Los fondos otorgados son insuficientes para alcanzar las metas comprometidas; no se contemplan los gastos de funcionamiento y operativa de cada sede, incluida la nueva en Lavalleja próxima a inaugurarse.
Hébert Dell’Onte Larrosa | Montevideo | Todo El Campo | El mayor avance hacia la descentralización de las últimas décadas es la concreción de la Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC), que comenzó a recorrer su historia en 2014 con tan solo 44 estudiantes.
Pasaron 11 años, y los alumnos se multiplicaron por 81 y hoy suman 3.580 (8.136% más) en todas las carreras que ofrece el centro de estudio en todo el país.
El número de alumnos habla por sí solo de la necesidad de contar con una institución como UTEC. Más alumnos significa que los jóvenes quieren estudiar y capacitarse, y que la oferta de UTEC está amoldada a las necesidades de las nuevas generaciones. No sería de extrañar que cuando pasen otros diez años el alumnado sea aún mucho mayor al actual.
Pero hay otros datos interesantes: de los 3.580 alumnos, 3.000 (el 84% del total) son la primera generación de universitarios en sus familias. Dicho de otra forma, unos 8 alumnos de cada 10 acceden a la formación universitaria por primera vez en sus familias.
Los números del párrafo anterior bien merecen un análisis sociológico respecto al impacto que eso tiene en los jóvenes, en la familia a la que pertenecen y en la sociedad, generando oportunidades para quienes antes no la tenían, y con carreras no tradicionales, sino en campos muy innovadores y acordes a los nuevos desafíos que debe enfrentar la sociedad. El salto cualitativo es claro y prometedor.
Además, UTEC fortalece el interior del país, porque brinda educación de calidad y rompe con aquello de que, como dice la canción de Pablo Estramín, “cuando quieras estudiar, morís en la capital”. Incluso se está dando, gracias a la UTEC, un proceso a la inversa. No solo los jóvenes tienen la posibilidad de quedarse en su lugar de nacimiento donde tienen a sus familias y amigos, sino que los de Montevideo viajan a estudiar a los departamentos del interior, como está ocurriendo en este momento con estudiantes de la capital y Canelones asistiendo a clases de robótica o inteligencia artificial en Rivera.
Nótese: robótica e inteligencia artificial, dos áreas sumamente potentes en el mundo en materia de desarrollo tecnológico, por lo que implican como generadoras de trabajo y potencial de desarrollo, ya que el mundo camina hacia allí. O ya estamos ahí y ahora necesitamos científicos que impulsen esas disciplinas para que Uruguay no quede rezagado ni dependamos de expertos extranjeros. Bueno, UTEC forma a nuestros jóvenes en eso, y este es solo un ejemplo.
Lo dicho apenas es la punta del iceberg, solo una muestra de lo que UTEC representa para Uruguay y los uruguayos. Sería muy torpe no prestarle atención, y muy sabio considerar sus necesidades en profundidad ahora que el Parlamento estudia el proyecto de presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo.
NÚMEROS INSUFICIENTES.
El problema es que como ocurre siempre, los dineros nunca alcanzan. Del total que se asigna a la educación pública, UTEC recibe menos del 1%.
UTEC ha advertido que en el próximo quinquenio, con lo designado por el gobierno, no podrá desarrollar ninguna carrera de grado o posgrado adicional.
Un documento de UTEC dirigido al Parlamento advierte que se está “restringiendo la capacidad de UTEC para otorgar apoyos económicos y oportunidades laborales, impactando directamente en la inclusión y permanencia estudiantil, especialmente en los sectores más vulnerables, que constituyen la mayoría de la matrícula de UTEC”.
Agrega que los fondos otorgados son “claramente insuficientes para alcanzar las metas comprometidas”, y “no se contemplan los gastos de funcionamiento y operativa de cada sede, incluida la nueva sede de Lavalleja próxima a inaugurarse”. Concluye: el proyecto de presupuesto “permite apenas sostener el funcionamiento mínimo de la UTEC, pero impide desplegar su Plan 2026-2030: una apuesta estratégica para formar talento, dinamizar territorios y asegurar un desarrollo con equidad. Se frena así la expansión a 15 departamentos, no se avanza en el derecho de muchos jóvenes del interior a acceder a la educación superior, se compromete la continuidad de inversiones realizadas, se limita el acceso a becas y empleo juvenil, y se restringen capacidades clave de investigación e innovación”.
Entre los puntos más destacados se encuentra la creación del Impuesto Mínimo Complementario Doméstico (IMCD), alineado con la iniciativa global de la OCDE, que asegura una tributación mínima del 15% para grupos multinacionales.
Montevideo | Todo El Campo | La consultora KPMG Uruguay dedicó una edición especial del boletín Monitor Semanal en analizar la ley de presupuesto para el período 2025-2029 que el Poder Ejecutivo presentó en el Parlamento y actualmente está siendo estudiado por la Cámara de Representantes.
El proyecto de presupuesto incluye cambios relevantes en materia tributaria y regulatoria.
Entre los puntos más destacados se encuentra la creación del Impuesto Mínimo Complementario Doméstico (IMCD), alineado con la iniciativa global de la OCDE, que asegura una tributación mínima del 15% para grupos multinacionales.
También se eleva el límite de compras internacionales libres de impuestos a US$ 800 anuales, se amplían rentas del exterior gravadas en el IRPF y se establecen incentivos para atraer talento extranjero.
En el plano jurídico, el proyecto crea la Agencia de Vigilancia Sanitaria (Avisu), fortalece las facultades del Banco Central y de la DGI, e introduce ajustes en arrendamientos, defensa de la competencia y zonas francas.
MONITOR SEMANAL DE KPMG URUGUAY.
El siguiente es el Monitor Semanal de KPMG Uruguay.
“Hemos demostrado en las evaluaciones de impacto de INIA que lo que se invierte tiene retorno”, dijo el Ing. Agr. Miguel Sierra.
Hébert Dell’Onte Larrosa | Montevideo | Todo El Campo | En momentos en que el Parlamento analiza y discute sobre el presupuesto del Poder Ejecutivo, Todo El Campo quiso saber la evaluación que hace el presidente del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), Ing. Agr. Miguel Sierra, al respecto.
Dijo que por su parte “no hay conformidad, pero la estamos peleando” porque “creemos que Uruguay tiene que hacer una fuerte apuesta a la inversión en ciencia, tecnología e innovación”, subrayó.
“Hemos demostrado en las evaluaciones de impacto de INIA que lo que se invierte tiene retorno”, y “por cada dólar que se invierte en INIA, retornan de 1,18 a 1,25 dólares por año, lo que es muy importante”, y a eso debiéndose sumar “todo lo que genera en capacidad”.
“Somos 700 personas en 5 estaciones experimentales”, y en algunas ciudades INIA representa “la segunda o tercera fuente laboral de calidad que hay en el interior”; además “evitamos importar tecnología porque la generamos acá, posicionamos al Uruguay con ciencia de alta calidad en el mundo para decir que nuestra ganadería, nuestra soja son sostenibles. Nos reconocen en todos lados, vienen delegaciones de países como China o Alemania a visitarnos”, ejemplificó.
En resumen: “Realmente creemos que hay que apostar más fuertemente” por la investigación y la ciencia, reclamó.
La postura de INIA ahora es la de mejorar lo que se le ha destinado en el presupuesto. Sierra dijo que se han realizado gestiones que han significado mejoras, pero no son suficientes, por lo que seguirá trabajando con ese objetivo.
Por el momento se logró “un leve incremento, pero vamos a pelear por más, nos quedan dos instancias”, una en la Comisión de Presupuesto de Diputados el viernes 19 de setiembre, y la segunda en octubre en la Comisión de Presupuesto del Senado, anunció.
“Por el momento logramos un incremento” por parte de Rentas Generales pasando de 600 millones de pesos uruguayos a 800 millones, pero tenemos una deuda acumulada (del Estado con INIA) de 37 millones de dólares, y el año pasado no recibimos el aporte de Rentas Generales de 600 millones de pesos, así que la estamos peleando” mejorar el presupuesto, concluyó.
Montevideo | Todo El Campo | El Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres) presentó un informe especial sobre el proyecto de ley de presupuesto nacional, en el que expone el aumento del gasto público previsto para el quinquenio, advierte una pérdida de competitividad de la economía uruguaya y plantea dudas sobre la viabilidad de los objetivos fiscales y de crecimiento económico.
El documento -en la sección que titula “La Realidad”- recoge que el presupuesto nacional prevé un aumento de los egresos del 10% en términos reales de los egresos totales el Gobierno Central, incluyendo BPS, por encima al observado durante la administración 2020-2024 (5%) y levemente por debajo del quinquenio 2015-2019 (10,6%), y analiza la evolución de los distintos rubros del gasto en términos reales. Desagregado por rubros, se destaca que para el próximo quinquenio (2025-2029) se prevé que las remuneraciones aumenten casi el doble que lo que crecieron en el período anterior, en términos reales.
Por su parte, al observar la distribución de los montos asignados por áreas, las áreas programáticas con mayor aumento serían Salud, Seguridad Social, Protección Social e Infraestructura, Transporte y Comunicaciones. No obstante, esta proyección no considera posibles incrementos de gastos que surjan durante la discusión parlamentaria.
El informe también analiza “Los Supuestos” detrás del presupuesto. Allí señala que las proyecciones oficiales parten de un escenario de crecimiento optimista de la economía teniendo en cuenta el registrado en los últimos diez años y las condiciones externas proyectadas. Según un análisis de Ceres, para el período 1985-2024, el crecimiento de la economía durante años donde las condiciones externas no fueron ni buenas ni malas -como las estimadas para el quinquenio- fue de 1%, similar a la última década. Mientras, el presupuesto proyecta un aumento de la actividad de 2,4% anual para 2025-2029.
Si el PBI creciera al ritmo de la última década y consistente con las condiciones externas proyectadas, Ceres estima que el resultado global del Gobierno Central (incluyendo BPS) llegaría a -3,4% del PBI a 2029, es decir, empeoraría ocho décimas con respecto a las cifras estimadas por el Ministerio de Economía y Finanzas (-2,6%) y sería apenas mejor que el resultado actual (-3,7%).
De acuerdo con el documento, otro supuesto radica en que la competitividad de Uruguay -medida a través del tipo de cambio real bilateral- se deterioraría en el periodo, ya que la inflación proyectada superaría a la suba del dólar. Esto, considerando que tampoco se proyectan bajas significativas del costo de producir por otras vías, muestra un escenario donde persistiría la baja competitividad, con afectaciones para el sector exportador y la captación de inversiones.
En esta línea, el informe plantea “Las Interrogantes”. Por un lado, Ceres pregunta sobre la magnitud del aumento de la recaudación prevista por el gobierno sustentado por cambios tributarios y la eficiencia en la recaudación. En particular, el gobierno estima que la implementación del nuevo Impuesto Mínimo Complementario Doméstico a multinacionales, la aplicación del IRPF a los incrementos patrimoniales de activos en el exterior y el denominado “impuesto Temu” generarían ingresos adicionales por unos 600 millones de dólares anuales, equivalentes a 0,75% del PBI. Allí se hace un ejercicio hipotético para mostrar la relevancia de los nuevos gravámenes: si la recaudación efectiva por estos impuestos más la ganancia en eficiencia terminara siendo la mitad de lo estimado, el resultado fiscal empeoraría 0,2 puntos del PBI en 2026, y sería mayor aún cada año.
Por otra parte, sentencia que, si bien “el presupuesto tiene como pilar fundamental la aceleración del crecimiento económico”, la inversión proyectada por las autoridades (16,6% a partir de cálculos de Ceres) estaría por debajo del promedio registrado en el quinquenio 2020-2024 (17,1%), y lejos del objetivo planteado por el MEF del 20% anual. En ese sentido, se pregunta cuáles serán los fundamentos económicos que el gobierno estima que permitan duplicar la tasa de crecimiento de la actividad -con el nivel de encarecimiento e inversión proyectada y una alta incertidumbre global- sin agenda de reformas estructurales contundente y considerando que las proyecciones parecen no prever mega inversiones en el sector de energías renovables.
Una última interrogante planteada por Ceres refiere a que más allá de las proyecciones específicas de ingresos y egresos, la elaboración y asignación del presupuesto nacional enfrenta desafíos estructurales que trascienden coyunturas puntuales. Afirma que, como se planteó en el informe de Ceres “La transformación del gasto público en Uruguay” (*) (julio 2024), “dentro de la compleja red de incisos, unidades ejecutoras y programas existen fragmentaciones institucionales y superposiciones de cometidos que dificultan la coordinación y diluyen responsabilidades”. A su vez, destaca el ejemplo de las unidades ejecutoras de los incisos “Partidas a Reaplicar”, “Subsidios y subvenciones” y “Diversos créditos”, que en conjunto representan el 30% de los egresos y no cuentan con cometidos debido a la naturaleza de su registro presupuestal, lo que también condiciona la claridad en su lectura y el análisis del presupuesto. Dado lo anterior, destaca que es importante tener presentes estas restricciones en el debate presupuestal y orientar también la discusión hacia un uso más eficiente de los recursos y una mayor efectividad en los resultados de las políticas públicas.
Además, introduce cambios sustanciales en la regla fiscal, eliminando el tope anual del gasto.
Montevideo | Todo El Campo | El presupuesto ya está en debate, con un aumento del gasto de US$ 940 millones en los próximos cinco años en base a un crecimiento esperado del 2,4% que muchos economistas definen como demasiado optimista, en tanto que la inflación sería del 4,5% y el tipo de cambio por debajo de ese guarismo.
Para una mejor comprensión, el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) publicó un cuadro con las proyecciones de las principales variables macroeconómicas, según el cual el PIB medido en millones pasará de US$ 80.961 en 2024 a US$ 102.931.
Agrega que “el presupuesto prevé que el gasto del Gobierno Central (GC) y el Banco de Previsión Social (BPS) suba 0,7% del PIB hacia el 2029, mediante mayor gasto endógeno, partidas anuales crecientes (US$ 140M→240M) y US$ 700M anuales en infraestructura)”.
El análisis añade que respecto al gasto hay un “fuerte incremento en los primeros dos años, por encima del crecimiento potencial de la economía”; y subraya que los incrementos de ingresos del GC y el BPS entre 2024 y 2029 “se explica por nuevos impuestos (mínimo global, IRPF a ganancias de capital en el exterior, IVA a compras con franquicia) y más recaudación de los tributos ya vigentes”.
Otro punto destacado es que el presupuesto del Poder Ejecutivo introduce cambios sustanciales en la regla fiscal, eliminando el tope anual del gasto e incorporando “un ancla de deuda de mediano plazo de 65% del PIB”, dice el CED.
De esa forma se “genera una regla fiscal más laxa que pierde parte de su carácter contracíclico”.
