Con la firma del presidente Luis Lacalle y los ministros de Ambiente y Ganadería, Adrián Peña y Fernando Mattos, respectivamente, el Poder Ejecutivo presentó un decreto por el cual se generan mayores controles al sector forestal. Por otra parte el subsecretario de Ambiente, Gerardo Amarilla, dijo que desde lo ambiental la Ley Forestal “tiene pocos argumentos y poca justificación”.
El Gobierno presentó en al Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado un decreto sobre ajustes en materia forestal. El documento está firmado por el presidente Luis Lacalle y los ministros Adrián Peña de Ambiente y Fernando Mattos de Ganadería, Agricultura y Pesca, e introduce nuevas exigencias en los controles ambientales. Peña dijo que para avanzar en ese sentido “no es necesario una nueva ley”.
Peña y Mattos explicaron, en conferencia de prensa, el alcance del decreto que se presentó después de un año de trabajo conjunto de ambas secretarías de Estado.
El decreto crea un Registro Ambiental de Plantaciones para los proyectos menores a 100 hectáreas lo que significa un cambio importante ya que hasta el momento solo los proyectos de más de 100 hectáreas necesitan la aprobación del Ministerio de Ambiente. Con el decreto los proyectos de menor porte van a pasar a ser controlados en su reforestación.
En otro aspecto del decreto se incorporan nuevos criterios para la evaluación de impacto ambiental, vinculados al suelo, el agua, la biodiversidad y valor patrimonial con lo cual hay criterios más restrictivos.
En estos temas se toman “decisiones políticas, pero con fundamento técnico”, destacó Peña.
Para incorporar estas modificaciones “no se necesita de una nueva ley, la que ya existe nos da las competencias para poder ajustar estos criterios en un continuo de crecimiento y de aprendizaje con un fundamento técnico que es clave”.
MATTOS: EL EQUILIBRO ENTRE LO AMBIENTAL Y PRODUCTIVO.
“Estamos conformes con esta iniciativa que trabajamos a pedido del presidente de la República”, dijo el ministro Mattos. Este es “un decreto que ya está vigente, que escucha los planteos recibidos y que busca el equilibrio entre la dimensión ambiental y la productiva, respetando los estudios técnicos para detectar los suelos aptos para la forestación”.
“Desde la creación en el año 1987, la ley forestal tuvo 27 modificaciones, y está instancia es otro avance desde el punto de vista de los controles ambientales no solo a la forestación existente sino a los futuros proyectos, por lo que consideramos que una nueva ley no es necesaria”, expresó.
El jerarca también reconoció “la validez y la virtud de que la propuesta de Cabildo Abierto haya puesto arriba de la mesa la necesidad de rediscusión de los aspectos normativos que rigen a la forestación, desde la promulgación de la ley de 1987”.
AMARILLA: “LA LEY FORESTAL TIENE POCOS ARGUMENTOS Y POCA JUSTIFICACIÓN”.
El subsecretario del Ministerio de Ambiente, Gerardo Amarilla dijo ayer a VTV Noticias que desde lo ambiental la Ley Forestal “tiene pocos argumentos y poca justificación”.
El Ministerio “ya hace un estricto control de los proyectos forestales, clasifica los proyectos, pone requisitos y límites para plantación forestal sobre todo protegiendo los cursos de agua, los humedales, el monte nativo. O sea que hay una serie de limitaciones y en las últimas horas se firmó un decreto del Poder Ejecutivo con las firmas de los ministerios de Medio Ambiente y de Ganadería, Agricultura y Pesca en el cual se ingresa en el control ambiental los proyectos forestales menores a 100 hectáreas y mayores a 40”, destacó.
En declaraciones Amarilla recordó que esa incorporación de control de los proyectos forestales de 40 a 100 hectáreas “implican una exigencia extra porque hasta ahora esos controles y estudios de impacto ambiental se exigían a los proyectos mayores a 100 hectáreas”.
CABILDO ABIERTO NO RENUNCIA AL PROYECTO DE LEY.
El senador Guillermo Domenech (Cabildo Abierto), dijo que no se renuncia al proyecto de ley que está en debate por lo que espera que en los próximos días el Frente Amplio de los votos para su aprobación. Desde el Gobierno, el senado Jorge Gandini opinó que el voto conjunto de Cabildo Abierto y el Frente Amplio no debilita ni afecta el funcionamiento de la coalición.
El sindicato de Ancap decide parar y con el paro daña las instalaciones de la refinería de La Teja exponiendo a todo el país a mayores gastos y eventualmente a que haya faltante de combustible. ¿No corresponde que los responsables de esa medida se hagan cargo?, los directores de Ancap ¿no tienen la obligación de denunciar civil y/o penalmente en cuanto son funcionarios públicos?, y de no hacerlo, los fiscales ¿no deberán actuar de oficio?
Hébert Dell’Onte | La rotura en la refinería de La Teja, como consecuencia del paro que la Federación Ancap (Fancap) decidió la semana pasada, puso en debate la responsabilidad civil que los sindicatos tienen o deberían tener sobre sus acciones. Desde el Ministerio de Industria, Energía y Minería como la dirección de Ancap y legisladores del Gobierno se han pronunciaron sobre la posibilidad o necesidad de instaurar una demanda civil y eventualmente penal sobre los responsables.
Hasta el momento no se ha establecido qué costo directo tendrá la rotura como tampoco los costos derivados generados a partir de ella, pero diferentes voces se han alzado planteando o pidiendo la posibilidad de que los responsables se hagan cargo para no trasladarlo a la ciudadanía. Incluso se pidió que la Fiscalía actúe de oficio, como es el caso del senador Jorge Gandini.
La senadora Carmen Sanguinetti (Partido Colorado) escribió sobre el tema en las redes sociales: “Cualquiera que esté medianamente cerca del mundo industrial sabe que parar una planta no es sencillo, y tiene riesgos si no se planifica con mucha anticipación. La medida sindical en La Teja fue una irresponsabilidad mayúscula”.
Su colega del Partido Nacional, Graciela Bianchi, fue más específica: “Los actos irresponsables tienen consecuencias”, escribió, y pidió a las autoridades de Ancap que “no se olviden de los artículos 24 y 25 de la Constitución” que establece que “los funcionarios públicos que actúen con falta grave o dolo responden con su patrimonio por el daño causado”.
El subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), el colorado Walter Verri, expresó: “Lamentablemente lo que advertimos que podía pasar, paso. Una unidad de la refinería de La Teja no arrancó. Se está desarmando para ver la gravedad del daño. Era una de las posibilidades, pero no escucharon. Ahora pagamos todos. Lamentable radicalización sindical”.
El senador Jorge Gandini (Partido Nacional) acusó al sindicato de Ancap de hacer “un chantaje, una extorción” porque el sindicato dice: “O nos renuevan el convenio o apagamos la refinería, y apagaron la refinería”, lo cual es “una barbaridad”.
“Hubo daños y quienes tomaron esa decisión tienen que hacerse cargo”, subrayó, y pidió a la Fiscalía que tome cartas en el asunto: “Desearía que algún fiscal interviniera de oficio” porque los sindicalistas “tienen que hacerse responsable con su patrimonio, no con el patrimonio de la gente”.
Gandini aclaró que hay trabajadores, incluso sindicalistas que “quieren a Ancap y quieren al organismo”, el problema es “la dirigencia sindical que dice representar a los trabajadores”.
Parar la refinería “fue una media extrema, totalmente ilógica con el inicio de un conflicto porque estaban en negociaciones y tomaron la medida más extrema de todas porque la última vez que se hizo fue contra la dictadura”.
UN SOLO URUGUAY: “LA POBLACIÓN ES REHÉN DEL CORPORATIVISMOS SINDICAL ESTATAL”.
Desde fuera de la política también se hicieron oír voces reclamando que Fancap se haga cargo de los daños y costos generados por la medida sindical. Un Solo Uruguay emitió un comunicado que tituló “El que rompe paga” en el cual se pregunta si “alguna vez en este país se hará cargo el que rompe o el que dilapida los dineros públicos”.
“Que el PIT-CNT y Fancap se hagan cargo del costo de la reparación y de los perjuicios ocasionados como cualquier hijo de vecino”, agrega el movimiento.
Finaliza: “Que se termine el abuso de cargar las mañas ajenas a la población, siempre rehén del corporativismo sindical estatal”.
El objetivo de la movida combinada entre el Frente Amplio y el PIT-CNT parece ser debilitar al Gobierno en cuantos frentes les sea posible y para eso todo viene bien, incluso los pequeños debates que nada tienen para aportar.
Hébert Dell’Onte| La coordinación de la arremetida sindical de los últimos días es evidente. Pero no solo los sindicatos han desarrollado una estrategia de alto impacto, también el Frente Amplio, lo cual es lógico considerando la afinidad entre ambos. El objetivo de la movida combinada parece ser debilitar al Gobierno en todos los frentes posibles y para eso todo viene bien.
Este miércoles se dieron don hechos que evidencia el “vale todo” para el juego opositor. El primero tiene que ver con la confirmación de las firmas que cuestionan la Ley de Urgente Consideración (LUC), y concretamente refiere al color de las papeletas del SI y del NO.
La Corte Electoral decidió que quienes van por SI, o sea sí derogar los 135 artículos en debate, usarán la papeleta color rosado, en tanto que los van por el NO, o sea no derogar los 135 artículos, tendrán papeleta celeste.
Conocidos esos colores, desde el PIT-CNT y el FA salieron voces a cuestionar la resolución de la Corte porque consideran que el rosado los perjudica porque “en Uruguay todos somos celestes”, dijo Pablo Abdala. “Vamos a impugnar”, anunció, sumando otro elemento de confrontación y lo que es peor pone un manto de dudas sobre el accionar de la Corte Electoral. Esto último es tan serio y preocupante como ridículo.
Es serio y preocupante porque nuestra Corte Electoral es un organismo de garantías y no se lo puede poner en duda por el color de las papeletas. Pero también es ridículo porque ya en otras oportunidades, como el referéndum sobre la Ley de Ancap (2003) durante el gobierno del Dr. Jorge Batlle, se utilizaron esos mismos colores lo que no implicó ninguna maniobra y no recuerdo que haya habido planteamientos de intenciones ocultas o manipulación a pesar de que muchos de los dirigentes sindicales de entonces eran los mismos que ahora (los cargos casi vitalicios de los sindicalistas es otro tema de debate).
Además, si el color de una papeleta incidiera significativamente en el voto, eso sucedería por dos motivos: la poca inteligencia de nuestra sociedad, lo cual es falso, o por la flojera de los argumentos de alguna de las partes.
De todas formas, en el año 2003 ganó el SI cuya papeleta era color rosado, y perdió el NO de color celeste.
OTRA DISCUSIÓN ABSURDA: EL CRUCIFIJO DE CIPRIANI.
Otra discusión de ribetes absurdos es lo plateado por el diputado Enzo Malán (Frente Amplio) por el crucifijo que el director de ASSE, Dr. Leonardo Cipriani, colocó en su despacho.
Ante eso, apenas un par de consideraciones: Las oficinas personales no son lugares públicos, no lo es la de Cipriani como tampoco la de Malán.
Además, el diputado socialista cae en una contradicción fragrante: es práctica más que habitual en los legisladores colocar banderas político partidarias y simbología político sectorial, pero no en el encierro de las cuatro paredes de sus oficinas, sino hacia el exterior donde circulan personas de todas las posiciones y posturas políticas, delegaciones o comitivas de diferentes instituciones.
A su vez hasta hemos visto ingresar al plenario de la Cámara de Representantes a algún legislador con insignias o elementos alusivos a partidos políticos o ideologías identificadas con el Frente Amplio, y hasta con referencia a otros países y dictaduras, sin que el referido legislador se mostrara afectado.
Como vemos, a Uruguay le están faltando los grandes debates que el país necesita, y la oposición sindical y política no ayudan para que eso suceda.
La sociedad debería preguntarse si está dispuesta continuar soportando conductas sindicales que no le hacen bien al país y que los propios causantes reconocen el extremismo en que el caen.
Hébert Dell’Onte | La escalada conflictiva que están llevando adelante los sindicatos podría ser fruto de la casualidad, pero no lo parece, en especial cuando todos los sindicatos en conflicto -aunque son independientes en sus acciones y decisiones- están unificados en el PIT-CNT. Y todos sabemos a qué intereses políticos partidarios responde la gremial sindical y sus instituciones afiliadas.
Provocar varios focos simultáneos y en diversos ámbitos de la sociedad es una vieja táctica ya vista en el mundo entero, usada por algunas agrupaciones o movimientos de variado perfil con el fin de magnificar en la sociedad la sensación de disconformidad.
Ese accionar puede no gustar, pero aceptemos que en principio no hay nada de ilegítimo en él. Lo que es inaceptable es lo que significa en pérdidas millonarias para un país que está saliendo de una situación compleja como consecuencia de la crisis mundial ocasionada por la pandemia.
Uno de los paros más significativos de las últimas horas es el de la refinería de La Teja que, según expresó el presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, por cada día que permanece cerrada genera al ente un costo de medio millón de dólares.
Cuando Stipanicic dice que la empresa pierde esa suma (US$ 500.000), lo que en realidad nos está diciendo es que ese dinero saldrá del bolsillo de todos los ciudadanos, del que paga combustibles para producir, del que pone en marcha su camión de reparto, o usa su autor para pasear. Pero también el ciudadano que no tiene vehículo alguno verá reflejado el costo del combustible de diferentes formas, por ejemplo, cuando vaya al almacén a comprar productos de primera necesidad encarecidos porque también lo hicieron su producción y reparto.
Por otra parte, la Coordinadora de Interdepartamentales de la Unión Nacional de Obreros y Transportistas (Unott), resolvió parar los días viernes 10 y 17 de diciembre, y el jueves 23. No es necesario explicar los perjuicios que esa movilización causa en las empresas y sobre todo en los usuarios que son los que no tienen vehículo propio para viajar.
Diciembre es un mes de fechas muy significativas, en especial el viernes previo a la Navidad en el que miles de compatriotas se movilizan de un punto del país a otro para reencontrarse con sus familias.
Recuérdese que hace un año muchos ciudadanos no pudieron reencontrarse con sus seres queridos debido a las medidas de cuidado a las que nos obligó la pandemia. Hoy la amenaza nace a partir de una decisión sindical egoísta y poco solidaria.
Pero hay más: paro en la construcción, paro en la educación y el paro del sindicato portuario sobre el cual ya nos hemos referido desde este espacio.
Son todas medidas de diferente naturaleza, intensidad y capacidad de impacto. Lo que tienen en común es el daño que causan al país y a nosotros los ciudadanos. La sociedad debería preguntarse si está dispuesta continuar soportando conductas sindicales que no le hacen bien al país y que los propios causantes reconocen el extremismo en el que caen.
Así lo dijo Fancap (Federación Ancap) al expresar en una carta dirigida al presidente Luis Lacalle: “Tenemos plena conciencia de la medida extrema que tomamos en el día de hoy”, expresa en relación al paro en la refinería.
Walter Verri dijo que se trata de “proteger al Uruguay de la posibilidad del fracking”. Además afirmó que el Gobierno actual descarta realizar exploraciones y prospecciones convencionales y no convencionales, especialmente en tiempos en que el país avanza hacia una segunda transición energética basada en las energías renovables y la movilidad eléctrica.
La Comisión Nacional de Evaluación Científica y Técnica (CNECT), que evaluó en profundidad antecedentes nacionales e internacionales sobre la fractura hidráulica (fracking), recomendó al Poder Ejecutivo, como posición mayoritaria, extender la moratoria de la actividad. El subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) Walter Verri dijo que este documento será la base que se enviará al Parlamento para su estudio y consideró que la extensión de la moratoria a través de una ley “blindará al país” de la posibilidad de que se realice fracking por un período más prolongado. Al mismo tiempo, descartó que el Gobierno considere efectuar prospecciones convencionales y no convencionales en tiempos en que el país se dirige a una segunda transición energética basada en las energías renovables.
La CNECT funciona bajo la órbita del MIEM para estudiar en profundidad el tema del fracking en Uruguay y asesorar sobre la posibilidad o no de efectuar esta actividad en nuestro país, entregó el 2 de diciembre su informe final al Poder Ejecutivo.
Este documento, recibido por el subsecretario Walter Verri, presenta como posición mayoritaria extender la moratoria para realizar actividades de fracking en nuestro territorio. El Poder Ejecutivo enviará al Parlamento un proyecto de ley, basado en este documento, para su estudio por parte de los legisladores.
Durante el encuentro, Verri, en nombre del MIEM y del Poder Ejecutivo, agradeció a los integrantes de la comisión por su tiempo y esfuerzo para realizar un aporte en “beneficio del país”.
El subsecretario dijo que el Poder Ejecutivo seguirá las sugerencias del informe, elaborado con diferentes análisis y recopilación de datos nacionales e internacionales. Por ese motivo, este documento constituirá el proyecto de ley que se enviará al Parlamento. La extensión de la moratoria a las actividades de fracking por un plazo mayor al anterior, a través de una ley, “blindará al país” legalmente ante eventualidades que, no obstante, hoy no se consideran, aseguró.
El jerarca dijo que se trata de “proteger al Uruguay de la posibilidad del fracking”, si bien afirmó que el Gobierno actual descarta realizar exploraciones y prospecciones convencionales y no convencionales, especialmente en tiempos en que el país avanza hacia una segunda transición energética basada en las energías renovables y la movilidad eléctrica.
Verri valoró también la “amplia base de consenso político” que se obtiene debido a que la CNECT está integrada por representantes de diversas organizaciones, tanto estales como científicas y de la sociedad civil. Recordó que la comisión fue creada en el Gobierno anterior y se consolidó en este, sin injerencias políticas de ninguna índole. Se trata de “una política de Estado más allá de los partidos”, señaló.
La CNECT fue creada por la Ley 19.585. Está presidida por el MIEM —actualmente bajo la coordinación de Alicia Torres— e integrada por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, el Ministerio de Ambiente, la Universidad de la República, el Congreso de Intendentes, la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay y la Red Uruguaya de ONG Ambientalistas.
Sus objetivos son recopilar y estudiar en profundidad los antecedentes internacionales relativos al procedimiento de la fractura hidráulica (fracking) y de la perforación horizontal, incluidos disposiciones, normativas e informes científicos y técnicos.
Además, identifica las mejores prácticas internacionalmente reconocidas en cuanto al procedimiento de la fractura hidráulica y evalúa la posibilidad o no de utilizarlo en Uruguay.
Asimismo, asesora a los poderes del Estado y los gobiernos departamentales sobre las potenciales consecuencias de la utilización del fracking.
El informe técnico y científico que produjeron los actores multidisciplinarios de la CNECT contiene un análisis profundo del procedimiento de fractura hidráulica, adaptado específicamente a la realidad de nuestro país. En función al contenido de este informe, el Parlamento decidirá si se continúa con la prohibición de la aplicación de la técnica o si se habilita bajo ciertas condiciones a partir de 2022. En el documento presentado el 2 de diciembre, las organizaciones adoptaron como posición mayoritaria la extensión de la moratoria del fracking. En posición minoritaria, la Red Uruguaya de ONG Ambientalistas recomendó la prohibición de esta actividad. (Presidencia).
“Uruguay debe reconocerse a sí mismo como lo que es sin vergüenza alguna, porque allí residen nuestras principales fortalezas, y por lo tanto nuestra identidad como país”.
Ing. Agr. Santiago Gutiérrez Silva | El cotidiano debate público en Uruguay suele transitar por la inmediatez de la agenda pública. Bailamos alrededor de la última declaración explosiva del dirigente de turno, usualmente frases enlatadas llenas de épica y poesía, con muy poca sustancia real y poco aggiornadas.
Vivimos enfrascados en discusiones sí políticas, o sobre política partidaria, pero poco sobre políticas públicas o visión estratégica de país.
Entonces, ¿existen hoy en Uruguay proyectos de país, que trasciendan los proyectos de poder, es decir el cómo llegar?
La bendita y tan importante estabilidad democrática uruguaya tiene una contracara difícil y negativa que es la pesada aversión al cambio de nuestro pueblo. Esa misma estabilidad y su consecuente miedo al cambio, se sustentan en la creencia inconsciente de que en Uruguay existen solo dos proyectos de país bien distintos a grandes rasgos, independientemente de cómo se alineen electoralmente los partidos, pero que dan meridianas certezas.
Por un lado el centenario y preponderante modelo batllista. Un país con una importante influencia europea en su estructura centralista, con una fuerte presencia y cobertura de un Estado grande y dirigista, urbano e industrialista, concentrando sus esfuerzos en la franja costera Colonia-Rocha, donde vive la inmensa mayoría de los uruguayos. En grandes términos el modelo que ha seguido el Uruguay entre los gobiernos colorados y frenteamplistas.
Por otro lado, un modelo de fuerte arraigo en sus tradiciones históricas y productivas en el interior del país, que apuesta a su identidad nacional y la producción de alimentos y servicios de exportación, con vocación federal y descentralizadora. Un modelo más liberal, de crecimiento “hacia fuera”. La perspectiva más blanca-nacionalista del proyecto país.
Por muchos años, en la discursiva hemos llevado al extremo la contraposición de estos dos modelos como opuestos y resaltando unos la imposibilidad y lo terrible del otro. Naturalmente el derrotero histórico, las emociones y la pasión han hecho mucho por hacer parecer paralelos estos caminos.
«Uruguay precisa de un Estado fuerte para un país planificado, regionalizado y descentralizado, con 4 o 5 ciudades de peso y dinámicas. Con acceso a educación de calidad en toda su extensión. Un Estado que avance agresivamente en inserción internacional y sus empresas públicas estén realmente al servicio de la gente y no sean un fin en sí mismo, entre tantos otros pendientes».
Lo cierto es que tienen de raíz concepciones históricas, filosóficas y teóricas bien distintas sobre quiénes somos y hacia dónde vamos, pero el largo y sinuoso camino recorrido hasta aquí, analizándolo racionalmente parece haber despejado algunas dudas prácticas al respecto.
Estos dos modelos no necesariamente son totalmente excluyentes. Uruguay ha encontrado fortalezas y seguridades, torpezas e ineficiencias enormes en la construcción de su fuerte estado como escudo de los más débiles, y ha demostrado en los hechos que su vocación productiva e identidad está en la producción agropecuaria, el turismo y la venta de otros servicios, principalmente. Un Uruguay que crece hacia fuera, entre otras cosas, por carecer de escala para un mercado interno de peso.
En este último punto se cruzan ambos caminos. La ausencia de ese mercado interno hace necesaria la presencia de un Estado fuerte (que no necesariamente es lo mismo que grande), que proteja a los más desfavorecidos y elimine las terribles diferencias de todo tipo, particularmente entre la capital y el interior, que dejó por el camino el modelo centralista. También hace necesario que ese Estado sea impulsor y socio de su más importante apuesta productiva: la producción agropecuaria, la atracción de turistas durante todo el año, la venta de servicios financieros y tecnológicos, y que a su vez aliente a un pujante sector audiovisual y a un universo cultural que tiene mucho para ofrecer y crecer. Uruguay debe reconocerse a sí mismo como lo que es sin vergüenza alguna, porque allí residen nuestras principales fortalezas, y por lo tanto nuestra identidad como país.
El cruce de caminos que hace de ese tercer modelo de país, precisa de grandes reformas en la estructura, organigrama y funcionamiento del Estado, que lo hagan fuerte donde debe estar y eficiente y ágil en toda su dimensión.
Uruguay precisa de un Estado fuerte para un país planificado, regionalizado y descentralizado, con 4 o 5 ciudades de peso y dinámicas. Con acceso a educación de calidad en toda su extensión. Un Estado que avance agresivamente en inserción internacional y sus empresas públicas estén realmente al servicio de la gente y no sean un fin en sí mismo, entre tantos otros pendientes. Cabe a modo ilustrativo preguntarse si precisamos de 14 ministerios que responden a intereses sectoriales, o si es razonable que un país con 3,4 millones de habitantes tenga 19 directores de higiene, cultura o turismo. Es evidente la magnitud y profundidad de la discusión que tenemos por delante, para llevar realmente a Uruguay al siglo XXI.
¿Tendremos la madurez necesaria para poner antes de todos nuestros pruritos personales, el destino de Uruguay como Nación?
Hoy estamos lejos de poder dar las discusiones mínimas necesarias, por tener de horizonte inmediato la agenda pública. Una agenda y un horizonte electoral, que poco tienen que ver con la vocación de cambio real. Hay que animarse.
