El presidente de Panamá (al centro en la foto) firmó la nueva ley de Política Agropecuaria del país. La actividad contó con la presencia del director de IICA, Manuel Otero (de pie, a la derecha).
San Sebastián de Ocú, Herrera, Panamá, | IICA | Todo El Campo | Panamá cuenta con una ley, ya vigente, diseñada para asegurar el derecho humano a la alimentación y proteger al sector productivo. Se trata de la denominada Ley de Política Agroalimentaria de Estado de Panamá.
El presidente panameño, Laurentino Cortizo Cohen, sancionó la norma en un acto que contó con la asistencia de cientos de agricultores de distintas regiones de Panamá y que tuvo como invitado especial al director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Manuel Otero, en atención a que el organismo hemisférico tuvo una relevante participación en el proceso de discusión y elaboración de la norma.
“Es un día histórico y de mucha emoción”, dijo Cortizo Cohen, quien subrayó que es la primera ley de este tipo en el continente y cobra una importancia extraordinaria en momentos en que la seguridad alimentaria está en el centro del debate, debido a la inflación global, la crisis climática y los duraderos efectos de la pandemia de Covid-19.
Explicó que la ley busca crear las condiciones para que todos los panameños puedan acceder en todo momento a alimentos sanos y nutritivos a precios accesibles. Al mismo tiempo, favorece la competitividad del agro, haciendo foco en la sostenibilidad económica, social y ambiental de la producción de alimentos y el bienestar de los habitantes de las zonas rurales.
La norma declara prioridad del Estado la producción agropecuaria nacional por su papel central para la estabilidad social, política y económica del país y como instrumento para asegurar el derecho humano a la alimentación adecuada de la población.
El mandatario consideró que la Ley de Política Agroalimentaria de Estado -aprobada de manera unánime por la Asamblea Nacional de Panamá en octubre pasado- marca un ejemplo a seguir por otros países, ya que establece políticas de Estado para favorecer la soberanía alimentaria.
El acto de sanción de la norma se realizó en la LXII Feria Turística y Agropecuaria de San Sebastián de Ocú, en la provincia panameña de Herrera, y contó con la participación del ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama; el ministro Consejero para Asuntos Agropecuarios de la Presidencia, Carlos Salcedo; y el representante del IICA en Panamá, Gerardo Escudero, entre otros miembros de organismos internacionales.
“No podemos privilegiar las importaciones de alimentos como hicimos en el pasado. Cuando se necesiten, podemos ponernos de acuerdo en qué productos hay que comprar afuera para complementar la producción nacional, pero no vamos a importar alimentos cuando están nuestros productores cosechando”, agregó Cortizo.
Manuel Otero, por su lado, explicó que la ley da previsibilidad al sector agropecuario de Panamá y fue redactada sobre la premisa de que no existe soberanía alimentaria sin agricultores y agricultoras que estén arraigados en las zonas rurales y puedan allí proyectar sus vidas y las de sus familias.
La ley es fruto de un proceso de discusión de más de dos años con el sector público y privado de Panamá, en el que el IICA prestó asistencia técnica. A partir de ahora el Instituto participará también en el diseño de la implementación de las políticas. Se prevé un portafolio de proyectos de inversión por más 1.200 millones de dólares en los próximos diez años, con el foco puesto en la transformación tecnológica del agro y la afirmación de su rol como motor del desarrollo económico y social de Panamá.
CUATRO EJES DE REFORMAS.
La Ley de Política Agroalimentaria de Estado impulsa cuatro ejes de reformas estructurales para el desarrollo multidimensional de la ruralidad en Panamá, como son: 1) Reforma para uso de Agrotecnología y Cadenas Productivas de Valor; 2) Reforma de Educación Agroalimentaria Integral; 3) Reforma del Marco Jurídico del Sector Público y Modelo de Gestión y 4) Reforma del Modelo de Bienestar para las Familias Rurales.
El acto de sanción de la norma se realizó en la LXII Feria Turística y Agropecuaria de San Sebastián de Ocú, en la provincia panameña de Herrera.
También se fijan los objetivos de fortalecer la política agropecuaria con la incorporación de ciencia y tecnología y de enfrentar los efectos del cambio climático. Se hace hincapié, además, en que la producción agropecuaria es indispensable no solo para la producción de alimentos sino también para la mejora de las condiciones de vida de la población rural e indígena.
El Ministerio de Desarrollo Agropecuario, en coordinación con el de Economía y Finanzas, será el encargado de construir el Plan Nacional de Desarrollo del Sector Agropecuario y Rural, con una vigencia mínima de diez años, según determina la ley. Algunos de los objetivos que deberán estar incluidos en el Plan son la mejora de las condiciones de vida de los habitantes rurales; la promoción de la competitividad, la gestión eficiente de los territorios rurales y el fomento de la aplicación de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático.
Emprendedores de la región podrán acceder a conexiones con distintos actores del ecosistema de innovación agropecuaria e impulsar proyectos que contribuyan al desarrollo sostenible del sector.
Montevideo | Todo El Campo | El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) habilitó el portal interactivo denominado Agro América Emprende, que permite presentar propuestas vigentes o ideas de proyectos innovadores para captar financiamiento externo y establecer contacto con otros emprendedores y con expertos de distintas áreas vinculadas con el desarrollo sostenible del sector agropecuario.
El espacio va dirigido a emprendedores con interés en desarrollar proyectos, preferentemente enmarcados en las áreas de innovación tecnológica, seguridad alimentaria y nutricional, productividad y competitividad del sector agroalimentario, cambio climático, manejo de recursos naturales y agricultura en general.
FUNCIONAMIENTO.
Los emprendedores interesados en postular sus proyectos deben completar el formulario con datos personales, especificaciones del emprendimiento o idea a desarrollar, tales como: categoría, etapa de desarrollo, inversión inicial, propuesta de valor, ventajas competitivas, target y su contribución al desarrollo sostenible del sector.
También tienen que especificar a qué áreas o acciones se destinará el fondo solicitado.
Por su parte, los interesados en conocer las propuestas lo pueden hacer ingresando al sitio web de Agro América Emprende.
IICA se encarga de revisar las propuestas según viabilidad técnica e idoneidad a fin de ponerlas a disposición de los inversores y empresas, siendo el nexo entre ambos.
También pone a disposición talentos humanos que acompañen y orienten las decisiones de inversión o expansión. (Poder Agropecuario).
Como consecuencia de la guerra en Europa del este, los biocombustibles vuelven a posicionarse fuertemente, pues evitan la dependencia de los precios del petróleo.
Hébert Dell’Onte | Montevideo | Todo El Campo | El libro Estado de los biocombustibles líquidos en las Américas del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) describe la evolución de los últimos años y las perspectivas de los biocombustibles líquidos en países de las Américas donde se consumen de forma significativa. La obra señala que en el “contexto geopolítico, donde la guerra entre Rusia y Ucrania ha impactado fuertemente en el aprovisionamiento de las energías fósiles, causando fuertes alzas de precios en los combustibles derivados del petróleo, los biocombustibles vuelven a posicionarse fuertemente en la escena, impulsados por su contribución a la seguridad energética”.
El texto de 94 páginas comienza señalando que los biocombustibles líquidos fueron pensados en “promover su desarrollo en conexión con el sector agropecuario y en eliminar la importación de petróleo y sus derivados”.
La agenda ambiental dio más relevancia a los biocombustibles que “pasaron a desempeñar un rol importante” en el proceso de “descarbonización del sector del transporte, especialmente el terrestre”.
Con los años la producción y el consumo de biocombustibles se han “incrementado en forma sostenida”, pero es en 2020 “el primero de los últimos 20 años en que simultáneamente se reducen el consumo y la producción de biocombustibles” debido a la pandemia.
En 2021 y según los datos del primer semestre de 2022, se retoma el consumo y por ello también la producción. IICA señala que “se destaca que las Américas han tomado la iniciativa en la producción de biocombustibles, cuyo desarrollo ha sido verdaderamente promisorio, pues producen el 88% del bioetanol del mundo y el 36% del biodiésel. El uso de los biocombustibles se ha diseminado a lo largo del hemisferio con varias experiencias exitosas”, subraya el informe.
URUGUAY. PRODUCCIÓN, CONSUMO Y PRECIO.
Respecto a Uruguay, IICA señala que la ley 18.195 (Ley de Agrocombustibles) de 2007 fue la que fomentó y reguló la producción, la comercialización y la utilización de los agrocombustibles. Pero “la legislación uruguaya ha mostrado avances y retrocesos en materia de biocombustibles. Actualmente solo se mantiene la mezcla obligatoria mínima de bioetanol con 8,5%”.
La producción anual de biodiesel, “del 2012 al 2015 la producción experimentó un crecimiento” a 57.000 metros cúbicos, pero en 2016 baja a 54.000 “manteniéndose sin aumentos hasta el 2021. Pese a la dinámica en los últimos 5 años, la producción de biodiesel uruguaya crecería un 109% en total desde 2012”.
Sobre el consumo, “Uruguay no importa ni exporta biodiésel” (solo exportaciones marginales), por tanto, lo que produce es lo que consume en el mercado interno: “La dinámica del consumo se equipará a la dinámica de la producción”.
En la producción de bioetanol, “contrario a la de biodiesel existe una tendencia al alza en los últimos 10 años”. En 2015 y 2016, la producción experimentaría las tasas de crecimiento interanuales significativas, creciendo “por encima del doble de los valores de 2014. En 2021, el crecimiento interanual sería del 9% en comparación con el año 2020, por otra parte, el crecimiento porcentual del 2012 al 2021 fue de 243”.
Como con el biodiésel, Uruguay no importa ni exporta bioetanol y toda su producción va al consumo interno, por lo que las líneas de tendencia del consumo frente a las de la producción son similares en ambos casos.
PRECIOS. BIODIÉSEL. El precio del biodiésel en Uruguay, “ha mostrado una tendencia de estabilidad relativa a lo largo de los últimos tres años. De enero de 2019 hasta marzo de 2021, el precio se ha mantenido en promedio a los US$ 1,20 por litro. Sin embargo, a partir de abril de 2021, el precio ha aumentado gradualmente hasta finalizar el año con US$ 2,02 por litro”.
BIOETANOL. El bioetanol “ha tenido un comportamiento fluctuante” en su precio durante los últimos tres años, partiendo de su cotización en la planta de Paysandú. En febrero de 2019, llegó a registrarse un precio de US$ 1,04 por litro, pero en abril cayó hasta llegar a US$ 0,87. En 2022, los precios se han incrementado con respecto al año previo, adicionalmente, hay precios diferenciales para la planta industrial de Bella Unión y la de Paysandú.
El mundo quiere seguridad alimentaria, sostenibilidad ambiental, sanidad humana, animal y vegetal y alta calidad nutricional; eso no se logra con mercados cerrados, sino abiertos.
Buenos Aires, Argentina | IICA | Todo El Campo | Argentina y Brasil, dos de los principales exportadores de alimentos del mundo, tienen una enorme oportunidad para su desarrollo económico y social a través del sector agropecuario y están destinados a ser actores clave de la seguridad alimentaria global, afirmaron figuras caracterizadas del ámbito público y privado, en un evento de alto nivel organizado por la Embajada brasileña en Buenos Aires, que contó con la participación del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).
El encuentro formó parte de Agritalks, una serie de conferencias que la Cancillería brasileña viene realizando en diferentes embajadas del mundo con el objetivo de promover las buenas prácticas del sector agropecuario y discutir sus perspectivas, ante la creciente demanda mundial de alimentos sanos, nutritivos y producidos de manera sostenible.
El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina, Juan José Bahillo; junto al embajador brasileño en Argentina, Reinaldo Salgado; y el representante del IICA en Argentina, Fernando Camargo, participaron en la apertura y el cierre del encuentro.
ARGENTINA Y BRASIL, UN DESTINO COMÚN.
“Argentina y Brasil somos dos países que tenemos un destino en común. Brasil es nuestro principal socio estratégico en comercio exterior y tenemos desafíos parecidos para potenciar nuestras cadenas agroalimentarias. En el último tiempo debimos incorporar nuevos paradigmas por la pandemia, que puso a prueba la capacidad de producir alimentos de esta región del mundo, y por el conflicto bélico en Europa, que agregó volatilidad e inestabilidad en los mercados”, dijo Bahillo.
El secretario enfatizó la necesidad de que los dos países, y toda la región, trabajen en conjunto. “Tenemos alta productividad -subrayó- con un bajo impacto ambiental y juntos proveemos un gran porcentaje de la proteína animal que se consume en el planeta. Nuestra producción es parte de la solución al drama de que existan en el mundo 800 millones de personas con hambre y 3.500 millones con una dieta inadecuada desde el punto de vista nutricional”.
Bahillo afirmó, además, que los países de América Latina no han sido los principales responsables del cambio climático y hoy son sus víctimas: “Estamos sufriendo las consecuencias de otros modelos productivos”.
Por su lado, el embajador Salgado señaló que las relaciones entre Brasil y Argentina están marcadas por la interdependencia de sus sectores productivos y la estrecha cooperación en sectores estratégicos como ciencia, tecnología e innovación.
“La relación es esencial y estratégica; sirve a los intereses permanentes de los dos países. En el área agrícola, poseen un comercio bilateral, de 5.300 millones de dólares anuales”, agregó Salgado, quien consideró que el actual escenario de crisis en distintos países genera nuevos desafíos y oportunidades para naciones como Argentina y Brasil, que deben promover la sostenibilidad y promover una estrecha colaboración entre gobiernos y productores.
Fernando Camargo afirmó que sostenibilidad e innovación son “los dos conceptos claves que nos muestran el camino a seguir y el futuro del sector agropecuario en Argentina, Brasil y el resto de la región” y destacó que este tipo de conferencias aportan herramientas para afrontar los desafíos que enfrenta la producción alimentaria en un contexto de crisis y contribuyen a la búsqueda de soluciones.
LA RESILIENCIA DE LA AGRICULTURA EN LA REGIÓN.
En la actividad participó también el subsecretario de Coordinación Política de la Secretaría de Agricultura de Argentina, Ariel Martínez, quien recordó que, cuando comenzó la pandemia, existían serias dudas acerca de la capacidad de los países latinoamericanos para garantizar la seguridad alimentaria de sus propias poblaciones y para seguir exportando.
Sin embargo, “la producción de toda la región demostró una gran resiliencia en un momento de fuerte crisis global. Por eso decimos que nuestros sistemas pueden ser mejorados pero no transformados, ya que han demostrado que pueden dar respuestas”, dijo Martínez.
El funcionario dijo que los países de la región, con un importante respaldo del IICA, están logrando revertir una narrativa sobre la producción de alimentos en América Latina y el Caribe que resultaba fuertemente negativa.
“Nuestros países -afirmó- no niegan la problemática del cambio climático; nuestros países lo padecen. Lo que nos preocupa es que sumemos un problema más al cambio climático, que podría ser la inseguridad alimentaria, por tratar de transformar sistemas agroalimentarios que han demostrado ser productivos y sostenibles”.
NO OBSTACULIZAR EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ALIMENTOS.
Marcos Jank, del Centro Brasileño de Relaciones Internacionales (Cebri), puso el acento en la necesidad de garantizar que no existan obstáculos injustificados para el comercio internacional de alimentos.
Dijo que “el mundo quiere seguridad alimentaria, sostenibilidad ambiental, sanidad humana, animal y vegetal y alta calidad nutricional; eso no se logra con mercados cerrados, sino abiertos”.
Jank consideró que los últimos 30 meses fueron seguramente los más desafiantes de la historia para los sistemas agroalimentarios debido a la pandemia de Covid-19 y el impacto de la guerra en Europa del Este, con sus secuelas de aumento de precios y reducción de stocks. “A pesar de todo esto, Brasil va a exportar productos agropecuarios este año por un valor 50% más alto que en 2020. En temas de agricultura vemos una oportunidad como nunca antes. Y estamos seguros de que todas estas dificultades que el mundo vive se van a resolver con más comercio”, concluyó.
IICA: “72 millones de personas que viven en zonas rurales de países latinoamericanos y caribeños carecen de conectividad con estándares mínimos de calidad”.
Garantizar el acceso a internet de calidad en las zonas rurales de América Latina y el Caribe es de importancia estratégica para el desarrollo social y económico en los territorios donde se define la seguridad alimentaria y nutricional de la región y buena parte del mundo, aseguraron ministros de Agricultura y expertos del sector público y privado.
Por Uruguay participó Verónica Durán, directora de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay.
A esa conclusión llegaron líderes de las políticas agropecuarias de la región, empresarios y expertos que participaron en un panel de alto nivel convocado para presentar el documento Conectividad rural en América Latina y el Caribe: estado de situación, retos y acciones para la digitalización y el desarrollo sostenible, elaborado por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), junto con sus socios el Banco Mundial, Bayer, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Microsoft y Syngenta.
Este nuevo documento, que actualiza los datos publicados por el IICA en octubre de 2020 en el documento Conectividad Rural en América Latina y el Caribe – Un puente al desarrollo sostenible en tiempos de pandemia, revela que unos 72 millones de personas que viven en zonas rurales de países latinoamericanos y caribeños carecen de conectividad con estándares mínimos de calidad.
Los participantes coincidieron en que la transformación digital está impulsando en el mundo una revolución tecnológica sin precedentes, por lo que promover la conectividad y el desarrollo de habilidades digitales constituye una condición indispensable y prioritaria para el desarrollo de la vida productiva, social y comunitaria en el mundo rural.
Entre los participantes estuvieron Indar A. Weir, ministro de Agricultura y Seguridad Alimentaria Nutricional de Barbados; Laura Suazo, secretaria de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería de Honduras; y Verónica Durán, directora de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay. En representación del sector privado expusieron Beatriz Eugenia Arrieta, gerente regional de Asociaciones de la Cadena de Valor Alimentaria de Bayer; Herbert Lewy, gerente general de Agricultura Inteligente y Bioeconomía para Latinoamérica de Microsoft; y María Virginia Passaniti, gerente de Soluciones Digitales de Syngenta Argentina.
Manuel Otero y Lloyd Day, director general y subdirector general de IICA, respectivamente, dieron las palabras de bienvenida mientras que los detalles del documento fueron presentados por sus autores: Sandra Ziegle, especialista de IICA en Conectividad Rural, y Joaquín Arias, coordinador del Observatorio de Políticas Públicas para los Sistemas Agroalimentarios (OPSAa).
DIGITALIZACIÓN PARA SALIR DE LA POBREZA.
La secretaria Suazo, quien es presidenta del Comité Ejecutivo del IICA, señaló que el tema de la conectividad rural es central para los países de América Latina y el Caribe.
“La sociedad necesita transformarse desde una condición de vida bien trágica que es la pobreza. En nuestros países la experimentamos en diferentes grados y estoy segura de que la digitalización puede ayudar al cambio positivo que esperamos promover”, señaló Suazo, primera mujer a cargo del área de Agricultura y Ganadería en Honduras.
Suazo sostuvo que, así como la tecnología digital ha posibilitado enormes avances en distintos campos, también es la llave para realizar en América Latina y el Caribe una agricultura inteligente que permita aumentar la productividad y la competitividad.
Su colega Indar Weir manifestó un fuerte respaldo a la decisión del IICA y sus aliados de hacer un esfuerzo para instalar este tema en la agenda pública de la región. “Después de la pandemia de Covid-19 tuvimos que hacer cambios en nuestras vidas. Algo que hemos aprendido es que, mientras el resto de la población tuvo que quedarse en sus hogares, los agricultores siguieron adelante para garantizar el suministro de alimentos”, afirmó.
Weir añadió que las herramientas digitales realzan su importancia en una producción de alimentos que lidia con el impacto del cambio climático, con el aumento de precios de los insumos por la guerra en Europa del Este y con la aparición de nuevas enfermedades.
Por su lado, Verónica Durán señaló que el tema es de una importancia central para Uruguay. “Hace más de 20 años -afirmó- que llevamos adelante una política de Estado que ha permitido establecer líneas de acción y podemos decir que la implementación de la agenda digital ha sido exitosa”.
Durán consideró que la transformación digital es una oportunidad no solo para aumentar la productividad en el agro, sino también para mejorar la gestión de los recursos naturales, optimizar el uso de agroquímicos y, en suma, reducir el impacto ambiental.
LA IMPORTANCIA DE UN ACUERDO POLÍTICO.
Manuel Otero explicó que en 2020, a raíz de la pandemia, el IICA apostó fuertemente, junto con otras instituciones y aliados, a la instalación de una agenda acerca de la conectividad rural y la situación de mujeres y jóvenes ante el avance de nuevas tecnologías y la necesidad de desarrollar habilidades digitales en la población.
“El proceso de digitalización avanza a velocidades diferentes en el ámbito rural. Hemos recibido un invaluable apoyo del Banco Mundial, la CAF, Bayer, Microsoft y Syngenta para este estudio que actualiza datos, aporta información relevante y recopila experiencias que se están desarrollando en la región”, añadió.
Otero abogó por propiciar un acuerdo político para que el tema ingrese definitivamente en la agenda y recordó que en la última Cumbre del G20, en Bali, los líderes mundiales reconocieron la importancia de la transformación digital para conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Lloyd Day señaló que el IICA, junto con países, productores y compañías del sector alimentario, está diciendo al mundo que la agricultura es parte de la solución a los desafíos globales, pero que para eso necesita herramientas tecnológicas.
“Hemos visto unos avances tremendos en conectividad durante la pandemia. Debemos dar continuidad a las políticas públicas y desarrollar planes para integrar la agricultura con la educación y las acciones para empoderar a mujeres y jóvenes. Hemos asumido estos compromisos a pedido de los países”, concluyó.
