La medida oficial llega tras semanas de tensión en la frontera, donde los operadores advierten efectos negativos en la actividad y cuestionan la efectividad del esquema vigente.
Montevideo | Todo El Campo | El Imesi vuelve al 32% por ciento para frenar el desvío de consumo hacia Argentina. La decisión responde a los reclamos sostenidos por comerciantes, estacioneros y autoridades de los departamentos de Salto, Paysandú y Río Negro, informó Surtidores, publicación especializada en estaciones de servicio.
El Ministerio de Economía y Finanzas resolvió restablecer el valor del descuento del Impuesto Específico Interno aplicado a los combustibles que se comercializan en las Estaciones de Servicio ubicadas en la frontera con Argentina. De esta manera, a partir del febrero, el Imesi volverá a ser del 32%, luego de haber sido reducido al 28%.
La decisión fue confirmada por el titular del MEF, ministro Gabriel Oddone, al intendente de Salto, Carlos Albisu, y responde a los reclamos sostenidos por comerciantes, estacioneros y autoridades de los departamentos de Salto, Paysandú y Río Negro, quienes advirtieron un impacto directo en la actividad económica local.
UNA SEÑAL PARA LAS ESTACIONES DEL LITORAL.
Desde el sector, la reducción del descuento fue interpretada como una señal negativa, ya que volvió a colocar a los estacioneros argentinos en una posición de ventaja, incentivando el cruce de consumidores uruguayos para cargar combustible del otro lado de la frontera.
El problema se vio agravado por la debilidad del dólar en Uruguay, que en menos de un mes acumula una depreciación del entorno del 3,5%, ampliando la brecha cambiaria con Argentina y profundizando el desvío de consumo.
CAÍDA DE VENTAS Y PÉRDIDA DE RENTABILIDAD.
En este sentido, Surtidores consultó el panorama a un propietario de una sucursal ANCAP del departamento de Salto, quien confirmó que la reducción del beneficio impositivo tuvo efectos inmediatos en la operativa diaria. “La gente de la zona cruza para el lado de Concordia. Ahí es cuando hacen la diferencia”, explicó.
Según relató, los estacioneros de la zona sienten descontento por la falta de comunicación y claridad de esta situación. “Siempre somos los últimos en enterarnos. Nos enteramos por los diarios”, señaló, reflejando el malestar de los operadores.
En términos de ventas, el impacto fue significativo: “Se notó claramente. Estamos hablando que el mes pasado vendimos alrededor de un 20% menos”.
Al preguntarle sobre la rentabilidad de las estaciones, fue categórico: “Claro que afecta. Todo esto impacta directamente en la estación”, finalizó.
EL RECLAMO POLÍTICO Y EL FACTOR SIMBÓLICO.
A comienzos de enero, tras conocerse la reducción del descuento, el intendente de Río Negro, Guillermo Levratto, fue uno de los primeros en manifestar públicamente su preocupación, al señalar que la medida tomó “por sorpresa” al litoral. “Se trata de una población que intenta salir de una crisis económica local, luego del fuerte desvío de consumo que se vivió en 2023, y este tipo de decisiones no se reciben de la mejor manera”, advirtió.
Asimismo, desde el sector sostienen que el escenario sigue siendo frágil y que las decisiones impositivas y cambiarias continúan siendo determinantes para la sustentabilidad de la actividad en las zonas de frontera.
¿Estamos ante un caso de negligencia en el cumplimiento de algunos de los “cometidos sustantivos” de Ursea?
Hébert Dell’Onte Larrosa | Montevideo | Todo El Campo | ¿Por qué en muchos lugares del interior los habitantes están obligados a pagar por el combustible más de lo que indica el precio oficial?
Lo que planteo como una pregunta, el técnico agropecuario José Matonte lo expuso a través de un hilo publicado en su cuenta X (ex Twitter) @LuisMatonte
Es que efectivamente así sucede: “En muchos lugares del interior del país, los habitantes están obligados a comprar combustible en el mercado informal, pagando precios mucho más altos que los fijados oficialmente como precios máximos”.
TRES EJEMPLOS, “PERO HAY MUCHOS MÁS”.
Sucede que “hay grandes zonas del país que tienen poblaciones sin estaciones de servicio cercanas”, asegura Matonte que muestra “los tres ejemplos que más conozco, pero hay muchos más”, asegura.
El primer ejemplo es el del tramo “entre Tacuarembó y Paysandú” donde “hay 218 km sin estación de servicio”, perjudicándose a los habitantes de Los Rossano, Valle Edén, Tambores, El Eucalipto, Paso del Parque.
Mapa Google.
El segundo ejemplo: “entre Tacuarembó y Salto” donde “hay 219 km sin estación de servicio”, afectando lugares como Zapará, Quiebrayugos, Paso Cementerio, Celeste, Biassini, Itapebí y Valentín.
Mapa Google.
El tercer ejemplo: “entre Tacuarembó y Paso de los Toros hay 140 km sin estación de servicio” y los lugares son Curtina, Peralta, Bonilla, Batoví.
Mapa Google.
En esas tres amplias zonas, “la única posibilidad” de adquirir combustible, “es comprarle a algún vecino de la zona que oficia de estacionero, que compra nafta en una ciudad y la revende en el pueblo”.
Está claro que quien vende “lo hace para obtener un lucro” por lo que “todos esos consumidores tienen que comprar el combustible a un precio más alto que el precio máximo permitido”, y mientras los valores máximos están entre los $ 53 y $ 71 el litro, los pobladores de las zonas indicadas pagan entre $ 80 y $ 90.
“Esto no solo ocurre en los pueblos”, afirma Matonte; “también se da en los barrios periféricos de las ciudades capitales como Paysandú, Salto, Tacuarembó y San José”, generándose “toda una red de estaciones informales, pero absolutamente necesarias”, porque “si no existieran, los pobladores del interior tendrían que hacer 50 o 70 km para llenar el tanque” de sus vehículos, por ejemplo “de una moto”.
¿QUÉ HACE URSEA, O POR QUÉ NO HACE NADA?
Recuerda que es la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) la que debe realizar inspecciones y disponer el cese de la comercialización informal, “pero realiza unas pocas inspecciones al año”.
La pregunta certera plateada por Matonte es “¿por qué Ursea hace poco por corregirlo?, teniendo en cuenta que además es la Ursea la que “está impidiendo que existan más estaciones y que se permita el expendio móvil”.
Por otra parte, “hace más de un año que expertos internacionales entregaron un proyecto de reforma, donde señalaron como fundamental que no debe haber restricciones a la instalación de nuevas estaciones” con lo cual se favorecería a los consumidores. “Sin embargo, el Directorio de Ursea cedió a la presión del lobby de los estacioneros metropolitanos y luego de varias prórrogas, archivó el reglamento”.
En resumen: “Por decisión del directorio de Ursea” y contrariando lo que indica la norma, “los pobladores del interior deben seguir obligados a pagar precios más altos que los permitidos por el Poder Ejecutivo”.
Y así seguirá siendo en tanto Ursea “hace la vista gorda, porque si clausura las estaciones informales, aumenta el reclamo por tener más estaciones; y si libera el mercado, iría en contra del negocio de algunos estacioneros grandes”, concluye Matonte.
¿NEGLIGENCIA?
Al parecer, estamos ante un claro caso de negligencia en el cumplimiento de algunos de los “cometidos sustantivos” de Ursea, publicados en su página web institucional.
Repasemos esos “cometidos sustantivos” que son claros y específicos: “Proteger los derechos de los usuarios y consumidores”.
También “controlar el cumplimiento de las normas vigentes”.
Asimismo, “establecer los requisitos que deberán cumplir quienes realicen actividades vinculadas a estos sectores”; “resolver las denuncias y reclamos de los usuarios”; y “proponer al Poder Ejecutivo las tarifas técnicas de los servicios regulados”.
Además de “prevenir conductas anticompetitivas y de abuso de posición dominante”.
Por lo menos tres de los “cometidos sustantivos” parecen no cumplirse. Hago mía la pregunta de Matonte, ¿por qué?
Captura de página web de Ursea.
⛽ En muchos lugares del interior del país, los habitantes están obligados a comprar combustible en el mercado informal, pagando precios mucho más altos que los fijados oficialmente como precios máximos. Hilo pic.twitter.com/EWkiVYwloO
