Hay un decreto que “fortalece las herramientas de contralor y las sanciones”, pero los recursos presentados “generan la suspensión de las medidas”, lo que “pone al país en una situación de complejidad”.
Hébert Dell’ Onte Larrosa | Montevideo | Todo El Campo | El senador Aníbal Pereyra (MPP-Frente Amplio), se refirió ayer a las disposiciones legales contra la garrapata en el marco de la ley N° 18.268 del año 2010, que declara “de interés nacional la lucha contra la garrapata boophilus microplus (garrapata común del ganado vacuno) en todo el territorio del país y en las especies animales que naturalmente parasita”.
Agregó que las situaciones irregulares detectadas en los últimos tiempos en productos de exportación dañan al país, y que para tales casos hay disposiciones legales que sancionan a los responsables. Sin embargo, los recursos legales frenan las medidas que se adoptan pertinentemente, por lo que hay que encontrar una solución legal al respecto. El senador instó al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) a enviar los proyectos de ley que corrijan esa situación y llamó a los demás miembros de la Comisión de Ganadería del Senado a trabajar en una solución consensuada.
Ante el plenario del Senado, el legislador valoró la importancia que el país le da al tema, lo que se ve reflejado en la existencia de leyes, modificaciones a la ley 18.268, y posteriores decretos. Todo eso “grafica la importancia que el país le da al tema para ir mejorando las herramientas legales para el combate a algo que genera graves prejuicios”.
Agregó que el artículo 227 del presupuesto quinquenal asigna al MGAP “el fortalecimiento” de la Dirección General de Servicios Ganaderos) en financiamiento para el Plan Nacional de Lucha contra la Garrapata.
“Hace un mes quedó promulgado un nuevo decreto “a partir de los hechos de setiembre de 2025” en la detección de “residuos de productos químicos en carne exportada a China, lo que se volvió a repetir en los últimos días”.
Ese decreto “trata de fortalecer las herramientas de contralor y las sanciones que se deben aplicar a los responsables”, pero las medidas que se adopten se pueden recurrir y actualmente “un solo estudio jurídico tiene 30 recursos” ante el MGAP. Esos recursos “generan la suspensión de las medidas que hay que tomar”, generándose un escenario que “pone al país en una situación de complejidad”, subrayó.
En ese marco fue que el ministro Alfredo Fratti expuso en la Expo Activa (realizada a mediados de marzo) “la necesidad de mejorar la legislación vigente para que se pueda aplicar la suspensión inmediatamente de comprobar” la falta.
“Quienes cometen estas situaciones de forma repetida no pueden seguir generando un compromiso a la economía nacional”, enfatizó Pereyra.
Definió el tema como “muy delicado” y que si la solución es legislación deben ingresar al Parlamento proyectos del Poder Ejecutivo para que los huecos de la norma se subsanen.
“En pocos días, un solo estudio jurídico ha generado retraso en la aplicación de las suspensiones que son necesarias”, insistió. Por eso, “solicitamos al MGAP pronta celeridad”.
Anunció que el ministro Fratti concurrirá prontamente a la Comisión de Ganadería del Senado y expresó su deseo de que esa instancia sea oportuna para “encontrar consensos” que lleven a una “salida razonable” de la problemática planteada.
ACLARACIÓN DE LA SENADORA BIANCHI.
La senadora Graciela Bianchi (Partido Nacional), comentó que sin ánimo de contestar políticamente a Pereyra y solo como una colaboración, que los recursos como los planteados no tienen efectos de suspensión. La legisladora que es abogada señaló que “los recursos administrativos no tienen efectos suspensivos, excepto el Art. 62 del Tocaf en caso de licitación”. Así y todo, “por razones de interés general, el Poder Ejecutivo puede levantarlo”.
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Foto de portada: Aníbal Pereyra | Senado.
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