Ser considerado país de bajo riesgo significa que Uruguay contará con procedimientos simplificados en los controles de ingreso al mercado europeo.
Montevideo | Todo El Campo | La Unión Europea (UE) clasificó a Uruguay como país de bajo riesgo de deforestación. La clasificación se dio en función de la nueva normativa sobre productos libres de deforestación que el bloque europeo importa. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) informó que con esa valoración Uruguay podrá ver agilitados los controles para ingresar con productos nacionales al mercado europeo, y refuerza nuestro posicionamiento como proveedor confiable y comprometido con la sostenibilidad ambiental.
El Reglamento (UE) 2023/1115 valora y exige que el origen de los productos que importa sea libre de deforestación; dicha norma comenzará a regir plenamente a partir de diciembre de 2025.
Esta designación es parte de la implementación de una política global que busca asegurar que los productos comercializados en la Unión Europea no provengan de tierras deforestadas ni de zonas que hayan sufrido degradación forestal desde el pasado 31 de diciembre de 2020 en adelante.
El reglamento abarca productos clave algunos de importante valor para la economía nacional como carne vacuna, madera, soja, entre otros,
Ser considerado país de bajo riesgo significa que Uruguay contará con procedimientos simplificados en los controles de ingreso de estos productos al mercado europeo, por lo que sólo el 1% de los cargamentos con mercadería proveniente de Uruguay será inspeccionado. Para los países con riesgo medio las inspecciones serán del 3%. Esto representa un reconocimiento al compromiso del país con la sostenibilidad y la gestión responsable de sus recursos naturales.
El otro país sudamericano ubicado en esta categoría es Chile.
Esta calificación se ve fortalecida por el trabajo articulado que el MGAP viene desarrollando junto al Instituto Nacional de Carnes (INAC) para avanzar en la sistematización informática de los procesos de georreferenciación de productos, una práctica que Uruguay ya aplicaba en algunas de sus cadenas productivas y que hoy consolida en una plataforma dirigida a las empresas que comercializan con la Unión Europea.
La información indica que el MGAP continuará trabajando en estrecha coordinación con los sectores productivos, organismos técnicos y socios internacionales para consolidar este reconocimiento, y asegurar que los productores y exportadores uruguayos puedan acceder a los mercados más exigentes del mundo con productos confiables y sostenibles.
Argentina, Brasil y Paraguay ingresaron en la categoría riesgo “estándar” y Rusia en riesgo “alto”.
En la categoría de riesgo bajo aparecen EE.UU., Canadá, Australia, Nueva Zelanda, India, China, Chile y Uruguay, entre otras naciones.
Montevideo | Todo El Campo | La Comisión Europea evaluó los países o regiones con distintos niveles de riesgo de deforestación, lo cual impacta sobre el producto relevante y sobre los controles que se ejerzan a nivel del operador o trader europeo. La categoría estándar obliga a seguir tres procesos de debida diligencia.
La clasificación se realiza con criterios relacionados a la tasa de deforestación o degradación de bosques, la tasa de expansión de la tierra agrícola y la tendencia de producción de materias primas y productos relevantes.
El jueves pasado, la UE-27 publicó el listado de países proveedores con su respectiva clasificación de riesgo. En la categoría de riesgo bajo aparecen EE.UU., Canadá, Australia, Nueva Zelanda, India, China, Chile y Uruguay, entre otras naciones.
Sin embargo, Argentina, junto con Brasil y Paraguay, fueron incorporados en la categoría de riesgo “estándar” o medio, mientras que Rusia fue identificada como riesgo “alto”.
La nueva legislación europea exige a las naciones proveedoras un sistema de trazabilidad con información georreferenciada de las unidades productivas en las cuales se generaron los productos de exportación. Los productos de países de bajo riesgo estarán sujetos a un procedimiento simplificado de control, el cual se intensificará de manera proporcional en las siguientes dos categorías.
El reglamento N° 1115 de la UE27 determina que a partir del 1 de enero de 2026 no podrán ingresar a su territorio productos agroindustriales provenientes de zonas que hayan sido deforestadas luego del 31 de diciembre de 2020. Las empresas europeas importadoras sólo podrán ingresar los productos si el proveedor emite una declaración de “diligencia debida” que valide que el producto no proviene de tierras deforestadas. (Fuente UGP).
Las sanciones de la Unión Europea tienen el objetivo de asfixiar la economía de estos países como represalia por la invasión de Ucrania.
Europa | Todo El Campo | El pleno del Parlamento Europeo aprobó este jueves 22 de mayo, imponer nuevos aranceles a productos agrícolas como el azúcar, la harina y alimentos para animales, y a ciertos fertilizantes procedentes de Rusia y Bielorrusia. Estas sanciones de la Unión Europea (UE) tienen el objetivo de asfixiar la economía de estos países como represalia por la invasión de Ucrania.
Así, con el visto bueno ratificado en Estrasburgo (Francia) con 411 votos a favor, 100 en contra y 78 abstenciones, sólo queda la adopción formal por parte de los Veintisiete en próximas fechas para su publicación en el Diario Oficial de la UE y posterior entrada en vigor.
ARANCELES DEL 50%.
De esta forma, se impondrá un arancel del 50% sobre los productos agrícolas que aún estaban exentos de los primeros gravámenes al sector por la dependencia que tenían de ellos países de la UE, por ejemplo, el azúcar, el vinagre, la harina y los productos para alimento animal.
Esta decisión también afectará a los fertilizantes, ya que supondrá tasar en un 6,5% ciertos fertilizantes importados desde Rusia y Bielorrusia durante el periodo 2025 y 2026, al que se sumará un gravamen de entre 40 y 45 euros por tonelada importada. Esta cantidad se elevará progresivamente hasta sumar los 430 euros por tonelada a partir de 2028.
Con este plan, la Unión quiere que se vaya reduciendo de manera significativa la producción de Rusia y Ucrania que aún se importa al mercado común de manera directa o indirecta, con el objetivo de favorecer la diversificación que permita romper con la dependencia de estos dos países.
Además, se pide a la Comisión Europea que vigile el riesgo de subida de precios en el mercado agrícola europeo por si fuera necesario activar medidas de contención del daño.
Parte de dinero que los productores aportan con el pago de sus impuestos, Europa los vuelca a ONGs radicales que realizan un activismo ideológico contrario a la agropecuaria.
Montevideo | Todo El Campo | En medio del debate sobre la pertinencia de llegar a un tratado de libre comercio con el Mercosur, donde los productos agropecuarios tienen un capítulo protagónico, la Unión Europea es interpelada sobre su apoyo financiero a grupos que bajo la bandera del cuidado ambiental, militan activamente en contra de la producción agropecuaria.
En Europa, desde hace mucho tiempo, el sector productor agrícola y ganadero sufre embestidas de variado tipo (publicitario, político, etc.) con el fin de mostrarlo ante la opinión pública como un enemigo ambiental, en lugar del productor de alimentos y materias primas fundamentales, que entre otras cosas garantiza la seguridad alimentaria de la población, como ocurrió durante la última pandemia y que todos recordamos.
“ES LEGAL Y MORALMENTE INACEPTABLE”.
Recientemente, algunos medios europeos denunciaron el apoyo financiero que la Comisión Europea ha dado a organizaciones ecologistas contrarias a la ganadería. El escritor, divulgador sobre asuntos alimenticos y veterinario español, Juan Pascual, señaló que esa práctica es “legal y moralmente inaceptable”.
En la cuenta de X (@JuanPascual4), Pascual escribió que las organizaciones “ecologistas radicales, muchas de ellas contrarias a la ganadería” reciben fondos de todos los europeos “bajo el pretexto de la ‘acción climática’. Sin embargo, parte significativa de estos recursos se emplean para influir en la opinión pública”.
“Según el Tribunal de Cuentas Europeo, la financiación de estas ONGs carece de transparencia y mecanismos de control adecuados”, además de que en muchos casos “se desconoce el destino final de los fondos y los criterios de adjudicación”.
Es un problema institucional o político, pero no solo eso: “La acción de estas ONGs financiadas por Bruselas tiene un impacto directo sobre el sector primario europeo, la agricultura y la ganadería”, promoviendo “regulaciones extremadamente restrictivas que afectan la producción agrícola, imponen trabas burocráticas y fomentan políticas que perjudican la competitividad del campo europeo”, advirtió.
El resultado es la “asfixia” de las explotaciones agropecuarias, debido a una “legislación cada vez más ideologizada, impulsada por grupos activistas que no responden ni al interés general ni al conocimiento técnico del sector”.
Y mientras el productor europeo se asfixia, “Europa incrementa sus importaciones de productos agrícolas de países con normativas ambientales mucho más laxas, lo que además de hipócrita, resulta profundamente injusto para los productores europeos”, enfatizó, además de que se da una paradoja absurda e ilógica: “La financiación pública de estos movimientos supone una doble agresión” al utilizar “los impuestos de agricultores y ganaderos para financiar a quienes los desacreditan, los acusan y condicionan negativamente su actividad”.
La falla es legal como moral. Legal, porque “la Comisión (Europea) no debería actuar como una plataforma de financiación partidista encubierta”, y moral porque “se creó una red de organizaciones que dependen de fondos públicos para sostener una militancia constante contra sectores legítimos y fundamentales de la economía europea”.
Pascual concluye indicando que “Europa necesita una política ambiental racional, basada en datos y en el diálogo con el sector primario, no en la imposición ideológica promovida con dinero público desde Bruselas”.
En este momento Europa no tiene un stock público de carne o cereales. China, Rusia e India consideran a los alimentos como un factor estratégico y pretenden tener el mayor nivel de autoabastecimiento.
César Lumbreras | España | Todo El Campo | La Comisión Europea ha abierto hasta el 9 de mayo una consulta pública antes de elaborar una comunicación sobre una estrategia de constitución de stocks de productos alimentarios en toda la UE. Este documento podría ver la luz el 25 de junio. No es un asunto menor, ni mucho menos, a la vista de la situación que se vive en el mundo y del uso de los alimentos como un elemento estratégico.
Conviene hacer un poco de historia. La Política Agraria Común (PAC) ha sido de verdad la única común desde que se fundó la Comunidad Económica Europea (CEE). Ente sus objetivos estaba garantizar el abastecimiento y la seguridad alimentaria en términos de cantidad y a precios asequibles. Hay que situarse en los años de la postguerra europea, en los que la población había pasado hambre. Por este motivo, se ideó un sistema de precios garantizados a los agricultores y ganaderos, para asegurarles unos ingresos mínimos y aumentar la producción. Con el paso del tiempo, este sistema dio lugar a la creación de enormes excedentes de, por ejemplo, mantequilla, leche en polvo, cereales o vino.
La situación se hizo insostenible y, a finales de la década de los ochenta y principios de los noventa del siglo pasado, se adoptaron una serie de reformas de la PAC y se cambió el régimen de los precios garantizados por un sistema de ayudas directas, que, con algunas modificaciones, sigue vigente en la actualidad. Tras los sucesivos cambios en esta política han desaparecido prácticamente las medidas de gestión de los mercados y, por supuesto, los excedentes, hasta el punto de que no hay reservas públicas de alimentos, de las que “tirar” en el caso de que haya una situación de escasez en un momento dado. Tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia y la subida que se registró de los precios de alimentos básicos, se generó un cierto debate sobre la necesidad, o no, de crear unas reservas estratégicas. Este asunto ha vuelto a surgir durante los últimos meses y buena prueba de ello es el lanzamiento de esa consulta pública, que acaba de anunciar la Comisión, con el objetivo de poner en marcha una estrategia global de constitución de reservas a escala de toda la UE para garantizar la disponibilidad de bienes y materiales críticos en distintos escenarios de crisis, tanto a nivel de la UE, como nacional.
FACTOR ESTRATÉGICO.
China, Rusia e India consideran a los alimentos como un factor estratégico y pretenden tener el mayor nivel de autoabastecimiento, aunque por diferentes motivos. Ahora, en la UE se abre este debate mediante lo que denominan en Bruselas “un enfoque pangubernamental que abarque las políticas industrial, energética, comercial, de defensa, sanitaria, agrícola, pesquera y alimentaria”. Para ello, se podría recurrir a acuerdos de cooperación público-privados. La Comisión ya presentó hace un mes una estrategia de la UE para la preparación ante situaciones de urgencia (catástrofes naturales, de origen humano, ciberataques, crisis geopolíticas) que contempla en particular la posibilidad de almacenamiento a escala comunitaria de equipamientos energéticos, productos agroalimentarios y agua para adelantarse a posibles situaciones de escasez.
La verdad es que la existencia de los lagos de leche o vino y las montañas de mantequilla y cereales que surgieron en los años ochenta era imposible de mantener, pero de ahí se pasó al otro extremo, que es el actual, en el que no existen reservas públicas de alimentos. Urge hallar un término medio entre ambos extremos y recuperar algunos de los mecanismos de gestión de los mercados que existían. Con ello se conseguiría un doble objetivo: por un lado, crear esas reservas estratégicas de productos agroalimentarios de primera necesidad y, por otro, ayudar a los agricultores y ganaderos a salir del atolladero cuando surjan crisis de precios en determinados sectores, retirando los excedentes de forma rápida y a precios que garanticen una renta mínima.
Para terminar, dos datos para la reflexión: al terminar la actual campaña de comercialización de cereales, dentro de dos meses, China tendrá el 70% de las reservas mundiales de maíz y la mitad de las existencias físicas de trigo, de acuerdo con las últimas cifras del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. La subida del precio de los huevos y las dificultades de abastecimiento en EE.UU. a causa de la gripe aviar han puesto sobre la mesa la necesidad de contar con reservas estratégicas en algunos productos.
Análisis del periodista agropecuario César Lumbreras, diario La Razón. Acceda a los artículos de César Lumbreras
