Las economías más pequeñas como las de Paraguay, Guatemala, Uruguay y Nicaragua son las que podrían sufrir el mayor impacto.
Asunción, Paraguay | Todo El Campo | Un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) advierte que el Reglamento 1.115 afectará a los productores que no pueden cumplir las normativas ambientales y que incluso puede fomentar los cultivos ilícitos, como la coca, lo que preocupa especialmente a los sectores del cacao y el café.
El informe más reciente de Cepal presenta los desafíos que la regulación plantea para los productores de la región.
Señala que las exigencias de trazabilidad georreferenciada impuestas por la Unión Europea (UE) pueden superar las capacidades tecnológicas y financieras de muchos países de América Latina, creando una barrera de entrada considerable para sus exportaciones.
Cepal advierte que los productores que no puedan cumplir con estas normativas podrían redirigir sus exportaciones hacia mercados menos exigentes o, en el peor de los casos, reconvertirse hacia cultivos ilícitos, como la coca, una preocupación que afecta especial mente a los sectores del cacao y el café.
El documento resalta la incertidumbre que aún persiste sobre varios aspectos del Reglamento 1.115, lo que complica la preparación de los países para cumplir con sus disposiciones.
A partir del 1 de enero de 2025, la UE aplicará la normativa, prohibiendo la importación de productos agroindustriales procedentes de zonas de forestadas después del 31 de diciembre de 2020.
Esta medida afectará a productos como la carne vacuna, la soja, el aceite de palma, el café, el cacao, la madera y otros derivados, lo que podría tener un impacto significativo en las economías latinoamericanas.
Según el informe, América Latina exportó en 2022 productos comprendidos en esta nueva normativa por un valor de 26.328 millones de dólares a la UE.
Brasil encabeza la lista con casi 17.500 millones de dólares en exportaciones de soja, carne vacuna, café y productos de madera, que podrían verse afectadas.
Le siguen Argentina, con exportaciones de harina de soja y carne vacuna, y Colombia, principalmente con café y aceite de palma, con volúmenes muy por debajo de Brasil.
De acuerdo con el informe de Cepal, en términos proporcionales, las economías más pequeñas como las de Paraguay, Guatemala, Uruguay y Nicaragua son las que podrían sufrir el mayor impacto y enfrentar dificultades para adaptarse a las nuevas regulaciones.
Un nuevo reporte especial realizado por FAO, Cepal, WFP e IICA apunta a la importancia de invertir en la agricultura y la necesidad de realizar otras intervenciones para reducir la inseguridad alimentaria y la malnutrición.
Montevideo | Todo El Campo | El nuevo informe Financiamiento para la seguridad alimentaria y la nutrición en América Latina y el Caribe (*), realizado en conjunto por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el Programa Mundial de Alimentos (WFP) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), advierte que los costos de no combatir el hambre y la malnutrición pueden llegar a ser más altos que los de las soluciones para garantizar la seguridad alimentaria y una mejor nutrición.
Según el reporte, se estima que el gasto producido por la inacción ante el impacto del hambre y la malnutrición representa en promedio un 6,4% del PIB de los países estudiados.
En contraste, el promedio del costo de trabajar para cerrar la brecha de ingresos con transferencias para el acceso a dietas saludables es 1,5 % del PIB, sin incluir costos de gestión e implementación.
El informe identifica diferentes tipos de financiamiento para la seguridad alimentaria y la nutrición en América Latina y el Caribe y su relación en el PIB regional: el financiamiento del consumo y la producción de alimentos; el gasto público relacionado a gastos agropecuarios y de protección social; los flujos internacionales de desarrollo; y el financiamiento proveniente del sistema bancario y los mercados de capitales.
La publicación destaca la importancia de invertir en la agricultura y la necesidad de realizar otras intervenciones para reducir la inseguridad alimentaria y la malnutrición, evidenciando que el problema principal no proviene de la escasez de alimentos, sino de la falta de acceso físico y económico, especialmente en zonas rurales pobres y con poblaciones vulnerables.
El documento realza la necesidad de hacer una estimación de los costos asociados a la implementación de políticas, programas e intervenciones como elemento previo al análisis del financiamiento de la seguridad alimentaria y la nutrición. También destaca la importancia de mejorar la recopilación de información sobre los distintos flujos de financiamiento.
“Alinear las políticas sociales, económicas y comerciales y los objetivos de mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición en América Latina y el Caribe es fundamental, más aún cuando el gasto en alimentos representa el 22% del PIB regional”, señaló Mario Lubetkin, subdirector general y representante regional de la FAO para América Latina y el Caribe.
Lubetkin enfatizó, además, que las intervenciones integrales que aborden los ingresos y el acceso a alimentos nutritivos, las preferencias de los consumidores y las regulaciones sobre etiquetado frontal nutricional de alimentos, así como el apoyo a la agricultura familiar mediante sistemas de compras públicas pueden contribuir a fortalecer los sistemas agroalimentarios y el acceso equitativo a dietas saludables.
El director general del IICA, Manuel Otero, enfatizó: “La tarea que tenemos por delante ahora es realizar a nivel de país análisis similares en el contexto de planes y programas integrales para el fortalecimiento y mejora de los sistemas alimentarios, operacionalizando los objetivos, instrumentos e institucionalidad, con una clara estimación de costos y, por supuesto, su financiamiento, tomando una visión amplia de los seis flujos financieros principales, como se plantea en el documento”.
“Los ministros de Agricultura de las Américas nos han encomendado trabajar conjuntamente para una Alianza Continental para la Seguridad Alimentaria y el Desarrollo Sustentable. Este trabajo con el resto de agencias forma parte de esos esfuerzos, y el IICA está siempre a disposición de sus estados miembros para lograr estos objetivos, trabajando conjuntamente con nuestros colegas del sistema interamericano”, concluyó.
Por su parte, el secretario ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs, indicó que “la incidencia de la pobreza extrema en la región fue de 11,4% en 2023, según estimaciones de la Cepal, lo que significa que más de 70 millones de personas en la región no tienen ingresos suficientes para adquirir una canasta básica de alimentos”.
“Esa incidencia es más más alta entre las mujeres, la población indígena y las personas que viven en zonas rurales. Por ello, es imperativo fomentar políticas públicas inclusivas y promover una mejor focalización del gasto público, capaz de impactar directamente a las poblaciones en situación de vulnerabilidad. En la actualidad, más de la mitad del total de las transferencias monetarias en América Latina y el Caribe se destina a hogares con ingresos per cápita superiores a la línea de pobreza”, destacó Salazar-Xirinachs.
“La falta de ingresos para acceder a una dieta saludable y nutritiva está entre las principales causas del hambre y la inseguridad alimentaria en América Latina y el Caribe. De hecho, esta región tiene la dieta saludable más cara del mundo”, aseguró Lola Castro, directora regional de WFP para América Latina y el Caribe, agregando que “es inaceptable que las poblaciones más vulnerables sigan pagando un costo tan alto por cuenta de la desnutrición, sobrepeso y obesidad o doble carga de la malnutrición, cuando el continente produce suficientes alimentos para alimentar a toda su población”.
Si China se reciente, afectará a Uruguay. Pero el panorama emporará porque China es el principal cliente de Brasil, que también sentirá el impacto, multiplicando la afectación negativa en nuestro país en cuanto Brasil es nuestro principal socio comercial.
Hébert Dell’Onte Larrosa | Montevideo | Todo El Campo | La cercanía comercial con China es una cosa buena en cuanto a que ese país se ha convertido en el motor del mundo. Si China avanza, el mundo también, de ahí la importancia del acercamiento y los reiterados esfuerzos de Uruguay por lograr un tratado de libre comercio con el Mercosur o en solitario.
Además de la importancia que tiene para el mundo, China es nuestro segundo destino de exportaciones, detrás de Brasil.
Pero cuando se analiza el peso que China tiene en nuestra economía, surge el temor fundado de que estemos generando una dependencia importante que, ante cualquier traspié, se puede trasladar hacia nosotros causándonos problemas de magnitud.
EL DOCUMENTO DE CEPAL.
El libro Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe es un documento anual de más de 190 páginas elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en el cual se advierte que China podría ingresar en un período de desaceleración. En ese caso Uruguay sería el país de la región que quedaría más expuesto.
“En América Latina, los países más expuestos a una desaceleración de la economía china son los que la tienen como principal socio comercial, a saber, Chile, Perú, Panamá, Brasil y el Uruguay”, dice el informe.
Agrega que casi el 40% de las exportaciones de bienes de Chile, el 32% de las de Perú y Panamá; y que el 27% de las exportaciones de bienes de las de Brasil y Uruguay van a China. “Si además se trata de países en que las exportaciones de bienes representan una parte relevante de la actividad económica, entonces la exposición es aún mayor”.
Pero en realidad es más grave de lo que dice Cepal, porque una eventual crisis china afectaría a Uruguay como país que le exporta, pero también golpearía a Brasil que también se resentiría. Pues Brasil es nuestro principal destino, por lo que el impacto que recibiríamos sería doblemente negativo.
LA SITUACIÓN CHINA.
Sin embargo, cabe preguntarse cuán probable es que la economía china se frene al punto de afectarnos.
El libro de Cepal señala: “Dada la magnitud de la economía china y la relevancia del país como socio comercial de la región y como consumidor de materias primas a nivel mundial, su situación económica adquiere una importancia fundamental para América Latina y el Caribe. Esa relevancia se ve acentuada en el contexto actual caracterizado por la crisis del sector inmobiliario chino”.
Recuerda que en 2022 “China representó un 18% del PIB mundial y un 14,4% de las exportaciones de bienes mundiales. Además, representó un 23% de las importaciones mundiales de petróleo crudo y fue el mayor importador de gran parte de los principales metales y minerales: representó un 69% de las importaciones mundiales de minerales y concentrados de hierro, un 80% de las de aluminio, un 58% de las de cobre, y un 73% de las de níquel (ITC, 2023)”.
Por tanto, la región está atada comercialmente a China: “El desempeño de la economía china afecta de forma indirecta a la región a través de los precios de los productos básicos que muchos países exportan. En segundo lugar, también hay un efecto directo que se produce a través de la demanda externa de los productos que exportan los países de la región, para los que China es un mercado relevante”.
China desplazó a la Unión Europea y se convirtió en “el segundo socio comercial más importante de América Latina y el Caribe, después de Estados Unidos”, y su participación sigue creciendo.
Por tanto, y a modo de conclusión, la suerte de China (reitero, nuestro segundo socio comercial) nos debe interesar en sobremanera: por el impacto que tendrá en Uruguay, y por el impacto que tendrá en Brasil y éste por reflejo en nosotros.
Téngase en cuenta que China es clave para Brasil. El diario brasilero Valor Económico estima que 2023 cerraría con las exportaciones de Brasil llegando a un valor histórico y sin precedentes de US$ 100.000 millones. Efectivamente, una cantidad sin precedentes incluso teniendo en cuenta el comercio con otros países del mundo. Ese total sorprendió y mejoró las previsiones del equipo económico del Gobierno que preveía un máximo de US$ 90.000 millones.
Foto de portada, los presidentes de China y Brasil, Xi Jinping y Luis Lula da Silva | Foto de Ricardo Stuckert.
En 2023 y 2024, El Niño podría aumentar las temperaturas promedio y la incidencia de eventos climáticos extremos.
San José, Costa Rica | Todo El Campo | Los desafíos climáticos siguen siendo una amenaza importante para la producción agropecuaria global. En el caso de nuestra región, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), expresó a través de su secretario ejecutivo, José Salazar (en la foto, de pie), que “el bajo crecimiento estructural regional se puede ver agravado por los efectos negativos de los choques climáticos”.
Salazar agregó que en el último estudio económico sobre América Latina y el Caribe 2023 “estima que el impacto de estos choques variará según cada país, entre 8% y 12% del PIB de aquí al 2050”.
Las consideraciones de Salazar fueron realizadas durante su participación en la presentación del documento conjunto de la Cepal con la FAO e IICA, “Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en las Américas: una mirada hacia América Latina y el Caribe” (*), acto en el que también estuvo presente el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay, Fernando Mattos.
El secretario ejecutivo de Cepal completó diciendo que una parte importante de esos choques afectará a los sectores agrícolas y zonas rurales. En 2022, el valor agregado agropecuario regional se redujo tras un fuerte impacto de las sequías y el tercer año consecutivo de La Niña.
En 2023 y 2024, El Niño podría aumentar las temperaturas promedio y la incidencia de eventos climáticos extremos. Se necesitan innovaciones que permitan a la agricultura producir más alimentos con menos recursos, con mayor resiliencia a los choques climáticos y emitiendo menos gases, añadió.
En 2022, 7,8 millones de personas se sumarían a los 86,4 millones cuya seguridad alimentaria ya está en riesgo. El estudio indica que, después de la expansión económica de 2021 (6,3% de crecimiento del PIB regional), la región alcanzará en 2022 un crecimiento anual promedio de 1,8%.
Funds Society | Las economías América Latina y el Caribe se enfrentan una coyuntura difícil en 2022 en un contexto externo de incertidumbre, inflación (en especial de alimentos y energía) y desaceleración de la actividad económica y el comercio. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) entregó un nuevo informe especial en donde se analizan los impactos económicos y sociales de la guerra en Ucrania en la región, y entrega recomendaciones a sus países sobre cómo enfrentarlos.
Según el informe de la Cepal titulado Repercusiones en América Latina y el Caribe de la guerra en Ucrania: ¿cómo enfrentar esta nueva crisis?, la región enfrenta contextos internos caracterizados por una fuerte desaceleración económica, aumentos de la inflación y una lenta e incompleta recuperación de los mercados laborales, lo que aumentará los niveles de pobreza y pobreza extrema. Así, 7,8 millones de personas se sumarían a los 86,4 millones cuya seguridad alimentaria ya está en riesgo.
El estudio indica que, después de la expansión económica observada en 2021 (6,3% de crecimiento del PIB regional), la región alcanzará en 2022 un crecimiento anual promedio de 1,8% y tiende a regresar al lento patrón de crecimiento de 2014-2019 (solo 0,3% promedio anual, con la consiguiente caída del PIB por habitante).
Los avances en la vacunación, las menores restricciones a la movilidad y la reapertura de las escuelas impulsarán una recuperación de los niveles de participación laboral, en especial de la femenina, que ha sido la más afectada pues las mujeres salieron en mayor proporción del mercado laboral durante la pandemia. La acción conjunta de una mayor participación laboral y un bajo ritmo de crecimiento, y por lo tanto de la creación de empleos, llevaría a un aumento en la tasa de desocupación en 2022.
INFLACIÓN Y AUMENTO DE LA POBREZA.
Las economías de América Latina y el Caribe comenzaron a experimentar un incremento de la tasa de inflación en 2021. Mientras al cierre de 2021, la inflación anual de la región alcanzó un 6,6%, esa tasa aumentó a 8,1% en abril de 2022, al tiempo que muchos bancos centrales anticipan que la inflación se mantendrá elevada en lo que resta de año, agrega el documento.
Teniendo en cuenta los efectos del lento crecimiento y la aceleración de la inflación, la Cepal prevé que la pobreza y la pobreza extrema se elevarán por sobre los niveles estimados para 2021. La incidencia de la pobreza regional alcanzaría un 33,7% (1,6 puntos porcentuales más que el valor proyectado para 2021), mientras que la pobreza extrema alcanzaría un 14,9% (1,1 puntos porcentuales más que en 2021). Este resultado refleja el fuerte aumento de los precios de los alimentos. Estos niveles son notoriamente superiores a los observados antes de la pandemia e implican otro retroceso en la lucha contra la pobreza, recalca el informe.
El documento agrega que los mayores precios de las materias primas, el aumento de los costos de transporte y las perturbaciones en las cadenas internacionales de suministro impactarán las exportaciones de bienes de la región. En diciembre de 2021, la Cepal proyectaba un aumento del 10% del valor de las exportaciones regionales de bienes y del 9% del valor de las importaciones.
Sin embargo, el alza de los precios de varios de los principales productos que la región comercializa eleva la proyección para 2022 a una expansión del 23% tanto de las exportaciones como de las importaciones.
POLÍTICAS FISCALES Y MONETARIAS PROCRECIMIENTO.
Para responder a la coyuntura y dinamizar un crecimiento sostenible e inclusivo se requerirán políticas fiscales y monetarias procrecimiento. La Cepal propone seguir utilizando la política fiscal como elemento central de la política de desarrollo, lo que requiere fortalecer los ingresos públicos para ampliar el espacio fiscal.
Es necesario reducir la evasión, reorientar gastos tributarios y fortalecer la progresividad de la estructura tributaria. Para contener las presiones inflacionarias, fundamentalmente impulsadas por factores de oferta, es necesario que la política monetaria utilice el más amplio espectro de herramientas disponibles. Esto requiere combinar el uso de la tasa de política monetaria con instrumentos macro prudenciales y cambiarios, a fin de enfrentar la inflación minimizando los efectos negativos sobre el crecimiento y la inversión.
En lo inmediato es necesario sostener el bienestar de los sectores más pobres, advierte el organismo. La seguridad alimentaria debe ser una prioridad. Para ello no se debe restringir el comercio internacional de alimentos y fertilizantes pues hacerlo aceleraría la inflación y dañaría a los más pobres. También se deben considerar acciones como mantener o aumentar los subsidios a alimentos, implementar acuerdos de contención de precios de la canasta básica con productores y cadenas de comercialización, y reducir o eliminar aranceles a la importación de granos y otros productos básicos.
A mediano plazo, son necesarias políticas agrícolas e industriales que fortalezcan el apoyo a la producción agropecuaria, así como aumentar la eficiencia en el uso de fertilizantes, priorizando los biofertilizantes. La política industrial es clave para reducir la dependencia de la importación de fertilizantes en el mediano plazo.
En tanto, en materia de seguridad energética es imprescindible avanzar en las fuentes renovables y en la integración energética regional. En la coyuntura, son necesarios mecanismos de estabilización de los precios de los combustibles; así como subsidios focalizados y temporales a los grupos de población más vulnerables y a los sectores productivos orientados al mercado interno, recalca el informe.
El documento, que fue presentado en una conferencia de prensa por el secretario ejecutivo interino de la Comisión, Mario Cimoli, resalta que la presente coyuntura no debe ser vista como un fenómeno aislado pues sus efectos se combinan con los causados por más de un decenio de crisis acumuladas: la crisis financiera internacional, las tensiones económicas entre Estados Unidos y China, y la pandemia.
Cimoli concluyó la presentación declarando que “América Latina y el Caribe enfrenta nuevos escenarios geopolíticos. La ruptura de la globalización puede llevar a diferentes configuraciones regionales que determinarán sus políticas con base en objetivos de soberanía en defensa, energía, alimentos y sectores industriales clave, desde los de más alta tecnología hasta algunos de insumos de amplio uso, como los fertilizantes. Ante la regionalización de la economía mundial, la región no puede continuar actuando de manera fragmentada. Es necesario aumentar el papel de la articulación regional en las respuestas a la crisis: formular e implementar respuestas de América Latina y el Caribe en su conjunto o de sus bloques de integración”. (www.fundssociety.com).