La Asamblea General mantuvo el veto al proyecto de ley forestal.

La Asamblea General mantuvo el veto al proyecto de ley forestal.

La Asamblea General se reunió de forma extraordinaria, levantando el receso iniciado pocos días antes.

El miércoles 29 de diciembre se reunió la Asamblea General para tratar el veto del Poder Ejecutivo al proyecto de ley referido a la actividad forestal. La iniciativa de Cabildo Abierto fue aprobada en las Cámaras de Diputados y el Senado con votos cabildantes y del Frente Amplio, y en la jornada de ayer no logró la mayoría calificada para levantar el veto.

La Asamblea General se reunió de forma extraordinaria, levantando el receso iniciado pocos días antes.

El artículo 137 y siguientes de la Constitución de la República confieren al Poder Ejecutivo la potestad de vetar los proyectos de ley que se voten en el Parlamento, luego la Asamblea General debe confirmar el veto o levantarlo con mayorías especiales, que en esta oportunidad no se lograron.

Hicieron uso de la palabra en los legisladores: Alfredo Fratti (FA), Juan Moreno (PC), Nelson Larzábal (FA), Guillermo Domenech (CA), Iván Posadas (PI), César Vega (Peri), Daniel Peña (PG), Ubaldo Aíta (FA), Sebastián Da Silva (PN), Óscar Andrade (FA), Andrés Cianciarullo (PC), Alejandro Sánchez (FA), Rafael Menéndez (CA) y Sergio Bottana (PN).

El resultado de la votación fue: Legisladores de la Cámara de Senadores 15 votos afirmativos (a favor de levantar el veto) y 16 votos negativos. Legisladores de la Cámara de Representantes 44 votos afirmativos y 53 votos negativos. En conclusión, la Asamblea General no alcanzó la mayoría calificada requerida por el artículo 138 de la Constitución para levantar el veto interpuesto por el Poder Ejecutivo.

Si el Senado vota el proyecto sobre forestación, el Ejecutivo va a vetar.

Si el Senado vota el proyecto sobre forestación, el Ejecutivo va a vetar.

El presidente dijo que el Poder Ejecutivo elaboró “un decreto que llevó mucho tiempo zurcir por las tensiones que eventualmente pueden surgir entre los ministerios de Ambiente y de Ganadería respecto al sector forestal, y estamos muy conformes con esa reglamentación”.

Hébert Dell’Onte | En la tarde ayer, en conferencia de prensa a su regreso del viaje a Catar, el presidente Luis Lacalle fue preguntado sobre la muy probable votación a favor de del proyecto de ley que regula la forestación. “Si se vota el proyecto de ley el Ejecutivo va a vetar”, respondió el mandatario. El texto en consideración es impulsado por Cabildo Abierto y cuenta con el apoyo del Frente Amplio.

Lacalle explicó que los cinco partidos que conforman la coalición de Gobierno (Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido Independiente y Partido de la Gente) conformaron “el documento ‘Compromiso por el país’ que nos compromete a todos, entre nosotros y con la opinión pública. Todo lo que está por fuera de ese acuerdo no tiene un compromiso recíproco entre los distintos partidos”.

Agregó que el proyecto en cuestión fue presentado por Cabildo Abierto (su autor es el diputado Rafael Menéndez) y ese partido “está en todo su derecho”, pero “está por fuera de ‘Compromiso por el país’, con lo cual quien habla se ve liberado a actuar según su propia concepción”.

Por tanto, “si se vota el proyecto de ley el Ejecutivo lo va a vetar”, enfatizó.

Lacalle dijo que el Poder Ejecutivo elaboró “un decreto que llevó mucho tiempo zurcir por las tensiones que eventualmente pueden surgir entre los ministerios de Ambiente y de Ganadería respecto al sector forestal, y estamos muy conformes con esa reglamentación”.

DOMENECH – GANDINI, DOS VISIONES.

El senador Guillermo Domench (Cabildo Abierto) dijo que si el presidente veta el proyecto de ley, “sería un desaire y una grave discordancia con un socio de la coalición”.

En una visión diferente, el senador Jorge Gandini (Partido Nacional) comentó que el hecho “no influye el funcionamiento de la coalición”.

Pablo Ferreri (FA): El proyecto de ley forestal es “perjudicial para los intereses del país”.

Pablo Ferreri (FA): El proyecto de ley forestal es “perjudicial para los intereses del país”.

Pablo Ferreri, figura destacada en los gobiernos de José Mujica y Tabaré Vázquez, considera que “sería perjudicial para los intereses del país avanzar en este proyecto de ley ( de Cabildo Abierto) tal como está”.

Hébert Dell’Onte | Si bien en política nunca está todo dicho hasta que las cosas efectivamente suceden, al momento parece una realidad próxima que Cabildo Abierto y el Frente Amplio apoyarán en el Senado el proyecto de ley sobre la forestación que tiene media sanción en la Cámara de Diputados. La votación sería sin modificaciones y contra la opinión de los ministerios involucrados que son el de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y el de Ambiente (MA).

La posición de Cabildo Abierto es clara y en ese partido hay una contundente unidad en el apoyo a la iniciativa del diputado Rafael Menéndez, autor del texto en debate. En el Frente Amplio, donde está el otro apoyo parlamentario, la realidad tiene matices, con actores que piensan que no es correcto apoyar el proyecto.

En marzo de este año, en un artículo periodístico, Pablo Ferreri expuso sus objeciones sobre el proyecto de ley. Desde entonces pasaron 9 meses, tiempo suficiente como para que pudiera haber un cambio de opinión a la luz del debate que se ha desarrollado, pero este martes 14 de diciembre el exdirector de la Dirección General de Rentas (2010 a 2015) y exviceministro de Economía (2015 a 2020) del Frente Amplio volvió a expresar su discrepancia: “Con respecto al proyecto de ley de Cabildo Abierto sobre forestación (…) no es un proyecto conveniente” escribió en sus redes sociales y compartió el link de un artículo que publicó en Montevideo Portal cuando se dio el debate por parte de los diputados.

EL ARTÍCULO DE FERRERI.

Ferreri no ocupa ningún cargo electo en el Frente Amplio pero debemos pensar que es una voz autorizada dado los cargos relevantes que ocupó entre 2010 y 2020 durante los gobiernos de José Mujica y Tabaré Vázquez. Y lo más importante es que asume su posición y expone sus argumentos con objetividad.

En la primera parte del artículo titulado “Las políticas de Estado y el bienestar de los uruguayos”, Ferreri destaca la importancia de lograr consensos en algunos temas y el de la forestación es uno de ellos; luego aporta información objetiva sobre el peso que tiene en la economía del país como generadora de ingresos y de fuentes laborales.

NECESITAMOS CONSENSOS Y POLÍTICAS DE ESTADO.

“El desarrollo del sector forestal ha sido una política de Estado, la construcción de las mismas siempre es algo deseable cuando se trata de los principales desafíos de una Nación”, escribió el referente del Frente Amplio.

No es fácil encontrar esos consensos pero “nuestro país ofrece ejemplos, como la promoción de le educación pública desde el siglo XIX, la construcción de un estado de bienestar en términos relativos más potente que en el resto de América Latina desde inicios del siglo XX, o más cercano en el tiempo, la alfabetización digital y la política antitabaco desarrolladas por Tabaré Vázquez”, menciona.

“En materia económica también hay lineamientos que se transformaron en políticas de Estado con resultados positivos”, agrega, y señala la industria del software, la ley de puertos, la trazabilidad de la carne promovida por Jorge Batlle y concretada en los gobiernos del Frente Amplio. “El actual Gobierno continúa y potencia los estímulos otorgados en el período pasado a la industria audiovisual”, esos “son todos buenos ejemplos”.

LA IMPORTANCIA DE LA CADENA FORESTAL.

En un capítulo aparte se ocupa de la forestación otro ejemplo de políticas de Estado: “El valor bruto de la producción forestal es de US$ 2.300 millones” y “si incluimos impactos indirectos e inducidos, el sector contribuye con más de US$ 2.100 millones de valor agregado, lo que equivale a casi 4% del PBI”.

Todo esto “significa trabajo, oportunidades laborales para muchos uruguayos, que es al final del día lo más importante: hay 18.000 puestos de trabajo asociados al complejo forestal de forma directa, y si incluimos los impactos indirectos e inducidos, el sector da soporte a más de 25.000 empleos en la economía”, detalla Ferreri.

Por otra parte escribió: “Con la tercera planta de celulosa operativa, los impactos de la cadena forestal aumentarán: la contribución al PBI alcanzaría a casi 6% y el sector daría unos 30.000 empleos. A partir de 2024 la celulosa será el principal rubro de exportación de Uruguay, con exportaciones totales por unos US$ 2.900 millones”.

La forestación es “una acertada política de Estado” porque sus resultados “han sido beneficiosos para el país, todos los gobiernos que pasaron desde 1987 cuando se promulgó la ley, han jugado un importante papel en sostener e impulsar esta política”.

Sin embargo, Cabildo Abierto “argumenta que el desarrollo de la actividad forestal debe ser limitado” y “así lo establece en la exposición de motivos” y “no hay evidencia empírica de que esta actividad haya generado un deterioro ambiental al crecer la superficie plantada, ni que la misma consuma recursos hídricos necesarios para otras actividades agropecuarias”, reflexiona Ferreri.

“Tampoco estamos en la actualidad frente a un crecimiento exponencial del área forestal, se pasó de unas 50.000 hectáreas a principios de los ´90 a un entorno de un millón de hectáreas forestadas en 2008. Desde entonces, el crecimiento ha sido moderado, siendo el área forestada actual de 1,1 millones de hectáreas, un 7% de la superficie agropecuaria total, lo cual no parece ser excesivo si lo comparamos con países de referencia como por ejemplo Nueva Zelanda”.

A su vez considera que los diversos rubros agropecuarios no compiten entre sí, sino que se complementan “y son los propios productores agropecuarios los que eligen el mejor mix para su ecuación”.

Por lo tanto, “la argumentación para alterar una política de estado que lleva tres décadas no luce lo suficientemente sólida”, y en consecuencia “sería perjudicial para los intereses del país avanzar en este proyecto de ley tal como está”.

Lo que tenemos en puerta, con la aprobación de el proyecto de ley son “señales que afectan activos intangibles como la certeza, la previsibilidad y el respeto de las reglas de juego, no inspiran confianza y al final del día eso lo paga la gente. Lo pagan los trabajadores”, concluye.

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