Los colonos reunidos en la Mesa Nacional reclaman justicia social, pero sus propuestas blindan a los morosos, limitando al INC en decisiones sobre incumplimientos.
Montevideo | Todo El Campo | El 4 de agosto la Mesa Nacional de Colonos (MNC) realizó actividades que presentó como defensa de la colonización, las familias rurales y un modelo productivo con justicia social. Se reunió con parlamentarios de la Comisión de Ganadería y con un director del Instituto Nacional de Colonización (INC) por la oposición. Sin embargo, los documentos entregados a los legisladores apuntan a ampliar la influencia de la MNC en la definición de las rentas y a crear mecanismos de protección para los colonos morosos. Las propuestas buscan que el INC no pueda desalojar ni rescindir contratos sin antes ofrecer reestructuración de deudas, blindando así la permanencia de quienes incumplen pagos.
Efectivamente, los colonos pidieron al Parlamento modificar el régimen que determina las rentas, incorporando los costos reales de producción por rubro; también se presentó un texto que apunta a revisar el régimen de intereses, mora y recargos aplicados a las deudas de los colonos, evitando situaciones de carácter usurario que, en muchos casos, terminan derivando en desalojos y en la pérdida de años de trabajo e inversión de las familias colonas.
Además se reunieron con Lucas Manassi, director de Colonización por la oposición, y entregaron a la Secretaría General del INC firmas solicitando dejar sin efecto, a nivel nacional, el aumento de rentas previsto para el mes de noviembre.
QUÉ DICEN LOS DOCUMENTOS DE LA MNC.
- CÁLCULOS DE LAS RENTAS DEL INC.
La MNC entiende que el sistema de determinación de las rentas del INC “debe reflejar la realidad económica de cada rubro productivo”, y señala en el documento presentado en el Parlamento que “actualmente, las variaciones de precios de los productos agropecuarios no siempre son acompañadas por una evaluación integral de los costos reales de producción”. La consecuencia es algunas rentas “no guardan una adecuada relación con la capacidad económica de los colonos, comprometiendo la viabilidad de las explotaciones familiares”.
Para corregir esa situación se propone “que la determinación de las rentas incorpore, con carácter obligatorio, el análisis técnico de los costos efectivos de producción de cada rubro”.
“La fijación de la renta deberá considerar, entre otros, los siguientes componentes: costos de laboreo y maquinaria, semillas y material vegetal, fertilizantes y enmiendas, alimentación animal, sanidad vegetal y animal, mano de obra familiar y contratada, energía eléctrica y combustibles, reparación y mantenimiento de instalaciones, depreciación de maquinaria e infraestructura, gastos financieros razonables, seguros y tributos, transporte y comercialización, y costos de cumplimiento de normas ambientales y sanitarias”, dice el texto.
También se deberán evaluar “factores extraordinarios que afecten la producción, como emergencias agropecuarias, sequías, inundaciones, enfermedades, incendios u otras circunstancias debidamente acreditadas”
La propuesta incluye la creación de una Comisión Técnica Permanente de Evaluación de Costos de Producción, integrada por representantes del INC, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), la Universidad de la República (Udelar), el Instituto Plan Agropecuario (IPA), del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) y la MNC. Dicha comisión “tendrá como cometido elaborar y actualizar anualmente los costos de producción de cada rubro, utilizando información técnica, económica y estadística objetiva”.
Las rentas se calcularán considerando el “ingreso bruto esperado por rubro, los costos reales de producción, el margen razonable de rentabilidad para asegurar la continuidad de la empresa familiar, la capacidad de reinversión, la sustentabilidad económica y ambiental de la explotación”.
- PROTECCIÓN DE LOS COLONOS FRENTE A LA USURA RURAL Y GARANTÍA DE PERMANENCIA EN LA TIERRA.
El segundo documento presentado por la MNC en el Parlamento tiene por objeto “prevenir situaciones de endeudamiento abusivo que comprometan la continuidad de los colonos del Instituto, garantizando mecanismos de reestructuración de deudas y procurando la permanencia de las familias rurales en la tierra”.
Piden que Colonización deba “evaluar la situación económica y productiva del colono antes de adoptar medidas por incumplimiento económico” y que se obligue al INC a “ofrecer al colono un procedimiento de negociación y reestructuración de deuda antes de promover la rescisión del contrato o cualquier acción tendiente al desalojo”.
Las refinanciaciones propuestas “deberán considerar la capacidad real de pago del productor, el tipo de explotación, las contingencias climáticas y sanitarias y la continuidad de la unidad productiva”, y mientras se tramita la reestructura “no podrán ejecutarse medidas de lanzamiento o desalojo”.
En caso de declaración de emergencia agropecuaria, “el INC deberá considerar dicha circunstancia al evaluar el cumplimiento de las obligaciones del colono”, y en tales casos “podrán disponerse prórrogas, refinanciaciones, reprogramaciones de pagos u otras medidas de apoyo compatibles con la normativa vigente”.
A su vez, se formula la creación de una comisión técnica para reestructurar deudas, la cual asesorará al Directorio del INC. Esa Comisión “estará integrada por representantes del INC, del MGAP, especialistas en economía agraria y representantes de la MNC”, y “emitirá un informe técnico previo a toda resolución que pueda implicar la pérdida de la condición de colono por razones económicas”.

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