Países de las Américas: las normas sobre residuos fitosanitarios no basadas en ciencia pueden afectar seguridad alimentaria global.
San José, Costa Rica | Todo El Campo | Altos representantes de países de las Américas, reunidos en la sede central del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), señalaron que las medidas que regulan el comercio internacional de alimentos deben ser transparentes y estar basadas en ciencia.
En consecuencia, expresaron su preocupación ante la propuesta de normativa en materia de límites máximos de residuos (LMR) para fitosanitarios actualmente en discusión en la Unión Europea (UE), ya que podría constituirse en una barrera de facto a las importaciones y limitar la contribución de la agricultura a la seguridad alimentaria global.
El tema fue debatido y consensuado por ministros y altos funcionarios de Agricultura de las naciones del continente en San José de Costa Rica, durante la reunión anual del Comité Ejecutivo del IICA, uno de los órganos de gobierno del organismo hemisférico.
La resolución aprobada plantea preocupaciones en relación con los enfoques regulatorios que establecen obstáculos innecesarios al comercio internacional de productos agroalimentarios, incluida la propuesta en discusión en la UE, y hace un llamado a fortalecer la cooperación internacional, la transparencia regulatoria y el diálogo técnico entre países y organismos internacionales. El texto indica que las Américas no se limitarán a acatar las medidas, sino que buscarán el diálogo y una solución.
Los países del continente reafirmaron la importancia del sistema multilateral de comercio basado en normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC). La resolución adoptada será comunicada a esa organización por el presidente del Comité Ejecutivo del IICA, Roberto Linares, ministro de Desarrollo Agropecuario de Panamá.
De ser aprobada la regulación, podría propiciar que los exportadores adapten sus estrategias de gestión de plagas a las decisiones de la UE. Los pequeños agricultores serían los más afectados, ya son los menos preparados para hacer frente a cambios rápidos en los insumos o a programas de gestión de plagas.
Entre los cultivos que corren un mayor riesgo se incluyen la banana, cítricos, mango, piña, pimiento, tomate, café, cacao y caña de azúcar. Además, podrían verse perjudicados los de soja, maíz y algodón, así como la carne.
Según el Servicio Agrícola Exterior del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, los productos que podrían verse afectados por el enfoque propuesto representan más de 5.400 millones de dólares en exportaciones anuales de ese país a la UE.
Recientemente, los ministros de Agricultura que integran el Consejo Agropecuario del Sur (CAS) también señalaron que las iniciativas regulatorias que discute la UE podrían afectar la previsibilidad del comercio internacional de alimentos, generar incertidumbre y debilitar la coherencia del sistema multilateral basado en reglas.
El CAS está integrado por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay y su secretaría técnica está a cargo del IICA.
RESTRICCIONES AL COMERCIO.
El tema fue introducido en la reunión del Comité Ejecutivo del IICA por la delegación de Paraguay.
“Nuestro país, como muchos otros del continente, produce para el mundo alimentos que cumplen los estándares multilaterales de calidad, sanidad e inocuidad. Sin embargo, nuestros productores deben enfrentar constantes barreras no arancelarias que afectan las exportaciones, Son justificadas con objetivos ambientales, sanitarios y fitosanitarios, pero en la mayoría de los casos restringen el comercio más de lo necesario y no están basadas en ciencia”, advirtió el embajador paraguayo en Costa Rica, Julio Duarte Van Humbeck.
“Preocupa que los argumentos políticos prevalezcan sobre los científicos. Esto debilita la previsibilidad, erosiona la confianza y tiene un potencial impacto negativo para las exportaciones de nuestro hemisferio, con graves implicancias económicas”, agregó.
La propuesta de Paraguay fue respaldada por el resto de los países, que coincidieron en que el uso responsable de plaguicidas constituye una herramienta básica y necesaria para hacer frente a plagas y enfermedades y así garantizar sistemas productivos eficientes y respaldados por la adopción de tecnologías y prácticas basadas en el conocimiento científico.
“Apoyamos en un 100% la resolución. No se trata de ser confrontativos. Si nuestros agricultores deben adaptarse a normas sin justificación científica, deberán afrontar mayores costos e incertidumbres. Este no es un debate abstracto”, dijo Michelle Bekkering, subsecretaria adjunta de Comercio y Asuntos Agrícolas Exteriores en el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México también manifestó su preocupación por la normativa en estudio y su potencial impacto. “Reconocemos el derecho de la Unión Europea a actualizar su normativa marco de protección fitosanitaria, siempre y cuando se atenga a evidencia científica”, afirmó Santiago Ruy Sánchez de Orellana, Coordinador de Asuntos Internacionales.
Cleber Soares, viceministro de Agricultura y Ganadería de Brasil, advirtió que los países de las Américas son soberanos y tienen sus propias legislaciones, que deben ser respetadas. “Es crucial –añadió- que cualquier medida sea basada en evidencia, como dijimos en la reciente reunión del CAS en Bolivia”. “Como muchos de los Estados Miembros del IICA, somos proveedores de alimentos a la UE y compartimos las preocupaciones. Esta normativa podría tener un efecto indeseable no solo en el comercio sino también en la seguridad alimentaria y en la adopción de innovaciones agrícolas por parte de los productores. Canadá agradece los esfuerzos del IICA para buscar consensos alrededor de reglas que sean coherentes con la establecido por la OMC y el Codex”, sostuvo Aleksandar Jotanovic, oficial de la División de Política Comercial del Ministerio de Agricultura y Agroindustria de Canadá. (IICA).
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