Por Uruguay participó una delegación liderada por el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos.
Montevideo | Todo El Campo | En la Expo Palermo que se realizó en Argentina y finalizó el domingo pasado (28 de julio) se reunió el Consejo Agropecuario del Sur (CAS) que Uruguay integra junto a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Paraguay, oportunidad en que suscribieron una declaración en la que piden a la Comisión Europea postergar la implementación del Reglamento 1115/2023 de la Unión Europea que comenzará a regir el 30 de diciembre.
Por Uruguay participó una delegación liderada por el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos.
Uno de los temas centrales tratado por CAS fue la pronta puesta en funcionamiento del Reglamento 1115/2023 sobre deforestación que exige cadenas libres de deforestación para habilitar las exportaciones con ese destino.
Los firmantes aseguran en la región se adoptan buenas prácticas de producción agrícola y tecnologías para mejorar la producción agroindustrial.
Advirtieron que si el Reglamento 1115 entra en vigencia sin una discusión más amplia, puede impactar negativamente en el comercio agroalimentario y afectar particularmente a los pequeños y medianos productores de los países de la región.
INCREMENTO DEL PROTECCIONISMO.
Sergio Iraeta, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina y presidente pro tempore del CAS dijo que “el crecimiento de las regulaciones al comercio agroalimentario marca un incremento del proteccionismo. Son temas que trascienden las fronteras nacionales y requieren un abordaje regional. Estamos plenamente convencidos de que nuestros sistemas de producción están llamados a ser parte de la solución a los desafíos que enfrenta la humanidad”.
El ministro Fernando Mattos agregó que los países del CAS juegan un rol fundamental para el futuro de un mundo que busca asegurar la provisión de alimentos. “Los desafíos productivos dependen mucho de la investigación y la innovación y eso es lo que hay que poner en primer plano”, consideró.
En la declaración firmada por los ministros, estos advirtieron que la complejidad y los costos de los mecanismos del Reglamento sobre Deforestación podrían excluir a los pequeños productores de las cadenas de valor.
También señalaron que la clasificación de riesgo de deforestación y degradación forestal de países que prevé realizar la Comisión Europea podría ser incompatible con las obligaciones asumidas ante la Organización Mundial de Comercio (OMC).
Con datos del Ministerio de Ganadería de Argentina y comunicado de IICA.
Fernando Mattos: Cada vez se suman más certificaciones que distorsionan el mercado y encarecen la producción, pero nos piden precios barato.
Hébert Dell’Onte Larrosa | Montevideo | Todo El Campo | El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, criticó el exceso de reglamentaciones y certificaciones que se exige por parte de los destinos a los que Uruguay exporta y señaló que los países desarrollados deben solucionar sus emisiones que repercuten directamente en Uruguay.
Los planteamientos y las reflexiones del ministro fueron realizadas en el cierre del proyecto de cooperación “Certificación de productos agroexportables producidos bajo un manejo sostenible de los bosques nativos en Uruguay”, que tuvo lugar el martes 18 de junio.
“COMPLEJO CRUCE DE CAMINOS”.
En la oportunidad dijo que el mundo está hoy “en un cruce de caminos muy complejo”, porque hay una gran protección “por las guerras y la seguridad alimentaria”, y si además “vamos a estar introduciendo factores más distorsionantes, como procesos de certificación”, porque “ya tenemos la certificación sanitaria, la certificación religiosa, ahora la certificación ambiental, la certificación laboral, y vamos agregando costos mientras nos piden productos que cumplan con toDo esas condiciones y que sean baratos”.
“Es muy difícil poder llegar y alcanzar estas metas”, subrayó.
URUGUAY ES EJEMPLO EN CUIDADO AMBIENTAL.
Agregó que Uruguay “no le da la derecha a nadie porque hemos vivido, vivimos y viviremos de nuestros recursos naturales. No tenemos otro camino que las políticas de preservación y así lo demuestra nuestra legislación”.
Sin embargo, consideró que debe haber un “diálogo mucho más amplio respecto de los objetivos”, porque “si los países desarrollados no bajan sus emisiones, si no dejan de emitir las gigatoneladas de carbono atmosférico, que liberan anualmente, nosotros no dejaremos de tener esta situación de enorme vulnerabilidad” y que se ve en la historia reciente.
Recordó que “hace seis meses teníamos una emergencia agropecuaria por sequía y hoy estamos con emergencia agropecuaria por inundaciones”. Por otro lado, “ya se anuncia que en seis meses estaremos en sequía nuevamente. Ese es nuestro derrotero”.
“Siempre hay que celebrar que los países busquen a través del diálogo y el entendimiento, generando cooperación para resolver todas las desavenencias que se puedan generar, teniendo en cuenta que Uruguay y la Unión Europea tienen una larga tradición histórica y cultural”, reflexionó.
También se expresó en desacuerdo con el Reglamento 1.115/2023 de la Unión Europea que entrará a regir el próximo año y que exige demostrar que la producción de los países proveedores no proviene de actividades que impliquen deforestación.“Nos preocupa el Reglamento 1.115/2023, y no es novedad que nosotros no estamos de acuerdo con esa reglamentación”. No obstante, ese desacuerdo “no nos va inmovilizar, ni impedir atender los fundamentos que permitan que el comercio continúe fluyendo como socios comerciales que somos. Uruguay como país exportador debe ajustarse a las normas comerciales”.
El objetivo fue analizar la viabilidad y proponer un sistema de certificación pública para las cadenas productivas en relación a la conservación del bosque nativo.
Montevideo | Todo El Campo | El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) presentó los resultados del proyecto “Certificación de Productos Agroexportables en predios con Bosque Nativo”, evento realizado el día 18 de junio, y encabezado por el ministro Fernando Mattos, el subsecretario Ignacio Buffa, y el director general Forestal Carlos Faroppa. Estuvieron presentes Claudia Romano, gerenta de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI); Markus Handke, jefe de la Sección de Cooperación de la Delegación de la Unión Europea en Uruguay, y Rosa Oliva, Técnica Especialista del programa Al-Invest Verde.
El proyecto cuenta con el apoyo por el programa de la Unión Europea Al-Invest Verde y es ejecutado por el Centro de Investigaciones Aplicadas al Desarrollo Agroforestal (IDAF).
El objetivo fue analizar la viabilidad y proponer un sistema de certificación pública para las cadenas productivas en relación a la conservación del bosque nativo.
La Dirección General Forestal (DGF) del MGAP coordinó el proyecto con el apoyo de la AUCI, facilitando el cumplimiento del Reglamento UE 2023/1.115 sobre cadenas de suministro libres de deforestación y degradación forestal (EUDR).
RESULTADOS DEL PROYECTO.
Iniciado en abril de 2023, el proyecto comenzó con un diagnóstico de la zona litoral de Uruguay y una caracterización de las cadenas de valor productivas y de los actores potencialmente adherentes a un sistema de certificación. Se realizó un mapeo de experiencias de certificación de bosques en América Latina y la Unión Europea, relevantes para Uruguay.
En octubre de 2023, se organizaron talleres en Paysandú y Montevideo para recabar la visión de todas las partes implicadas, generando así una propuesta de sistema de certificación público que cumple con los requisitos del EUDR. Los resultados complementaron el diagnóstico inicial y se desarrolló una propuesta preliminar de un sistema de certificación de manejo de bosque nativo con esquemas de incentivos.
El proyecto incluyó experiencias piloto que resultaron en el primer embarque de chips de madera libres de deforestación desde Uruguay a Europa, seguido de un segundo envío a Estados Unidos para la fabricación de productos destinados a Europa.
El manejo sostenible de los bosques nativos promueve la preservación de los bosques y el desarrollo económico territorial. Este proyecto ha mejorado el conocimiento de procesos sostenibles y responsables, contribuyendo a la conservación del bosque nativo en Uruguay.
HOJA DE RUTA.
El MGAP está desarrollando una propuesta de política pública para apoyar al sector agroexportador, incluyendo una plataforma que proporcionará la información necesaria para cumplir con la normativa EUDR sin representar un costo elevado. La plataforma será única, universal y de acceso voluntario, integradora y adaptable en el tiempo, e interoperable con sistemas existentes como el Sistema Nacional de Información Ganadera (SNIG), el Sistema Nacional de Información Agropecuaria (SNIA), y el Sistema de Gestión de Bosques (SGB).
La plataforma ofrecerá dos productos fundamentales: un mapa de cambio de bosque nativo y la emisión de certificados que garanticen que los productos agroexportables provienen de predios libres de deforestación, disponibles en formato digital para ser compartidos con operadores europeos u otros agentes de las cadenas productivas.
Brasil aparece como principal importador de estas sustancias prohibidas. En la UE se teme el llamado “efecto boomerang”, ya que se consumen productos procedentes de importantes fuentes alimentarias que pueden contener sustancias peligrosas.
Montevideo | Todo El Campo | La Comisión Europea prometió, en 2020, prohibir el envío de productos tóxicos no permitidos en el bloque a otros países. Pero las exportaciones continúan.
Ya en 2018, Brasil apareció como el principal receptor de dichas sustancias, seguido de Ucrania y Marruecos.
En abril pasado, el estudio EU Pesticides Export Ban: ¿What Could Be the Consequences? (Prohibición de Exportación de Pesticidas de la UE: ¿cuáles podrían ser las consecuencias?), encontró que el 36% del volumen total de los pesticidas importados de la Unión Europea (UE) por Brasil son sustancias prohibidas para su uso en el bloque europeo, según los datos disponibles y más actualizados. En casos como Perú y México, el porcentaje superó el 50%.
La investigación, encargada por Pesticide Action Network (PAN-Europa, una coalición de asociaciones de la sociedad civil de varios países europeos), mostró que el 8,2% de las exportaciones de pesticidas de Alemania, en el año 2022, fueron sustancias prohibidas en la UE.
“COLONIALISMO QUÍMICO” Y EL TEMOR POR EL “EFECTO BOOMERANG”.
Otra investigación, realizada por la ONG Public Eye, con sede en Suiza, muestra que, en 2018, la UE exportó para uso agrícola un total de 81.615 toneladas de 41 pesticidas prohibidos. Entre los exportadores, Italia ocupó el primer lugar y Alemania, el segundo. Luego se ubicaron los Países Bajos, Francia, España y Bélgica.
Márcia Montanari, investigadora del Centro de Estudios Ambientales y de Salud del Trabajador, del Instituto de Salud Colectiva de la Universidad Federal de Mato Grosso (Neast/IST/UFMT), afirma que una encuesta reciente, con muestras de alimentos consumidos frecuentemente en Brasil, mostró la presencia de 40 sustancias peligrosas, 11 de las cuales están prohibidas en la UE.
“Europa sigue produciendo estos pesticidas y enriqueciéndose a costa de la salud de la población de los países más pobres”, afirma. Los expertos en la materia han acuñado el término “colonialismo químico” para describir este escenario. Actualmente, alrededor del30% de los pesticidas utilizados en Brasil no están permitidos en otros países, destaca Montanari.
En el bloque, se teme el llamado “efecto boomerang”, ya que se consumen productos procedentes de importantes fuentes alimentarias que pueden contener sustancias peligrosas. En el caso de las muestras de Neast, se encontraron pesticidas prohibidos en la UE en productos típicos, en materias primas brasileñas, como la soja.
“CONTAMINACIÓN MÚLTIPLE”.
Según Montanari, está en marcha un proceso de “contaminación múltiple”, en el que tanto el agua como los alimentos se ven fuertemente afectados por sustancias peligrosas. Además, otro efecto secundario se produce en los animales, con énfasis en las abejas, que tanto en Europa como en Brasil vienen sufriendo procesos de contaminación, que conducen a que se diezmen comunidades, lo que puede repercutir de diferentes maneras en los procesos de polinización.
Entre las muchas sustancias en circulación está el herbicida atrazina, que, según Montanari, “siempre se encuentra en las muestras”. El producto está relacionado con alteraciones endocrinas y neurológicas, además de enfermedades hepáticas. Sólo en 2019, Brasil importó 200 toneladas de este producto de la UE, donde está prohibido desde 2004, por su “extensa contaminación del agua”.
Otra importación notable fue el paraquat, un herbicida que recientemente fue prohibido en Brasil, pero que se permitió vender hasta que se agotaran las existencias en el país. El paraquat está asociado con enfermedades graves, como el parkinson y la fibrosis pulmonar.
El Atlas de Pesticidas de la Oficina Brasil de la Fundación Heinrich Böll –vinculada al partido alemán Los Verdes–, mostró, a partir de una revisión sistemática de análisis realizados y publicados en Brasil entre 2012 y 2019, que había 77 contaminantes diferentes en muestras de agua, incluidos los pesticidas. Se detectaron 21, entre ellos flutriafol, endosulfán alfa y beta, metolaclor y atrazina.
Los expertos coinciden en que, en los últimos años, sobre todo durante el Gobierno del expresidente Jair Bolsonaro, hubo una gran flexibilidad en cuanto a la autorización de sustancias potencialmente nocivas para la salud. El poder legislativo continuó aprobando nuevas propuestas, como el proyecto de ley, que pasó a ser conocido como «Veneno PL», sancionado en diciembre de 2023 por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Personal técnico de Servicios Ganaderos y la Dirección de Bioseguridad e Inocuidad participaron en un taller regional sobre el régimen de importación de la Unión Europea de alimentos de origen animal, llevado a cabo en Chile.
Montevideo | Todo El Campo | A partir de la reglamentación de la Unión Europea, las importaciones desde ese destino comienzan a ser observadas con otra mirada. La demanda complejiza sus exigencias y pretensiones, nadie está obligados a atenderlas, pero aquellos que no quieren perder un cliente tan importante deberán adaptarse. Para Uruguay, resignarse a no venderles, no es una opción válida.
La Unión Europea es el cuarto destino de nuestras ventas. En abril las colocaciones fueron por US$ 57 millones, por detrás de Brasil, China y Estados Unidos, un total que podría ser muy superior si al final saliera el tratado de libre comercio Mercosur-UE, pero ese ya es otro tema. Lo importante es lo que Uruguay vende y puede vender.
Además, por ser Uruguay un país exportador, que vive y funciona por sus exportaciones, debe considerar siempre a sus compradores, acompañando los cambios del mercado y estando siempre a la vanguardia con productos de calidad.
Partiendo de esas premisas, todas muy ciertas y necesarias, es que técnicos uruguayos participaron, en Chile, del taller regional sobre el régimen de importación de la Unión Europea respecto a los alimentos de origen animal.
El taller fue una actualización del marco legal europeo en materia de medidas sanitarias (SPS), sanidad animal, certificados de entrada a la UE, criterios microbiológicos, residuos de sustancias farmacológicamente activas, pesticidas y contaminantes en animales y productos de origen animal, planes de control de residuos y controles oficiales en puestos de control fronterizo de la UE.
Los participantes pertenecen a la Dirección General de Servicios Ganaderos (DGSG) y la Gerencia de Inocuidad de la Dirección General de Bioseguridad e Inocuidad Alimentaria (Digebra).
El objetivo del taller fue dar una visión general del sistema agroalimentario de la UE y su relación con el comercio global, con un enfoque particular en la capacitación de los asistentes sobre los puntos clave de los reglamentos en materia de sanidad, bienestar animal e inocuidad.
Específicamente, se orientó a brindar capacitación sobre los principales requisitos zoosanitarios y de inocuidad para exportar productos de origen animal a la UE; y sobre sus correspondientes controles oficiales en los Puestos de Control en Frontera (BCP), informó el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
Además, se llevaron a cabo ejercicios prácticos buscando apoyar a los participantes en comprender el marco legal de la UE en relación a las condiciones, habilitaciones y requisitos aplicables a los distintos productos de origen animal y países de América Latina.
Además de uruguayos, participaron representantes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay y Perú, así como representantes de los Servicios Oficiales de tres países de la UE.
