¿Por qué Ursea no controla la venta ilegal de combustible?
¿Estamos ante un caso de negligencia en el cumplimiento de algunos de los “cometidos sustantivos” de Ursea?
Hébert Dell’Onte Larrosa | Montevideo | Todo El Campo | ¿Por qué en muchos lugares del interior los habitantes están obligados a pagar por el combustible más de lo que indica el precio oficial?
Lo que planteo como una pregunta, el técnico agropecuario José Matonte lo expuso a través de un hilo publicado en su cuenta X (ex Twitter) @LuisMatonte
Es que efectivamente así sucede: “En muchos lugares del interior del país, los habitantes están obligados a comprar combustible en el mercado informal, pagando precios mucho más altos que los fijados oficialmente como precios máximos”.
TRES EJEMPLOS, “PERO HAY MUCHOS MÁS”.
Sucede que “hay grandes zonas del país que tienen poblaciones sin estaciones de servicio cercanas”, asegura Matonte que muestra “los tres ejemplos que más conozco, pero hay muchos más”, asegura.
El primer ejemplo es el del tramo “entre Tacuarembó y Paysandú” donde “hay 218 km sin estación de servicio”, perjudicándose a los habitantes de Los Rossano, Valle Edén, Tambores, El Eucalipto, Paso del Parque.
El segundo ejemplo: “entre Tacuarembó y Salto” donde “hay 219 km sin estación de servicio”, afectando lugares como Zapará, Quiebrayugos, Paso Cementerio, Celeste, Biassini, Itapebí y Valentín.
El tercer ejemplo: “entre Tacuarembó y Paso de los Toros hay 140 km sin estación de servicio” y los lugares son Curtina, Peralta, Bonilla, Batoví.
En esas tres amplias zonas, “la única posibilidad” de adquirir combustible, “es comprarle a algún vecino de la zona que oficia de estacionero, que compra nafta en una ciudad y la revende en el pueblo”.
Está claro que quien vende “lo hace para obtener un lucro” por lo que “todos esos consumidores tienen que comprar el combustible a un precio más alto que el precio máximo permitido”, y mientras los valores máximos están entre los $ 53 y $ 71 el litro, los pobladores de las zonas indicadas pagan entre $ 80 y $ 90.
“Esto no solo ocurre en los pueblos”, afirma Matonte; “también se da en los barrios periféricos de las ciudades capitales como Paysandú, Salto, Tacuarembó y San José”, generándose “toda una red de estaciones informales, pero absolutamente necesarias”, porque “si no existieran, los pobladores del interior tendrían que hacer 50 o 70 km para llenar el tanque” de sus vehículos, por ejemplo “de una moto”.
¿QUÉ HACE URSEA, O POR QUÉ NO HACE NADA?
Recuerda que es la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) la que debe realizar inspecciones y disponer el cese de la comercialización informal, “pero realiza unas pocas inspecciones al año”.
La pregunta certera plateada por Matonte es “¿por qué Ursea hace poco por corregirlo?, teniendo en cuenta que además es la Ursea la que “está impidiendo que existan más estaciones y que se permita el expendio móvil”.
Por otra parte, “hace más de un año que expertos internacionales entregaron un proyecto de reforma, donde señalaron como fundamental que no debe haber restricciones a la instalación de nuevas estaciones” con lo cual se favorecería a los consumidores. “Sin embargo, el Directorio de Ursea cedió a la presión del lobby de los estacioneros metropolitanos y luego de varias prórrogas, archivó el reglamento”.
En resumen: “Por decisión del directorio de Ursea” y contrariando lo que indica la norma, “los pobladores del interior deben seguir obligados a pagar precios más altos que los permitidos por el Poder Ejecutivo”.
Y así seguirá siendo en tanto Ursea “hace la vista gorda, porque si clausura las estaciones informales, aumenta el reclamo por tener más estaciones; y si libera el mercado, iría en contra del negocio de algunos estacioneros grandes”, concluye Matonte.
¿NEGLIGENCIA?
Al parecer, estamos ante un claro caso de negligencia en el cumplimiento de algunos de los “cometidos sustantivos” de Ursea, publicados en su página web institucional.
Repasemos esos “cometidos sustantivos” que son claros y específicos: “Proteger los derechos de los usuarios y consumidores”.
También “controlar el cumplimiento de las normas vigentes”.
Asimismo, “establecer los requisitos que deberán cumplir quienes realicen actividades vinculadas a estos sectores”; “resolver las denuncias y reclamos de los usuarios”; y “proponer al Poder Ejecutivo las tarifas técnicas de los servicios regulados”.
Además de “prevenir conductas anticompetitivas y de abuso de posición dominante”.
Por lo menos tres de los “cometidos sustantivos” parecen no cumplirse. Hago mía la pregunta de Matonte, ¿por qué?
