Montevideo | Todo El Campo | El Ministerio de Ambiente continúa con la evaluación de la propuesta de UPM para ampliar la producción de celulosa en su planta de Fray Bentos, pero sin incrementar sus vertidos al río Uruguay, a fin de no afectar la conservación ambiental.
El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, confirmó que su cartera observa al detalle las sugerencias en los estudios técnicos y envió un guiño a la empresa finlandesa al señalar que “en general, el proyecto que se plantea está en condiciones de llevarse adelante”.
Ortuño precisó que la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea) avanza con el análisis con el objetivo de cerrar un proyecto que incluya inversiones.
En ese contexto, Ortuño anunció que se reinstaló la Comisión de Seguimiento de la planta, creada en 2007 con la finalidad de garantizar transparencia, información pública y prevención de incidentes. El objetivo es que se realicen al menos dos encuentros anuales con agenda abierta para intercambiar sobre “las preocupaciones de la sociedad civil, los organismos locales y la intendencia”, según detalló Ortuño.
UPM busca llegar a 1,5 millones de toneladas
UPM materializó a mediados de noviembre del año pasado la propuesta de realizar mejoras en su planta de Fray Bentos, que lleva más de 18 años de operativa, sin modificar los límites de emisiones vigentes, con el objetivo de aumentar su producción de 1,3 a 1,5 millones de toneladas al año.
Con este objetivo, presentó al Ejecutivo un análisis ambiental queno identifica nuevos impactos , y refleja que el desempeño se mantendría dentro de los estándares contemplados en los permisos vigentes. A su vez, la firma aclaró que esto “no implica la decisión de inversión en las respectivas mejoras”.
Cómo les fue a las exportaciones de celulosa en 2025
Los planes de expansión de la empresa se dan pese a una disminución en las exportaciones de celulosa en 2025. Si bien el producto fue el segundo más vendido internacionalmente por Uruguay, con ventas que totalizaron 2.307 millones, se verificó un retroceso del 9% en valores y del 4% en volúmenes con respecto a 2024, caída de los precios internacionales , que quedó en el orden del 13%.
En cuanto a destinos, China se mantuvo como el principal comprador, con el 46% del total exportado y compras por 1.055 millones de dólares, relativamente estables. Sin embargo, el segundo mayor comprador fue la Unión Europea (UE), que mermó sus adquisiciones en un 29%.
Montevideo | Todo El Campo | El sector ganadero estalla contra la «competenciadesleal» del acuerdo con Mercosur
Carta abierta de Asoprovac tras el acuerdo con Mercosur
El sector ganadero se dirige a los responsables políticos con una petición tan clara como urgente: “No te pido que lo superes, iguálamelo”. Ante la inminente ratificación del acuerdo comercial con Mercosur, los productores denuncian la grave asimetría normativa que pone en jaque la supervivencia del modelo rural europeo y la seguridad alimentaria de los ciudadanos.
Un procedimiento que elude el control democrático La denuncia comienza por las formas. El procedimiento utilizado por la Comisión Europea y los Estados Miembros se percibe como antidemocrático, al haber sido diseñado para cortocircuitar el control parlamentario y acelerar una firma que ignora las advertencias del sector primario.
La brecha de las «reglas del juego» El sector no entiende por qué se prohíben en Europa prácticas productivas que, sin embargo, se aceptan en los productos importados desde el Cono Sur.
Los puntos de fricción son críticos:
Seguridad y Salud: Mientras en Europa existen restricciones estrictas sobre trazabilidad y el uso de antibióticos para frenar las resistencias antimicrobianas, en Mercosur se permiten promotores de crecimiento y técnicas como la irradiación de la carne, prohibidas en suelo europeo.
Bienestar Animal y Medio Ambiente: La carne que entrará en nuestros mercados no cumple con los crecientes estándares de bienestar animal ni con las exigencias medioambientales que sí se imponen, por ley, a nuestros ganaderos.
Competencia Desleal: Estas diferencias normativas permiten que Mercosur produzca con costes hasta un 30% inferiores a los europeos, haciendo imposible la competencia en igualdad de condiciones.
Un golpe al medio rural y a la prevención de incendios La carga burocrática asociada al modelo de producción europeo está asfixiando a las explotaciones familiares, expulsando a los jóvenes del sector y acelerando la despoblación.
“Estamos perdiendo a los mejores gestores de nuestro territorio”, advierten desde Asoprovac. La desaparición de la ganadería extensiva no es solo un problema económico: sin ganado que limpie nuestros montes, el riesgo de incendios forestales se multiplicará, perdiendo una barrera natural indispensable contra el fuego.
“Con el comer no se juega” En última instancia, está en juego la seguridad de abastecimiento. Depender de terceros países que producen bajo estándares inferiores pone en riesgo la soberanía alimentaria de Europa. El consumidor europeo tiene derecho a saber qué está comprando y merece que no se rebajen los estándares de lo que llega a su mesa.
Por todo ello, pedimos responsabilidad política a quien está llevando al sector de vacuno europeo a una situación dramática. No pedimos privilegios; pedimos que, al menos, igualen las condiciones. Porque con el comer, y con nuestro campo, no se juega.
Montevideo | Todo El Campo | La discusión sobre el futuro de la vacunación contra la fiebre aftosa en Paraguay ingresó en una etapa de mayor cautela política y técnica, luego de los cruces públicos registrados entre la Asociación Rural del Paraguay (ARP) y el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa).
De acuerdo con fuentes calificadas consultadas por Valor Agro, el presidente de la República, Santiago Peña, intervino la semana pasada en una reunión cerrada para bajar la tensión y ordenar el proceso.
Según las mismas fuentes, el mandatario instó a “calmar los intercambios” y a retomar el diálogo en una mesa de trabajo, bajo un marco de confidencialidad.
En ese ámbito y de acuerdo a la información de las fuentes, Santiago Peña fue explícito ante los productores y otras autoridades del Ejecutivo al señalar que un eventual cambio de estatus sanitario respecto a la fiebre aftosa no es una prioridad para el actual Gobierno, y que cualquier definición deberá sustentarse en consensos amplios y garantías sólidas para todo el sector productivo.
En ese sentido, el Presidente solicitó a los productores la elaboración de un programa técnico, sin necesidad de fijar fechas, orientado a fortalecer aspectos estructurales de la sanidad nacional. El objetivo, indicaron las fuentes, es construir condiciones que ofrezcan seguridad y previsibilidad a todos los actores del sistema ganadero, antes de avanzar en debates de mayor alcance.
Tras ese encuentro, los ganaderos se reunieron en las últimas horas en una cita convocada por la ARP para actualizar lo conversado con el Poder Ejecutivo y unificar criterios. Desde el sector primario consideran clave que el Senacsa detenga la hoja de ruta tentativa para el levantamiento progresivo de la vacunación anunciada el pasado 9 de diciembre y que se encare un acuerdo de trabajo conjunto, con una mirada de largo plazo.
El espíritu predominante entre los productores, de acuerdo con las fuentes consultadas, es mantener la vacunación contra la fiebre aftosa como política sanitaria central del país. Al mismo tiempo, manifiestan su disposición a sentarse a una mesa amplia de diálogo que incluya a todo el complejo cárnico nacional, para evaluar escenarios futuros sólo si las condiciones técnicas, sanitarias y comerciales así lo justifican.
Mientras el debate continúa en reserva y con un tono más moderado, el calendario sanitario sigue su curso: el primer período de vacunación de 2026 está previsto para todo el rodeo bovino a partir del 16 de febrero, en línea con la estrategia vigente de protección sanitaria del país.
Montevideo/TodoElCampo- El ministerio de ganadería reunido con el resto de la institucionalidad agropecuaria decidió no declarar la emergencia pero si tomar ciertas medidas para mitigar el impacto de la escasez hídrica.
Primer conjunto de medidas de implementación inmediata: ● se postergará el vencimiento de enero del aporte patronal rural al BPS, ● se autorizará el pastoreo en la faja adjunta a las rutas nacionales y caminos rurales, ● el Instituto Plan Agropecuario y el programa Procría están dando apoyo técnico y divulgación de buenas prácticas para que los productores ganaderos puedan enfrentar la situación actual de déficit hídrico, ● el Instituto Nacional de Colonización está facilitando créditos e inversiones en agua para productores colonos, ● se pondrán a disposición créditos de República Microfinanzas, ● se pondrá a disposición una línea específica BROU para enfrentar las consecuencias del déficit hídrico, ● participación activa en las coordinaciones interinstitucionales para el suministro de agua para consumo humano y la producción familiar (con OSE y las intendencias), ● acuerdo con DINAGUA para facilitar los trámites ante el Ministerio de Ambiente para el registro y autorización del alumbramiento de agua (pozos).
Ademas se hace especial mención a que más allá de la situación coyuntural, el MGAP y la institucionalidad pública vienen avanzando para atender los riesgos de sequía en el mediano y largo plazo. Esto refiere a: ● promover las inversiones en agua para la producción animal y vegetal como política de Estado: ○ Estrategia Nacional para el Desarrollo del Riego ○ Convocatoria “Agua para la producción familiar” ○ Convocatoria 2026 “Agua para la granja” ○ Beneficios fiscales mediante COMAP para la gestión del agua de uso agropecuario. ● fortalecer los seguros agropecuarios, ● promover la incorporación de tecnologías y prácticas de manejo para la gestión del riesgo de sequía, ● avanzar en el diseño e implementación de un protocolo específico de sequías.
Mapa que explica la no declaración de emergencia agropecuaria
Montevideo | Todo El Campo | Apartir de una fuerte crisis financiera y operativa que viene arrastrando desde ya un par de años, la emblemática empresa rosarina de biotecnología Bioceres SA acaba de pedir la protección de la justicia para poder salir del default.
Lo hizo mediante una solicitud para abrir un proceso de convocatoria de acreedores que le permita encarar un plan de reestructuración de una deuda de u$s36 millones, teniendo en cuenta que actualmente no dispone de recursos suficientes para hacer frente a ese compromiso como tampoco para implementar un plan de negocios.
Gigante de la biotecnología, en crisis
La decisión fue tomada en 16 de diciembre pasado por el Consejo de Administración de Bioceres SA, que ese día aprobó formalmente el inicio del procedimiento de concurso de acreedores voluntario e instruyó a la gerencia a buscar y designar un síndico para supervisar el proceso.
Mediante un documento que la empresa controlante del grupo (Moolec) envío como informe anual de su estado a la Security Exchange Commission (SEC), de los Estados Unidos, se conocieron los detalles de este plan para poder reperfilar el pasivo de la empresa.
Pero el inicio de este procedimiento implica que Moolec perderá el control sobre Bioceres SA y de otra de sus subsidiarias que opera bajo un nombre similar, Bioceres LLC, cuyo pasivo se acerca a los u$s60 millones.
La empresa llegó a este escenario luego de que, a mediados del año pasado, no pudo afrontar vencimientos de pagarés bursátiles tomados en el mercado argentino por u$s5 millones, lo cual terminó por exponer la fragilidad operativa de una empresa que siempre fue considerada como un ejemplo del sector de biotecnología local, pero que en realidad estaba compuesta por un grupo de empresas altamente endeudadas.
Bioceres S.A.: reputación en picada
De hecho, y tal como explica el medio Rosario3, se realizaron movimientos accionarios (algunos intra grupo) que habían convertido a Bioceres SA de ser base del Bioceres Group, a luego filial argentina del holding hasta quedar finalmente en la práctica como una suerte de empresa residual, habiendo dejado en cabeza de Moolec —una firma biotecnológica con sede en Luxemburgo que originalmente era una suerte subsidiaria del grupo— el control de Bioceres Crop Soluciones (BIOX), la firma del grupo que cotiza en Wall Street».
Todo este proceso de cambios societarios y deudas impagas nunca fue bien digerido entre los accionistas originales, básicamente empresas agropecuarias, y también cayó fuerte la reputación del grupo.
Como parte de este dudoso proceso, el 11 de noviembre de 2025, un grupo de fondos de inversión entre los que se encuentran Jasper Lake Ventures One LLC; Redwood Enhanced Income Corp.; Liminality Partners LP y Solel-Bioceres SPV, L.P. presentaron demandas contra la compañía y varias de sus controladas.
Lo hicieron en un tribunal de la ciudad norteamericana de Nueva York argumentando haber sido víctimas de incumplimientos del pago de pagarés emitidos por Bioceres y en circulación en virtud de un contrato de compraventa de este tipo de documentos convertibles que había sido firmado el 5 de agosto del 2022.
Como primera acción, la compañía impugnó los supuestos incumplimientos y los demandantes presentaron una moción que busca prohibir a Bioceres «disipar la garantía pignorada en relación con los pagarés».
Juicio en Estados Unidos
La empresa se opuso a la solicitud y presentó una contrademanda para ordenar la suspensión de la subasta de ejecución hipotecaria de la garantía prendaria.
El 18 de diciembre de 2025, el Tribunal denegó la contrademanda y concedió parcialmente la moción de los demandantes, ordenando que las empresas acusadas «no transferirán, enajenarán, pignorarán, gravarán ni disiparán de otro modo ninguna garantía o derecho de garantía», según se define en los contratos de prenda y garantía vigentes.
Tras la decisión, los demandantes propusieron aplazar la venta hipotecaria hasta el 19 de enero próximo para permitir un proceso de venta más ordenado y comercialmente razonable.
La compañía aceptó el aplazamiento solicitado y cooperó con el proceso de venta para maximizar el valor en el marco de un acuerdo que incluye proporcionar a los posibles compradores acceso a due diligence; poner a la gerencia a disposición para las conversaciones y facilitar el acceso a las instalaciones.
De todos modos, desde la empresa aclaran que este acuerdo de cooperación «no constituye una admisión de responsabilidad, una renuncia a cualquier defensa ante los presuntos incumplimientos ni una concesión respecto a las reclamaciones del demandado».
Conflicto antiguo
De hecho, Bioceres continúa impugnando los presuntos incumplimientos y se reserva el derecho a rechazar los procedimientos y cualquier proceso de venta que no cumpla con los requisitos legales aplicables.
De esta forma, el conflicto legal entre los fondos de inversión y Bioceres Crop Solutions Corp. escaló significativamente, situando a la compañía argentina en una posición financiera y judicial sumamente delicada.
El origen se remonta a agosto de 2022, cuando Bioceres emitió pagarés convertibles y no convertibles por un total de u$s79 millones para financiar la adquisición de Marrone Bio Innovations (hoy ProFarm).
Las condiciones originales establecieron una tasa de interés del 9% anual y vencimiento a cuatro años, y los pagarés estaban garantizados por activos clave de la compañía y sus subsidiarias.
Tras una renegociación de términos en junio de 2025 (que elevó las tasas de interés hasta el 15-19% debido a riesgos percibidos), la situación colapsó en noviembre pasado.
Más precisamente, el 10 de noviembre, cuando los fondos enviaron una «Notificación de Aceleración», alegando que Bioceres había incurrido en incumplimientos (defaults) que no fueron subsanados.
Esto implicó que la deuda total pasó a ser exigible de inmediato, por lo cual, el 11 de noviembre de 2025, los acreedores iniciaron formalmente una acción legal en la Corte Suprema del Estado de Nueva York.
Fecha clave
El 18 de diciembre del mismo año, el tribunal emitió un fallo preliminar que favoreció parcialmente a los demandantes, ya que le prohibió a Bioceres y sus subsidiarias (como ProFarm) disipar o mover los activos que sirven como garantía de los pagarés.
Los acreedores intentaron ejecutar una subasta de los activos prendados para el 22 de diciembre de 2025, pero la fecha fue luego pospuesta para el 19 de enero próximo.
La demanda ha puesto a Bioceres en una situación de «incertidumbre sustancial» y, de hecho, en sus presentaciones ante la SEC, la propia empresa admite dudas sobre su capacidad para continuar operando si no logra resolver este litigio o refinanciar la deuda de u$s222 millones que vence en el corto plazo.
Además, estos problemas legales en Estados Unidos coinciden con incumplimientos de pagarés bursátiles en el mercado local argentino por parte de su controlante, Bioceres S.A.
La compañía también enfrenta cuestionamientos por decisiones estratégicas previas. En 2022 emitió 25% de su capital para adquirir Marrone Bio Innovations, una firma estadounidense que acumulaba pérdidas anuales por u$s11 millones. Trucco defendió entonces la operación asegurando que aportaba competitividad futura, aunque la acción nunca reflejó esa expectativa.
Otro viraje fue el abandono del modelo «identity preserve» para las semillas HB4, que exigía controlar toda la cadena de valor. La empresa admitió que el esquema fue demasiado ambicioso y ahora apuesta a alianzas con jugadores del sector como Don Mario (GDM) y Colorado Wheat Growers para reducir costos y mejorar márgenes.
Rizobacter también
De hecho, a principios de este mes de enero se conoció que otra de sus controladas, como es Rizobacter, atraviesa un periodo de reestructuración y alta tensión crediticia que promete continuar durante este 2026.
Los problemas para esta compañía reflejan en parte el estrés financiero que atraviesa el sector de insumos en Argentina, condicionado por precios internacionales de granos bajos y un acceso restringido al crédito barato.
En este marco, durante la segunda mitad de año pasado, la agencia de calificación FIX (afiliada de Fitch Ratings) aplicó sucesivas rebajas a la nota de Rizobacter al punto que la calificación de emisor de largo plazo descendió desde A+(arg) hasta BBB(arg) con perspectiva negativa.
Los fundamentos de este deterioro incluyen un apalancamiento elevado ya que, según la calificadora, a mediados de 2025, la compañía mostró un ratio de deuda neta sobre EBITDA de 7,5x, un nivel considerado crítico para los estándares de la industria.
Además, su margen EBITDA, que históricamente superaba el 20%, se comprimió hasta niveles cercanos al 10% debido al impacto residual de sequías previas y una estrategia comercial más agresiva para sostener cuota de mercado.
Del mismo modo, Fix tuvo en cuenta la caja disponible y las inversiones corrientes, que en ese momento cubrían apenas el 0,5x de los vencimientos de deuda de corto plazo.
También se analizó que su salud financiera está estrechamente ligada a su controlante, Bioceres que, en julio del año pasado sufrió un «default técnico» al enfrentar dificultades para cancelar pagarés bursátiles, lo que encendió alarmas en el mercado de capitales local y afectó la percepción de riesgo de Rizobacter.
Montevideo | Todo El Campo | Tras más de 25 años de negociaciones, el Consejo de la Unión Europea aprobó este viernes nueve de Enero un acuerdo con el Mercado Común del Sur, Mercosur, que incluye varias cláusulas diseñadas para calmar el malestar de los agricultores europeos.
Los 27 Estados que conforman el bloque comercial europeo alcanzaron la mayoría, pese a la oposición anunciada por países como Francia, Polonia e Irlanda.
Con este resultado, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tiene planificado volar a Paraguay y firmar el acuerdo con el Mercosur el próximo lunes.
Cuando el acuerdo quede sellado por ambas partes, se allanará el camino para la creación de la mayor zona de libre comercio del mundo.
Sin embargo, para que el acuerdo entre en vigencia, aún falta otro paso.
Tras la firma del documento en Paraguay, que se estaría dando el próximo 17,se requiere también el visto bueno de la Eurocámara, que deberá pronunciarse en las próximas semanas.
El resultado de la votación en la Eurocámara no está claro, ya que unos 150 eurodiputados (de un total de 720) amenazan con recurrir a la justicia para impedir la aplicación del acuerdo.
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, son los estados fundadores del bloque comercial sudamericano.
