Ya es hora. Según una reciente encuesta los sindicatos son de las instituciones que menos confianza generan en la sociedad, (39%), inclusive por un punto debajo de los empresarios (40%).
Hébert Dell’Onte | Hace pocos días fue difundida la encuesta de la consultora Equipos sobre la confianza de los uruguayos en las instituciones. La Policía, blanco de cuestionamientos que buscan desacreditar políticamente a quién la encabeza, es la institución que genera más confianza en los ciudadanos: el 73% de los encuestados declaró tener mucha (44%) o algo (29%) de confianza en ella.
En un rango alto de confianza le siguen las organizaciones sociales, el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas y el Parlamento, todos por encima del 55%.
La encuesta no dejó bien posicionado a los partidos políticos que logran una confianza del 45% de los ciudadanos frente al 50% que sienten desconfianza (5% no sabe o no responde). El dato es preocupante para la democracia ya que esta se sustenta en los partidos políticos.
Con el 40% de confianza están los empresarios, un escalón más abajo siguen los sindicatos (39%) y luego la Iglesia (37%).
Respecto a los sindicatos y empresarios, otro dato relevante es que los primeros generan “ninguna” confianza en el 35% y los segundos en el 20%.
A todo esto, algunos sindicatos han saltado a los titulares de los diarios e informativos porque sus acciones afectan a la sociedad y el correcto desempeño de las empresas en que operan. El caso más claro y reciente es el de la industria láctea.
En los últimos días, ciudadanos y comerciantes -sobre todo los pequeños comerciantes- han sufrido falta de productos Conaprole, la mayor empresa láctea del país atendiendo el mercado interno como en las exportaciones. Desde Cambadu, organización que representa a comercios minoristas, se ha dicho que algunos establecimientos “de cercanía” dejaron de recibir productos. El perjuicio es múltiple, no sólo se afecta a la cooperativa Conaprole, también se priva al pequeño comerciante de vender y a la ciudadanía de adquirir un producto básico para la dieta, fundamental en el desarrollo de niños y jóvenes, como fuente alimenticia en mayores y adultos.
A eso se suma el perjuicio al productor remitente, raíz y soporte primera de la empresa.
Como si eso no fuera suficiente, está pendiente la amenaza del sindicato de afectar las exportaciones con lo cual el daño se hace aún mayor y repercutirá directa o indirectamente en todo el país.
ES HORA DE ACTUAR.
Hace unos días alguien preguntó en las redes sociales qué sucede con Conaprole que cada poco tiempo tiene problemas sindicales y por qué no se hace algo para cambiar eso, en caso de ser posible.
La respuesta es que sí, se puede cambiar. Una es que los trabajadores hagan entender a la cúpula sindical del sector de lo equivocado de su accionar. Otra opción es la creación de un sindicato alternativo capaz de superar en afiliados y en representatividad al actual. En ambos casos el esfuerzo parte de los trabajadores, e implica enfrentarse con un gremio radicalizado que bombardea todos los puentes y antepone el conflicto a la paz laboral.
El tercer camino depende del Parlamento (vale decir de los políticos) y consiste en legislar sobre la personería jurídica.
La discusión no es nueva, algunos antecedentes se remontan a los años 60 o quizá antes. Más recientemente, en 2013, durante el mandato de José Mujica, y seis años después, en 2019, con Tabaré Vázquez como presidente, hubo iniciativas similares que no prosperaron.
Hoy en el Parlamento hay por lo menos dos proyectos le ley sobre la personería jurídica, uno del diputado Rodrigo Goñi (Partido Nacional) y otro de Sebastián Cal (Cabildo Abierto). Ambos proyectos fueron presentados en 2020 y duermen en algún cajón en alguna comisión parlamentaria.
La pobre confianza que los sindicatos generan en la sociedad tal vez sea el indicador de que ya es hora de impulsar el debate y profundizar en el tema.
El objetivo de la movida combinada entre el Frente Amplio y el PIT-CNT parece ser debilitar al Gobierno en cuantos frentes les sea posible y para eso todo viene bien, incluso los pequeños debates que nada tienen para aportar.
Hébert Dell’Onte| La coordinación de la arremetida sindical de los últimos días es evidente. Pero no solo los sindicatos han desarrollado una estrategia de alto impacto, también el Frente Amplio, lo cual es lógico considerando la afinidad entre ambos. El objetivo de la movida combinada parece ser debilitar al Gobierno en todos los frentes posibles y para eso todo viene bien.
Este miércoles se dieron don hechos que evidencia el “vale todo” para el juego opositor. El primero tiene que ver con la confirmación de las firmas que cuestionan la Ley de Urgente Consideración (LUC), y concretamente refiere al color de las papeletas del SI y del NO.
La Corte Electoral decidió que quienes van por SI, o sea sí derogar los 135 artículos en debate, usarán la papeleta color rosado, en tanto que los van por el NO, o sea no derogar los 135 artículos, tendrán papeleta celeste.
Conocidos esos colores, desde el PIT-CNT y el FA salieron voces a cuestionar la resolución de la Corte porque consideran que el rosado los perjudica porque “en Uruguay todos somos celestes”, dijo Pablo Abdala. “Vamos a impugnar”, anunció, sumando otro elemento de confrontación y lo que es peor pone un manto de dudas sobre el accionar de la Corte Electoral. Esto último es tan serio y preocupante como ridículo.
Es serio y preocupante porque nuestra Corte Electoral es un organismo de garantías y no se lo puede poner en duda por el color de las papeletas. Pero también es ridículo porque ya en otras oportunidades, como el referéndum sobre la Ley de Ancap (2003) durante el gobierno del Dr. Jorge Batlle, se utilizaron esos mismos colores lo que no implicó ninguna maniobra y no recuerdo que haya habido planteamientos de intenciones ocultas o manipulación a pesar de que muchos de los dirigentes sindicales de entonces eran los mismos que ahora (los cargos casi vitalicios de los sindicalistas es otro tema de debate).
Además, si el color de una papeleta incidiera significativamente en el voto, eso sucedería por dos motivos: la poca inteligencia de nuestra sociedad, lo cual es falso, o por la flojera de los argumentos de alguna de las partes.
De todas formas, en el año 2003 ganó el SI cuya papeleta era color rosado, y perdió el NO de color celeste.
OTRA DISCUSIÓN ABSURDA: EL CRUCIFIJO DE CIPRIANI.
Otra discusión de ribetes absurdos es lo plateado por el diputado Enzo Malán (Frente Amplio) por el crucifijo que el director de ASSE, Dr. Leonardo Cipriani, colocó en su despacho.
Ante eso, apenas un par de consideraciones: Las oficinas personales no son lugares públicos, no lo es la de Cipriani como tampoco la de Malán.
Además, el diputado socialista cae en una contradicción fragrante: es práctica más que habitual en los legisladores colocar banderas político partidarias y simbología político sectorial, pero no en el encierro de las cuatro paredes de sus oficinas, sino hacia el exterior donde circulan personas de todas las posiciones y posturas políticas, delegaciones o comitivas de diferentes instituciones.
A su vez hasta hemos visto ingresar al plenario de la Cámara de Representantes a algún legislador con insignias o elementos alusivos a partidos políticos o ideologías identificadas con el Frente Amplio, y hasta con referencia a otros países y dictaduras, sin que el referido legislador se mostrara afectado.
Como vemos, a Uruguay le están faltando los grandes debates que el país necesita, y la oposición sindical y política no ayudan para que eso suceda.
La sociedad debería preguntarse si está dispuesta continuar soportando conductas sindicales que no le hacen bien al país y que los propios causantes reconocen el extremismo en que el caen.
Hébert Dell’Onte | La escalada conflictiva que están llevando adelante los sindicatos podría ser fruto de la casualidad, pero no lo parece, en especial cuando todos los sindicatos en conflicto -aunque son independientes en sus acciones y decisiones- están unificados en el PIT-CNT. Y todos sabemos a qué intereses políticos partidarios responde la gremial sindical y sus instituciones afiliadas.
Provocar varios focos simultáneos y en diversos ámbitos de la sociedad es una vieja táctica ya vista en el mundo entero, usada por algunas agrupaciones o movimientos de variado perfil con el fin de magnificar en la sociedad la sensación de disconformidad.
Ese accionar puede no gustar, pero aceptemos que en principio no hay nada de ilegítimo en él. Lo que es inaceptable es lo que significa en pérdidas millonarias para un país que está saliendo de una situación compleja como consecuencia de la crisis mundial ocasionada por la pandemia.
Uno de los paros más significativos de las últimas horas es el de la refinería de La Teja que, según expresó el presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, por cada día que permanece cerrada genera al ente un costo de medio millón de dólares.
Cuando Stipanicic dice que la empresa pierde esa suma (US$ 500.000), lo que en realidad nos está diciendo es que ese dinero saldrá del bolsillo de todos los ciudadanos, del que paga combustibles para producir, del que pone en marcha su camión de reparto, o usa su autor para pasear. Pero también el ciudadano que no tiene vehículo alguno verá reflejado el costo del combustible de diferentes formas, por ejemplo, cuando vaya al almacén a comprar productos de primera necesidad encarecidos porque también lo hicieron su producción y reparto.
Por otra parte, la Coordinadora de Interdepartamentales de la Unión Nacional de Obreros y Transportistas (Unott), resolvió parar los días viernes 10 y 17 de diciembre, y el jueves 23. No es necesario explicar los perjuicios que esa movilización causa en las empresas y sobre todo en los usuarios que son los que no tienen vehículo propio para viajar.
Diciembre es un mes de fechas muy significativas, en especial el viernes previo a la Navidad en el que miles de compatriotas se movilizan de un punto del país a otro para reencontrarse con sus familias.
Recuérdese que hace un año muchos ciudadanos no pudieron reencontrarse con sus seres queridos debido a las medidas de cuidado a las que nos obligó la pandemia. Hoy la amenaza nace a partir de una decisión sindical egoísta y poco solidaria.
Pero hay más: paro en la construcción, paro en la educación y el paro del sindicato portuario sobre el cual ya nos hemos referido desde este espacio.
Son todas medidas de diferente naturaleza, intensidad y capacidad de impacto. Lo que tienen en común es el daño que causan al país y a nosotros los ciudadanos. La sociedad debería preguntarse si está dispuesta continuar soportando conductas sindicales que no le hacen bien al país y que los propios causantes reconocen el extremismo en el que caen.
Así lo dijo Fancap (Federación Ancap) al expresar en una carta dirigida al presidente Luis Lacalle: “Tenemos plena conciencia de la medida extrema que tomamos en el día de hoy”, expresa en relación al paro en la refinería.
