En los próximos días la Cámara de Diputados trata la creación de la comisión investigadora sobre la compra de María Dolores.
Montevideo | Todo El Campo | Una de las consecuencias de la inconclusa interpelación al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, fue la conformación de una comisión preinvestigadora por la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización.
Dicha comisión se conformó en la Cámara de Diputados por la denuncia e iniciativa del colorado Juan Martín Jorge, al entender que en la compra hubo “irregularidades formales y normativas” y que “no se cumplió ningún procedimiento” establecido por ley.
La compra de María Dolores significó para el país una operación de más de US$ 30 millones y se prevén otros US$ 10 millones para inversiones.
“HUBIERA SIDO BUENO QUE EL FA APOYARA SU CREACIÓN”.
El diputado blanco Domingo Rielli presidió la comisión preinvestigadora que también la integraron los oficialistas Gabriel Tinaglini y Carlos Reyes.
Rielli dijo al programa Diario Rural (CX4 Rural) que el diputado Jorge presentó “un montón de desprolijidades”, y “creo que la gente quiere que se investigue” aunque “no puedo decir que todo lo que se denunció es certero o se va a comprobar, pero sí hay irregularidades muy grandes y muchas cosas que tienen que ser clarificadas en cuanto a la decisión final sobre si se procedió bien o mal. Las denuncias planteadas por el diputado Jorge todas tienen asidero”, subrayó.
El legislador agregó que esperaba “apertura” por parte del Frente Amplio y votar la investigación, pero eso “no fue así”, pero cuando se trate el tema en el plenario de Diputados se podría lograr la conformación de la comisión investigadora para que “se aclare toda la situación”.
“Que se vote la comisión investigadora no quiere decir que todo está irregular, pero hubiera sido bueno que el Frente Amplio también apoyara su creación”, apuntó, y consideró que en caso de aprobarse se deberá definir el número de integrantes y es importante que contemple a todo el abanico político.
40% DE SOBREPRECIO Y OTROS TEMAS PARA INVESTIGAR.
Los temas para investigar son muchos, y “a gente está muy sensible” por cómo se realizó la compra.
Uno de los temas es el “sobreprecio que se pagó, alrededor del 40% más, eso indigna”.
El legislador duraznense recordó que “el 25 de abril, la Oficina de Estadísticas Agropecuarias (DIEA), del propio Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) del cual depende Colonización, indicó el valor de la hectárea en US$ 4.400 para campos similares, y en el caso de María Dolores se pagó US$ 7.300, o sea el 40% más”.
Otra denuncia es la violación del artículo 190 de la Constitución por haber dispuesto recursos con fines ajenos a su cometido, y las actas de Colonización demuestran textualmente que “unos de los objetivos planteados del expresidente (de Colonización, Eduardo Viera) fue homenajear al exmandatario José Mujica, algo que no está en los cometidos de la compra del campo. Las compras que haga Colonización están lejos de tener como cometido homenajear a persona alguna”.
Por otra parte “no se respetó la mayoría requerida”, porque “para la compra se necesitan cuatro voluntades y se realizó con tres”.
Tampoco se hicieron los informes económicos del predio, cosa que la ley obliga al Instituto de Colonización a realizar antes de la adquisición. Lo que sí hubo fue un informe que se agregó a los dos días de tomada la decisión con fecha anterior a la resolución, es decir que se agregó ese informe violando el decreto 500.
La legitimidad de la compra es otro punto a investigar porque el entonces presidente, Eduardo Viera, hizo la compra y renunció porque estaba impedido de ocupar ese cargo, habiendo ocultado al Parlamento, tanto él como el ministro Alfredo Fratti, su incompatibilidad por ser colono.
Esa incompatibilidad no solo sucedió con Viera, también con Karina Henderson que siendo colona asumió como directora y permanece aún en el cargo, y como tal voto a favor de la compra de María Dolores.
Rielli precisó que Henderson pasó su condición de colona a su esposo, pero la Constitución en el artículo 200 especifica: “Tampoco podrán los miembros de los Directorios o directores generales de los entes autónomos o de los servicios descentralizados, ejercer simultáneamente profesiones o actividades que, directa o indirectamente, se relacionen con la institución a que pertenecen”, por lo que ella tampoco estaría habilitada.
Por todas esas situaciones y denuncias, entre varias más, y para que quede claro, lo mejor es investigar, concluyó.
El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca no está de acuerdo con la directora de Seguridad Rural sea una funcionaria de ese Ministerio, debe ser de la Policía.
Montevideo | Todo El Campo | Ante el incremento del abigeato la Federación Rural emitió un comunicado en el que expresó preocupación por “la alarmante escalada de inseguridad que nos toca vivir, particularmente en el medio rural”. El texto fechado el 12 de agosto agrega “los recurrentes ataques de jaurías de perros a las majadas ovinas”.
Más adelante se expresa intranquilidad por “la lentitud en la convocatoria de las comisiones de Seguridad Rural departamentales”.
LA RESPUESTA DE FRATTI.
El texto de la Federación Rural generó la respuesta del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, quien reconoció que el abigeato es un delito que “nunca paró” y añadió que corresponde a la Policía controlarlo.
“Nunca paró el abigeato. Una cosa es que no se denuncie, pero no es un hecho nuevo”, dijo el jerarca en declaraciones que recoge Telenoche (Canal 4).
Agregó que el Ministerio que encabeza “está trabajando con la Policía, y la seguridad rural tiene que volver a la Policía, porque en el período pasado la directora de Seguridad Rural era una funcionaria del Ministerio (de Ganadería, Agricultura y Pesca). Nosotros no estamos de acuerdo con eso y la Policía está de acuerdo con nosotros. Los mandos medios (de la Policía) nos han dicho que están dispuestos a asumir ellos y que el Ministerio (de Ganadería) sea un apoyo, pero no la cabeza de la seguridad”.
Es un tema que “nos falta cerrar con el ministro (del Interior Carlos Negro)”, concluyó.
Ministro Moreno: La prioridad es “aumentar las exigencias de la investigación con el uso de nuevas tecnologías e incrementar el patrullaje son las medidas que implementará la cartera en seguridad rural”.
Montevideo | Todo El Campo | El ministro del Interior, Carlos Negro, mantuvo reuniones con las autoridades de la Policía Nacional y los jefes de Policía departamentales, en la que se analizó el creciente problema del abigeato y sus implicaciones rurales.
En ese marco advirtió sobre la necesidad de aumentar las exigencias de la investigación y “dotarla de todas las herramientas científicas que se aplican para otros tipos de delitos”.
La prioridad es “aumentar las exigencias de la investigación con el uso de nuevas tecnologías e incrementar el patrullaje son las medidas que implementará la cartera en seguridad rural”, dijo el jerarca.
Estas declaraciones se dieron en el marco del quinto aniversario de la Dirección Nacional de Seguridad Rural. En la celebración, el ministro asistió acompañado por el director de la Policía Nacional, José Manuel Azambuya, y el subdirector ejecutivo, Robert Tarocco.
En la ocasión, las autoridades reconocieron el esfuerzo, la dedicación y el profesionalismo de los oficiales que integran dicha repartición, de quienes depende el despliegue operativo en todo el territorio nacional, así como también el apoyo en aquellas operaciones que efectúa el Área de Investigaciones.
El director nacional de Seguridad Rural, Ernesto Cossio, agradeció el reconocimiento público de la gestión que se desempeña en materia de seguridad rural, manifestado por los propios vecinos, productores e instituciones que atienden el campo, aseguró. Los resultados obtenidos son importantes, exitosos y alentadores, agregó.
ABIGEATO, UN DELITO EN AUMENTO.
En Uruguay, las estadísticas de abigeato muestran una disminución general desde el año 2020, aunque con fluctuaciones.
En el primer semestre de 2024, hubo 369 denuncias, un 29,3% menos que en el mismo período de 2023. Sin embargo, en el primer semestre de 2025, las denuncias de abigeato aumentaron un 8,7% en comparación con el mismo período del año anterior, según el Boletín Semestral de Estadísticas Criminales.
El Gobierno no tiene un plan para esa tierra que adquirió. “Lo que hay es el compromiso de comprar tierras” a la que “no se le da un destino adecuado y los productores pequeños seguirán cerrando año a año, sin pausa”.
Hébert Dell’Onte Larrosa | Montevideo | Todo El Campo | El senador José Luis Falero (Partido Nacional) dijo que en Uruguay hay un problema con el acceso a la tierra, algo que “todos queremos solucionar”, en especial “la falta de campo para pequeños productores lecheros”, pero que la compra de María Dolores por el Instituto Nacional de Colonización “es una medida inconveniente”.
En el transcurso de la interpelación al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, realizada el miércoles 13 en el Senado, Falero planteó una serie de objeciones por la falta de planes en las inversiones que se deben hacer en infraestructura para que la compra resulte, y criticó que se adquiera tierra sin planificación previa.
Además del precio “desmedido con respecto al mercado”, comentó que “el argumento inicial a favor de la compra fue que se iban a instalar allí 16 pequeños productores lecheros y darle la oportunidad a jóvenes productores que quieren trabajar” en ese rubro. Pero que no me le queda claro “cuál es la política del Gobierno” ya que durante los 15 años que gobernaron (2005-2020) “compraron campos como nunca antes y no resolvieron el tema porque desde hace más de 20 años cierran tambos a un promedio de 70 por año, y eso no ha cambiado”.
“Quiere decir que la estupenda cantidad de campos comprados por la administración del Frente Amplio en los 15 años de Gobierno no sirvió para nada”, definió, y planteó que nada lo hace pensar que adquirir María Dolores, a un precio mayor, va a ser la solución que no encontraron antes. Para creer en María Dolores me tendrían que haber traído “un plan estratégico de lo que se iba a hacer, con obras de inversión y los costos que significa instalar 16 establecimientos productivos”.
Además, argumentó que la inversión de US$ 32 millones se pudo hacer “en distintas fracciones” en todo el país “donde hay productores que nos piden a gritos un pedacito más de campo para sobrevivir, y no en un solo lugar definido y determinado”.
FALTAN INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA.
Falero cuestionó la falta de planificación en infraestructuras necesarias para que un tambo funcione: Para que un campo se ponga a producir, antes se debe preparar, por ejemplo instalando la sala del tambo, cuyo costo se debe definir, junto con la forma en que se van a evacuar las aguas con las plantas de tratamiento, que son “una inversión superior que tampoco escuché cómo piensan financiar”.
“Acá no hay un plan, lo único que escuché concreto es que este año se va a sembrar para extraer forraje y nada más. Lo demás me quedó sin respuesta”, expresó.
Por otra parte, “la recolección de leche tiene que tener una caminería adecuada, un radio de giro adecuado para las cisternas que cada vez son más grandes”.
Se deben hacer trabajo de pluviales, de cunetas, de canalización, de reducción de la tierra disponible, de un sinnúmero de cosas, pero ninguna se mencionó porque “no hay un plan; lo que hay es el compromiso de comprar tierras como lo hicieron antes. Y después la tierra queda ahí, sin un destino adecuado y los productores pequeños seguirán cerrando año a año, sin pausa”.
A lo anterior le agregamos las zonas bajas, las hectáreas de olivos, las hectáreas de forraje, el área que se va a dedicar al campo de recría, todos los costos que significa instalar un tambo, la falta de agua suficiente y que hay que recurrir al agua de las reservas que deben ser tratadas adecuadamente, todo eso es una “bomba de tiempo”.
Falero cree que antes se debe salvar a los productores que aún quedan, enfatizó, dando campo a los “colonos eficientes” que son muchos, pero también hay otros que no lo son.
A lo ideológico y político se suma un tercer componente en la discusión sobre el acceso a la tierra, y es el de las corporaciones, dijo en el debate por la interpelación al ministro Fratti.
Hébert Dell’Onte Larrosa | Montevideo | Todo El Campo | El debate sobre Colonización se enmarca en una concepción ideológica, lo que no está mal y es legítimo, pero que los partidos políticos no pueden ignorar, dijo el senador Eduardo Antonini (Frente Amplio) al hacer uso de la palabra durante la interpelación al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, el miércoles 13.
Opinó que más allá de María Dolors, “lo que estamos discutiendo es Colonización” y valoró a los “senadores de la oposición que están pensando en aportar, en discutir visiones, en modernizar una ley que es del año 1948”.
La fundación de Colonización ese año “no fue fácil, y hay toda una historia previa desde 1905 en adelante”, en un “período batllista” que tuvo Uruguay, “de transformaciones y de modernización del país pensando en la gente”.
“En este país, la tenencia de la tierra ha sido, históricamente, un tema muy polémico y controvertido”, y en el debate podemos ir “al Reglamento de Tierras de 1815 y toda la reacción que trajo”.
El senador batllista César Mayo Gutiérrez fue el miembro informante de la ley 11.029 por la cual se creó el Instituto Nacional de Colonización, continuó Antonini, que recordó que ese legislador del Partido Colorado cuenta entre sus anécdotas “que iba muy seguido a la casa de Luis Alberto Herrera para tratar de convencerlo de votar la ley de colonización, y lo convenció, pero parece que los dirigentes del Herrerismo le criticaban a Herrera el haber aceptado votar, a lo que Herrera dijo: ‘No se preocupen, lo que no le vamos a votar es recursos’”, contó Antonini, y agregó: “No lo digo yo, lo dijo César Mayo Gutiérrez”.
Ocurre que este es “un tema profundamente ideológico; la tenencia de la tierra es profundamente ideológica, con personas, instituciones y sectores de partidos políticos que piensan que la tierra es un privilegio para algunos pocos. Y hay otros que históricamente han pensado, y pensamos, que la tierra tiene que dar oportunidades a quienes quieren trabajar, quedarse en el campo a producir”.
La discusión ideológica “es válida y no hay que tener miedo a decir que es ideológico. No es una mala palabra”, subrayó.
En ese sentido expresó que “cada vez que se toca el tema de la tierra y la tenencia de la tierra saltan reacciones por todos lados. Siempre hay reacciones porque es un tema profundamente ideológico, sumado a que lo ideológico se confunde con lo político”.
Eso explica que en el gobierno anterior “se sacaran recursos a Colonización para enviarlos a otros destinos”, y esa fue “una decisión política”; pero ahora el compromiso de campaña del presidente Yamandú Orsi es el “fortalecimiento del Instituto Nacional de Colonización y la medida de otorgar 25.000 hectáreas para productores lecheros, mujeres y jóvenes rurales, fortaleciendo el Instituto y a sus colonos, y se propone recuperar los recursos que fueron retirados de manera de potenciarlo y favorecerlo”.
En la visión de Antonini es que “ahora se sumó, a lo ideológico y a lo político, un tercer elemento que son las corporaciones”, entendiendo por tales a “la Cámara de Negocios de Inmuebles Rurales que juega un rol y que tiene intereses económicos, y es legítimo que los defienda porque es el negocio de sus asociados”.
Sin embargo, cuestionó que en la interpelación haya una “mezcla de lo ideológico, lo político y lo corporativo. Es una dinamita, y lo que se disputa no es María Dolores, es el pobre Instituto de Colonización” y ver “cómo le pegamos al Instituto de Colonización”. No obstante y “por suerte, en los partidos políticos y en los partidos de la oposición hay legisladores que piensan que el Instituto de Colonización es una muy buena herramienta”, dijo en referencia al senador Carlos Camy, el diputado Álvaro Rodríguez Hunter y el intendente de Florida Carlos Enciso, todos del Partido Nacional.
“También las gremiales lecheras sacaron un comunicado” apoyando la compra de María Dolores, el que fue firmado por la Agremiación Tamberos de Canelones, la Asociación de Productores de Leche de Maldonado, la Asociación de Productores de Leche de San José, la Asociación Nacional de Productores de Leche, la Sociedad de Productores de Leche de Rodríguez, y la Sociedad de Productores de Leche de San Ramón. Los productores sostuvieron que “el acceso a la tierra es una herramienta fundamental para el desarrollo productivo, el arraigo y la cohesión social del Uruguay”.
EL VALOR DE LA LECHERÍA.
“También hay que saber que el 40% de la producción de leche en Uruguay sale de los campos de Colonización. El mayor problema que tiene la industria láctea no es la falta de mercados, mercados hay y se podrían abrir más, lo que falta es materia prima. Lo que falta es leche”.
Para poner la lechería en perspectiva, Antonini mencionó que “somos 3 millones de habitantes y hay unos 3.000 tambos, una industria nacional que genera 15.000 puestos de trabajo y así como somos chiquitos ocupamos el noveno lugar en el mundo en producción de leche”.
La compra de María Dolores “recupera 4.400 hectáreas que estaban en manos de capitales extranjeros y que pasarán al patrimonio estatal beneficiándose no solo a más de 239 familias que involucran el campo de recría, de forraje y las unidades tamberas que se prevén, sino también el trabajo indirecto a 200 familias en actividades conexa”, apuntó.
Colonización continuará bajo la mira parlamentaria, ayer fue la interpelación a Fratti y ahora se abre otro frente en la Cámara de Representantes.
Hébert Dell’Onte Larrosa | Montevideo | Todo El Campo | El Partido Colorado busca que se forme una comisión investigadora por la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización.
La decisión política se concretó mientras en el Senado se realizaba la interpelación al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, por el mismo tema.
El diputado colorado Juan Martín Jorge (foto) dijo que la iniciativa -impulsada por Vamos Uruguay que lidera el senador Pedro Bordaberry- se sustenta en los cuestionamientos “técnicos, administrativos, jurídicos y constitucionales”.
Respecto a la compra de la estancia María Dolores, el diputado Jorge dijo que hubo “falta de quórum, desorden en los expedientes, ocultamiento y cambio de fechas en los informes jurídicos”.
Todo eso fue el contexto en que se concretó “una compra de muchísimos millones de dólares que tanto sacrificio le cuesta a la gente”, definió, considerando necesario “seguir investigando” en busca de “transparencia”, incluso llevar el asunto hasta las “últimas consecuencias”.
LA CARTA.
El pedido de una comisión que investigue la compra realizada por Colonización requiere una carta dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Sebastián Valdomir.
Jorge redactó una breve misiva en la que peticiona que “se disponga lo necesario para que se conforme una comisión investigadora sobre los hechos, actos y eventuales conductas irregulares y sus antecedentes ocurridos en el Instituto Nacional de Colonización en oportunidad de la compra por parte de dicho Instituto de los padrones que componen la estancia María Dolores”.
FISCALÍA Y JUTEP.
Por otra parte, en el Senado, el también colorado Andrés Ojeda, dijo que pedirá que la compra realizada por Colonización y las actuaciones del Parlamento sean enviadas a Fiscalía y la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep).
