En las organizaciones vinculadas al vino de la UE hay incertidumbre y preocupación por las partidas de las que dependen inversiones consideradas estratégicas para la competitividad.

España | Todo El Campo | La Unión Europea (UE) ha dado una señal de continuidad para el sector vitivinícola al decidir que el vino seguirá formando parte de los programas de ayudas de la próxima Política Agraria Común (PAC), correspondiente al período 2028-2034. La decisión fue adoptada por el Consejo de la Unión Europea el 19 de octubre y supone que la actividad vitivinícola conservará acceso a instrumentos de apoyo comunitarios destinados a financiar inversiones, reestructuración de viñedos, modernización de bodegas y promoción comercial en mercados internacionales, informó Vinetur, un medio digital especializado en el sector vitivinícola, la cerveza, los destilados, la gastronomía y el enoturismo. Sin embargo, aunque el sector ha logrado mantenerse dentro del esquema de ayudas agrícolas europeas, todavía existe una gran incógnita sobre cuánto dinero recibirá efectivamente cuando se apruebe el presupuesto definitivo.

La resolución del Consejo constituye solamente una posición negociadora dentro del proceso de reforma de la PAC. Aún deberá ser discutida y acordada con el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, por lo que las normas definitivas todavía pueden experimentar modificaciones. Además, el monto concreto destinado al sector vitivinícola dependerá del futuro marco financiero plurianual de la UE, que sigue en discusión.

Esa incertidumbre genera preocupación en las organizaciones vinculadas al vino, ya que de esas partidas dependen inversiones consideradas estratégicas para la competitividad del sector en los próximos años.

Actualmente, las ayudas al vino tienen una importancia considerable en varios países productores. Francia, por ejemplo, recibe alrededor de 270 millones de euros anuales para financiar diversas medidas sectoriales. Estos recursos se utilizan para adaptar las explotaciones vitícolas a nuevas condiciones productivas, renovar viñedos, modernizar instalaciones industriales y promover las exportaciones fuera del mercado comunitario. También respaldan otras acciones relacionadas con la gestión de la oferta y la evolución estructural del sector.

Uno de los aspectos más relevantes de la nueva propuesta es que modifica el carácter de las intervenciones sectoriales. El Consejo establece que las ayudas serán obligatorias para áreas como la apicultura, frutas y hortalizas, y también para el vino, aunque con ciertas excepciones. En los países donde la vitivinicultura tiene una presencia muy reducida, se prevén mecanismos de flexibilidad que permitirán justificar la no aplicación de determinadas medidas dentro de los planes nacionales.

Esta fórmula representa un cambio respecto a versiones anteriores del proyecto. Un borrador que circuló en setiembre planteaba que las ayudas específicas al vino estuvieran limitadas a aquellos países que reconocieran formalmente organizaciones de productores. La nueva redacción amplía el alcance de las intervenciones y evita que las organizaciones de productores sean las únicas potenciales beneficiarias. También confirma explícitamente que la promoción comercial seguirá siendo una de las acciones susceptibles de recibir financiación comunitaria.

Las organizaciones representativas del sector han recibido favorablemente varios de estos cambios. Sin embargo, no todos los actores comparten el mismo optimismo. Algunas voces dentro del Parlamento Europeo advierten que la continuidad formal de las ayudas podría resultar insuficiente si no se acompaña de una financiación concreta. Entre ellas figura el eurodiputado francés Eric Sargiacomo, vicepresidente de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, quien considera que el verdadero desafío será garantizar fondos suficientes. Desde su perspectiva, algunas de las mejoras previstas para el sector podrían perder fuerza durante la negociación política y presupuestaria que aún queda por delante.

La cuestión de los recursos económicos es precisamente el núcleo del debate. Aunque el Consejo ha establecido un marco regulatorio que mantiene al vino dentro de la arquitectura de apoyo agrícola europea, no ha fijado ninguna cantidad específica. Esto significa que el sector tiene asegurada su presencia en el sistema, pero desconoce cuál será el volumen real de financiación disponible a partir de 2028. La diferencia es sustancial, porque un programa obligatorio sin dotación garantizada podría acabar teniendo un alcance mucho menor del esperado.

Mientras se desarrolla esta discusión a escala europea, en Francia han surgido propuestas que cuestionan el modelo actual de ayudas. El Movimiento de Defensa de los Explotadores Familiares (Modef) planteó que las explotaciones familiares necesitan instrumentos más sencillos y directos. Argumentan que los viticultores afrontan dificultades económicas que no se resuelven adecuadamente mediante el sistema vigente. También reclaman un precio mínimo garantizado por el Estado y afirman que muchas explotaciones necesitan ingresos adicionales para alcanzar el equilibrio financiero.

Modef critica especialmente que los recursos públicos financien simultáneamente medidas para ampliar plantaciones y otras destinadas a arrancar viñedos o gestionar excedentes mediante destilaciones. También cuestiona que parte de las ayudas a la inversión beneficien principalmente a grandes grupos empresariales y que los programas de promoción favorezcan sobre todo a operadores comerciales más grandes. Como complemento, propone que las autoridades locales apoyen económicamente viñedos que funcionan como barreras naturales contra incendios en zonas próximas a poblaciones rurales.

El debate se produce en un contexto de transformaciones profundas para la viticultura europea. El sector enfrenta la necesidad de adaptar sus viñedos al aumento de las temperaturas, renovar plantaciones, incorporar nuevas tecnologías y mantener inversiones constantes para conservar su competitividad. Al mismo tiempo, algunos mercados muestran señales de debilitamiento del consumo, mientras determinadas regiones registran aumentos de producción que incrementan la presión sobre la gestión de la oferta. En definitiva, la decisión del Consejo Europeo garantiza que el vino continuará formando parte de las ayudas agrícolas comunitarias durante el período 2028-2034. No obstante, las cuestiones más importantes siguen abiertas: cuál será el presupuesto definitivo, cómo se distribuirán los recursos y si el modelo continuará centrado en la reestructuración, la inversión y la promoción o evolucionará hacia sistemas de apoyo directo por superficie. El futuro de una de las actividades agrícolas más emblemáticas de Europa dependerá de esas definiciones en los próximos años. (En base a Vinetur).

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