La propuesta generó una contundente respuesta de la FR al considerar que recae exclusivamente sobre el sector primario, que ya sostiene gran parte de la carga tributaria nacional.
Montevideo | Todo El Campo | La Federación Rural respondió críticamente a la propuesta de Pedro Apezteguía publicada en La Diaria este miércoles 26 de agosto y que plantea crear un impuesto departamental del 2 a 2,5% sobre la enajenación de productos agropecuarios o minerales, calculado en base a precios internacionales. Según el autor de la propuesta, este mecanismo permitiría multiplicar por cuatro los fondos destinados a la caminería rural, pasando de US$ 40 millones anuales a unos US$ 160 millones.
El texto cuestiona la iniciativa por varias razones. En primer lugar, señala que el tributo no guarda relación con el hecho que pretende gravar: el desgaste de los caminos depende del peso por eje y no del valor de la carga. Así, se generarían distorsiones entre productores que usan más o menos la caminería departamental, sin que el impuesto refleje ese uso real. Además, se advierte que el hecho generador es idéntico al del Imeba, lo que implicaría duplicar un impuesto ya existente bajo otro nombre.
También se refuta la idea de que las intendencias no reciben aportes de la producción: se mencionan la Contribución Inmobiliaria Rural, patentes de rodados, guías de tránsito, el impuesto al 1% sobre semovientes y el Imesi del gasoil, entre otros. El problema, se afirma, no es de recursos sino de gestión, dado que las intendencias ya reciben fondos nacionales y créditos internacionales, pero gran parte del gasto se consume en retribuciones personales.
El texto considera inviable el fondo interdepartamental que requeriría unanimidad del Congreso de Intendentes, y critica que la propuesta focaliza la carga en el sector agropecuario, sin incluir a otros usuarios de la caminería. Se sugieren alternativas como mayor coparticipación constitucional o destinar parte del Imesi ya recaudado.
Finalmente responde a la fábula de Esopo usada por Apezteguía, recordando que el productor rural ya ha puesto “el hombro en la rueda” con inversiones y tributos múltiples. Antes de exigir US$ 160 millones adicionales, corresponde auditar y mejorar la gestión de los recursos existentes.
El siguiente es el artículo de la Federación Rural completo, respondiendo al Pedro Apezteguía.
IMPUESTO DEPARTAMENTAL A LA PRODUCCIÓN.
Federación Rural – Hemos tomado conocimiento de la columna de opinión publicada por el señor Pedro Apezteguía en la diaria (26 de agosto de 2026), titulada «Impuesto a las cargas que usan los caminos rurales departamentales: Dios ayuda al que se ayuda», y considera necesario expresar públicamente su desacuerdo con la propuesta que allí se formula.
Reconocemos la trayectoria del autor, quien se desempeñó como Director de Descentralización e Inversión Pública de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y condujo en su momento el Programa Nacional de Caminería Rural y las operaciones de crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo por trescientos millones de dólares destinadas a ese fin. Precisamente por ese antecedente, su diagnóstico técnico merece ser leído con atención — y también por eso, sus conclusiones deben ser discutidas con la misma seriedad.
La propuesta, en concreto, consiste en facultar a las intendencias a crear un impuesto departamental con una alícuota del 2 al 2,5%, aplicable por única vez en el ciclo a quienes enajenen productos agropecuarios o minerales con destino a acopio, industrialización o exportación, calculado sobre fictos de precios internacionales tomados de mercados como Chicago, San Pablo o el Banco Mundial. El autor estima que este mecanismo permitiría multiplicar por cuatro los fondos disponibles para caminería departamental, llevándolos desde los cuarenta millones de dólares anuales actuales a aproximadamente ciento sesenta millones.
Sobre una base agroindustrial que el propio autor estima en seis mil cuatrocientos millones de dólares, la cifra que efectivamente se detraería del sector productivo primario ronda los ciento treinta a ciento sesenta millones de dólares por año. No estamos, entonces, frente a un ajuste tributario menor. Estamos frente a la creación de un tributo específico y de gran magnitud sobre un único sector de la economía nacional.
Nuestro desacuerdo se funda en razones técnicas, económicas e institucionales que exponemos a continuación.
El instrumento propuesto no guarda relación con el hecho que pretende gravar. El propio autor dedica dos párrafos a explicar, con rigor ingenieril, que el daño a un camino no depende del valor de la carga sino del peso por eje, y que este daño crece a la potencia cuarta — de modo que duplicar la carga por eje multiplica por dieciséis el desgaste. La conclusión técnica es correcta. Sin embargo, la base imponible que se propone es ad valorem sobre precios internacionales de commodities, sin relación alguna con el peso por eje ni con los kilómetros efectivamente recorridos sobre caminería departamental. Un productor cuya producción sale íntegramente por ruta nacional pagaría exactamente lo mismo que otro con treinta kilómetros de camino departamental deteriorado; una hortaliza de bajo valor y alto volumen pagaría poco por un desgaste elevado; un grano de alto valor y transportado al máximo por eje pagaría mucho. El instrumento tributario propuesto es inconsistente con el diagnóstico físico que le da fundamento.
El hecho generador propuesto es, textualmente, el del Imeba. El Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios grava hoy exactamente eso: la venta de productos agropecuarios con destino a acopio, industrialización o exportación. Sumar un dos y medio por ciento adicional bajo otro nombre no crea un impuesto nuevo a la caminería: duplica el Imeba vigente y le cambia la denominación.
La afirmación de que las intendencias no reciben aportes de la producción es inexacta. La Contribución Inmobiliaria Rural grava el mismo padrón donde se produce y constituye, según el propio desglose del autor, el quince por ciento de los ingresos departamentales — una parte relevante corresponde al ámbito rural. A ello se suman las patentes de rodados de los vehículos afectados a la producción, las guías de propiedad y tránsito, el impuesto al uno por ciento sobre semovientes y el Imesi que cada camión paga al llenar su tanque de gasoil. El sector aporta ya, por múltiples vías, al sostenimiento de la infraestructura vial del país.
El diagnóstico de la caminería es de gestión, no de recursos. El autor reconoce que las intendencias reciben no menos de cuarenta millones de dólares anuales del gobierno nacional para caminería rural, además del Fondo de Desarrollo del Interior y de la línea de crédito del BID que él mismo negoció. Reconoce también que el cuarenta y seis por ciento del gasto departamental se consume en retribuciones personales. Antes de crear un impuesto de la magnitud propuesta, un debate republicano razonable exige mostrar auditoría de los recursos ya existentes, del rendimiento efectivo de la obra ejecutada y de la capacidad técnica real de las direcciones de vialidad departamentales para absorber una multiplicación por cuatro de su presupuesto de caminería.
El fondo interdepartamental propuesto es institucionalmente inviable. Requerir el acuerdo unánime del Congreso de Intendentes para la distribución de ciento sesenta millones de dólares anuales, entre diecinueve gobiernos de distintos signos políticos, escala y prioridades, equivale a establecer una regla de bloqueo. La historia reciente de las decisiones económicas del Congreso de Intendentes no autoriza optimismo al respecto.
No es descentralización tributaria; es focalización sectorial. La invocación al federalismo artiguista resulta atractiva, pero la propuesta no descentraliza: el peso íntegro de esa descentralización recae sobre un único sector. El comercio urbano departamental, la industria manufacturera, los servicios, el turismo — todos usuarios de la caminería departamental — no contribuirían al fondo. La descentralización tributaria, si se la considera necesaria, debe hacerse por vías que respeten el principio de generalidad: mayor coparticipación constitucional, afectación específica de una parte del Imesi-gasoil ya recaudado, fortalecimiento del destino afectado de la Contribución Inmobiliaria Rural. Todas ellas, alternativas que no crean un tributo nuevo sobre la producción primaria.
Merece, por último, una respuesta la fábula con la que se cierra la columna.
El autor recuerda a Esopo: el granjero cuya carreta se hunde en el barro llama a Hércules; Hércules le responde que ponga primero él mismo su hombro en la rueda. La moraleja — Dios ayuda al que se ayuda — se ofrece como justificación de la propuesta.
Nos permitimos devolver la fábula.
El granjero uruguayo tiene, desde hace décadas, el hombro puesto en la rueda. Ha llevado la producción de granos a multiplicarse por cinco en veinticinco años — dato que el propio autor destaca. Ha invertido en tecnología, genética, riego, sanidad, trazabilidad, silaje, mejora de suelos y sistemas de conservación. Genera cerca del ochenta por ciento de las exportaciones de bienes del país. Paga IRAE o ImebaA, IVA, aportes patronales, Contribución Inmobiliaria Rural, Impuesto al Patrimonio, ITP, patentes, guías y el Imesi del gasoil que consume cada uno de sus camiones. Y cuando el camino no está en condiciones, es él quien coordina cargas, prioriza embarques, escalona salidas y, cuando la Intendencia lo multa por circular sobre un balasto que no soportó la última lluvia, paga también la multa.
Hércules, en la fábula que efectivamente vive el productor rural, ha aparecido varias veces. Vino con el Fondo de Desarrollo del Interior. Vino con el Programa Nacional de Caminería Rural. Vino con la línea de trescientos millones de dólares del BID. La carreta, sin embargo, sigue hundida en el mismo tramo. No porque el granjero no empuje: porque la ayuda que llega se dispersa, se ejecuta con calidad insuficiente o se destina a rubros que no son la rueda hundida.
Antes de pedirle al productor que aporte ciento sesenta millones de dólares adicionales por año, corresponde preguntarse por qué los recursos que Hércules ya trajo no han rendido lo que debían. Esa es la pregunta que la moraleja del autor, si se aplica con honestidad, obliga a formular en primer término.
El sector agropecuario no rehúye la discusión sobre el financiamiento de la caminería rural. Al contrario: la considera una prioridad nacional. Pero la discusión seria no comienza creando un tributo nuevo sobre el eslabón productivo primario que ya sostiene la carga tributaria del país. Comienza auditando lo existente, corrigiendo lo que no funciona, respetando las especificaciones técnicas de la obra pública, y estableciendo reglas objetivas y previsibles de asignación y de restricción del tránsito.
Estamos disponibles para participar en esa discusión, con la seriedad que el tema exige.
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