Además de las consideraciones políticas, que son tan valederas como las económicas y productivas, se debe analizar los argumentos de las instituciones agropecuarias.

Hébert Dell’Onte Larrosa | Montevideo | Todo El Campo | Cuando el cortejo fúnebre de José Mujica llegó a la sede del Movimiento de Participación Popular (MPP) en el centro de la ciudad, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, decidió convertir en momento en un acto político y con un enfervorizado discurso anunció que el Instituto Nacional de Colonización (INC) compraría un predio de 4.400 hectáreas en el departamento de Florida por un valor de US$ 32,5 millones.

Frente al cuerpo del líder, referente del MPP y del Frente Amplio, se alzaron aplausos y expresiones triunfantes de los presentes, entre los que se encontraba el presidente de Colonización, Eduardo Viera.

Al parecer, Sánchez quiso convertir ese momento en un soplo de fervor militante, como de reafirmación de ideas, algo así como “la lucha continúa”, todo de muy mal gusto, pero legítimo si los familiares directos y seres queridos del exmandatario lo permiten. Sin embargo, y este es el problema, el anuncio enfervorizado propio de un mitin político tiene un costo de US$ 32,5 millones para todo el país.

El momento y la forma fueron inoportunos, y seguramente con el paso de los días sus protagonistas reconocerán en su fueron interno -no públicamente, aunque sería muy noble que lo hicieran- que se equivocaron. Ese no era el lugar ni la forma.

Hasta el diario La R publicó que consultó a “varios ministros” y éstos “desconocían la compra”, y por tanto también ignoraban que “iba a ser anunciado el día del funeral de Mujica en la puerta del local del MPP”, escribió el director del citado medio, Juan C. Blanco. El periodista agregó: “Estaba parado a metros de Alejandro Sánchez cuando realizó el anuncio, cabe destacar que en el momento me produjo un ruido político comunicacional raro”.

Otro aspecto del debate es si la compra de ese campo es bueno o malo para el país y para Colonización. Voces políticas se han levantado cuestionando la transacción. La que más a sonado es la del senador Sebastián Da Silva que apunta directamente al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, a quien le reclama responsabilidad política. Ambas partes tendrán la oportunidad de explicar y argumentar en defensa de sus posiciones, y la sociedad tendrá los elementos para tomar posición.

Cabe señalar que el ministro Fratti se encuentra ahora en China participando, junto a los presidentes de INAC e INIA, de la feria SIAL China y manteniendo reuniones con actores relevantes del mercado de la carne de aquel país.

Asimismo, otra línea de debate es cómo se aprobó la compra del campo, porque la acción de Colonización responde a lo que entendieron y votaron sus cinco directores, algunos de ellos representantes de instituciones agropecuarias de presencia histórica en todo el territorio nacional, y en este punto surge una fisura importante con la posición de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) y de la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR). La primera contraria a la compra del campo y la segunda a favor, que además fue la que dio el voto favorable que inclinó la balanza para que el negocio se concretara.

ARU: “EN DETRIMENTO DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL PAÍS”.

ARU consideró que la compra del INC fue una acción que “va en detrimento del crecimiento económico del país”.

La institución argumento que de esa forma se “incrementa la carga sobre el Estado, generando mayores costos sociales, subsidios, déficit fiscal y presión impositiva, en lugar de atraer inversiones privadas y fomentar el desarrollo productivo”.

Colonización es “el mayor propietario de tierras del país” y “en los últimos años ha adoptado decisiones relevantes sin ofrecer fundamentos suficientes ni transparencia respecto a los criterios y mecanismos utilizados para la adquisición de tierras”, agrega la institución.

ARU asegura que valora y respalda “la función social que cumple el organismo”, asimismo, entiende que decisiones como la señalada “aleja de los objetivos estratégicos del Gobierno de atraer la inversión privada y fortalecer las finanzas públicas”.

ARU fue fundada en 1871, está integrada por productores y el objeto de su existencia es la defensa y el fomento de los intereses de la producción agraria e industrias complementarias y derivadas.

CNFR: “RESPALDAMOS EL VOTO EMITIDO POR LA DELEGADA POR LOS PRODUCTORES EN TAN IMPORTANTE DECISIÓN”.

El lunes 19 la CNFR hizo llegar a Todo El Campo un comunicado en el expresa “la importancia de las políticas de tierra que promuevan su función social y un desarrollo social con equilibrada distribución de la riqueza”.

Expresa su aspiración a que el INC “sea cada vez más eficiente, optimizando su desempeño para atender de mejor manera la demanda cada vez mayor por acceder a la tierra, en especial por parte de los jóvenes, y en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres”.

E ingresando en el tema de fondo manifiesta que la compra de “una fracción en Florida” es una “inversión” por la cual pasa “a la propiedad pública” y “queda como patrimonio de toda la sociedad”, como un paso más que “en ningún caso desestimulará la inversión privada en el mercado de tierras”.

“Desde CNFR respaldamos el voto emitido por la delegada por los productores en tan importante decisión”, subraya. “Aspiramos a que esta nueva colonia que se está creando genere bienestar y desarrollo; así se estará cumpliendo con el espíritu de la ley 11.029”, concluye en referencia a la norma legal que creó el INC.

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