Ya es hora. Según una reciente encuesta los sindicatos son de las instituciones que menos confianza generan en la sociedad, (39%), inclusive por un punto debajo de los empresarios (40%).
Hébert Dell’Onte | Hace pocos días fue difundida la encuesta de la consultora Equipos sobre la confianza de los uruguayos en las instituciones. La Policía, blanco de cuestionamientos que buscan desacreditar políticamente a quién la encabeza, es la institución que genera más confianza en los ciudadanos: el 73% de los encuestados declaró tener mucha (44%) o algo (29%) de confianza en ella.
En un rango alto de confianza le siguen las organizaciones sociales, el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas y el Parlamento, todos por encima del 55%.
La encuesta no dejó bien posicionado a los partidos políticos que logran una confianza del 45% de los ciudadanos frente al 50% que sienten desconfianza (5% no sabe o no responde). El dato es preocupante para la democracia ya que esta se sustenta en los partidos políticos.
Con el 40% de confianza están los empresarios, un escalón más abajo siguen los sindicatos (39%) y luego la Iglesia (37%).
Respecto a los sindicatos y empresarios, otro dato relevante es que los primeros generan “ninguna” confianza en el 35% y los segundos en el 20%.
A todo esto, algunos sindicatos han saltado a los titulares de los diarios e informativos porque sus acciones afectan a la sociedad y el correcto desempeño de las empresas en que operan. El caso más claro y reciente es el de la industria láctea.
En los últimos días, ciudadanos y comerciantes -sobre todo los pequeños comerciantes- han sufrido falta de productos Conaprole, la mayor empresa láctea del país atendiendo el mercado interno como en las exportaciones. Desde Cambadu, organización que representa a comercios minoristas, se ha dicho que algunos establecimientos “de cercanía” dejaron de recibir productos. El perjuicio es múltiple, no sólo se afecta a la cooperativa Conaprole, también se priva al pequeño comerciante de vender y a la ciudadanía de adquirir un producto básico para la dieta, fundamental en el desarrollo de niños y jóvenes, como fuente alimenticia en mayores y adultos.
A eso se suma el perjuicio al productor remitente, raíz y soporte primera de la empresa.
Como si eso no fuera suficiente, está pendiente la amenaza del sindicato de afectar las exportaciones con lo cual el daño se hace aún mayor y repercutirá directa o indirectamente en todo el país.
ES HORA DE ACTUAR.
Hace unos días alguien preguntó en las redes sociales qué sucede con Conaprole que cada poco tiempo tiene problemas sindicales y por qué no se hace algo para cambiar eso, en caso de ser posible.
La respuesta es que sí, se puede cambiar. Una es que los trabajadores hagan entender a la cúpula sindical del sector de lo equivocado de su accionar. Otra opción es la creación de un sindicato alternativo capaz de superar en afiliados y en representatividad al actual. En ambos casos el esfuerzo parte de los trabajadores, e implica enfrentarse con un gremio radicalizado que bombardea todos los puentes y antepone el conflicto a la paz laboral.
El tercer camino depende del Parlamento (vale decir de los políticos) y consiste en legislar sobre la personería jurídica.
La discusión no es nueva, algunos antecedentes se remontan a los años 60 o quizá antes. Más recientemente, en 2013, durante el mandato de José Mujica, y seis años después, en 2019, con Tabaré Vázquez como presidente, hubo iniciativas similares que no prosperaron.
Hoy en el Parlamento hay por lo menos dos proyectos le ley sobre la personería jurídica, uno del diputado Rodrigo Goñi (Partido Nacional) y otro de Sebastián Cal (Cabildo Abierto). Ambos proyectos fueron presentados en 2020 y duermen en algún cajón en alguna comisión parlamentaria.
La pobre confianza que los sindicatos generan en la sociedad tal vez sea el indicador de que ya es hora de impulsar el debate y profundizar en el tema.
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