidad geográfica y la integración económica forjada por los acuerdos comerciales regionales. Los más relevantes son la Unión Europea”, ejemplifica entre otros casos, y agrega: “La excepción son los miembros del Mercosur, los cuales se diferencian de gran parte de sus vecinos”.
Economistas del Banco Mundial, especializados en transporte: si persiste la belicosidad en esa zona estratégica del mundo, a partir de marzo podría haber “limitaciones de capacidad” de transporte global, “desencadenando una crisis en la cadena de suministro como la que ocurrió en 2021-22”.
Montevideo | Todo El Campo | Tradicionalmente, durante los meses de enero y febrero la demanda comercial mundial baja, por lo que el movimiento de buques disminuye. Eso explica por qué los actos violentos registrados en el mar Rojo tienen un menor impacto. Sin embargo, en pocos días comenzará marzo, mes en el que hay un repunte de la actividad por lo que ahí sí, los hechos registrados, si continúan, comenzarán a tener consecuencias mayores y que todo el mundo sentirá. Los agresores son los hutíes, una fuerza rebelde desconocida para la gran mayoría de los habitantes del mundo, instalada en una zona estratégica para el traslado de contenedores.
Un artículo escrito por los economistas especializados en transporte Jean-François Arvis y Cordula Rastogi, y la consultora Daria Ulybina, publicado en unos de los blogs del Banco Mundial (MB), advierte que desde marzo habría que esperar que “las limitaciones de capacidad” de transporte global, “desencadenen una crisis en la cadena de suministro como la que ocurrió en 2021-22”.
“Esa crisis tuvo lugar cuando el transporte de contenedores no pudo soportar la recuperación del comercio internacional que comenzó a fines de 2020. Los cierres relacionados con el Covid-19 y la escasez de personal en los puertos hicieron que los buques tuvieran que esperar días o semanas para bajar sus cargamentos, y ello redujo la cantidad de embarcaciones disponibles para transportar mercancías”, explica el artículo.
La consecuencia de esa situación hizo que “la competencia por los espacios en las embarcaciones” tuviera un aumento “considerable” en sus “tarifas de envío”, y “el incremento se multiplicó por ocho en las rutas entre Asia y Europa o América del Norte en comparación con 2019”.
Hoy la cadena de suministro atraviesa por “tensiones” que tienen un “origen diferente”, no obstante, “el resultado podría ser similar”.
En enero, las principales empresas de transporte de carga suspendido sus operaciones a través del canal de Suez para evitar el mar Rojo y tomaron rutas alternativas por el cabo Buena Esperanza, “agregando entre 5.500 a 6.500 kilómetros y de 7 a 10 días a un viaje típico entre Europa y Asia. La distancia adicional podría absorber de 700.000 a 1,9 millones de contenedores estándar (unidades de 20 pies, o TEU) de capacidad de envío, dependiendo de la estimación”.
El BM elabora un Índice de Presión de la Cadena de Suministro Global que muestra la estimación de la capacidad inmovilizada cuando se observan retrasos excesivos en los tiempos de espera de puerto a puerto históricos (línea negra), y se relaciona estrechamente con las tarifas de flete, que son sensibles a las variaciones de corto plazo en la oferta y la demanda. El área rosada indica el pronóstico para el período de enero de 2024 a mayo de 2024.
Gráfico 1: El Índice de Presión de la Cadena de Suministro Global que elabora el Banco Mundial aumentó durante el punto álgido de la crisis de la cadena de suministro causada por la COVID-19 y se prevé que vuelva a subir si persiste la violencia en el mar Rojo.
El trayecto por cabo Buena Esperanza representa un encarecimiento de US$ 1 millón en combustible, lo que se traslada a las tarifas de envío más altas.
En enero Maersk agregó lo que se llamó “recargo por interrupción del tránsito” de US$ 200 por TEU “para los viajes entre Asia oriental, el norte de Europa, el mar Mediterráneo y la costa este de Estados Unidos”. Ese incremento se agregó al “recargo por temporada alta” de US$ 300 y US$ 1.000 por TEU.
El artículo agrega que “las tarifas al contado han aumentado aún más (siguiente gráfico).
“El precio de un viaje de Asia a Europa se ha incrementado a más de US$ 3.000 por contenedor de 40 pies, un aumento del triple con respecto a la tarifa más baja de 2023 (alrededor de US$ 1.000). Esto podría significar que los exportadores de Asia están compitiendo de nuevo por los espacios en los buques en previsión de interrupciones importantes en la cadena de suministro. Afortunadamente, enero y febrero son meses tranquilos para el transporte marítimo, por lo que la capacidad existente tal vez sea suficiente para atender las rutas más largas en las próximas semanas. Pero los ataques navales que se prolonguen hasta marzo podrían volver a tener un impacto significativo en el comercio global y las cadenas de valor mundiales.
Gráfico 2: Las tarifas al contado de los fletes desde Asia empezaron a aumentar considerablemente a fines de 2023.
En el caso de Paraguay, las exigencias europeas afectarán la soja, la madera y productos de origen animal.
Asunción, Paraguay | UGP* | Todo El Campo | El Reglamento N° 1.115/2023 de la Unión Europea es una fuerte y clara injerencia en los modelos de desarrollo implementados en Paraguay, que han sido claramente positivos para el país y su gente. En los últimos 20 años de gestión productiva agropecuaria y forestal, se consiguió disminuir la pobreza, multiplicar el PIB de manera sostenible y reducir los impactos en los indicadores ambientales.
Estas fueron las principales conclusiones de un debate entre los Ing. Agr. (M.Sc.) Santiago Bertoni, exministro de Agricultura y Ganadería y el Ing. Agr. (M.Sc.) Alfredo Molinas, exministro de Ambiente y de Agricultura y Ganadería, sobre las implicancias del Reglamento N ° 1.115 de la UE en el comercio agrícola del Paraguay.
ANTECEDENTES.
Existe un amplio consenso mundial acerca de que el comercio, y especialmente el comercio agrícola, es una de las maneras más efectivas y eficaces de contribuir a mantener la paz en el mundo y mejorar sostenidamente el bienestar de la población.
Consenso al que se llegó luego de los grandes conflictos bélicos del siglo pasado, cuando las potencias vencedoras tomaron la decisión de implementar mecanismos globales que permitiesen un comercio global más previsible, con reglas claras y transparentes que garanticen, sobre todo, que cada país sin importar su tamaño o condición económica y de desarrollo relativo reciba siempre el mismo trato.
Luego de muchas rondas de negociaciones que se iniciaron ya al finalizar la segunda guerra mundial se fueron definiendo las llamadas “Reglas del Comercio Mundial”, dando origen a organismos internacionales, como el “Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (GATT)” que posteriormente dio origen a la actual y vigente “Organización Mundial del Comercio (OMC)”.
DEL GATT A LA OMC.
Sobre las experiencias y los resultados más relevantes acerca de las reglas del comercio internacional logrados con las rondas de negociaciones del “Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (GATT)” se creó la OMC.
Se trata de un organismo internacional supranacional que tiene como objetivo superior el propósito de contribuir a que el comercio mundial fluya con la mayor libertad posible porque, estimula el crecimiento económico; incentiva el empleo y apoya la integración de los países en desarrollo en el sistema internacional de comercio mundial.
La OMC está obligada a que sus normas sean transparentes y previsibles para que los particulares, las empresas y los Gobiernos conozcan cuáles son las reglas o normas que rigen el comercio en las distintas partes del mundo, y poder asegurar que las políticas no experimentarán cambios abruptos.
PARAGUAY COMO MIEMBRO ACTIVO DE LA OMC.
Paraguay sistémicamente fue uno de los miembros más activos de la OMC, defendiendo sus principios fundacionales y la liberación progresiva de los mercados agrícolas, con miras a una eliminación del proteccionismo y otras medidas distorsivas del comercio aplicadas principalmente por bloques o países más desarrollados.
En su condición de país productor y exportador de productos agrícolas (como proveedor de alimentos) gracias a su competitividad y a su creciente comercio internacional ha conseguido posicionarse en el ranking mundial entre los principales productores de la mayoría de los productos agrícolas.
Cabe mencionar que posee un crecimiento económico sostenido por 20 años gracias al sector productivo ampliado, porque está produciendo y exportando alimentos para 80 millones de personas de manera competitiva, sustentable económica, social y ambientalmente.
Está más que demostrado en nuestro país que la cadena de valor que incluye la producción agropecuaria y forestal, así como a la agroindustrial y de servicios relacionada al campo es el motor de la economía paraguaya, ya que representa 74% del ingreso de divisas en el país.
El PIB total ha aumentado de US$ 7.196 millones en 2002 a US$ 47.863 millones en 2022, es decir que en 20 años creció casi 6 veces. Este crecimiento económico sostenido contribuyó además a reducir la pobreza, que en las dos décadas disminuyó del 57,7% en 2002 al 24,7% en 2022.
Sin embargo, aunque la tendencia muestra que estamos bien encaminados en el proceso de reducción de la pobreza aún tenemos mucho por hacer como sociedad.
COMERCIO AGRÍCOLA EN EL MERCOSUR.
Paraguay, al igual que los demás Estados Partes del Mercorus, depende de un comercio internacional justo, transparente, con reglas claras y previsibles, ya que esto contribuye a mantener su crecimiento económico sostenido impulsando la reducción de la pobreza.
Es un bloque económico fundado en 1991 por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, al que luego se sumó Bolivia, en el cual los países miembros cifraban sus esperanzas de crecimiento en un comercio mucho más justo.
A 33 años de la creación del Mercosur, el comercio agrícola hoy se ve ensombrecido por el aumento de medidas proteccionistas que pretende aplicar la Unión Europea, que viene postergando el cumplimiento de sus compromisos de mejora de condiciones de acceso al mercado y agregando restricciones crecientes y arbitrarias, sin respetar la base científica que es uno de los pilares del comercio de productos agrícolas.
La Unión Europea exige y pretende aplicar sus normativas internas a terceros países que comercian con el bloque basándose en una cuestión de equilibrio, hecho muy discutible porque no se puede comparar una agricultura europea basada en un esquema de subsidios con una agricultura realizada sobre bases competitivas por los países que con forman el Mercosur, así como no es lo mismo producir en Europa que en el trópico y subtrópico sudamericano.
PARAGUAY Y EL REGLAMENTO N°1115/2023 DE LA UNIÓN EUROPEA.
Como miembros activos del Mercosur observamos que el 31 de mayo del 2023 se publica en el diario oficial de Unión Europea el Reglamento N° 115/2023, relativo a la comercialización en el mercado de la Unión y a la importación y exportación desde la Unión de determinadas materias primas y productos asociados a lo que llaman deforestación y/o degradación forestal.
Este reglamento impone que para productos que denominan pertinentes, no podrán ser comercializados en la UE si provienen de tierras deforestadas posteriormente al 31 de diciembre del 2020; en el caso del Paraguay se verían afectadas la soja, la madera y productos de origen animal.
Además, el reglamento N° 1.115/2023 es un procedente del “Pacto Verde Europeo”, es como muchas otras solapadas normas de proteccionismo ambiental que solo buscan imponer más trabas comerciales y aumentar el proteccionismo a la UE, sin respetar los principios y compromisos de los países acordados en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
No solo aumenta la incertidumbre, sino que incluye medidas distorsivas al comercio y todos los demás principios a los cuales se comprometieron los países para fomentar la paz y el bienestar de sus pueblos.
En Paraguay es indiscutible que este reglamento es una fuerte y clara injerencia en los modelos de desarrollo implementados en el territorio nacional, que en los 20 años gestión productiva agropecuaria y forestal consiguió disminuir la pobreza en más del 50%, multiplicar el PIB de manera sostenible y reducir los impactos en todos los indicadores ambientales.
La imposición de medidas unilaterales como el Reglamento N°1.115/2023 son y derivan en barreras comerciales que perjudicarán a la producción y a las exportaciones de productos alimentarios de los países en vías de desarrollo, afectando el desarrollo sostenible, la seguridad alimentaria y golpeando negativamente los objetivos de la OMC.
Los países en vía de desarrollo como Paraguay debemos ser fuertes y mantener el compromiso de adoptar solo medidas basadas en la evidencia científica y negociadas multilateralmente.
Finalmente, los Ing. Agr. (M.Sc.) Santiago Bertoni y el Ing. Agr. (M.Sc.) Alfredo Molinas señalan que en este contexto de la aplicación imperativa del Reglamento N°1.115/2023 de la Unión Europea es necesario y prioritario fomentar el diálogo, buscar intereses comunes y evitar antagonismos cada vez más profundos. Se hace necesario reconocer el valor de la agricultura y el comercio como instrumentos fundamentales para garantizar la paz y el desarrollo sostenible.
* Articulo de la Unión de Gremios de la Producción (UGP).
Más de 120 especialistas de los sectores público y privado participaron en un evento organizado por Aladi e IICA, en el que se discutieron medidas para aumentar la eficiencia y la competitividad en el comercio de productos y servicios en América Latina y el Caribe.
Montevideo | Todo El Campo | Lograr en los países de las Américas una convergencia regulatoria en los denominados procedimientos de evaluación de la conformidad (la demostración de que se cumplen los requisitos), es clave para intensificar el comercio intrarregional, y facilita además, el establecimiento conjunto de normas claras y uniformes que promoverán la seguridad alimentaria, la eficiencia y la competitividad comercial, concluyeron especialistas convocados a un diálogo técnico por la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).
El encuentro, con más de 120 participantes, contó con representantes de organismos especializados en el tema de evaluación de la conformidad y la acreditación, de sanidad e inocuidad alimentaria, y del sector privado de los 13 países miembros de Aladi (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela).
Allí, intercambiaron perspectivas sobre los avances en evaluación de la conformidad y el reconocimiento mutuo, e identificaron posibles acciones conjuntas para promover políticas y prácticas que faciliten el comercio de alimentos.
La evaluación de la conformidad es la determinación del grado de cumplimiento con los reglamentos, las normas técnicas nacionales, las normas técnicas internacionales u otras especificaciones, prescripciones o características de un producto o servicio. Puede comprender, entre otros, procedimientos de muestreo, ensayo en laboratorio, calibración, certificación e inspección o verificación. Todo producto, proceso, método, instalación, servicio o actividad debe cumplir con algún tipo de norma técnica o reglamento.
En la jornada de intercambio, los expertos coincidieron que la convergencia regulatoria es crucial, porque actúa como un puente para conectar a los pequeños agricultores con los mercados, contribuyendo a un mejor aprovechamiento de los acuerdos comerciales; aunado a que los avances en este campo también permitiría potenciar las ventajas arancelarias con las que cuenta la región, ya que gracias a la red de acuerdos Aladi, más del 80% del universo de bienes se encuentra liberado del pago de aranceles de importación.
Indicaron también que los aspectos de la convergencia regulatoria que se orientan al acceso a mercados internacionales deberían ir unidos a esfuerzos de incorporar a las pequeñas y medianas empresas a las cadenas globales de valor, incluyendo lo relacionado con el financiamiento y el acceso a otros mecanismos de promoción.
Los especialistas concluyeron además en la importancia de contar con una sólida infraestructura de la calidad en los países, y hacer un amplio uso de ella por las autoridades sanitarias y fitosanitarias, y reconocieron que promover la evaluación de la conformidad no es suficiente, máxime si no va acompañada de la acreditación, para brindar la confiabilidad y la seguridad de sus procesos.
Concordaron a su vez que si bien la convergencia regulatoria en los procedimientos de evaluación de la conformidad constituye un pilar esencial para incrementar el comercio intrarregional, existen una serie importante de factores que deben ser abordados en conjunto entre los países y los sectores público y privado, para arribar al logro de un comercio más abierto y competitivo.
En el evento se destacó el estado de situación de los sistemas de evaluación de la conformidad, y la importancia de la acreditación de los organismos competentes en la materia, particularmente los esfuerzos dispuestos en ese sentido por la Cooperación Interamericana de Acreditación, la Comunidad Andina y el Mercosur.
Argumentaron que cada vez son mayores las regulaciones de los mercados de destino, aun con los esfuerzos del Codex Alimentarius para la armonización internacional, y señalaron que la aplicación de una diversidad de normas, aranceles y disposiciones que abordan también los aspectos ambientales, afecta a las preferencias y los flujos comerciales.
En el intercambio de criterios el sector privado hizo un llamado a la acción para establecer una ruta de trabajo con las más altas autoridades de los países para tratar estos temas, y pidieron como próximos pasos trabajar más en lo vinculado al intercambio de experiencias entre los países, y la creación de una red de laboratorios relacionados a las medidas sanitarias y fitosanitarias.
Esta jornada de intercambio Importancia de la Convergencia Regulatoria en los Procedimiento de Evaluación de la Conformidades, es parte de un proceso coordinado por Aladi e IICA que se inició en 2021. En el mes de julio se desarrolló un evento similar con el objetivo de fomentar la convergencia regulatoria en materia de equivalencia en el comercio agroalimentario.
