Economistas del Banco Mundial, especializados en transporte: si persiste la belicosidad en esa zona estratégica del mundo, a partir de marzo podría haber “limitaciones de capacidad” de transporte global, “desencadenando una crisis en la cadena de suministro como la que ocurrió en 2021-22”.
Montevideo | Todo El Campo | Tradicionalmente, durante los meses de enero y febrero la demanda comercial mundial baja, por lo que el movimiento de buques disminuye. Eso explica por qué los actos violentos registrados en el mar Rojo tienen un menor impacto. Sin embargo, en pocos días comenzará marzo, mes en el que hay un repunte de la actividad por lo que ahí sí, los hechos registrados, si continúan, comenzarán a tener consecuencias mayores y que todo el mundo sentirá. Los agresores son los hutíes, una fuerza rebelde desconocida para la gran mayoría de los habitantes del mundo, instalada en una zona estratégica para el traslado de contenedores.
Un artículo escrito por los economistas especializados en transporte Jean-François Arvis y Cordula Rastogi, y la consultora Daria Ulybina, publicado en unos de los blogs del Banco Mundial (MB), advierte que desde marzo habría que esperar que “las limitaciones de capacidad” de transporte global, “desencadenen una crisis en la cadena de suministro como la que ocurrió en 2021-22”.
“Esa crisis tuvo lugar cuando el transporte de contenedores no pudo soportar la recuperación del comercio internacional que comenzó a fines de 2020. Los cierres relacionados con el Covid-19 y la escasez de personal en los puertos hicieron que los buques tuvieran que esperar días o semanas para bajar sus cargamentos, y ello redujo la cantidad de embarcaciones disponibles para transportar mercancías”, explica el artículo.
La consecuencia de esa situación hizo que “la competencia por los espacios en las embarcaciones” tuviera un aumento “considerable” en sus “tarifas de envío”, y “el incremento se multiplicó por ocho en las rutas entre Asia y Europa o América del Norte en comparación con 2019”.
Hoy la cadena de suministro atraviesa por “tensiones” que tienen un “origen diferente”, no obstante, “el resultado podría ser similar”.
En enero, las principales empresas de transporte de carga suspendido sus operaciones a través del canal de Suez para evitar el mar Rojo y tomaron rutas alternativas por el cabo Buena Esperanza, “agregando entre 5.500 a 6.500 kilómetros y de 7 a 10 días a un viaje típico entre Europa y Asia. La distancia adicional podría absorber de 700.000 a 1,9 millones de contenedores estándar (unidades de 20 pies, o TEU) de capacidad de envío, dependiendo de la estimación”.
El BM elabora un Índice de Presión de la Cadena de Suministro Global que muestra la estimación de la capacidad inmovilizada cuando se observan retrasos excesivos en los tiempos de espera de puerto a puerto históricos (línea negra), y se relaciona estrechamente con las tarifas de flete, que son sensibles a las variaciones de corto plazo en la oferta y la demanda. El área rosada indica el pronóstico para el período de enero de 2024 a mayo de 2024.
Gráfico 1: El Índice de Presión de la Cadena de Suministro Global que elabora el Banco Mundial aumentó durante el punto álgido de la crisis de la cadena de suministro causada por la COVID-19 y se prevé que vuelva a subir si persiste la violencia en el mar Rojo.
El trayecto por cabo Buena Esperanza representa un encarecimiento de US$ 1 millón en combustible, lo que se traslada a las tarifas de envío más altas.
En enero Maersk agregó lo que se llamó “recargo por interrupción del tránsito” de US$ 200 por TEU “para los viajes entre Asia oriental, el norte de Europa, el mar Mediterráneo y la costa este de Estados Unidos”. Ese incremento se agregó al “recargo por temporada alta” de US$ 300 y US$ 1.000 por TEU.
El artículo agrega que “las tarifas al contado han aumentado aún más (siguiente gráfico).
“El precio de un viaje de Asia a Europa se ha incrementado a más de US$ 3.000 por contenedor de 40 pies, un aumento del triple con respecto a la tarifa más baja de 2023 (alrededor de US$ 1.000). Esto podría significar que los exportadores de Asia están compitiendo de nuevo por los espacios en los buques en previsión de interrupciones importantes en la cadena de suministro. Afortunadamente, enero y febrero son meses tranquilos para el transporte marítimo, por lo que la capacidad existente tal vez sea suficiente para atender las rutas más largas en las próximas semanas. Pero los ataques navales que se prolonguen hasta marzo podrían volver a tener un impacto significativo en el comercio global y las cadenas de valor mundiales.
Gráfico 2: Las tarifas al contado de los fletes desde Asia empezaron a aumentar considerablemente a fines de 2023.
En el caso de Paraguay, las exigencias europeas afectarán la soja, la madera y productos de origen animal.
Asunción, Paraguay | UGP* | Todo El Campo | El Reglamento N° 1.115/2023 de la Unión Europea es una fuerte y clara injerencia en los modelos de desarrollo implementados en Paraguay, que han sido claramente positivos para el país y su gente. En los últimos 20 años de gestión productiva agropecuaria y forestal, se consiguió disminuir la pobreza, multiplicar el PIB de manera sostenible y reducir los impactos en los indicadores ambientales.
Estas fueron las principales conclusiones de un debate entre los Ing. Agr. (M.Sc.) Santiago Bertoni, exministro de Agricultura y Ganadería y el Ing. Agr. (M.Sc.) Alfredo Molinas, exministro de Ambiente y de Agricultura y Ganadería, sobre las implicancias del Reglamento N ° 1.115 de la UE en el comercio agrícola del Paraguay.
ANTECEDENTES.
Existe un amplio consenso mundial acerca de que el comercio, y especialmente el comercio agrícola, es una de las maneras más efectivas y eficaces de contribuir a mantener la paz en el mundo y mejorar sostenidamente el bienestar de la población.
Consenso al que se llegó luego de los grandes conflictos bélicos del siglo pasado, cuando las potencias vencedoras tomaron la decisión de implementar mecanismos globales que permitiesen un comercio global más previsible, con reglas claras y transparentes que garanticen, sobre todo, que cada país sin importar su tamaño o condición económica y de desarrollo relativo reciba siempre el mismo trato.
Luego de muchas rondas de negociaciones que se iniciaron ya al finalizar la segunda guerra mundial se fueron definiendo las llamadas “Reglas del Comercio Mundial”, dando origen a organismos internacionales, como el “Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (GATT)” que posteriormente dio origen a la actual y vigente “Organización Mundial del Comercio (OMC)”.
DEL GATT A LA OMC.
Sobre las experiencias y los resultados más relevantes acerca de las reglas del comercio internacional logrados con las rondas de negociaciones del “Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (GATT)” se creó la OMC.
Se trata de un organismo internacional supranacional que tiene como objetivo superior el propósito de contribuir a que el comercio mundial fluya con la mayor libertad posible porque, estimula el crecimiento económico; incentiva el empleo y apoya la integración de los países en desarrollo en el sistema internacional de comercio mundial.
La OMC está obligada a que sus normas sean transparentes y previsibles para que los particulares, las empresas y los Gobiernos conozcan cuáles son las reglas o normas que rigen el comercio en las distintas partes del mundo, y poder asegurar que las políticas no experimentarán cambios abruptos.
PARAGUAY COMO MIEMBRO ACTIVO DE LA OMC.
Paraguay sistémicamente fue uno de los miembros más activos de la OMC, defendiendo sus principios fundacionales y la liberación progresiva de los mercados agrícolas, con miras a una eliminación del proteccionismo y otras medidas distorsivas del comercio aplicadas principalmente por bloques o países más desarrollados.
En su condición de país productor y exportador de productos agrícolas (como proveedor de alimentos) gracias a su competitividad y a su creciente comercio internacional ha conseguido posicionarse en el ranking mundial entre los principales productores de la mayoría de los productos agrícolas.
Cabe mencionar que posee un crecimiento económico sostenido por 20 años gracias al sector productivo ampliado, porque está produciendo y exportando alimentos para 80 millones de personas de manera competitiva, sustentable económica, social y ambientalmente.
Está más que demostrado en nuestro país que la cadena de valor que incluye la producción agropecuaria y forestal, así como a la agroindustrial y de servicios relacionada al campo es el motor de la economía paraguaya, ya que representa 74% del ingreso de divisas en el país.
El PIB total ha aumentado de US$ 7.196 millones en 2002 a US$ 47.863 millones en 2022, es decir que en 20 años creció casi 6 veces. Este crecimiento económico sostenido contribuyó además a reducir la pobreza, que en las dos décadas disminuyó del 57,7% en 2002 al 24,7% en 2022.
Sin embargo, aunque la tendencia muestra que estamos bien encaminados en el proceso de reducción de la pobreza aún tenemos mucho por hacer como sociedad.
COMERCIO AGRÍCOLA EN EL MERCOSUR.
Paraguay, al igual que los demás Estados Partes del Mercorus, depende de un comercio internacional justo, transparente, con reglas claras y previsibles, ya que esto contribuye a mantener su crecimiento económico sostenido impulsando la reducción de la pobreza.
Es un bloque económico fundado en 1991 por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, al que luego se sumó Bolivia, en el cual los países miembros cifraban sus esperanzas de crecimiento en un comercio mucho más justo.
A 33 años de la creación del Mercosur, el comercio agrícola hoy se ve ensombrecido por el aumento de medidas proteccionistas que pretende aplicar la Unión Europea, que viene postergando el cumplimiento de sus compromisos de mejora de condiciones de acceso al mercado y agregando restricciones crecientes y arbitrarias, sin respetar la base científica que es uno de los pilares del comercio de productos agrícolas.
La Unión Europea exige y pretende aplicar sus normativas internas a terceros países que comercian con el bloque basándose en una cuestión de equilibrio, hecho muy discutible porque no se puede comparar una agricultura europea basada en un esquema de subsidios con una agricultura realizada sobre bases competitivas por los países que con forman el Mercosur, así como no es lo mismo producir en Europa que en el trópico y subtrópico sudamericano.
PARAGUAY Y EL REGLAMENTO N°1115/2023 DE LA UNIÓN EUROPEA.
Como miembros activos del Mercosur observamos que el 31 de mayo del 2023 se publica en el diario oficial de Unión Europea el Reglamento N° 115/2023, relativo a la comercialización en el mercado de la Unión y a la importación y exportación desde la Unión de determinadas materias primas y productos asociados a lo que llaman deforestación y/o degradación forestal.
Este reglamento impone que para productos que denominan pertinentes, no podrán ser comercializados en la UE si provienen de tierras deforestadas posteriormente al 31 de diciembre del 2020; en el caso del Paraguay se verían afectadas la soja, la madera y productos de origen animal.
Además, el reglamento N° 1.115/2023 es un procedente del “Pacto Verde Europeo”, es como muchas otras solapadas normas de proteccionismo ambiental que solo buscan imponer más trabas comerciales y aumentar el proteccionismo a la UE, sin respetar los principios y compromisos de los países acordados en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
No solo aumenta la incertidumbre, sino que incluye medidas distorsivas al comercio y todos los demás principios a los cuales se comprometieron los países para fomentar la paz y el bienestar de sus pueblos.
En Paraguay es indiscutible que este reglamento es una fuerte y clara injerencia en los modelos de desarrollo implementados en el territorio nacional, que en los 20 años gestión productiva agropecuaria y forestal consiguió disminuir la pobreza en más del 50%, multiplicar el PIB de manera sostenible y reducir los impactos en todos los indicadores ambientales.
La imposición de medidas unilaterales como el Reglamento N°1.115/2023 son y derivan en barreras comerciales que perjudicarán a la producción y a las exportaciones de productos alimentarios de los países en vías de desarrollo, afectando el desarrollo sostenible, la seguridad alimentaria y golpeando negativamente los objetivos de la OMC.
Los países en vía de desarrollo como Paraguay debemos ser fuertes y mantener el compromiso de adoptar solo medidas basadas en la evidencia científica y negociadas multilateralmente.
Finalmente, los Ing. Agr. (M.Sc.) Santiago Bertoni y el Ing. Agr. (M.Sc.) Alfredo Molinas señalan que en este contexto de la aplicación imperativa del Reglamento N°1.115/2023 de la Unión Europea es necesario y prioritario fomentar el diálogo, buscar intereses comunes y evitar antagonismos cada vez más profundos. Se hace necesario reconocer el valor de la agricultura y el comercio como instrumentos fundamentales para garantizar la paz y el desarrollo sostenible.
* Articulo de la Unión de Gremios de la Producción (UGP).
Más de 120 especialistas de los sectores público y privado participaron en un evento organizado por Aladi e IICA, en el que se discutieron medidas para aumentar la eficiencia y la competitividad en el comercio de productos y servicios en América Latina y el Caribe.
Montevideo | Todo El Campo | Lograr en los países de las Américas una convergencia regulatoria en los denominados procedimientos de evaluación de la conformidad (la demostración de que se cumplen los requisitos), es clave para intensificar el comercio intrarregional, y facilita además, el establecimiento conjunto de normas claras y uniformes que promoverán la seguridad alimentaria, la eficiencia y la competitividad comercial, concluyeron especialistas convocados a un diálogo técnico por la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).
El encuentro, con más de 120 participantes, contó con representantes de organismos especializados en el tema de evaluación de la conformidad y la acreditación, de sanidad e inocuidad alimentaria, y del sector privado de los 13 países miembros de Aladi (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela).
Allí, intercambiaron perspectivas sobre los avances en evaluación de la conformidad y el reconocimiento mutuo, e identificaron posibles acciones conjuntas para promover políticas y prácticas que faciliten el comercio de alimentos.
La evaluación de la conformidad es la determinación del grado de cumplimiento con los reglamentos, las normas técnicas nacionales, las normas técnicas internacionales u otras especificaciones, prescripciones o características de un producto o servicio. Puede comprender, entre otros, procedimientos de muestreo, ensayo en laboratorio, calibración, certificación e inspección o verificación. Todo producto, proceso, método, instalación, servicio o actividad debe cumplir con algún tipo de norma técnica o reglamento.
En la jornada de intercambio, los expertos coincidieron que la convergencia regulatoria es crucial, porque actúa como un puente para conectar a los pequeños agricultores con los mercados, contribuyendo a un mejor aprovechamiento de los acuerdos comerciales; aunado a que los avances en este campo también permitiría potenciar las ventajas arancelarias con las que cuenta la región, ya que gracias a la red de acuerdos Aladi, más del 80% del universo de bienes se encuentra liberado del pago de aranceles de importación.
Indicaron también que los aspectos de la convergencia regulatoria que se orientan al acceso a mercados internacionales deberían ir unidos a esfuerzos de incorporar a las pequeñas y medianas empresas a las cadenas globales de valor, incluyendo lo relacionado con el financiamiento y el acceso a otros mecanismos de promoción.
Los especialistas concluyeron además en la importancia de contar con una sólida infraestructura de la calidad en los países, y hacer un amplio uso de ella por las autoridades sanitarias y fitosanitarias, y reconocieron que promover la evaluación de la conformidad no es suficiente, máxime si no va acompañada de la acreditación, para brindar la confiabilidad y la seguridad de sus procesos.
Concordaron a su vez que si bien la convergencia regulatoria en los procedimientos de evaluación de la conformidad constituye un pilar esencial para incrementar el comercio intrarregional, existen una serie importante de factores que deben ser abordados en conjunto entre los países y los sectores público y privado, para arribar al logro de un comercio más abierto y competitivo.
En el evento se destacó el estado de situación de los sistemas de evaluación de la conformidad, y la importancia de la acreditación de los organismos competentes en la materia, particularmente los esfuerzos dispuestos en ese sentido por la Cooperación Interamericana de Acreditación, la Comunidad Andina y el Mercosur.
Argumentaron que cada vez son mayores las regulaciones de los mercados de destino, aun con los esfuerzos del Codex Alimentarius para la armonización internacional, y señalaron que la aplicación de una diversidad de normas, aranceles y disposiciones que abordan también los aspectos ambientales, afecta a las preferencias y los flujos comerciales.
En el intercambio de criterios el sector privado hizo un llamado a la acción para establecer una ruta de trabajo con las más altas autoridades de los países para tratar estos temas, y pidieron como próximos pasos trabajar más en lo vinculado al intercambio de experiencias entre los países, y la creación de una red de laboratorios relacionados a las medidas sanitarias y fitosanitarias.
Esta jornada de intercambio Importancia de la Convergencia Regulatoria en los Procedimiento de Evaluación de la Conformidades, es parte de un proceso coordinado por Aladi e IICA que se inició en 2021. En el mes de julio se desarrolló un evento similar con el objetivo de fomentar la convergencia regulatoria en materia de equivalencia en el comercio agroalimentario.
La Federación de Trabajadores Agrícolas de Rio Grande do Sul amenazó con cerrar la frontera con Uruguay en oposición a las importaciones de leche del Mercosur. La movilización sería el miércoles 27 de setiembre.
Hébert Dell’Onte Larrosa | Montevideo | Todo El Campo | Brasil es nuestro principal socio comercial. Las circunstancias del mercado internacional hicieron que nuestro vecino desplazara a China, convirtiéndose él en el primer destino de lo que exportamos.
En agosto Uruguay exportó por US$ 1.027 millones, de ese total US$ 188 millones fueron a Brasil. En segundo lugar está China (US$ 125 millones), tercero la Unión Europea (US$ 76), Estados Unidos (US$ 70 millones) y Argentina (US$ 42 millones).
Analizado por productos, de US$ 1.027 que Uruguay exportó en agosto, US$ 64 millones fueron por colocaciones de productos lácteos, que ocupa el quinto lugar en el ranking por rubro, después de la carne de vacuno (US$ 183 millones), la celulosa (US$ 144), concentrados de bebidas (US$ 74) y arroz (US$ 67 millones); y por encima de la soja (US$ 53), malta (US$ 52), subproductos cárnicos (US$ 45) y ganado en pie (US$ 32 millones), por mencionar los 10 productos más exportados.
Ahora bien, Brasil, además de ser el principal destino de todas nuestras exportaciones, también es el principal destino de nuestros productos lácteos. No es difícil imaginar qué sucedería si por alguna circunstancia el mercado brasileño se viera afectado y las colocaciones se redujeran o cayeran en alguna medida.
Según los acuerdos que rigen el Mercosur Uruguay debería estar tranquilo, produciendo y vendiendo, pero la experiencia y la realidad nos muestra que el bloque tiene varias fisuras comerciales y que países como Uruguay -pequeños en tamaño como población- son presa fácil de las decisiones que otros más grandes pueden tomar de manera unilateral.
Una decisión unilateral restrictiva del mercado de lácteos es una espada de Damocles que pesa sobre la producción y la industria láctea nacional, justo cuando el mundo muestra situaciones de mercado que nos perjudican y daña profundamente.
CIERRE DE PUENTE URUGUAY BRASIL PLANIFICADA PARA EL 27/09.
El lunes 18, el diario portoalegrense Correio do Povo informó que la Federación de Trabajadores Agrícolas de Rio Grande do Sul (Fetag-RS) amenazó con cerrar la frontera con Uruguay en oposición a las importaciones de leche del Mercosur. La movilización sería el miércoles 27 de setiembre en el puente internacional de Yaguarón (puente internacional Barón de Mauá) que une las ciudades fronterizas de Río Branco con la brasileña Yaguarón (Brasil).
Fetag-RS programa una nueva movilización contra la crisis del sector en el Estado. Se espera que la protesta tenga lugar la próxima semana y, según la Federación, paralizará el puente internacional en la frontera de Brasil y Uruguay. La decisión fue tomada después de una reunión de la Comisión Estatal de Leche y los coordinadores regionales de la entidad, realizada el lunes en Porto Alegre.
“El productor no puede esperar más y el Gobierno federal ha hecho muy poco hasta ahora para salvar al productor lechero de Brasil. Si no prohíben el producto Mecosur, el productor lo prohibirá”, advirtió el vicepresidente de Fetag-RS, Eugenio Zanetti.
Además, la Federación dijo que buscará contactar con otros estados para alentar la acción que se lleve a cabo acciones similares (cortes) en otros puestos fronterizos, especialmente en Santa Catarina y Paraná. Sana Catarina limita con Argentina, y Paraná con Argentina y Paraguay.
Para tener idea de cuánto recibe el productor lechero en Brasil veamos que dijo Zanetti: “Tuve acceso a una nota del productor que recibía R$ 1,04 por litro de leche, menos de un litro de agua”.
Lamentablemente, Uruguay no tiene muy buenas experiencias sobre puentes que se cortan, la debilidad del Mercosur en ese aspecto ha sido mayúscula.
Durante el taller se reafirmó la importancia de que las normas aplicables al comercio tengan una base científica.
San José, Costa Rica | Todo El Campo | Fortalecer el sistema multilateral de comercio, evitar el surgimiento de normas y acciones restrictivas, mejorar el aprovechamiento de los acuerdos vigentes y aumentar el comercio intrarregional permitirá impulsar y robustecer el comercio agroalimentario en las Américas y consolidar su aporte a la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible en la región.
Un grupo de más de 30 expertos convocados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (Ifpri) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) señaló esas cuatro rutas como oportunas para la acción colectiva de los países del hemisferio, para fortalecer el comercio agroalimentario de la región ante un panorama internacional muy desafiante.
“Se nos presenta un contexto internacional de crecientes cambios y fragmentación de las relaciones económicas y comerciales, que realmente nos llama a la alerta, el tema del incremento de las medidas proteccionistas, restricciones al comercio y aumento de los subsidios. Definitivamente, las decisiones que tomen los países van a tener efectos sobre el comercio de la región”, señaló Daniel Rodríguez, gerente del Programa de Comercio Internacional e Integración Regional del IICA.
FORTALECIMIENTO PARA LA NEGOCIACIÓN.
Valeria Piñeiro, jefa interina de América Latina y coordinadora senior de investigación en la División mercados, comercio e instituciones del Ifpri, manifestó que la acción colectiva de los países de esta región en foros como la Organización Mundial de Comercio (OMC) redundaría en beneficios como mayor capacidad para la toma de decisiones sobre políticas, transparencia y gobernanza comercial.
“Las agencias internacionales que trabajamos en Latinoamérica estamos uniendo esfuerzos para dar a los países la evidencia necesaria para la toma de decisiones y fortalecer al bloque para las negociaciones en foros como la OMC”, expresó Piñeiro.
NEOPROTECCIONISMO VERDE.
“Hay una necesidad clara de análisis técnicos para apoyar a los gobiernos, en un momento en que emerge un neoproteccionismo verde. Debemos aterrizar el conocimiento analítico en sistemas de alerta temprana que se traduzcan en acciones por parte de los países”, manifestó Paolo Giordano, economista principal del sector de Integración y Comercio del BID.
Giordano también llamó la atención sobre temas en los que se requiere mayor conocimiento técnico para facilitar la toma de decisiones comerciales, como inocuidad y residuos, entre otros.
TRABAJAR EN CONJUNTO ENTRE AGRICULTURA, ECONOMÍA Y COMERCIO EXTERIOR.
Para aprovechar mejor los acuerdos comerciales vigentes, Pablo Rabczuk, oficial de Comercio y Sistemas Agroalimentarios para América Latina y el Caribe de FAO, explicó que se debe trabajar en conjunto entre los sectores de agricultura, economía y comercio exterior de los países, para lo que se requiere voluntad política y compromiso gubernamental.
“Es necesario estimular la promoción de las exportaciones, por ejemplo, apoyando la realización de misiones comerciales, ferias, ruedas de negocios y el desarrollo de capacidades para el uso de herramientas digitales de comercialización e inteligencia de mercados”, acotó Rabczuk.
MAPEO DE LAS EMPRESAS QUE PUEDEN PRODUCIR PARA EL MERCADO INTRARREGIONAL.
José Durán, oficial de Asuntos Económicos y jefe de la Unidad de Comercio e Integración Regional de la Cepal, comentó que las agencias internacionales como IICA, FAO, BID, Ifpri y la misma Comisión pueden coordinar esfuerzos para crear bases de datos, a modo de bien público internacional, que muestren dónde hay barreras para el comercio intrarregional.
“Con el fin de aumentar el intercambio entre nuestros países, es importante realizar un mapeo de las empresas que pueden producir para el mercado intrarregional, que incluya Pymes y la agricultura familiar, tanto para importaciones como para exportaciones, y de productos emergentes. El algo que las agencias también podemos coordinar”, consideró.
Durante el taller además se reafirmó la importancia de que las normas aplicables al comercio tengan una base científica y que sean el resultado de un consenso internacional, compatibles con la OMC, y que tomen en cuenta la capacidad de los países para responder y cumplir con lo estipulado.
