No se puede atender temas tan delicados y trascendentes como el ambiental sin la presencia activa y protagónica de quienes producen y son responsables de buena parte de la economía del país.
Hébert Dell’Onte Larrosa | Montevideo | Todo El Campo | ¿Qué tan lejos está la institucionalidad rural del Ministerio de Ambiente? La pregunta surge porque aparentemente hay una desconexión importante entre el medio amiente y la producción agropecuaria, sin embargo, ¿hasta qué punto eso es real y cuánto tiene de espejismo surgido por la falta de ámbitos de diálogo permanentes, formales y transparentes entre las partes?
Uruguay es un país agropecuario. Por economía, cultura e identidad, estamos unidos a la producción agropecuaria y esa es una realidad innegable. A nadie en su sano juicio se le puede ocurrir cambiar esa matriz, que sería dejar de ser lo que somos, lo que nos ha dado un lugar en el mundo y prescindir aquello por el cual el mundo nos conoce y valora.
Partiendo de esa premisa incambiable de “Uruguay, país agropecuario”, el desafío es cómo coordinar esa característica con uno de los mayores retos globales: el cuidado del medio ambiente.
Sabemos que el mundo se ha impuesto trabajar en la reducción de emisiones y corregir los altos índices de contaminación humana que se dan en todos los sitios del mundo a los que el ser humano ha tenido acceso. En ese contexto y con una visión equivocada muchos entienden la producción agropecuaria como un serio problema, pero las investigaciones científicas y alejadas de toda acción publicitaria han demostrado que el campo no solo es clave por producir alimentos, sino porque es de las actividades que menor contamina, y además controla sus propias emisiones. En Uruguay hay destacados científicos capaz de exponer claramente sobre esos temas y con absoluta claridad tirar por tierra los prejuicios que se repiten sin sustento.
A tal punto eso es así que ninguna actividad económica del país tiene la importancia de la agropecuaria y además ayuda al cumplimiento de las metas ambientales, y con el avance de las investigaciones esos objetivos se van alcanzando y cumpliendo de forma cada vez más contundente.
Llegados a este punto vamos a lo del título: ¿por qué la institucionalidad rural, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca no han conformado una mesa de trabajo o un convenio marco de cooperación con el objetivo de promover acciones que beneficien al sector productivo y el cuidado del ambiente, a la vez?
En Uruguay no hay sector que cuide el medio ambiente más que el rural, y eso ocurre por la básica razón de que el productor necesita de un ambiente sano para lograr los mejores resultados. Cuidar un bien prestado y finito como es el de la naturaleza es clave y el hombre de campo lo sabe, y lo asume cada vez más.
Es verdad que el MA y el MGAP han firmado convenios específicos para coordinar políticas de desarrollo productivo sostenible. Por ejemplo, en 2021, ambos ministerios firmaron acuerdos para promover un desarrollo productivo sostenible en el sector agropecuario; y en 2024 se lanzó el proyecto Ganadería Sostenible Uruguay, financiado por la Unión Europea (a través de Euroclima), y liderado por el MA y MGAP.
Seguramente hay otras iniciativas, pero ¿cuál es el rol que cumple la institucionalidad rural no gubernamental? No se puede atender temas tan delicados y trascendentes como el ambiental sin la presencia activa y protagónica de quienes producen y son responsable de buena parte de la economía del país.
No está clara la integración de instituciones como la Federación Rural (FR), la Asociación Rural del Uruguay (ARU) o Cooperativas Agrarias Federadas (CAF), entre otras, a pesar de que todas ellas han abordado en distintas instancias la importancia de los temas ambientales.
Lo que planteo no es un invento sin sustento. Hace un año (setiembre de 2024) y aquí cerca, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) de Paraguay y la Asociación Rural de Paraguay (ARP) firmaron un convenio de cooperación con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto, promoviendo acciones que beneficien al sector productivo y al cuidado del ambiente a la vez.
Los puntos fundamentales del acuerdo Mades-ARP pasan por la promoción de prácticas agrícolas sostenibles, la protección de los recursos naturales y la implementación de programas educativos para las comunidades locales. Todos objetivos aplicables a Uruguay, aunque podrían adaptarse o agregarse otros según nuestra idiosincrasia. Se busca así no solo el bienestar ambiental, sino también el desarrollo económico y social de las regiones rurales del país, dice la información oficial paraguaya al respecto.
El cuidado ambiental no es solo responsabilidad del Estado, del MA ni del MGAP, fundamentalmente es responsabilidad de los ciudadanos, de la sociedad, y por eso el clave que se integre a la institucionalidad rural.
Solo hay que tener voluntad política, animarse a dar el primer paso, una llamada telefónica, un mensaje de WhatsApp desde alguno de los ministerios y poner fecha de encuentro, para comenzar a dialogar. Casualmente y por fortuna para Uruguay, el mejor aliado del cuidado ambiental es el principal motor económico del país: el agro. Ojalá nuestros gobernantes puedan verlo con claridad.
El bloque se toma muy en serio el cuidado ambiental. El resto del mundo debería observar con atención, no sería de extrañar que incrementen sus exigencias a los países proveedores.
Montevideo | Todo El Campo | La Unión Europea se toma muy en serio el cuidado ambiental. No es un lobby, no es moda, es una actitud frente a un problema que los preocupa. Eso se desprende si se analiza la normativa que rige al bloque y por donde va avanzando. El resto del mundo debería observar con atención, no seria de extrañar que incrementen sus exigencias a los países proveedores de cualquier tipo de producto.
Cuidar la forestación, la cuidan, lo sabemos, o al menos lo exigen a países como Uruguay a los que obligan a cumplir con detalladas exigencias al respecto. También, en nombre del cuidado ambiental, llevan adelante polémicas medidas que afectan la producción agropecuaria. Y ahora en 2030, en apenas cinco años, los propios europeos no podrán vender ni alquilar sus viviendas si no cumplen con determinados requisitos, que en el caso de España, por ejemplo, no son cumplidas por el 80% de los hogares, y seguramente el porcentaje se mantenga en muchos países del bloque.
Así es: a partir de 2030 ningún propietario podrá poner su casa en alquiler o a la venta si viola los requisitos de eficiencia energética que ha establecido Bruselas.
Para cumplir con los objetivos climáticos, a partir de 2030 Europa no permitirá poner a la venta ni en alquiler las viviendas que tengan un Certificado de Eficiencia Energética (CEE) inferior a la letra E, y en 2033 a la D. La eficiencia energética más eficiente es la catalogada con la letra A; y la menos eficiente con la G.
Desde ahora, los propietarios tienen cinco años para adecuar sus inmuebles si quieren hacer negocios con ellos.
Quienes no planeen vender ni alquilar, deberán hacerlo igual, ya que el inmueble algún día será comercializado, si no es por los actuales propietarios, por sus hijos.
La CEE depende de varios parámetros de medición en los que se incluyen los materiales de construcción, la orientación de los edificios, el aislamiento de la fachada, la antigüedad del inmueble, el tipo de ventanas, entre otros.
Foto de alquiler de apartamento en España | Emisora Onda Cero.
Es el país que más contamina en el mundo, superando por varios puntos a Estados Unidos que está en segundo lugar. Pero por la necesidad de conseguir y mantener inversiones, hay un cambio de paradigma que no se puede ignorar.
Hébert Dell’Onte Larrosa | Montevideo | Todo El Campo | En 2023 China vivió el año más caluroso del que se posee registros, según información científica oficial difundida en enero de 2024. Cabe agregar que medido planetariamente, el año pasado fue el más caluroso, con olas de calor que resultaron fatales para personas y animales por las temperaturas récord que se alcanzaron, además del calor oceánico sin precedentes.
Por otra parte, China es el país que más contamina en el mundo, y existe la idea de que poco le interesa el cuidado medioambiental.
Anualmente, todos los países del mundo liberan a la atmósfera casi 40 millones de toneladas de CO2, el principal impulsor del cambio climático. La mayoría de ese contaminante se genera en los combustibles fósiles, la energía no renovable y actividades contaminantes. Pero no todos los países tienen la misma responsabilidad.
En 2020 la Organización Meteorológica Mundial (OMM) informó que China genera el 31% de todas las emisiones globales, el segundo es Estados Unidos (14%), tercero India (responsable del 7%), y cuarto Rusia (casi 5%).
Actualmente, y como consecuencia del cambio climático, China está sufriendo ahora inundaciones masivas en Cantón. Las autoridades declararon alerta máxima por subas del registro del nivel del agua a niveles máximos. Cantón es la provincia más poblada de China y está ubicada al sur del país limitando con Hong Kong y Macao.
CHINA VERDE Y AMBIENTALMENTE RESPONSABLE.
Pero eso está comenzando a cambiar. Un informe de PwC asegura que ese “China quiere producir con criterios más sostenibles para acercarse a Europa y no perder inversiones extranjeras”. La razón es simple y universal: “La sostenibilidad es uno de los grandes desafíos del mundo de los negocios. La creciente importancia de los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) obliga a las empresas a reconsiderar sus estrategias. Esta corriente en favor de la producción sostenible empieza a llegar hasta el gigante asiático de China, en otros tiempos tan opuesto a controlar cómo elaboraba bienes y servicios”.
PwC aseguró que son “muchas las empresas” que están volviendo a Europa por la “ventaja europea” en materia ambiental. China quiere frenar esa corrida.
Con ese objetivo, el país quiere seguir siendo líder en paneles solares y vehículos eléctricos. En 2023 produjo más vehículos eléctricos que cualquier otro país en el mundo, e instaló más paneles solares.
En materia alimenticia, se están promoviendo la producción de leche a pasto y aumentan los productos orgánicos certificados, según informan medios internacionales. El dato no es menor.
El mundo ya tomó nota de ese cambio en el país asiático. La Unión Europea y Estados Unidos observan con desconfianza por cómo puede afectar sus economías y temen una competencia desleal en un sector tan sensible como las energías y la producción limpias.
La norma N° 1.115 la Unión Europea es una forma de aplicar barreras comerciales a los productos agrícolas.
Asunción, Paraguay | UGP | Todo El Campo | En el marco de la 13° Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), 60 países, encabezados por Paraguay, presentaron un manifiesto que recuerda la necesidad de ampliar los accesos a mercados y de reducir posibles distorsiones en relación al comercio agrícola, así como las medidas ambientales unilaterales.
El ingeniero Santiago Bertoni, exministro de Agricultura y Ganadería paraguayo, se refirió al respecto y explicó que la norma N° 1.115 de la Unión Europea se trata de una forma de aplicar barreras comerciales a los productos agrícolas, y que la demanda paraguaya será analizada en un panel del organismo que es como se llama a los juicios de la OMC para ver quién tiene la razón.
“Tiene como eje temas de deforestación, pero trata 11 condicionantes más que ponen toda la carga sobre el sector privado. Principalmente es difícil segregar la producción porque la logística, la infraestructura no está diseñada para eso, y eso no está diseñado en Paraguay y tampoco en países como Estados Unidos con quienes ya hemos tenido también entrevistas para ver cómo van a manejar esta normativa”, expresó a Agropecuaria y Negocios.
DESAFÍOS LOCALES.
Bertoni explica que algunos de los principales desafíos residen en que muchos productores agropecuarios tienen dificultades con el título de sus propiedades, situación que podrían quizá salvar porque no son ocupantes ilegales, tienen alguna autorización, derecho o documento previo al título emitido por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), pero son procesos.
Por otro lado, la norma también pide el polígono de donde se produjo ese producto que va a ser introducido a la UE. Lo que también es una dificultad. Además, por ejemplo en el caso de la soja, aquella que sí tenga el documento de diligencia debida, tiene que ir separada de la soja que por algún motivo no pueda cumplir con todos éstos documentos, entonces eso crea un problema, porque no existe la logística ni infraestructura.
Para Paraguay, que es un país sin litoral marítimo, la producción tiene que mezclarse con los vecinos que sí tienen litoral para poder exportar.
Referente a la visita del comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevičius, manifestó que es una oportunidad para conocer datos importantes para combatir el desconocimiento en relación al trabajo que realiza Paraguay.
Artículo de UGP, la Unión de Gremios de la Producción.
La ministra Arbeleche participo de la Asamblea del BID, donde Uruguay reafirmó el compromiso ambiental en su política económica.
Montevideo | Todo El Campo | La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, participó del panel “Impulsando la innovación financiera para enfrentar el cambio climático”, durante la 64ª Asamblea Anual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En esa instancia, destacó el impulso determinado por Uruguay para crear instrumentos financieros concretos que premien o castiguen el cumplimiento de metas ambientales definidas en el Acuerdo de París.
Junto con Arbeleche, participaron los ministros de Economía de Paraguay y Ecuador, Carlos Fernández y Juan Carlos Vega, respectivamente, y la directora jefa de la División del Sector Financiero de BID Invest, Marisela Alvarenga.
La ministra uruguaya destacó el compromiso del Gobierno uruguayo con el cuidado del ambiente y su internalización en la política económica. “Si como responsable de la política económica uno quiere más crecimiento y más empleo para su país, no tiene otra opción que incorporar lo ambiental en lo económico”, aseguró.
Durante el ejercicio de la presidencia del Comité de Desarrollo del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, Uruguay promovió el desarrollo de instrumentos financieros concretos para enfrentar el cambio climático, explicó. Los organismos ofrecen incentivos a aquellos países que establecen medidas concretas para el cumplimiento de determinadas metas.
Respecto a las acciones en Uruguay, recordó que en 2022 emitió un bono indexado a indicadores de sostenibilidad y cambio climático. Se seleccionaron dos indicadores de compromisos alcanzados en el Acuerdo de París vinculados a la reducción de gases de efecto invernadero y la conservación de los bosques nativos. En caso de cumplir con las metas, el país es premiado con una reducción en la tasa de interés, explicó.
La emisión de este bono evidencia el compromiso del Gobierno con el cuidado ambiental. La incorporación de estos indicadores en el instrumento permite que sean vinculantes, es decir, que haya una consecuencia financiera concreta por cumplirlos o no, enfatizó. Además, destacó el apoyo del BID y de Naciones Unidas para su elaboración.
Asimismo, informó que Uruguay participará de la implementación piloto del programa BID Clima, una nueva herramienta de financiamiento que recompensa a los países por alcanzar objetivos ambientales. En este caso, se premia el cumplimiento con una subvención del 5% del principal del préstamo. “Estamos preparados y listos para poder avanzar con este instrumento con el BID”, aseguró. (Información de Presidencia | Foto de portada de archivo).
