El ministro Fratti dijo que el debate sobre María Dolores “es mucho más un circo político que una cuestión real”, y que “no es un gasto, es una inversión que va a quedar para nuestros hijos y nietos”.
Hébert Dell’Onte Larrosa | Montevideo | Todo El Campo | La Cámara de Diputados votó a favor de conformar una comisión investigadora sobre la adquisición de la estancia María Dolores. La votación parlamentaria se dividió claramente, con la oposición por la afirmativa de manera monolítica y sin fisuras, y el oficialismo en contra.
De 99 legisladores presentes, 51 votaron afirmativamente, y 48 en forma negativa. Votaron a favor los partidos Nacional, Colorado, Cabildo Abierto, Identidad Soberana e Independiente, en tanto que el Frente Amplio lo hizo en contra.
El diputado Domingo Rielli (foto), integrante de la preinvestigadora y miembro infórmate por la minoría, recordó que la compra de la estancia implicó un pago de US$ 32,5 millones sobre el cual “el país entero tenía dudas”, y “hay gente preocupada” porque cree que “el gobierno, a través del Instituto Nacional de Colonización (INC) hizo un disparate” al avanzar y concretar la compra. Por eso es importante investigar, y lamentó que el Frente Amplio no acompañara.
“Si las cosas están tan claras” como afirma el gobierno, “investiguemos y no tengamos miedo a que se revise todo lo que haya que revisar”, apunto.
En otro orden cuestionó que en el tema se introduzcan argumentos ideológicos para defender la compra: Se ha “gastado mucho tiempo en decir que el partido de gobierno es el único que defiende a los productores del INC”.
Rielli agregó que los partidos que integran la coalición (republicana) no tienen dudas sobre la defensa de Colonización. La discusión no pasa por ahí, sino por “si las cosas se hicieron bien o mal”.
En ese sentido el legislador dijo que en enero de 1948, durante el gobierno de Luis Batlle Berres del Partido Colorado, se creó por la ley 11.029 el INC, y en estos 78 años contra los 16 que tiene el Frente Amplio en trabajo de Colonización, estos partidos que hoy integramos la oposición han tenido más de 60 años trabajando en pro de los pequeños y medianos productores del Uruguay para que todos tengan en Colonización una posibilidad justa y digna para realizar el trabajo agropecuario”.
Colonización tiene el apoyo, no es eso lo que se está evaluando. “Lo que estamos evaluando es si el Directorio del INC hizo bien o mal las cosas” al comprar María Dolores”.
FRATTI: LA COMISIÓN “ES UN CIRCO POLÍTICO”.
En declaraciones a VTV el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, dijo que “hace un año que estamos discutiendo la compra de María Dolores”, un tema por el cual el propio jerarca asistió a una comisión general en el Parlamento y fue interpelado. En esa interpelación “se ve que no tuvieron los votos para echarme”, añadió.
“Ahora, un año después arranca de nuevo la comisión investigadora”, comentó y definió que “es más un circo político que una cuestión real”.
Más adelante agregó que “hay gente que no está de acuerdo con que Colonización exista”.
Un instituto de investigación como INIA no puede tener insolvencia económica, ni una financiación sinuosa que ponga en riesgo o genere incertidumbre sobre el desarrollo de los trabajos que hace su personal técnico y científico.
Hébert Dell’Onte Larrosa | Montevideo | Todo El Campo | En el marco de la discusión sobre el presupuesto, y la importancia -todos estamos de acuerdo con esto- que tiene la investigación y la ciencia, es oportuno recordar la comparecencia de una delegación del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) a la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Senado, el día 4 de setiembre pasado.
Miguel Sierra, presidente de INIA, destacó la agropecuaria representa, en su eslabón primario, más del 6% del PBI, pero si se le agrega la industria y los servicios ese guarismo llega al 14% o 16%, con 217.000 trabajadores.
A la luz de esos números reflexionó: “Cuando se cierran empresas lácteas o hay conflictos en frigoríficos significan muchos puestos de trabajo”, además de que en exportaciones el sector agroindustrial y servicios “representa el 78%”, convirtiéndose en “una de las fuentes principales de divisas para el país”.
Un reciente informe de la FAO da cuenta de que “el sector agroalimentario contribuye a reducir todos los costos ambientales que le implican al Uruguay más de US$ 4.700 millones en temas de erosión de suelo, contaminación de agua, emisiones y un montón de efectos que requieren de políticas específicas para su atención”, dijo Sierra en la Comisión.
Por la tarea de investigación y difusión de conocimientos que realiza INIA a través de sus técnicos e investigadores, es claro el papel clave que cumple esta institución para mejorar la producción agropecuaria en general.
DESFASAJE EN LA FINANCIACIÓN.
¿Pero cómo se financia toda esa investigación que impulsa el desarrollo agropecuario nacional, desde la producción y se materializa en productos de calidad que consumen los mercados del mundo, incluso los más exigentes?
Sierra dijo ante los legisladores que “desde 2005” los aportes que corresponden a INIA están “desfasados con rentas generales corriendo de atrás en relación al aporte del Imeba” (Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios).
Explicó que a partir de 2016 “se fijó un tope a la parte de rentas generales de 600 millones de pesos que estuvo congelado. Entre enero y diciembre de 2024 ese importe no lo hemos recibido, quiere decir que tenemos una falta de 600 millones”.
La actual propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas implica un tope en $ 800 millones, “un incremento de 33%, que es positivo”, pero “tenemos una deuda que viene de este desfasaje entre rentas generales y el Imeba que acumulando es de US$ 36,8 millones” que se suman a los 600 millones antes mencionados.
Si no se atiende la financiación de INIA, “podría tener repercusiones en su gobernanza”, lo cual “sería un peligro porque puede derivar en lo que pasa en otros países y que el INIA se fragmente en varios institutos, como el instituto forestal, el de la carne bovina, de la carne ovina y el de frutas y hortalizas. Tener un instituto con una visión sistémica e integral es una fortaleza de Uruguay”, aseguró.
INIA EN EL PAÍS.
INIA posee “cinco estaciones experimentales con 750 personas, el 94% de nuestras capacidades están distribuidas en el territorio, solo somos 40 personas en Montevideo y el resto están en las cinco estaciones experimentales”.
Esa distribución es clave: “Aunque seamos un país de un tamaño que no es muy grande, sí tenemos realidades muy heterogéneas porque no es lo mismo la zona del este, que la zona de Tacuarembó, de Salto, de Colonia o de Canelones. Cada una de esas regiones se fue adaptando a distintas formas de producir y sistemas de producción lo que repercute también en la investigación que hacemos que tiene que ser adaptada a nuestro suelo, clima, temperatura, horas de frío, plagas, enfermedades y todo eso requiere de una investigación de contexto específica”, enfatizó Sierra.
“De los 750 funcionarios, hay 149 que hacen investigación”, constituyendo así “una de las capacidades de ciencia y tecnología más descentralizadas que hay en Uruguay. Un 90% de ellos cuentan con doctorados y realizan un trabajo muy intensivo en distintos proyectos de investigación que siempre se focalizan en los problemas del sector productivo por la propia modalidad de gobernanza del INIA”.
“INIA trabaja en red” con otras instituciones de investigación, producción o de gobierno (como ministerios) en una amplia área de actividades.
RETORNO QUE NO ES SOLO ECONÓMICO.
Los dos estudios de impacto realizados, uno en 2011 el otro en 2024, concluyen que “si no existiera INIA, habría que crearlo” por varias razones, una de ellas económica: “Por cada dólar que se invierte en INIA retorna 1,25 o 1,28 a la sociedad uruguaya”, lo que está en sintonía con importantes instituciones similares de varios países del mundo (Inrae de Francia, del IRTA de Cataluña, del Embrapa de Brasil y del INIA de Chile).
“Estamos al nivel de los mejores institutos del mundo”, subrayó. Ese retorno no es solo es económico “, es múltiple”, ya que “también hay un retorno porque existe gente capacitada en todo el territorio del país, soluciones ambientales y adecuadas a nuestro territorio y se evitan importaciones de muchos alimentos y tecnologías que, de lo contrario, habría que importar”.
Por ejemplo: “El 70% de los cultivares del área sembrada de arroz los genera INIA; Uruguay está entre el segundo y el tercer nivel de productividad de arroz a nivel mundial”.
Asimismo, “INIA Merín representa el 43%; esto le implicó a Uruguay US$ 60 millones en relación al cultivar que había por mayor rendimiento, menor uso de agroquímicos y por respetar los estándares de calidad de exportación”.
Como otros ejemplos mencionó las investigaciones de las lanas ultrafinas; la erradicación por control biológico de los gusanos de las manzanas y las peras; el menor uso de agroquímicos; el uso de tecnología en aplicaciones informáticas, gratuitas que se pueden descargar en todos los celulares; soluciones tecnológicas en ganadería, nutrición, metodologías de coinnovación, salud animal, entre otras de aplicación en el programa Procría; y control de la chicharrita, entre muchos más que se podrían mencionar.
GENERACIÓN DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA.
Pero hay otro aporte importantísimo para los debates que se realizan al más alto nivel internacional, y es la generación de información científica, con respaldo científico y demostración científica sobre la producción sostenible y natural de Uruguay. “Muchas veces son ensayos de largo plazo que llevan 10, 15, 20 años” y aún más.
Esas investigaciones son necesarias porque permiten a Uruguay “demostrar en las grandes ligas, con indicadores científicos robustos, que tratamos la huella ambiental, la huella de carbono, la erosión de suelo, las emisiones”. Para hacerlo “precisamos plataformas en todo el territorio. No se puede hacer en Montevideo, hay que hacerlo en sistemas vivos” y en experimentos que llevan décadas, “con equipamiento de última generación, gente capacitada que tiene que ir al exterior y volver al Uruguay. Son inversiones que el país está haciendo y que requieren estabilidad en el tiempo”.
Si no se investiga para mejorar la producción y/o solucionar los problemas que tenemos, las pérdidas para el país son segura y posiblemente irán incrementándose.
Por salud animal, Uruguay pierde US$ 800 millones más otros US$ 224 millones, lo que totaliza “US$ 1.000 millones de pérdida en temas de salud animal; y estamos invirtiendo unos US$ 5 millones. Por tanto, hay un desfasaje entre lo que invertimos para conseguir soluciones y los problemas que tenemos”.
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA.
El presidente de INIA enfatizó en “la planificación estratégica” que INIA hace “convocando a los sectores sociales” de donde “salen los temas que luego decimos que están muy focalizados porque invitamos a los referentes del sector productivo, los técnicos asesores, la academia y a actores de los ministerios a que nos ayuden a priorizar las temáticas”.
Más adelante, Sierra agregó que el mensaje a transmitir es que “la inversión en INIA tiene un retorno avalado por consultores internacionales, no es que lo decimos nosotros”, y que “invertir en INIA retorna con creces”, por lo que “como estrategia país, está fundamentado poner el dinero acá; es una inversión, no un gasto”.
En segundo lugar, explicó que “la inversión agropecuaria tiene sus tiempos de desarrollo: un cultivar, una mejora genética animal, un bioinsumo lleva de diez a doce años generarlo, y ahí viene el impacto y el retorno económico”.
“Precisamos estabilidad en el financiamiento para que el impacto sea el que uno busca. Si cortamos la financiación o tenemos las fluctuaciones que estamos teniendo, nos estamos pegando en la línea de flotación en una inversión que es rentable. Si no fuera rentable y con retorno, uno podría cuestionarlo, pero sabiendo que es con retorno y que tiene tiempos de maduración, corresponde y tenemos que hacer el máximo esfuerzo como sociedad”.
LA PROPUESTA DEL EJECUTIVO ES INSUFICIENTE.
Reconoció “la situación económica compleja”, del país; pero lo propuesto por el Ejecutivo es insuficiente. “El tope de 800 millones de pesos es un incremento de 33% con relación a 600 millones. Este primer año quisiéramos más, nos parece que se podría dar un poco más, pero lo que nos preocupa es a futuro. No podemos estar con estos vaivenes de que el dinero viene o no viene y con estos desfasajes que se siguen incrementando entre el lmeba y rentas generales, porque eso va a afectar la gobernanza del INIA”, vaticinó.
De continuar con el desfasaje, “en algún momento se va a empezar a cuestionar la solidez institucional. Ahí perdemos todos”, subrayó.
INIA EN LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO DE DIPUTADOS: SIN PREGUNTAS.
Lo expuesto por el presidente de INIA fue en la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Senado, un ámbito diferente a la Comisión de Presupuesto que actualmente está analizado la el proyecto de ley de presupuesto nacional en Diputados. A esta última el INIA concurrió con una nutrida delegación el día 19 de setiembre realizando planteos del mismo tenor. Allí presentó el documento que se adjunta a continuación (al final del artículo).
Un dato curioso: en la Comisión de Presupuesto de Diputados, los legisladores no hicieron ninguna pregunta a la delegación de INIA, que se limitó a realizar su planteo. La presentación del Ing. Miguel Sierra, tuvo una duración menor a los 25 minutos: la delegación de INIA ingresó a sala a las 14.33 horas y la sesión se levantó a las 14.57 horas.
Dicha delegación estuvo integrada por: Ing. Agr. Miguel Sierra, presidente; Ing. Agr. Diego Bonino, integrante de la Junta Directiva; Ing. Agr. Elly Navajas, directora de Sistema Ganadero Extensivo; Dra. Sofía Stirling, directora de Sistema Lechero; Ing. Agr. Sebastián Mazzilli, director de Sistema Agrícola Ganadero; Ing. Agr. Fabio Montossi, investigador principal referente Sistema Ganadero Extensivo; Lic. María Inés Fornos, directora de la Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología; Dra. Victoria Bonnecarrére, coordinadora del Área de Mejoramiento Genético y Biotecnología Vegetal; Lic. Guadalupe Tiscornia, coordinadora del GRAS -Sistemas de información y transformación digital; Irvin Rodríguez, presidente de la Federación de Funcionarios; Lic. Juan Mechelk, delegado de la Asociación de Funcionarios Universitarios.
“La planta que hacía harina de pescado cerró porque no tenía insumos. Entonces, esto está teniendo una implicancia superimportante en todos los niveles, incluidas todas las familias”.
Hébert Dell’Onte Larrosa | Montevideo | Todo El Campo | Solemos decir -y es verdad- que el campo es el motor de la economía y el funcionamiento del país, pero que vivimos de espalda a él. Tampoco miramos el mar, a pesar de que Uruguay tiene más agua que tierra, y un potencial enorme como fuente de divisas y generación de mano de obra. Si estamos de espaldas al campo y también de espaldas al mar, ¿hacia dónde miramos cuando pensamos en el progreso y el desarrollo del país? Parece que todos nos miramos demasiado el ombligo.
DINARA EN LA COMISIÓN.
El 1° de julio la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Diputados, que preside el duraznense Domingo Rielli (Partido Nacional) recibió una delegación del Ministerio encabezada por el subsecretario, Matías Carámbula, y la directora de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara), Yamila Olivera, para tratar temas vinculados a los recursos acuáticos en nuestro país.
Carámbula dijo que la pesca “es un sector estratégico” por la soberanía alimentaria, pero también a la soberanía nacional en cuanto a las competencias en el mar y al lugar que ocupa la actividad pesquera. Destacó que “más allá de la pesca industrial, la artesanal tiene un papel importante porque está vinculada con el desarrollo local, la identidad y el trabajo de ciertas zonas del país”.
Olivera subrayó que Uruguay tiene más agua que tierra, y eso nos da “un montón de recursos para explotar, y cosas para hacer”, además de que “el consumo de pescado se recomienda por lo menos dos veces por semana y por eso es importante llegar a las escuelas y a los hospitales”.
La acuicultura ha crecido a nivel mundial y “es esencial para el sustento de millones de personas porque brinda “empleo, alimentos y medios de vida. En 2022 la producción mundial llegó a un récord histórico de 223 millones de toneladas”, crecimiento que “se dio en la acuicultura, no tanto en la pesca”.
Cabe precisar que la acuicultura es el cultivo y crianza de organismos acuáticos en ambientes controlados, mientras que la pesca es la captura de organismos acuáticos en su hábitat natural. Además, la pesca puede ser industrial o artesanal, esta última es la de embarcaciones menores a 13,8 metros de largo (eslora).
Hubo un momento en que la pesca ocupaba a 3.000 personas, pero “eso ha ido decayendo bastante”, en el registro del año 2020 eran 2.000. La actividad no se limita a los diez o quince tripulantes de un barco, hay que considerar toda la cadena que incluye “los camiones, el comestible, el hielo y la gente que procesa el pescado”. Por cada barco “hay una red muy importante de trabajo indirecto que es fundamental, y lo mismo pasa en la pesca artesanal”.
Según los últimos datos, en 2024 Uruguay contaba con 13 embarcaciones de pesca industrial, mientras que eran 610 de pesca artesanal. Respecto a la crisis en el sector, Olivera dijo que la pesca atraviesa una crisis “desde hace años, y siempre ha habido algunos que otros conflictos. El año pasado la pesca estuvo parada 8 meses”.
Diputado Domingo Rielli (Partido Nacional), presidente de la Comisión | Foto Parlamento.
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO ACUÍCOLA.
Olivera anunció que en Dinara se está “rediseñando la tarea” y trabajando en “un Plan Nacional de Desarrollo Pesquero Acuícola que consolide una política de Estado orientada, una gestión soberana, equitativa y sostenible de los recursos acuáticos”.
Al respecto señalo que en esa línea estratégica “figura el tema de monitoreo y la gestión de los recursos” para “salir de las especies objetivo tradicionales que ya muestran una sobreexplotación, como la corvina y la merluza y empezar a buscar nuevos recursos. Tenemos las condiciones geográficas y ambientales para ello”.
“También, y esto tiene que ver con la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo, hay que negociar los cupos, qué le toca a Argentina y qué le toca a Uruguay, y para eso es importante hacer campaña y salir a hacer investigación pesquera”.
Asimismo, se refirió a la necesidad de que haya una “reglamentación del Fondo de Desarrollo Pesquero” que se menciona en la ley de pesca de 2012. “Este año lo vamos a reglamentar”, informó.
Asimismo, Dinara piensa en la implementación de incentivos en el sector, la apertura de mercados y su diversificación, generando empleos, gobernanza, capacitación e infraestructura.
¿POR QUÉ LA PESCA ESTÁ COMO ESTÁ?
Ante la pregunta de un legislador, Olivera, dijo que si “la pesca está como está, tiene que ver un poco con esto de darle la espalda. Si empezamos a demostrar la importancia que tiene, cambiarían muchísimas cosas”.
Otro problema que mencionó la jerarca es el de la conflictividad: “El año pasado estuvimos ocho meses parados; eso acarreó un montón de problemas, y ahora ya estamos en plena zafra y estamos parados nuevamente. Creo que uno de los grandes problemas que tenemos es esto de los trabajadores y de las empresas. Son 5 empresas, 50 barcos, y no hemos podido lograr tener 2 años corridos sin problemas; ese es uno de los factores que incide” negativamente en el desarrollo del sector.
Además, Dinara está trabajando en diversificar las especies y cuenta con “un permiso experimental para trabajar con la anchoíta y el pulpo”.
“Estamos viendo la manera de atraer empresas; queremos que sea viable invertir en Uruguay, pero también enfrentamos la crisis, y quien invierte ve que siempre pasa esto de que se para la pesca. Tendríamos que empezar a trabajar en estas cosas”.
Carámbula también señalo a la conflictividad: “No es solo de este año, sino que los conflictos en la pesca son bastante frecuentes y recurrentes”, y si queremos implementar una política de Estado deberíamos apelar a esa mirada que incluya a los diferentes actores y que la pesca no esté permanentemente en esta relación o escenario de conflicto que no tenemos duda que le hace muy mal al sector y a su desarrollo”
COSTO DEL CONFLICTO: “ESTAMOS PERDIENDO MUCHO”.
En la Comisión se manejaron, a causa del conflicto, pérdidas de unos US$ 12 millones y US$ 15 millones, aunque la Dinara no maneja números definitivos. “Tenemos 33 barcos que van a la corvina y esos barcos están parados. O sea que la mayoría de la flota industrial está parada. ¿Y eso qué conlleva? Que todas las plantas también estén paradas. Entonces, sí, hay un impacto bastante grande. Los números ahora no se los puedo decir, pero son bastante grandes”, afirmó la directora de Dinara.
“La planta que hacía harina de pescado cerró porque no tenía insumos. Entonces, esto está teniendo una implicancia superimportante en todos los niveles, incluidas todas las familias”, apuntó, e “imagínense 33 barcos, 10 empleados (en promedio cada uno de ellos), familias, planta procesadora, el tema de los residuos de pescado, la planta que hacía harina de pescado que cerró. Estamos perdiendo mucho”, aseguró.
Fotos de X de la Cámara de Representantes @DiputadosUY.
En la misma sesión y de manera ágil, sin debates entorpecedores, los diputados aprobaron un fondo para la actividad lechera y una solicitud de declaración de emergencia que facilitaría la toma de medidas especiales.
Hébert Dell’Onte Larrosa | Montevideo | Todo El Campo| La Cámara de Diputados aprobó esta semana dos iniciativas vinculadas al mundo rural, con votos unánimes. La primera fue la votación favorable a la asistencia a los productores lecheros que remiten hasta 3.000 litros; y la segunda una al BROU para que adopte medidas de “alivio” para la situación peculiar que sufren los productores rurales.
En el primer caso, la asistencia a los productores lecheros es una iniciativa del Gobierno que Todo El Campo informó oportunamente, que ahora con la aprobación parlamentaria pasará al Poder Ejecutivo para ponerla en marcha.
En cambio la segunda es una manifestación de voluntad de los legisladores, un llamado para que BROU actúe de forma paliativa, pero que serán las autoridades del banco y del Gobierno las que deberán decidir al respecto.
ASISTENCIA A LOS PRODUCTORES.
El proyecto aprobado encomienda al Fondo de Financiamiento y Desarrollo Sustentable de la Actividad Lechera, la asistencia a productores remitentes de leche a industrias, y tiene como objetivo a los remitentes de hasta 3.000 litros, alcanzando unos 1.600 productores.
La asistencia se dará de forma escalonada según la cantidad de leche que se remite por mes. Los que remiten hasta 500 litros, recibirían $ 2 por litro durante 6meses; los que remiten hasta 1.000 litros, $ 1,50; los que remiten hasta 2.000 litros recibirán $ 1; y los que remiten hasta 3.000 litros $ 0,6.
El miembro infórmate fue el diputado Gonzalo Onetto del Partido Nacional (en la foto). Dijo que se trata de una “asistencia no reembolsable a los pequeños productores lecheros remitentes”, con lo cual se “responde a una situación coyuntural”.
Recordó que “larga sequía” que sufrió todo el territorio nacional, tuvo consecuencias en todos los rubros, y que el costo total fue de US$ 1.800 millones.
En el caso de los lecheros más chicos, la falta de precipitaciones generó “endeudamiento para mantener la producción”, porque no había alimento suficiente y hubo que comprar suplementos.
Ese mayor gasto se agregó a “una baja de los precios de los productos lácteos y menor recibo de dinero por litro” cuando los costos de producción eran “mucho más elevados”.
“En lechería quien produce más litros se defiende mejor, por eso la franja de apoyo” de menos a más según la remisión, comentó.
Onetto finalizó subrayando que el problema de la lechería, además de económico financiero, “también es social y familiar”. Con esta iniciativa “no se resuelven todos los problemas, pero se ayuda bastante”, a la luz de “mejores perspectivas, porque los indicadores así lo establecen”.
El diputado Mario Colman (Partido Nacional) aclaró que asistencia no quiere decir que sea el Estado quien pone la financiación, sino que en este caso “es el propio sector que mediante aportes a un fondo se le distribuye y se trata de buscar que estos trabajadores de menor escala tengan mejor liquidez”.
Desde la oposición, el diputado Nelson Larzábal (Frente Amplio) dijo que el sector lechero es generador de “una gran cantidad de puestos de trabajo en las zonas rurales”, además de que “la lechería genera cultura de trabajo”.
Señalo que los tres años de sequía llevó a un mayor “endeudamiento” para “hacer frente a la falta de alimento porque el pasto no se producía por falta de lluvias. El productor tuvo que comprar la comida para mantener su herramienta productiva que son las vacas, generándose un importante bolsón de deudas, a pesar de haberse decretado la emergencia agropecuaria”.
“Los créditos más fáciles de acceder generaron un mayor endeudamiento del productor”, añadió.
El proyecto ayudará a los pequeños productores que remiten “menos de 3.000 litros; estos se verán beneficiados por el fondo no reembolsable”. Pero es una medida “insuficiente para que el sector lechero pueda recuperarse, esto es un pequeño aporte para hacer frente a las deudas pendientes con sus proveedores”, señaló, y demandó “políticas más profundas, de largo plazo, que ayuden al productor familiar”.
QUE EL BROU TOME MEDIDAS DE “ALIVIO”.
También se aprobó un proyecto de resolución de un solo artículo: “Se solicita al Poder Ejecutivo, se declare la emergencia agropecuaria a los efectos de que el Banco de la República Oriental del Uruguaypueda adoptar medidas que alivien la situación de los productores rurales, en cuanto a sus obligaciones con la entidad, dadas las graves dificultades que se presentan para el levantamiento de la cosecha de los cultivos de verano”.
Firmaron la propuesta Ubaldo Aita, Nelson Larzábal (Frente Amplio), Gonzalo Onetto (Partido Nacional), Rafael Menéndez (Cabildo Abierto) y Juan Moreno (Partido Colorado).
Aita dijo que en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca hubo acuerdo en que se solicitara al Poder Ejecutivo que declare emergencia agropecuaria que permita al BROU, bajo “el amparo jurídico”, tomar “medidas de alivio en cuanto a las obligaciones que tienen los productores rurales una vez que se cierre el año agropecuario el 30 de junio”.
Onetto en tanto se refirió a las condiciones de adversidad con que se lleva a cabo la cosecha de soja, con valores de humedad perjudiciales: “Se realiza con 20% o 25% de humedad en el grano, con piso blando o barro puro, con 1.200 milímetros acumulados en el año”.
A la emergencia vial hay que “extender plazos de vencimientos que generalmente son al cierre del año agrícola”, planteó.
Menéndez reivindicó la declaración de emergencia agropecuaria como “una herramienta sumamente válida” e instó a que sea utilizada nuevamente en este caso y pensando en el cierre del año agropecuario y los vencimientos a pagar.Moreno subrayó que se debe observar los aspectos “económicos financieros donde seguramente va a haber desfasajes, demoras o atrasos en algunos pagos”. Por eso el Ejecutivo debería “acceder a la declaración de emergencia para habilitar herramientas financieras y atender a los productores”.
Foto: diputado Gonzalo Onetto, miembro informante | Foto de X de la Cámara de Diputados @DiputadosUY
Los animales deben ser nacidos y criados en el predio, y los productores deben estar registrados en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
Montevideo | Todo El Campo | La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que modifica la ley de faena predial, permitiendo la comercialización que hasta ahora no se podía hacer.
El proyecto tuvo como autor y fue iniciativa del diputado Juan Carlos Moreno (Ciudadanos, Partido Colorado), y habilita la faena artesanal predial de cerdos, ovinos, aves y conejos.
El diputado solicitó que además de lo ya aprobado el año pasado se incluya la palabra “comercialización” en la normativa, de manera de habilitar a los productores a que puedan vender los productos de la faena.
También se faculta a la Dirección de la Granja del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) para que sea quien autorice y habilite las cantidades de faena para cada predio.
EL PROYECTO DE LEY.
El texto consta de dos artículos, en el primero se dispone la habilitación de “faena artesanal, con destino a autoconsumo o comercialización de cerdos, ovinos, aves, conejos, nacidos y criados en el predio”. Los productores deben estar “registrados en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca”.
En el mismo artículo se define faena artesanal predial como “el sacrificio de los animales nacidos y criados en el predio del productor familiar, a pequeña escala, sin usar instalaciones y procesos industriales”.En el artículo dos se indica que “las cantidades y/o cuotas habilitadas para cada predio” serán autorizadas por la Dirección General de la Granja del MGAP.
