Se levanta la emergencia sanitaria por influenza aviar tras más de 50 días sin nuevos focos. El levantamiento de la emergencia no implica una relajación de los controles.
Montevideo | Todo El Campo | La Dirección General de Servicios Ganaderos (DGSG) resolvió el cese de la emergencia sanitaria por influenza aviar altamente patógena (H5), luego de confirmar que han transcurrido más de 54 días desde el último foco detectado y que, hasta el momento, no existen evidencias de circulación del virus en el territorio nacional.
El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) informó este lunes 4 que la decisión pone fin a la declaratoria vigente desde febrero, cuando se detectaron casos en aves silvestres en los departamentos de Maldonado, Rocha y Canelones. Desde entonces, el país desplegó un esquema intensivo de vigilancia epidemiológica que incluyó monitoreo activo y pasivo en aves comerciales, de traspatio y fauna silvestre. Según la DGSG, todos los focos identificados fueron cerrados y la información recabada no indica presencia actual del virus.
El levantamiento de la emergencia no implica una relajación de los controles. Por el contrario, las autoridades sanitarias subrayan que el riesgo de reintroducción “permanece siempre presente”, dado el comportamiento del virus y sus formas de transmisión. En ese sentido, se mantendrán las acciones de vigilancia permanente y el plan de monitoreo activo en todo el país.
NUEVAS CONDICIONES PARA EVENTOS DE CONCENTRACIÓN DE AVES.
La resolución establece además nuevas condiciones para las concentraciones de aves, como exposiciones y remates, que deberán ajustarse estrictamente a la normativa sanitaria vigente. Entre las medidas obligatorias se incluyen el registro de origen y destino de las aves, así como la limpieza y desinfección de jaulas y utensilios antes y después de cada evento.
El Ministerio advirtió que el incumplimiento de estas disposiciones podrá derivar en sanciones conforme a la legislación vigente. Paralelamente, la DGSG continuará coordinando acciones con el sector productivo y otras instituciones públicas, en un esquema que busca sostener el estatus sanitario alcanzado y responder con rapidez ante cualquier eventual reaparición del virus.

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