La obra beneficia unas 2.000 personas. El proyecto de pavimentación requirió una inversión de 46,6 millones de pesos, de los cuales la OPP aportó 32,6 millones, y la intendencia de Florida 14 millones.
Florida | Todo El Campo | Tras una inversión de de 46,6 millones de pesos, autoridades de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y de la Intendencia de Florida habilitaron la pavimentación de casi 11.000 metros de la exruta N° 58, en la zona norte del departamento de Florida. La primera etapa del programa Caminos Rurales Productivos finalizará en 2023 y prevé pavimentar unos 500 kilómetros en todo el país, mediante fondos aportados por OPP.
En la inauguración de las obras, realizada en la tarde de este jueves 20, participaron los responsables de los programas Fondo Desarrollo Interior (FDI), y Caminaría Rural de la OPP, Antonio Barrios y Federico Magnone, respectivamente; y el intendente de Florida, Guillermo López.
El proyecto de pavimentación requirió una inversión de 46,6 millones de pesos, de los cuales la OPP aportó 32,6 millones, y la intendencia de Florida 14 millones.
Las mejoras comprendieron la pavimentación de la vía con tratamiento bituminoso doble; el reciclado con cemento portland; la construcción de alcantarillas, y la señalización vertical y horizontal.
La obra, ejecutada en ocho meses, fue financiada por la OPP, a través de los fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para el cambio de estándar de los caminos rurales, y beneficia a unas 2.000 personas de la zona.
Magnone adelantó que el PCRP pavimentará, en sus dos ejecuciones, unos 1.200 kilómetros en todo el país hasta el 2028. En este primer periodo de préstamo se pavimentaran 500 kilómetros, que contemplan además, la realización de unos 25 puentes, detalló.
Asimismo, adelantó que Uruguay firmó la renovación del préstamo con el BID, para comenzar con la segunda etapa del programa en 2024.
López, en tanto, expresó que esta obra, responde a un reclamo de décadas, y acerca la ruta N° 5 con la zona centro del departamento floridense. Agregó que la OPP posibilita que los recursos se transformen en obras y lleguen al «interior profundo». (Presidencia).
El presidente de ACA dijo que la respuesta del intendente Olivera a la ARU incluyó un “comentario totalmente fuera de lugar”.
Hébert Dell’Onte | En el discurso de cierre de la Expo Prado 2022 que se realizó el sábado 17 de setiembre, el presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), Gonzalo Valdés, cuestionó la iniciativa del intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, de cobrar por el uso de la caminería rural. “Nos oponemos categóricamente a ello”, dijo.
Explicó que la Intendencia “recibe entre transferencias del Gobierno Central y el impuesto del 1%, recaudado directamente de los productores, unos US$ 2 millones”, y agregó: “Exigimos se rindan cuentas de ello”.
Poco más de 24 horas después, el intendente Olivera contestó a Valdés y a la ARU a través de su cuenta de Twitter.
“De esto no habló ayer el presidente de la ARU en la Expo Prado”, escribió, y agregó: “Los poderosos deberían hablar más de los deberes que tienen para con el país”.
El comentario de Olivera estaba acompañado de una fotografía de un camión con troncos atravesado en un camino rural.
De esto no habló ayer el Presidente de la ARU en la @ExpoPrado. Los poderosos deberían hablar más de los deberes que tienen para con el país. pic.twitter.com/mPmtsYC0fv
Las respuestas no se hicieron esperar, algunas a favor y varias en contra.
El productor arrocero Guillermo O’Brien escribió dirigiéndose a Olivera: “Hay veces que es mejor callar, esta es una de esas…”.
Jorge Riani, productor ovejero de Artigas de destacada actividad gremial, comentó: “Justo usted no debería generar fragmentación de la sociedad, señor intendente, con sus comentarios”.
El exintendente de Colonia, Walter Zimmer, se mostró a favor de Olivera: “Estoy de acuerdo”, le dijo al intendente.
El presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA), Alfredo Lago, no respondió directamente a Olivera, pero lo citó en un tuit cuando se refirió al “pésimo estado” del camino en la fotografía.
También señaló que señalar como “poderosos” a los productores rurales es un “comentario totalmente fuera de lugar”; y cuestionó que o aceptara una visión diferente.
Al respecto: 1- ¿Se refiere al pésimo estado de ese camino? Porque aún en día de lluvia si fuera de calidad, se transitaría sin problema. 2- Comentario totalmente fuera de lugar: “poderosos” 3- Cero capacidad de aceptar una visión diferente. https://t.co/JH4JYyf9jp
Desde la Agropecuaria de Cerro Largo se plantea una mejor redistribución de recursos nacionales para la atención de los caminos.
Melo, Cerro Largo | La Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo ha valorado la apertura de la Intendencia local para intercambiar posiciones sobre la problemática de los caminos, impulsando la reimplementación de la denominada Mesa de Caminos.
Para Daniel Affonso, presidente de la gremial de productores, el mayor desafío actual en materia de caminaría, es que ninguna familia del medio rural quede aislada.
“Lo positivo es el intercambio, de poder trasladar las inquietudes y preguntas de nuestros asociados y de los productores porque el tema de la caminaría siempre está presente”, dijo, en declaraciones publicadas en Atlas Diario.
Agregó que “todos los directivos somos productores y tenemos nuestros problemas con la caminaría”, por tanto “hemos visto que este tema del cuidado de los caminos es fundamental, sobre todo para el tema de los ganaderos que no tenemos la estructura para hacer mantenimiento o arreglos en caso de que rompamos”.
DESCENTRALIZACIÓN.
“Nosotros percibimos que este Gobierno está apostando a una descentralización en términos económicos, y de lo que ya se cobra, una mejor redistribución con las Intendencias”, comentó el gremialista, y añadió: “En el caso de la ganadería está el 1% que ya se aporta, en el caso de los arroceros tienen su tema impositivo también que implica aportes al Gobierno central y que esos aportes, que esos impuestos sean devueltos y que luego la Intendencia sea controlada para que ejecute esos recursos donde corresponde”, enfatizó.
La ARU señaló que “se opone categóricamente” y la SPF manifestó “honda preocupación y rechazo”.
La Asociación Rural del Uruguay (ARU) y la Sociedad de Productores Forestales (SPF) se expresaron respecto a la intención del intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, de imponer un “precio” al uso de la caminería rural.
La ARU señaló que “se opone categóricamente” y la SPF manifestó “honda preocupación y rechazo”.
ARU: “ES UN IMPUESTO ENCUBIERTO”.
La Asociación Rural expresó en el comunicado que “apoya expresamente las manifestaciones de la Gremial de Productores y Transportistas del departamento de Paysandú y de todo el sector productivo del departamento”.
“Conocemos y reclamamos por el estado de los caminos rurales, bajo el entendido de que los productores ya aportan recursos con este fin, directamente, y además, a través de transferencias desde el Gobierno Central a las intendencias”.
Reconoce que con un “mejor control y fiscalización”, junto con “un uso más eficiente de los recursos permitirá recomponer los caminos”, sin embargo, advierte que “nunca a través de la generación de nuevos cobros, que si bien se le llama precio´´ termina siendo un impuesto encubierto que afecta a todos de los productores del país.
SPF: “INICIATIVAS SIMILARES HAN SIDO DECLARADAS COMO INCONSTITUCIONALES”.
Los productores forestales manifestaron su “apoyo a las manifestaciones de rechazo de la Gremial de Productores y Transportistas de Paysandú”.
Consideran que “la propuesta en cuestión agrega costos a la producción nacional afectando negativamente su competitividad, desalentando la inversión y la generación de empleo”.
“Cualquier recurso adicional que aporte el sector privado debe originarse en mejoras tangibles en la eficiencia de las cadenas de producción que no aumenten los costos de producción y eventualmente los reduzcan”, afirman.
La SPF advierte que “la caminería posee una serie de problemas estructurales”, pero la propuesta del intendente de Paysandú “no contribuye a solucionar”. Las fallas estructurales “deberían ser abordados a nivel nacional en conjunto con todas las intendencias y las distintas cadenas productivas”.
Y concluye recordado que “iniciativas similares han sido declaradas como inconstitucionales por parte de la Suprema Corte de Justicia”.
En lugar de gravar más porque “ya se recauda lo suficiente”, proponen que se realice “una mirada hacia adentro de los gastos públicos departamentales para hacer frente a sus obligaciones”.
Paysandú | Varias instituciones de Paysandú se manifestaron contra los impuestos encubiertos de la Intendencia de ese departamento, aplicados por el “uso de la caminería rural” y que “propone grabar a toda la producción agropecuaria por intermedio del transporte”. Es una “nuevo impuesto encubierto, inconsulto, arbitrario e improvisado”, afirman.
La Agrupación de Transportistas Profesionales de Paysandú, la Asociación Rural de Paysandú, la Intergremial de Transporte Profesional de Carga, la Asociación de Transportistas Carreteros del Uruguay y Un Solo Uruguay emitieron un comunicado expresando su desconformidad con el impuesto “al uso de la caminaría rural”.
Expresaron que el intendente sanducero, Nicolás Olivera, argumenta que “el que rompe paga”, sin embargo, con la iniciativa el que paga es el que usa, lo cual es “de dudosa aceptación, ya que los contribuyentes aportamos lo suficiente como para que se propongan precios adicionales por el uso”.
Las instituciones firmantes interpelan a la Intendencia de Paysandú al preguntar “¿qué se hace con los aportes de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) para la caminaría rural en el departamento de Paysandú?; ¿cuánto se ha ejecutado y cuánto falta por ejecutar?; ¿cuánto de esos recursos se pierden por no ejecutarse a tiempo?; ¿qué destino tienen los aportes de Contribución Rural Departamental?; ¿qué destino tienen los aportes de 1% a los semovientes que aportan todos los ganados del departamento?; ¿qué destino tiene el cobro de las patentes de rodados que aporta el transporte y todos los productores agropecuarios?”
Plantean que “ya se recauda lo suficiente” y proponen que se realice “una mirada hacia adentro de los gastos públicos departamentales para hacer frente a sus obligaciones”.
A CONTRAPELO DEL GOBIERNO NACIONAL.
Es una “iniciativa que tiene un afán recaudatorio despiadado -dicen-, llama la atención que en un Gobierno Nacional donde el lineamiento es no poner más impuestos, esta Intendencia quiera incursionar en este tipo de iniciativas”.
Concluyen señalando que se realizó una reunión en la que “participaron todos los partidos políticos con representación departamental y se comprometieron a rever el artículo del presupuesto que habilita este impuesto encubierto”.
