Detrás de la compra de este bien, “hay mucha experiencia del INC”, porque “el 43% de los productores colonos son lecheros con indicadores productivos muy buenos”.
Hébert Dell’Onte Larrosa | Montevideo | Todo El Campo | El martes 20 el ministro interino de Ganadería, Agricultura y Pesca, Matías Carámbula, explicó las motivaciones ideológicas, políticas y programáticas que llevaron a que el Instituto Nacional de Colonización (INC) adquiriera más de 4.400 hectáreas en Florida por US$ 32,5 millones.
En su exposición Carámbula se remontó a 1815 y el Reglamento de Tierras de José Artigas, pasó por José Batlle y Ordóñez, Wilson Ferreira y llegó al Gobierno actual para dar explicaciones que están lejos de lo que la opinión pública quiere y necesita saber: la pertinencia o no la compra de un establecimiento que tiene un alto costo en millones de dólares.
LA CONFERENCIA DE PRENSA DE CARÁMBULA.
El jerarca comenzó haciendo “una contextualización” de la situación, destacando al INC como “parte de un proceso de una política pública” con “perspectiva artiguista del Reglamento Provisorio de Tierras de 1815”, que también tiene “sustento en la perspectiva batllista” y “la función social de la tierra”, con la inclusión de “tres componentes centrales de la soberanía, el desarrollo económico y la justicia social de Wilson Ferreira Aldunate”.
Todo eso (Artigas, Batlle y Wilson) “se retoma con una experiencia más cercana en los 15 años de gobierno del Frente Amplio, del 2005 al 2020 donde se revitalizó, se relanzó y se proyectó al Instituto Nacional de Colonización como el órgano público con cuatro pilares centrales”.
El primer pilar es “la tierra como el sentido de la soberanía territorial y alimentaria, el segundo componente incorpora la distribución de la renta sectorial más justa y más equitativa”, el tercero está vinculado a la producción familiar que sin la intervención de la política pública va hacia “la descomposición”, y el cuarto pilar “es una inversión, que es patrimonio del Estado, en la generación de bienes públicos” que “permanecen en el tiempo”.
Todo eso “confluye, en este caso concreto, en la compra de un inmueble”, subrayó, y el debate político y con las organizaciones” debe ser desde “esa mirada”.
LOS NÚMEROS DE COLONIZACIÓN. Carámbula continuó informando sobre Colonización. Dijo que hoy posee “5.700 familias que viven o están vinculadas a la política tierra del Estado a través del Instituto”, y que “la tierra que tiene en propiedad o uso son más o menos el 3% de la superficie agropecuaria del Uruguay”.
Las personas vinculadas a la producción familiar en el Instituto “son cerca de 3.300 que representan el 20% de las unidades de la producción familiar”; y otro dato que “hace vigente y justifica la adquisición de este inmueble, es que hoy hay unas 1.700 familias que se postulan como aspirantes a colonos”, lo que muestra que “hay interés, demanda necesidad por el acceso a la tierra”.
Otro “elemento de contexto bien importante -continuó Carámbula- es ubicar el compromiso y el programa de Gobierno para el MGAP y particularmente para el INC con la lechería”, porque la compra del inmueble cuestionado está en una perspectiva de “la importancia del desarrollo de la lechería para el desarrollo del país”.
LOS NÚMEROS DE LA LECHERÍA. Hoy hay unos 3.000 productores vinculados a la lechería, 15.000 trabajadores que forman parte de la fase primaria industrial de la lechería, son 15.000 trabajadores vinculados al sector, con un ingreso de divisas anuales de US$ 850 millones por la exportación de productos lácteos”.
Por todos esos datos “entendemos importante apoyar, desarrollar y promover la lechería como un rubro que genera desarrollo territorial, trabajo e ingresos de visas al país”.
Agregó que el Gobierno plantea fortalecer al Instituto Nacional de la Leche (Inale) que en el período anterior pasó por “desfinanciamiento, desarticulación, con muchos problemas de planificación de desarrollo del sector”, y por eso “uno de los primeros objetivos de este Gobierno es el fortalecimiento del Inale en recursos humanos y económicos”, además de “incorporar una planificación y proyección del sector lechero”.
“El 5% de la tierra del Uruguay se destina a la lechería”, y es importante abordar “el acceso a la tierra y las dificultades” que ello implica cuando “la tierra es un factor de inversión”. En ese escenario, “la producción familiar, principalmente los lecheros, tienen muchas dificultades para competir en el mercado de tierra, tanto para la compra como para el arrendamiento. Entonces la política tierra del Estado es central para el desarrollo de la lechería”.
“Necesitamos producir más leche para poder generar, estabilizar y proyectar el desarrollo de la industria láctea. En este sentido otro componente de nuestro programa de Gobierno es cómo fortalecer, mejorar y proyectar el desarrollo de la industria láctea, sobre todo vinculado a los productos que genera, la exportación y sobre todo la generación de empleo y riqueza”.
AUMENTAR LA SUPERFICIE DE LA LECHERÍA. “Desarrollar la lechería a través del aumento de la superficie lechera y del volumen lechero está vinculado a la posibilidad de generar mayores ingresos de divisa para después generar una serie de políticas distributivas de la renta”, razonó. “En ese sentido el Gobierno el Ministerio están muy enfocados en ampliar los mercados internacionales para colocación de nuestro producto”.
Uruguay exporta el 70% de la producción de leche a 83 mercados.
Otro aspecto mencionado por el ministro interino fue el de “las políticas diferenciadas hacia la producción familiar a través del desarrollo del Plan Nacional de la Agricultura Familiar que coordina la Dirección de Desarrollo Rural del Ministerio. Más del 70% de los productores lecheros son de tipo familiar y hablar de un plan nacional de la agricultura familiar está vinculado a la producción lechera”.
En ese amplio panorama desarrollado mencionó “el acceso al riego, la importancia del agua para el consumo animal, y el agua como factor de resiliencia y adaptación a los procesos de cambio climático”.
Por tanto, “para contextualizar y discutir sobre esta compra, es importante que haya un compromiso y un proyecto del Gobierno de desarrollo de la lechería”.
LA EXPERIENCIA DEL INC. Detrás de la compra de este bien, “hay mucha experiencia del INC”, porque “el 43% de los productores colonos son lecheros con indicadores productivos muy buenos”, aseguró. Colonización tiene “acumulación exitosa, tiene experiencia, sabe cómo conducir y cómo proyectar lo que va a ser una colonia lechera moderna, con innovación e incorporaciones”.
En resumen, en el contexto ideológico, el político programático es que “ubicamos la compra particular de esta fracción de tierra”, concluyó.
El presidente del INC no quiso opinar sobre la posición de la Asociación Rural del Uruguay.
Hébert Dell’Onte Larrosa | Montevideo | Todo El Campo | Eduardo Viera, presidente del Instituto Nacional de Colonización, dijo que no tiene “nada que decir” sobre la posición de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) que se manifestó en contra de la compra del predio en Florida.
“No tengo nada que decir de la ARU, pero así como está la manifestación de ARU hay comunicados de otras gremiales nacionales que están apoyando la idea, la inversión”, expresó al ser consultado al respecto.
El siguiente es el comunicado de ARU sobre la compra del INC:
LA ACLARACIÓN.
En otro orden, cabe aclarar que el martes 20 Todo El Campo publicó un artículo titulado “ARU y la CNFR, dos posiciones sobre la compra de Colonización” (*) en el que se atribuye el voto favorable a la compra del campo a “la delegada por los productores”.
El siguiente es el comunicado de la CNFR destacándose en rojo el párrafo en el que se señala la representación de los productores a la delegada: “Desde CNFR respaldamos el voto emitido por la delegada por los productores en tan importante decisión”, dijo la institución.
Sin embargo, desde la Asociación Rural del Uruguay (ARU) se hizo saber a Todo El Campo que “la delegada” que votó a favor y a que refiere la CNFR “no es por los productores”, sino que “es del Poder Ejecutivo a propuesta de alguna gremial del rubro”.
ARU, la Federación Rural y la Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA) habían propuesto “otro nombre que no fue tenido en cuenta, con todo derecho, por el Poder Ejecutivo”. De todas maneras, “si lo hubiera hecho, no quiere decir que después nos rinda cuentas a las gremiales. Es un cargo del Poder Ejecutivo”, explicó la ARU.
Además de las consideraciones políticas, que son tan valederas como las económicas y productivas, se debe analizar los argumentos de las instituciones agropecuarias.
Hébert Dell’Onte Larrosa | Montevideo | Todo El Campo | Cuando el cortejo fúnebre de José Mujica llegó a la sede del Movimiento de Participación Popular (MPP) en el centro de la ciudad, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, decidió convertir en momento en un acto político y con un enfervorizado discurso anunció que el Instituto Nacional de Colonización (INC) compraría un predio de 4.400 hectáreas en el departamento de Florida por un valor de US$ 32,5 millones.
Frente al cuerpo del líder, referente del MPP y del Frente Amplio, se alzaron aplausos y expresiones triunfantes de los presentes, entre los que se encontraba el presidente de Colonización, Eduardo Viera.
Al parecer, Sánchez quiso convertir ese momento en un soplo de fervor militante, como de reafirmación de ideas, algo así como “la lucha continúa”, todo de muy mal gusto, pero legítimo si los familiares directos y seres queridos del exmandatario lo permiten. Sin embargo, y este es el problema, el anuncio enfervorizado propio de un mitin político tiene un costo de US$ 32,5 millones para todo el país.
El momento y la forma fueron inoportunos, y seguramente con el paso de los días sus protagonistas reconocerán en su fueron interno -no públicamente, aunque sería muy noble que lo hicieran- que se equivocaron. Ese no era el lugar ni la forma.
Hasta el diario La R publicó que consultó a “varios ministros” y éstos “desconocían la compra”, y por tanto también ignoraban que “iba a ser anunciado el día del funeral de Mujica en la puerta del local del MPP”, escribió el director del citado medio, Juan C. Blanco. El periodista agregó: “Estaba parado a metros de Alejandro Sánchez cuando realizó el anuncio, cabe destacar que en el momento me produjo un ruido político comunicacional raro”.
Otro aspecto del debate es si la compra de ese campo es bueno o malo para el país y para Colonización. Voces políticas se han levantado cuestionando la transacción. La que más a sonado es la del senador Sebastián Da Silva que apunta directamente al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, a quien le reclama responsabilidad política. Ambas partes tendrán la oportunidad de explicar y argumentar en defensa de sus posiciones, y la sociedad tendrá los elementos para tomar posición.
Cabe señalar que el ministro Fratti se encuentra ahora en China participando, junto a los presidentes de INAC e INIA, de la feria SIAL China y manteniendo reuniones con actores relevantes del mercado de la carne de aquel país.
Asimismo, otra línea de debate es cómo se aprobó la compra del campo, porque la acción de Colonización responde a lo que entendieron y votaron sus cinco directores, algunos de ellos representantes de instituciones agropecuarias de presencia histórica en todo el territorio nacional, y en este punto surge una fisura importantecon la posición de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) y de la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR). La primera contraria a la compra del campo y la segunda a favor, que además fue la que dio el voto favorable que inclinó la balanza para que el negocio se concretara.
ARU: “EN DETRIMENTO DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL PAÍS”.
ARU consideró que la compra del INC fue una acción que “va en detrimento del crecimiento económico del país”.
La institución argumento que de esa forma se “incrementa la carga sobre el Estado, generando mayores costos sociales, subsidios, déficit fiscal y presión impositiva, en lugar de atraer inversiones privadas y fomentar el desarrollo productivo”.
Colonización es “el mayor propietario de tierras del país” y “en los últimos años ha adoptado decisiones relevantes sin ofrecer fundamentos suficientes ni transparencia respecto a los criterios y mecanismos utilizados para la adquisición de tierras”, agrega la institución.
ARU asegura que valora y respalda “la función social que cumple el organismo”, asimismo, entiende que decisiones como la señalada “aleja de los objetivos estratégicos del Gobierno de atraer la inversión privada y fortalecer las finanzas públicas”.
ARU fue fundada en 1871, está integrada por productores y el objeto de su existencia es la defensa y el fomento de los intereses de la producción agraria e industrias complementarias y derivadas.
CNFR: “RESPALDAMOS EL VOTO EMITIDO POR LA DELEGADA POR LOS PRODUCTORES EN TAN IMPORTANTE DECISIÓN”.
El lunes 19 la CNFR hizo llegar a Todo El Campo un comunicado en el expresa “la importancia de las políticas de tierra que promuevan su función social y un desarrollo social con equilibrada distribución de la riqueza”.
Expresa su aspiración a que el INC “sea cada vez más eficiente, optimizando su desempeño para atender de mejor manera la demanda cada vez mayor por acceder a la tierra, en especial por parte de los jóvenes, y en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres”.
E ingresando en el tema de fondo manifiesta que la compra de “una fracción en Florida” es una “inversión” por la cual pasa “a la propiedad pública” y “queda como patrimonio de toda la sociedad”, como un paso más que “en ningún caso desestimulará la inversión privada en el mercado de tierras”.
“Desde CNFR respaldamos el voto emitido por la delegada por los productores en tan importante decisión”, subraya. “Aspiramos a que esta nueva colonia que se está creando genere bienestar y desarrollo; así se estará cumpliendo con el espíritu de la ley 11.029”, concluye en referencia a la norma legal que creó el INC.
La semana pasada el Brent llegó a su precio más bajo en cuatro años; y el sábado la OPEP anunció un incremento de 41.000 barriles diarios.
Hébert Dell’Onte Larrosa | Montevideo | Todo El Campo | El viernes 2 de mayo, OilPrice, sitio web especializado en energía, distribuyó, vía correo electrónico, un comunicado al que accedió Todo El Campo, en el que subrayó la caía del petróleo Brent a su precio más bajo en cuatro años, justo horas antes de la última reunión de la Organización de Países Exportadores del Petróleo (OPEP) que se realizó el sábado 3.
La semana pasada “el crudo Brent cayó un 8%”, continúa el comunicado, y agrega: “Las cifras y el momento sugieren que algo grave se está gestando”; además la reunión de la OPEP “se trasladó al (sábado) 3 de mayo, convenientemente cuando los mercados están cerrados”.
Realizada la reunión virtual de la OPEP del sábado, ésta sorprendió al mundo anunciado que incrementará su producción a partir de junio. Arabia Saudita, Rusia y otros seis miembros del grupo petrolero acordaron aumentar la producción en 411.000 barriles por día (bpd), triplicando lo planificado.
“CONGRACIARSE CON TRUMP”.
Analistas y observadores consideran que con mayor producción la OPEP retrocede en sus esfuerzos por defender los precios del petróleo, y efectivamente es así. Para entender qué es lo que está sucediendo hay que observar dos factores: un conflicto interno en la Organización, y el viaje del mandatario estadounidense, Donald Trump, a Medio Oriente, confirmado para el mediados de mayo.
En cuanto al conflicto interno de la OPEP, la agencia de temas económicos Valora Analitik (VA) publicó que incrementar la producción (en 411.000 barriles diarios) para el mes de junio busca “reducir los precios del petróleo y tratar de regular la producción de los países que han incumplido los compromisos previos de recorte. Este ajuste llega tras un aumento inesperado en mayo, liderado por Kazajistán, Irak y Emiratos Árabes Unidos, que llevó el precio del barril Brent a situarse en US$ 60, una caída del 17% desde el inicio del año”.
Por otra parte, Trump está exigiendo precios más bajos para el petróleo, y con la decisión del sábado, la OPEP “parece estar alineándose con la agenda de lucha contra la inflación de Washington”, observó OilPrice.
La confirmación de que Trump visitará Medio Oriente en mayo es relevante, sobre todo porque en la agenda se incluiría una mayor cooperación energética.
Para los países como Uruguay que compran todo el petróleo que consumen, el aumento de la producción global es una buena noticia, ya que debería empujar los precios a la baja, lo que, de acuerdo al precio de paridad de importación, tendría que reflejarse en el surtidor, pero esa es una decisión que depende del Gobierno y que veremos cómo se refleja.
El intercambio de Amazon con la Casa Blanca es menor en medio de un mundo lleno de incertidumbres, pero sirve para mostrar que es el ciudadano estadounidense el que debe pagar por los aranceles que impone su Gobierno.
Hébert Dell’Onte Larrosa | Montevideo | Todo El Campo | La guerra arancelaria que ha desatado el presidente de Estados Unidos volvió a quedar en falso cuando circuló la información de que Amazon publicaría la formación del precio de sus productos detallando los impuestos que causan el alza de un 145% de los importados.
El Gobierno estadounidense rápidamente reaccionó. Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca calificó el anuncio como “acción hostil y política” por parte de la empresa.
La resbalada de Trump quedó en evidencia por dos motivos. En primer lugar, si Amazon publicara el detalle de los impuestos de los productos importados demostraría a los consumidores que son ellos los que pagan las medidas arancelarias y no China ni ningún otro país o ciudadano de algún lugar del mundo; y en segundo lugar, se evidenció que el Gobierno presiona para que las empresas no informen a sus ciudadanos cómo se conforma los precios que pagan por lo que compran.
Desde la empresa cuestionada se dijo que Amazon discute ideas todo el tiempo, y esa fue planteada pero nunca se aprobó y por esa razón -no por la presión del Gobierno- no va a suceder.
Leavitt no solo expresó la amenaza (“acción hostil y política”) sino que exhibió un artículo periodístico de 2021 en el cual la agencia Reuters daba cuenta de una supuesta asociación de Amazon con la propaganda China.
Llama la atención la reacción de la Casa Blanca, que al etiquetar a la empresa por una “acción hostil y política” -cuando en realidad solo está informado a sus clientes qué es lo que están pagando- traslada un tema comercial al campo político, con una mal disimulada amenaza.
Según publicó The York New Times, la reacción de la Casa Blanca no se entiende ya que Jeff Bezos, fundador de Amazon, ha tenido gestos y acciones de acercamiento con Trump, incluso llegó a donar US$ 1 millón al fondo inaugural del mandatario para ocupar un lugar en la Rotonda del Capitolio en el acto de toma de posesión.
Además, Bezos ha tenido palabras positivas hacia el mandatario estadounidense: “Lo que he visto hasta ahora es que está más tranquilo que la primera vez”, lo veo “más confiado, más estable”. Por todo eso “tengo muchas esperanzas”.
La Casa Blanca no solo hizo un mal manejo del tema, sino que desnudó claramente el efecto negativo de la guerra arancelaria y quienes son los que realmente la pagan.
