Las certificaciones voluntarias de sostenibilidad parecen ser una herramienta valiosa para impulsar el comercio, en particular, el de los países en desarrollo que exportan hacia mercados más desarrollados.
Montevideo | Todo El Campo | Las normas voluntarias de sostenibilidad (VSS, por sus siglas en inglés) son certificaciones privadas que aseguran que los productos y procesos de producción cumplan con una amplia variedad de métricas de sostenibilidad, promoviendo prácticas sostenibles en las cadenas de suministro.
En una nota del Banco Interamericano de Desarrollo -BID- (que se publica a continuación) se analiza un reciente estudio de este organismo internacional regional que muestra que las certificaciones VSS pueden impactar positivamente las exportaciones agrícolas, particularmente en países en desarrollo como América Latina y el Caribe.
Marcelo Dolabella y Mario Saeteros son los autores del siguiente texto. Ambos son consultores de Investigación Económica en el Sector de Integración y Comercio en el BID.
El texto original tiene modificaciones para Todo El Campo.
EL IMPACTO DE LAS NORMAS VOLUNTARIAS DE SOSTENIBILIDAD EN LAS EXPORTACIONES AGRÍCOLAS: ¿AMIGAS O ENEMIGAS?
Los productos básicos agrícolas representan una proporción sustancial de las exportaciones de muchos países en desarrollo, particularmente en América Latina y el Caribe (ALC). Esto significa que cualquier cambio en las prácticas agrícolas puede tener un impacto significativo en los flujos de comercio.Las normas voluntarias de sostenibilidad (NVS) son certificaciones privadas que garantizan que los productos y los procesos productivos cumplen con una amplia variedad de métricas de sostenibilidad que persiguen fomentar prácticas sostenibles a lo largo de las cadenas de suministro. Estas normas tienen potencial de impulsar o restringir los flujos comerciales en la región.
¿De qué modo afectan al comercio internacional estas normas? ¿Son amigas o enemigas? Este artículo explora un estudio reciente del BID (*), que analiza datos referidos a 12 de los principales esquemas de NVS1 aplicadas a ocho productos básicos clave del sector agrícola entre 2013 y 2021, y que aporta nuevas reflexiones sobre su influencia variable en el comercio. En lugar de centrarse únicamente en normas específicas el estudio analiza 12 grandes regímenes de SSV para ofrecer una visión global de su papel en el comercio internacional.
LAS CERTIFICACIONES NVS: CARACTERÍSTICAS Y TENDENCIAS.
En 2021, había 25,7 millones de hectáreas certificadas en los países en desarrollo, de las cuales el 37 % pertenece a ALC. Si se observa más detenidamente la evolución de las áreas certificadas, se advierte una tendencia al alza en todos los casos (gráfico 1). Entre 2013 y 2021, la superficie certificada de ALC se incrementó un 37%, pasando de 6,8 a 9,3 millones de hectáreas. Sin embargo, en otras regiones en desarrollo, aumentó a más del doble.
El coeficiente de cobertura de las certificaciones NVS2 varía de un país a otro y para cada producto básico. Por ejemplo, en 2021, apenas el 1,7 % de la soja y el 2,7 % de las bananas de todo el mundo tenían una certificación NVS. Por su parte, el algodón y el cacao fueron los productos básicos más certificados, con al menos el 20,3 % y el 21,5 % de sus superficies cosechadas certificadas, respectivamente.
LOS EFECTOS EN EL COMERCIO.
Las razones por las cuales las NVS pueden tener efectos positivos o negativos en el comercio dependen de diversos mecanismos. Por lo tanto, los efectos globales de la adopción de las NVS en el comercio en los distintos países y productos deben ser estudiados y comprobados mediante datos y análisis empíricos.
¿Qué fuerzas inclinan la balanza?
Las NVS potencian las exportaciones agrícolas. Un aumento de un punto porcentual en las superficies con certificación NVS incrementa los flujos comerciales en un 1,9 %. No obstante, este efecto varía con la proporción de superficie ya certificada. El efecto es más pronunciado en superficies no certificadas o muy limitadas, y disminuye a medida que crece la superficie certificada. Esto sugiere que los productores pioneros en la adopción de las normas obtendrán mayores beneficios.
Las bananas, el aceite de palma, el té y el algodón son productos que impulsan los efectos positivos del aumento de las certificaciones NVS en el comercio. Por ejemplo, aumentar un punto porcentual en la cobertura de las NVS para las bananas y el aceite de palma genera un aumento del 4% en las exportaciones.
Los efectos en el comercio son más pronunciados en los países de ingresos más bajos que exportan hacia países de ingresos altos. Si un país de ingresos bajos aumenta su cobertura de las NVS un punto porcentual, es probable que sus exportaciones se incrementen más de un 20 %. Esto significa que las certificaciones NVS pueden cumplir una función muy importante al reducir las asimetrías de información entre consumidores y productores.
En el caso de los exportadores de ALC, los resultados sugieren que se produce un cambio de destinos de exportación. La adopción de las NVS para una mayor cantidad de productos genera un incremento de las exportaciones hacia países de ingresos altos y una disminución de los destinos de ingresos bajos.
La proliferación de los esquemas de NVS para un producto básico en particular reduce los beneficios de la certificación. Este efecto es más pronunciado en el caso de los grandes productores, lo cual puede atribuirse a los costos adicionales de cumplir con múltiples normas y requisitos divergentes. Del lado del consumidor, contar con más opciones puede generar confusión y la sensación de que se está frente a un ecopostureo o greewashing (prácticas engañosas donde las empresas fingen ser más ecológicas de lo que realmente son).
Los mercados globales menos saturados ofrecen un mayor potencial para exportar. Cuando la cobertura global de las NVS para un producto básico en particular es casi nula, aumentar la cobertura local de estas normas puede dar lugar a un incremento de las exportaciones en un 4,4 %. No obstante, a medida que aumenta el número de agricultores que certifican su producción, este efecto positivo empieza a menguar y, eventualmente, se torna negativo.
BALANCE Y RECOMENDACIONES.
La evidencia empírica sugiere que los efectos de la adopción de las NVS en el comercio tienden a ser positivos, aunque con una gran heterogeneidad y muchos matices.
Para traducir estos resultados en medidas de política se recomienda:
1. Incorporar los requisitos de las NVS en la legislación nacional. Para fortalecer la competitividad de los exportadores es preciso trabajar en estrecha colaboración con los organismos de certificación a fin de alinear las normas nacionales con los requisitos de las NVS reconocidas internacionalmente. Esto ayudaría al sector exportador de los países en desarrollo a estar mejor preparado para cumplir con las regulaciones medioambientales, como el Reglamento Europeo sobre Productos Libres de Deforestación aprobado por la Unión Europea.
2. Promover el reconocimiento mutuo y la coordinación entre las NVS. Simplificar el cumplimiento a través de acuerdos de reconocimiento mutuo entre las distintas NVS puede evitar la duplicación de costos y ampliar el acceso a mercados. Asimismo, los considerados “metarreguladores”, como la Alianza Internacional de Etiquetado Social y Ambiental (ISEAL, por sus siglas en inglés) pueden colaborar en este proceso.
3. Recurrir a los acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales para promover la adopción de las NVS. Establecer preferencias arancelarias adicionales para los productos certificados y el reconocimiento mutuo de las reglas de las NVS entre los socios de un acuerdo mitigaría los costos que implican estas normas y promovería, al mismo tiempo, una producción sostenible.
CONCLUSIÓN.
Las certificaciones NVS parecen ser una herramienta valiosa para impulsar el comercio, en particular, el de los países en desarrollo que exportan hacia mercados más desarrollados. Estas certificaciones destacan la calidad y sostenibilidad de los productos, lo que impulsa la demanda, facilita el acceso a los mercados, reduce brechas institucionales y promueve el desarrollo económico. Sin embargo, los beneficios varían según el tipo de producto básico y tienden a disminuir a medida que proliferan las normas o que aumenta la producción certificada. Para maximizar el impacto de las NVS, los responsables de formular las políticas y las partes interesadas deben considerar el contexto específico y los desafíos asociados con los distintos productos básicos y mercados.
Agrotic soluciones digitales para la producción familiar, es una política promovida por la Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. El financiamiento es del BID.
Montevideo | Todo El Campo | Se realizó la sesión de la Mesa de Desarrollo Rural de Canelones oeste, oportunidad en el cual se presentaron proyectos Agrotics de organizaciones de productores que incorporan tecnología a la producción agropecuaria. Allí, Calprodec introdujo su proyecto de “adaptación de soluciones digitales para la reducción de restricciones formativas y comerciales”.
En la reunión participaron, además de integrantes de las organizaciones que desarrollan los proyectos, la directora de Desarrollo Rural, Mercedes Yacosa, y el equipo referente departamental, de la Dirección General de la Granja y de la Unidad de Descentralización del MGAP.
Agrotic soluciones digitales para la producción familiar, es una política promovida por la Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (DGDR/MGAP) con financiamiento del BID a través del Programa de Desarrollo Productivo Rural II.
DESDE 2022.
En 2022 se realizó la convocatoria a organizaciones para ser agentes territoriales de desarrollo rural (ATDRs) con el fin de presentar proyectos de TICs (Tecnologías de la Información y la Comunicación). Son proyectos que buscan promover el desarrollo, implementación y adaptación de soluciones digitales existentes a problemáticas vinculadas a la producción familiar y que busquen levantar restricciones identificadas al desarrollo rural sostenible en sus territorios de referencia. Para lograrlo las organizaciones se asociarían con empresas privadas de desarrollo y entidades de enseñanza con probada experiencia en la temática, para lograr soluciones a las problemáticas planteadas, de forma conjunta.
El proyecto presentado a través Sociedad de Fomento Rural de Canelón Chico, que ofició de ATDR, en conjunto con la Cooperativa Agraria Limitada de Productores de Canelones (Calprodec) consiste en la “adaptación de soluciones digitales para la reducción de restricciones formativas y comerciales”.
Con el proyecto se buscan varios objetivos: la formación digital para aportar a la reducción de las brechas digitales en el medio rural, orientada a socias y socios de la ATDR; el desarrollo de adaptaciones digitales para la mejora y consolidación comercial de la cooperativa, a través de un piloto de codificación y testeo trazable de tres rubros comerciales y la medición relativa al uso del recurso agua en al menos uno de los ciclos de un rubro, de forma tal que se pueda estimar el uso del recurso y su impacto en los ciclos de producción; y el monitoreo, sistematización y difusión de la experiencia y sus resultados, con la finalidad de aportar a organizaciones y actores vinculados al medio rural, que redunden en oportunidades de acceso a las nuevas tecnologías, privilegiando las buenas prácticas para el desarrollo rural sostenible.
La propuesta consta de un plan de formación en uso y manejo de TICs transversalizado con la perspectiva de equidad y género para su aplicación comercial a escala mayorista. Se buscaba la adaptación de los desarrollos existentes en la órbita de la Cooperativa Calprodec, la que contaba con soporte digital y desarrollos comerciales que hacen de oportunidad para el avance en el eslabón comercial mediante las tecnologías de la información y la comunicación. Para la ejecución de las actividades se propone la realización de inversiones de pequeño porte que faciliten el acceso a internet, equipos portátiles, ajustes en software, diseño de soporte físico para codificación, testeo y validación de rotulados, capacitaciones específicas, al igual que los costos asociados a la ejecución técnica del proyecto.
Para la ejecución de las actividades y la concreción de los objetivos se trabaja desde el inicio del proyecto junto a dos instituciones referentes, la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM), y el Instituto Nacional de Alimentación (INDA). Si bien se buscaba trabajar conjuntamente con la UTU de La Paz, por su ubicación geográfica y por su capacidad en términos curriculares, que además manifestó interés en colaborar con el proyecto; finalmente por no coincidir en el calendario curricular, se optó por contratar una empresa privada, con la que ya trabajaban e hizo el desarrollo de la web. (Con información del MGAP).
En el foro se abordaron también asuntos como los desafíos futuros de la Organización Mundial de Sanidad Animal y los impactos en la sostenibilidad del negocio agropecuario de enfermedades como la aftosa, la peste porcina africana y la influenza aviar.
Asunción, Paraguay | Todo El Campo | Ministros y altas autoridades del sector agropecuario de países del continente americano, jefes de los servicios nacionales de sanidad y representantes de organismos multilaterales coincidieron en Paraguay en la necesidad de fortalecer de forma rápida los sistemas de vigilancia de la salud animal ante nuevas amenazas, como una forma de robustecer la posición de la región como gran productor y exportador mundial de proteína.
El seminario internacional “La salud Animal y su contribución en la transformación de los sistemas alimentarios en las Américas” sesionó en Asunción con la presencia del presidente paraguayo Santiago Peña, y autoridades de 23 naciones. Por Uruguay participó el ministro Fernando Mattos.
El evento de alto nivel, en el que se formuló un profundo intercambio de información sobre los desafíos vigentes, tendencias y experiencias en el combate a zoonosis que son una amenaza para la salud, la producción, el ambiente, los empleos, las exportaciones y la seguridad alimentaria y nutricional, fue organizado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) de Paraguay, el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) de este país, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El ministro de Agricultura y Ganadería del Paraguay, Carlos Giménez, resaltó la importancia de las contribuciones de la agricultura familiar a la salud animal y la necesidad de que todos los agricultores participen activamente en el fortalecimiento de la sanidad.
“Es importante la alianza público- privada para que nuestro producto siga siendo demandado y acceda a los mercados. Estamos en un encuentro sumamente integrador, y es importante que nuestro trabajo sea basado en ciencia”, indicó.
Fernando Mattos, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay y presidente de la Junta Interamericana de Agricultura (JIA), órgano superior de gobierno del IICA que representa 34 países de las Américas, subrayó “la importancia de generar con mayor frecuencia estos foros para fortalecer los servicios sanitarios y su integración, de modo de erradicar enfermedades en animales. Tenemos que resaltar el trabajo que se está haciendo y por sobre todo apuntar a la integración general con políticas reguladoras para que tengamos un mecanismo de defensa y vigilancia y equipo de respuesta más rápido”.
Agregó que “esta región es fundamental para lo que el mundo necesita. Debemos reclamar una mayor consideración y llevar nuestras voces a los foros nacionales para que la voz de las Américas pese mucho más”.
En el foro se abordaron también asuntos como los desafíos futuros de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y los impactos en la sostenibilidad del negocio agropecuario de enfermedades como la aftosa, la peste porcina africana y la influenza aviar. También se habló de la importancia de las alianzas entre agencias del sector público y se hizo un gran reconocimiento al valor y la importancia de los servicios veterinarios de la sanidad animal para los objetivos de los países. Aspectos como desafíos, amenazas y tendencias del nuevo mapa de enfermedades fueron otros de los temas relevantes.
El director general de IICA, Manuel Otero, expresó: “Los sistemas agroalimentarios se están transformando. Están ocurriendo cambios muy profundos como la revolución tecnológica, frontera de conocimientos y la crisis climática. Debemos analizar las amenazas y transformarlas en oportunidades”.
“Las Américas genera el 30% de los alimentos que son exportados y América Latina y el Caribe es la región exportadora neta más importante del mundo. Juntos somos garante de la seguridad alimentaria del planeta. Tenemos mucho que cambiar, pero tenemos un rol central, y tenemos que defender esta condición que tenemos porque somos actores claves no solo del presente sino del futuro”, dijo.
“La esencia de este seminario es precisamente fomentar al diálogo, encontrar posiciones consensuadas para fortalecer nuestra importancia como región. La agenda mundial requiere que la agricultura sea vista de una manera sistémica desde la producción al consumo. No puede haber una visión sistémica si no defendemos la centralidad de la ruralidad, donde se produce el 90% de los alimentos, en donde se define la calidad de la biodiversidad”, agregó.
A su turno, Pedro Martel, jefe de la División de Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Gestión de Riesgos de Desastres del BID, destacó que el 40% del PIB agropecuario de América Latina proviene de la actividad ganadera. “Se habla mucho de la parte agrícola y no mucho de la pecuaria. Debemos poner esto en términos económicos más allá de las exportaciones. Se habla más de la generación de divisas y menos de la generación de empleo. Es importante resaltar la importancia de la ruralidad y el bienestar de las poblaciones rurales. Otras de las cuestiones no menos importante es el cambio climático. Debemos reducir los daños ambientales. Otro de los puntos que me gustaría resaltar es el aumento de la productividad pecuaria y trabajar con respecto a la salud animal. Sin salud animal no habrá aumento de productividad”, puntualizó.
José Carlos Martín Camperchioli, presidente del Senacsa, destacó la importancia de la posición de la región y de su país como proveedores de alimentos y llamó a reforzar esa posición con prevención ante las nuevas amenazas. “Para el 2050 tenemos un desafío importante. La producción de alimentos tendrá que aumentar en un 60%. Paraguay tiene un potencial para ser actor clave en esa contribución. Hoy está produciendo para más de 80 millones de personas, 15 veces la población paraguaya”, indicó.
Fernando Vilella, secretario de Bioeconomía de Argentina, trazó un panorama sobre el futuro de la seguridad alimentaria, identificó tendencias en materia de desafíos por venir para la sanidad animal e incorporó al debate la visión de la bioeconomía como camino para la agregación de valor en la región.
«No hay fronteras para las enfermedades, lo que hay es la necesidad de realizar un discurso común y transformar nuestra realidad. Los sistemas agroalimentarios merecen una visión sistémica que trate de abarcar de una mejor manera la solución, el enfoque de bioeconomía, como nosotros lo entendemos, es un enfoque vinculado al desarrollo territorial que tiene en cuenta el ambiente y la población. Nosotros no somos el problema, somos la solución. La seguridad alimentaria necesita de nosotros y debemos ir juntos, por ello la necesidad de un discurso común”, enfatizó.
El viceministro de Extensión y Capacitación Agropecuaria de la República Dominicana, Darío Vargas Mena, describió el desafío de su país en el enfrentamiento a la peste porcina, describió las implicancias de la dramática situación de Haití, y destacó la importancia de la acción colectiva para robustecer la situación de la sanidad animal en los países.
“Somos un país pequeño y alimentamos a muchos. En mi país el comercio es lo que se destaca. Hay un desafío importante: adecuar la estructura de servicios. Se trata de adecuar los servicios de salud, de sanidad agropecuaria y de salud de los alimentos”, indicó.
Hugo Idoyaga, presidente de la OMSA, recordó en tanto que “el abordaje de estos temas requiere la colaboración global y ahondar esfuerzos entre todos los gobiernos, organismos internacionales y organismos científicos”.
En base a IICA con adaptaciones para Todo El Campo.
La ministra Arbeleche participo de la Asamblea del BID, donde Uruguay reafirmó el compromiso ambiental en su política económica.
Montevideo | Todo El Campo | La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, participó del panel “Impulsando la innovación financiera para enfrentar el cambio climático”, durante la 64ª Asamblea Anual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En esa instancia, destacó el impulso determinado por Uruguay para crear instrumentos financieros concretos que premien o castiguen el cumplimiento de metas ambientales definidas en el Acuerdo de París.
Junto con Arbeleche, participaron los ministros de Economía de Paraguay y Ecuador, Carlos Fernández y Juan Carlos Vega, respectivamente, y la directora jefa de la División del Sector Financiero de BID Invest, Marisela Alvarenga.
La ministra uruguaya destacó el compromiso del Gobierno uruguayo con el cuidado del ambiente y su internalización en la política económica. “Si como responsable de la política económica uno quiere más crecimiento y más empleo para su país, no tiene otra opción que incorporar lo ambiental en lo económico”, aseguró.
Durante el ejercicio de la presidencia del Comité de Desarrollo del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, Uruguay promovió el desarrollo de instrumentos financieros concretos para enfrentar el cambio climático, explicó. Los organismos ofrecen incentivos a aquellos países que establecen medidas concretas para el cumplimiento de determinadas metas.
Respecto a las acciones en Uruguay, recordó que en 2022 emitió un bono indexado a indicadores de sostenibilidad y cambio climático. Se seleccionaron dos indicadores de compromisos alcanzados en el Acuerdo de París vinculados a la reducción de gases de efecto invernadero y la conservación de los bosques nativos. En caso de cumplir con las metas, el país es premiado con una reducción en la tasa de interés, explicó.
La emisión de este bono evidencia el compromiso del Gobierno con el cuidado ambiental. La incorporación de estos indicadores en el instrumento permite que sean vinculantes, es decir, que haya una consecuencia financiera concreta por cumplirlos o no, enfatizó. Además, destacó el apoyo del BID y de Naciones Unidas para su elaboración.
Asimismo, informó que Uruguay participará de la implementación piloto del programa BID Clima, una nueva herramienta de financiamiento que recompensa a los países por alcanzar objetivos ambientales. En este caso, se premia el cumplimiento con una subvención del 5% del principal del préstamo. “Estamos preparados y listos para poder avanzar con este instrumento con el BID”, aseguró. (Información de Presidencia | Foto de portada de archivo).
Los 10 principales países exportadores de agroalimentos son Estados Unidos, Países Bajos (en gran medida reexportador), Brasil, Alemania, Francia, China, España, Canadá, Italia e Indonesia.
Montevideo | Todo El Campo | En 2021 el comercio agroalimentario global alcanzó 1,9 billones de dólares, con un crecimiento del 120% entre 1995 y 2021 y una participación del 7,5% en el total del comercio de bienes, en promedio, durante el período, según el documento “Oportunidades para promover el comercio agroalimentario intrarregional en América Latina y el Caribe” de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En ese mismo período, el volumen del comercio mundial se incrementó en un 180%, según datos de la Organización Mundial de Comercio (OMC).
Los 10 principales países exportadores de agroalimentos son Estados Unidos, Países Bajos (en gran medida reexportador), Brasil, Alemania, Francia, China, España, Canadá, Italia e Indonesia; y la participación de América Latina y el Caribe (ALC) en el comercio mundial de estos productos es de un 15,6% en el caso de las exportaciones y un 6,3% en el de las importaciones.
Agrega que “el 70% del comercio agroalimentario corresponde a productos procesados como carnes, grasas y aceites, vinos, preparaciones alimenticias diversas, quesos, entre otros”.
Más adelante señala que “el comercio mundial de productos agrícolas mostró ser resiliente a las perturbaciones causadas por la pandemia” en 2020. Desde la oferta eso se explica porque “la producción agroalimentaria se vio menos afectada que otras actividades por las medidas de aislamiento, en tanto que, desde el punto de vista de la demanda, existe una menor elasticidad ingreso en comparación con otros productos”, o sea que cuando se reduce el ingreso de la población, la cantidad demandada de alimentos disminuye en menor proporción que la de otros bienes que no son de primera necesidad.
Asimismo, la invasión a Ucrania por parte de Rusia “involucra a países relevantes en la provisión de productos agrícolas y generó disrupciones en la oferta a nivel global”.
“FACILITAR LA INTEGRACIÓN Y PROMOVER EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS MERCADOS AGRÍCOLAS”
En ese contexto, el documento citado subraya “la importancia de facilitar la integración y promover el buen funcionamiento de los mercados agrícolas”, porque “el comercio internacional basado en reglas es fundamental para el funcionamiento del sistema agroalimentario global porque incrementa la eficiencia y permite acceder a una mayor variedad de alimentos por un menor precio”.
Además, “en un contexto de volatilidad de precios, la apertura comercial puede contribuir a la estabilidad de precios, al mitigar shocks idiosincráticos”.
Más adelante el documento dice que “los costos del comercio bilateral en la agricultura corresponden principalmente a transporte (26% del total), donde influyen la distancia geográfica y la mediterraneidad”.
Se destaca que hay “deficiencias en la infraestructura física necesaria para garantizar la conectividad comercial internacional (puertos, sistemas ferroviarios internacionales, etc.)”, como también “una menor eficiencia de las instituciones reguladoras”.
A pesar del desarrollo del transporte, “la distancia geográfica tiene un rol relevante en los costos del comercio bilateral agroalimentario”.
ARANCELES Y MEDIDAS NO ARANCELARIAS.
Por otro lado, la FAO y el BID dicen que “los productos agrícolas y pesqueros enfrentan aranceles más elevados y presencia de medidas no arancelarias”, además de “otros estándares públicos y privados con mayor frecuencia que otros sectores.
Algunos de los sectores con mayores alícuotas son las bebidas, tabaco, carnes, lácteos, productos de la molinería, preparaciones de carne y pescado, preparaciones de cereales, hortalizas, frutas, entre otros.
Asimismo, en el sector agroalimentario “también existe una mayor incidencia de subvenciones a las exportaciones y ayudas internas que tienen efectos distorsivos sobre el mercado”. Las estimaciones de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), “a nivel mundial”, muestran que “las transferencias brutas de consumidores y contribuyentes a los productores agrícolas que surgen de las medidas de política representan, en promedio, un 18% del valor de la producción”.
REGIONALIZACIÓN DEL COMERCIO DE AGROALIMENTARIO.
El documento menciona “la regionalización del comercio agroalimentario”, un concepto que hace referencia a “la tendencia de los países a comerciar más dentro de una región que con países fuera de ella. Los países forman clusters comerciales -que pueden ser regionales o expandirse para incluir países extrarregionales- dentro de los cuales tienden a comerciar más”.
Esos clusters “se basan en la proximidad geográfica y la integración económica forjada por los acuerdos comerciales regionales. Los más relevantes son la Unión Europea”, ejemplifica entre otros casos, y agrega: “La excepción son los miembros del Mercosur, los cuales se diferencian de gran parte de sus vecinos”.
