El líder del Partido Independiente detalló los riesgos técnicos, el impacto ambiental sobre los productores y las razones por las cuales recurrirá a la justicia.
Montevideo | Todo El Campo | Al comenzar julio, el Partido Independiente (PI) ofreció una conferencia de prensa en la que informó que presentará una demanda judicial contra OSE para solicitar la suspensión del avance del proyecto Casupá hasta que se cumpla íntegramente el procedimiento ambiental previsto por la normativa vigente. Además de Mieres, de esa instancia participó el diputado Gerardo Sotelo.
El PI no desconoce que es necesario desarrollar infraestructuras que garanticen el abastecimiento de agua potable a la población, pero reclama que una obra de ese tamaño, con afectación de familias, productores, monte nativo, etc., además de la inversión que implica, no debe avanzar si no se respetan todas las etapas legales y ambientales.
Pablo Mieres, que además de ser el líder del PI también fue senador y ministro de Trabajo en gobierno de Luis Lacalle, fue entrevistado sobre esos temas en el programa Diario Rural de CX4 Radio Rural.
Los tres puntos principales de su exposición fueron:
Insuficiencia técnica y agotamiento de la cuenca: Mieres argumentó que construir la represa de Casupá no resolverá el problema de abastecimiento a largo plazo.
Impacto ambiental y productivo desproporcionado: El proyecto implica una inversión estimada de entre US$ 100 y US$ 150 millones, pero provocará la inundación de unas 500 hectáreas de monte nativo y más de mil hectáreas de tierras productivas, afectando directamente a más de un centenar de productores locales.
Acción legal por falta de autorizaciones: Debido a que el proyecto avanza sin contar con la autorización ambiental previa obligatoria, el PI, junto a productores, vecinos y diversos actores políticos, presentará una medida cautelar ante la justicia.
EL PI RECURRE A LA JUSTICIA PARA FRENAR LA REPRESA DE CASUPÁ.
El exministro Pablo Mieres critica la viabilidad del proyecto, advierte por daños ambientales y propone como alternativa la extracción de agua del Río de la Plata.
En la entrevista, Pablo Mieres destacó que hay “muchos actores sociales y productivos que están muy preocupados por la situación”. Insistió en señalar que Uruguay tiene “desde hace varios años un problema de abastecimiento de agua potable en la zona metropolitana, que debe ser resuelto, y para hacerlo hay que acertar en cuál es el camino correcto”.
Los caminos planteados son dos, puntualizó. De esos dos, “el gobierno del presidente Yamandú Orsi eligió la construcción de la represa de Casupá”, si embargo, la opinión “de un número muy importante de técnicos que conocen en materia hidrográfica e hidrológica, establece que ese no es el camino que va a resolver el problema, y dan varias razones”.
“En primer lugar, y lo más importante es que la represa de Casupá se piensa construir en el marco de la cuenca del río Santa Lucía. O sea que se va a aumentar aún más la presión de toma de agua en una cuenca que ya está agotada y que muestra señales de agotamiento, no solo cuantitativo en cuanto a la cantidad de agua que puede proporcionar sino también cualitativo, porque los estudios también indican un deterioro en la calidad del agua que se toma del Santa Lucía”, advirtió.
Es un caso de “el lujo de la miseria, porque somos un país con costas de centenares de kilómetros sobre el Río de la Plata que claramente es una fuente inagotable de agua”. Además, “en la zona desde Montevideo hacia el oeste, cuanto más al oeste mayor todavía, el componente de agua dulce es prácticamente completo”, y “los episodios de salinidad, de acuerdo a los estudios que se han hecho, son mínimos”.
Por eso “no se entiende por qué este este gobierno retrocede con respecto a lo que se había planteado en el período anterior que era la toma de agua del Río de la Plata a través de la zona de Arazatí en el departamento de San José”, reflexionó.
En caso de sea por razones políticas, se podría cambiar el lugar y trasladar la inversión a Juan Lacaze (Colonia) que es un lugar que “da más garantías porque está más al oeste y resuelve el problema de salinidad definitivamente”. Lo importante es que se tome agua del Río de la Plata y no se desperdicie la oportunidad de resolver el problema, que ya sabemos que da resultado porque “Buenos Aires se abastece con cuatro tomas del Río de la Plata y tienen mucha más población que nosotros”.
Mieres definió la actitud del gobierno como “un empecinamiento, un capricho, que nos va a llevar a invertir más de US$ 100 millones” que es lo que se calcula, “pero siempre en estos proyectos la ejecución supera al cálculo inicial”, por lo que se deben estimar que serán unos “US$ 150 millones para construir una represa que va a tener luego el problema de que no va a resolver la situación, pero sí va a afectar una zona en donde hay alrededor de 500 hectáreas de monte nativo que van a desaparecer bajo la inundación; hay más de mil hectáreas de tierra productiva, más de cien productores que se quedan sin su predio” y deberán “reconvertirse del punto de vista productivo”.
Todo eso “a cambio de nada, y dentro de unos años, cuando tengamos una crisis hídrica, otra vez vamos a tener el mismo problema”, vaticinó.
Lo que el PI quiere hacer “es frenar” el proyecto Casupá y “lo hemos intentado de todas las maneras posibles, hemos hablado con los actores de gobierno, en un momento parecía que iba a haber una solución pero hace un par de semanas OSE llamó a licitación, presentó el pliego para la presentación de una licitación internacional”. Frente a ese avance “lo que nos queda es ir a la justicia y pedirle al juez que adopte una medida cautelar”.
Un punto no menos importante es que “el proyecto todavía no cuenta con la autorización ambiental previa que es un requisito legal y no se ha cumplido, a pesar de que OSE ya avanza en notificaciones de expropiación a productores y cosas por el estilo, no ha cumplido con las normativas ambientales en relación a esta obra”.
El escrito aún no se ha presentado ante el juez porque se está completando los comparecientes que en el campo social van a ser productores y vecinos de la zona, la Federación Rural, la Agropecuaria de Lavalleja, la Agropecuaria de Florida.
En el campo político habrá firmas del PI, del Partido Nacional y del Partido Colorado; ya firmó el representante del Partido Ecológico Radical Independiente (PERI), César Vega, también Eduardo Lust del Partido Constitucional Ambientalista.
Por tanto es un planteo de “amplio apoyo”, a pesar de que se hubiera preferido no tener que hacerlo, pero “nos obligan porque estamos convencidos de que hay que hacer todo lo posible para evitar que el país dé un paso en falso”.
ENTREVISTA COMPLETA.
Producción periodística Horacio Jaume y Estela Apollonio. Programa Diario Rural, CX4 Radio Rural.
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