Las nuevas tecnologías y herramientas generan preocupación por el aumento de emisiones.
Montevideo | Todo El Campo | El desarrollo de las nuevas herramientas y tecnologías genera desafíos ambientales considerables: el incremento de las emisiones de carbono. Por ejemplo, una transacción de Bitcoint requiere la misma energía eléctrica que consume un ghanés o un pakistaní en tres años, y ChatGPT utiliza energía eléctrica en más de diez veces que una búsqueda en Google.
La Agencia Internacional de Energía estima que el uso de electricidad por esas herramientas irá creciendo y en tres años equivalga al consumo actual de Japón que es el quinto país de mayor consumo de energía eléctrica en el mundo, según un artículo del Fondo Monetario Internacional (FMI) al que accedió Todo El Campo, cuyos autores son los economistas Shafik Hebous y Nate Vernon-Lin.
Los siguientes gráficos muestran la participación del uso global de electricidad y las emisiones globales de CO2 por parte de los centros de datos y las criptomonedas.
Para los autores del texto, el desarrollo tecnológico tiene beneficios sociales y económicos”, pero es “motivo de preocupación” el impacto ambiental.
Un reciente documento del FMI (*) concluyó que la minería de criptomonedas podría generar el 0,7% de las emisiones mundiales de dióxido de carbono para 2027. Si se amplía el análisis a los centros de datos (según estimaciones de la AIE), sus emisiones de carbono podrían alcanzar los 450 millones de toneladas para 2027, o el 1,2% del total mundial.
¿CÓMO LA POLÍTICA FISCAL PUEDE CORREGIR LA SITUACIÓN?
Sin embargo, el sistema impositivo es una forma de orientar a las empresas hacia la reducción de emisiones.
Según estimaciones del FMI, un impuesto directo de US$ 0,047 por kilovatio hora obligaría a la industria de la minería de criptomonedas a reducir sus emisiones en línea con los objetivos globales.
Si se considera también el impacto de la contaminación atmosférica en la salud local, esa tasa impositiva aumentaría a US$ 0,089, lo que se traduciría en un aumento del 85% en el precio medio de la electricidad para los mineros.
De incrementarse el impuesto, incrementaría los ingresos anuales del gobierno en US$ 5.200 millones a nivel mundial y reduciría las emisiones anuales en 100 millones de toneladas (aproximadamente las emisiones actuales de Bélgica).
También se plantea para los centros de datos un impuesto específico sobre su consumo de electricidad de US$ 0,032 por kilovatio hora, o US$ 0,052 si se incluyen los costes de contaminación del aire. Serían hasta US$ 18.000 millones anuales.
No obstante lo anterior, la situación actual es totalmente opuesta a la fijación impositiva como corrector: muchos centros de datos y mineros de criptomonedas disfrutan de generosas exenciones e incentivos fiscales sobre la renta, el consumo y la propiedad. Si se tienen en cuenta los daños ambientales, la falta de empleo significativo y las presiones sobre la red eléctrica (que posiblemente aumenten los precios para los hogares y reduzcan la demanda de otros bienes con bajas emisiones, como los vehículos eléctricos), los beneficios netos de estos regímenes fiscales especiales son, en el mejor de los casos, inciertos, dice el FMI.
Imagen de portada creada por inteligencia artificial.
El proyecto tiene una duración de 14 meses y permitirá identificar con precisión tramos de carretera con mayor riesgo y enfocar sus recursos en mejorar esos puntos críticos, disminuyendo así la probabilidad de siniestros.
Montevideo | Todo El Campo | El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) procederá a la evaluación de las rutas nacionales con el objetivo de clasificar y categorizarlas y desarrollar un plan de inversión de bajo costo que permitirá mejorar la seguridad vial en los puntos más críticos.
La evaluación se realizará a través de la Dirección Nacional de Vialidad y con la metodología International Road Assessment Programme (IRAP) de una organización internacional sin fines de lucro dedicada a promover el diseño de vías más seguras, con experiencia en más de cien países en los que evaluó 1,8 millones de kilómetros de carreteras.
El ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, dijo que contar con la certificación de esta institución “es un paso importante como país”.
Agregó estar “convencido que el mejoramiento de la infraestructura vial ayuda a mejorar o reducir una pandemia que nos golpea desde hace muchos años en Uruguay, que son los siniestros de tránsito”.
FORMA DE TRABAJO DE IRAP.
IRAP utiliza un vehículo equipado con un sistema de cámaras que toma fotografías de alta resolución cada cinco metros de carretera. Estas imágenes se transformarán en códigos alfanuméricos que se procesarán en un software llamado Vida, perteneciente a IRAP, y la información recolectada se vinculará a un punto GPS.
El software, que será entregado sin costo al MTOP, permitirá realizar una clasificación de riesgo cada 100 metros, evaluando el nivel de seguridad vial de la infraestructura.
Se analizarán más de 80 ítems diferentes, tales como condiciones de pavimento, señalización, iluminación, presencia de barreras de protección, y en base a esto, las rutas serán clasificadas de 1 a 5 estrellas, similar a la categorización de hoteles, siendo 3 estrellas el mínimo estándar internacional aceptable.
IDENTIFICAR CON PRECISIÓN LOS TRAMOS DE CARRETERA CON MAYOR RIESGO.
También se realizará un diagnóstico diferenciado por tipo de usuario, entre peatones, ciclistas, motociclistas y conductores.
La primera entrega será en setiembre, “para tener un adelantamiento de algunas rutas que se han intervenido y nos permita reafirmar lo que pensamos que hemos hecho bien. Si hay alguna falla estamos a tiempo de corregir y evitar errores a futuro”, detalló Falero.
El proyecto tiene una duración de 14 meses y permitirá identificar con precisión los tramos de carretera con mayor riesgo y enfocar sus recursos en mejorar esos puntos críticos, disminuyendo así la probabilidad de siniestros de tránsito con consecuencias fatales.
Julio Urzúa, director de Proyectos de IRAP, comentó que el plan de inversiones diseñado permitirá concentrar los esfuerzos en las áreas más necesitadas.
El proyecto también incluye la evaluación de entornos escolares, analizando los accesos y alrededores de 54 escuelas en todo el país, con el objetivo de garantizar una infraestructura segura para el tránsito de los niños.
Es la segunda evaluación que se realiza en Uruguay con esta misma metodología, pero la primera que abarca toda la red vial nacional. En el año 2015 se evaluaron 3.600 kilómetros de ruta.
IRAP ofrecerá un programa de capacitación dirigido a técnicos e ingenieros del MTOP, para que puedan utilizar esta tecnología en el futuro de manera independiente, sin necesidad de contar con personal de alguna empresa de ingeniería.
Las lagunas en la supervisión de la FDA permiten a la industria alimentaria determinar qué sustancias son “generalmente reconocidas como seguras”.
Nueva York, Estados Unidos | Universidad de Nueva York | Todo El Campo | La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) tiene la tarea de supervisar la seguridad del suministro de alimentos de EE.UU., establecer requisitos para el etiquetado nutricional, trabajar con las empresas en el retiro de alimentos y responder a los brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos. Pero cuando se trata de los aditivos que ya están en nuestros alimentos y la seguridad de ciertos ingredientes, la FDA ha adoptado un enfoque de no intervención, según un nuevo artículo en el American Journal of Public Health (*), la revista estadounidense de salud pública.
El proceso actual de la FDA permite que la industria alimentaria se regule a sí misma cuando se trata de miles de ingredientes agregados, determinando por sí misma qué ingredientes deben considerarse “generalmente reconocidos como seguros” (GRAS), y decidiendo por su cuenta si divulgar o no el uso de los ingredientes y los datos de seguridad subyacentes a la FDA. El resultado de esa política es que se han añadido muchas sustancias nuevas al suministro de alimentos sin ninguna supervisión gubernamental.
“Tanto la FDA como el público desconocen cuántos de estos ingredientes, que se encuentran más comúnmente en los alimentos ultraprocesados, están en nuestro suministro de alimentos”, dijo Jennifer Pomeranz, profesora asociada de política y gestión de salud pública en la Escuela de Salud Pública Global de la Universidad de Nueva York (NYU) y primera autora del estudio.
CLASIFICACIÓN DE INGREDIENTES GENERALMENTE RECONOCIDOS COMO SEGUROS (GRAS).
Desde 1958, la FDA ha sido responsable de evaluar la seguridad de los nuevos productos químicos y sustancias que se agregan a los alimentos antes de que salgan al mercado. Sin embargo, las leyes de seguridad alimentaria distinguen entre “aditivos alimentarios” e ingredientes “GRAS”. Mientras que los compuestos considerados “aditivos alimentarios” deben ser revisados y aprobados por la FDA antes de ser utilizados en los alimentos, los ingredientes considerados GRAS están exentos de estas regulaciones.
La designación GRAS se estableció inicialmente para los ingredientes que ya se encuentran en los alimentos, por ejemplo, el vinagre y las especias. Pero bajo una regla utilizada desde 1997, la FDA ha permitido que la industria alimentaria determine de forma independiente qué sustancias entran en esta categoría, incluidas muchas sustancias nuevas agregadas a los alimentos. En lugar de revelar el nuevo uso de estos ingredientes y los datos de seguridad que los acompañan para la revisión de la FDA, las empresas pueden hacer su propia investigación para evaluar la seguridad de un ingrediente antes de salir al mercado, sin ninguna notificación o intercambio de los hallazgos. La FDA sugiere, pero no exige, que las empresas notifiquen voluntariamente a la agencia sobre el uso de dichas sustancias y sus hallazgos, pero en la práctica, muchas de estas sustancias se han agregado sin notificación.
En su análisis, los investigadores revisan la historia del enfoque de la FDA y de la industria en torno a la adición de estos nuevos compuestos a los alimentos e identifican la falta de una supervisión real. Esto incluye un caso judicial federal en 2021 que mantiene el enfoque de no intervención de la FDA.
“En particular, el tribunal no encontró que las prácticas de la FDA sobre los ingredientes GRAS respalden la seguridad de nuestro suministro de alimentos”, dijo Pomeranz. “El tribunal solo dictaminó que la práctica de la FDA no era ilegal”.
“Como resultado de la política de la FDA, la industria alimentaria ha sido libre de ‘auto-GRAS’ nuevas sustancias que desean agregar a los alimentos, sin notificar a la FDA o al público”, dijo el autor principal del estudio, Dariush Mozaffarian, director del Instituto Food is Medicine y profesor distinguido de la Facultad Friedman de Ciencias y Políticas de la Nutrición de la Universidad de Tufts. “Ahora hay cientos, si no miles, de sustancias añadidas a nuestros alimentos para las que los verdaderos datos de seguridad son desconocidos para los científicos independientes, el gobierno y el público”.
¿QUÉ HAY EN NUESTRAS GÓNDOLAS?
Según los investigadores, la FDA también carece de un enfoque formal y de recursos adecuados para revisar los aditivos alimentarios y las sustancias GRAS que ya están en el mercado. Después de que se agrega un ingrediente a los alimentos, si la investigación posterior sugiere daños, la FDA puede revisar los nuevos datos y, si es necesario, tomar medidas para reducirlo o eliminarlo de los alimentos. En una rara excepción, la FDA anunció en marzo que revisaría 21 sustancias químicas que se encuentran en los alimentos, incluidos varios ingredientes alimentarios, una pequeña fracción de los miles de aditivos alimentarios y sustancias GRAS que se utilizan en la actualidad.
Un ejemplo de los 21 aditivos alimentarios que se revisarán es el bromato de potasio, un químico que se agrega a los productos horneados y bebidas con evidencia de que puede causar cáncer. El bromato de potasio está prohibido en Europa, Canadá, China y Japón; California aprobó recientemente una ley para prohibir su uso, junto con otros tres productos químicos, y se han presentado proyectos de ley similares en Illinois, Nueva York y Pensilvania.
“Este es un claro ejemplo de la brecha regulatoria de la FDA”, dijo Pomeranz. “Estamos viendo que los estados están empezando a actuar para llenar el vacío regulatorio dejado por la inacción de la FDA sobre las sustancias cada vez más asociadas con el daño”.
La supervisión de la FDA de los ingredientes GRAS en el mercado también es limitada. La agencia rara vez revoca la designación GRAS (un inventario de la FDA solo muestra 15 sustancias que se consideraron GRAS y luego se determinó que no lo eran), ni la FDA revisa los alimentos de forma continua con ingredientes GRAS que pueden ser seguros cuando se agregan a niveles bajos pero no en grandes cantidades, por ejemplo, cafeína, sal y azúcar.
“En 1977, la FDA aprobó la cafeína como una sustancia GRAS para su uso en refrescos a un nivel bajo: 0.02 por ciento”, dijo Pomeranz. Pero hoy en día, la cafeína se agrega a las bebidas energéticas a niveles que superan con creces esto, lo que está causando hospitalizaciones e incluso muertes relacionadas con la cafeína. Dado que la FDA regula el uso de sustancias GRAS, la agencia podría establecer límites sobre la cantidad de cafeína en las bebidas energéticas”.
“La gran cantidad de sustancias GRAS y aditivos alimentarios en el mercado, combinada con la falta de conocimiento sobre la existencia de ingredientes propios GRAS, recursos insuficientes y demoras documentadas incluso para una acción bien respaldada, hace que la dependencia de la autoridad posterior a la comercialización sea defectuosa y poco confiable para garantizar un suministro de alimentos seguro. La FDA apenas está empezando a utilizar sus poderes posteriores a la comercialización para revisar una pequeña cantidad de ingredientes en el suministro de alimentos, aunque las evidencias de daño han estado presentes durante décadas”, señaló la coautora del estudio, Emily Broad Leib, directora del Centro de Innovación en Leyes y Políticas de Salud de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Universidad de Harvard y directora fundadora de la Clínica de Leyes y Políticas Alimentarias de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard.
PROTECCIONES MÁS FUERTES.
El análisis de los autores proporciona a la FDA y al Parlamento varias acciones potenciales para evaluar y supervisar mejor la seguridad de las sustancias GRAS y los aditivos alimentarios. Esto podría incluir un nuevo requisito de que las empresas notifiquen públicamente a la FDA sobre el uso de ingredientes GRAS y compartan sus datos de seguridad subyacentes antes de que se incluyan en los alimentos; crear un proceso de revisión sólido para reevaluar la seguridad de los ingredientes GRAS y los aditivos alimentarios una vez que ya están en el mercado; y aclarar la distinción entre los ingredientes GRAS y los aditivos alimentarios.
Con el fin de financiar esta supervisión más fuerte del suministro de alimentos, los investigadores sugieren que el Parlamento podría asignar recursos adicionales a la FDA o establecer un programa de tarifas de usuario en el que las empresas de alimentos paguen para que la FDA revise la seguridad de sus ingredientes antes de que se agreguen a los alimentos.
“Tanto la FDA como el Parlamento pueden hacer más para permitir que la FDA cumpla con su misión de garantizar un suministro seguro de alimentos”, dijo Pomeranz.
La campaña va dirigida a escolares con un juego que hace reflexionar y pesar, involucrando al niño en una actividad lúdica; además de convocar a toda la familia y comunidad mediante la exhibición de una película.
Montevideo | Todo El Campo | “La educación en esta temática y a edades tempranas, es considerada por nosotros clave, para la contribución a la construcción de valores en nuestra sociedad”, dijo la Ing. Agr. Marcia del Campo sobre el lanzamiento de la campaña educativa que apunta al bienestar animal que tiene alcance nacional y una duración de seis meses, hasta enero de 2025.
Se denomina Campaña nacional de educación y sensibilización en bienestar animal. Tenencia y producción agropecuaria responsable”, va dirigida a niños de 4°, 5° y 6° de escuela, y la desarrolla el Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA) y la empresa Ecocinema, buscando integrar a la comunidad y las familias.
Del Campo, presidenta del INBA, dijo a Todo El Campo que la campaña nacional tiene un alcance general para “todo tipo de animales” en la “sensibilización y educación en bienestar animal y tenencia responsable de todo tipo de animales: de compañía, deportivos y de producción agropecuaria”, éste último un punto que “cada vez es más importante para nuestro país” en virtud de las exigencias que se suman a los requisitos de comercio.
La campaña se enfoca “en el marco educativo formal, concretamente Primaria”, dirigida “a niños de 4°, 5° y 6° años, vamos a hacer talleres educativos, un juego que hace reflexionar y pesar. No es una transmisión de conocimiento sino involucramiento en una actividad alternativa y lúdica con situaciones para todo tipo de animales”.
La campaña llegará a los 18 departamentos del interior y en ellos a 4 localidades por cada departamento, las capitales departamentales y tres áreas rurales, además de una proyección de cine gratuito sobre la temática para toda la comunidad y la familia.
La actividad tiene el permiso de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y se está trabajando en la definición de las localidades y contactando las escuelas, con una muy buena recepción.
“Tenemos mucha esperanza en esto que es preventivo de mediano y largo plazo, en un tema que es cultural”, por eso “queremos promover el cambio desde edades tempranas”, cosa que “en las próximas generaciones nos va a posicionar en otro lugar, pero hay que empezar”.
EL PRÓXIMO PASO ES UTU Y MONTEVIDEO.
La presidenta de INBA dijo que la campaña “va acompañada de otras medidas como fiscalización y sanción, pero lo importante es la educación. El próximo paso “es trabajar con UTU, instituciones que involucraríamos en el corto plazo”.
En el caso del departamento de Montevideo, por un tiempo de esfuerzos y recursos, va a quedar para otra etapa de la campaña, entendiendo que en Montevideo o próximo a él se han realizado “trabajos o movidas educativas, por lo que entendemos que es una zona que está más o menos atendida y pasa a la segunda etapa”.
ANIMALES DE PRODUCCIÓN.
En referencia a los animales de producción, Del Campo dijo que hubo “una evolución positiva en el bienestar animal y el manejo animal, porque los productores han hecho un cambio sustancial en la última década, pero todavía tenemos mucho por mejorar y hay un porcentaje de productores en los que tenemos que trabajar un poco más en educación y sensibilización, sobre todo en temas de prácticas rutinarias dolorosas y alimentación”.
Se hizo el diagnóstico sobre prácticas relacionadas al estrés y bienestar animal, y “la buena noticia es que estamos bien posicionados pero tenemos mucho, mucho que hacer”, enfatizó.
De los productores, hay un porcentajes importante que sí ha tenido capacitación, pero los empleados de los establecimientos no, y ese es un punto flaco.
“El bienestar animal es importante en lo ético, pero además tiene un impacto en el temperamento del animal”, por tanto un animal bien tratado facilita e trabajo, disminuye los accidentes laborales, e incide en la productividad y en la calidad del producto.
“Tenemos todo para que Uruguay sea el mejor país del mundo en la producción agropecuaria y en aspectos éticos”, concluyó.
Expointer tiene una relevancia económica evidente, pero luego del desastre que sufrió el estado de Río Grande, su realización tiene un efecto moral en la autoestima y percepción de los gauchos sobre la reconstrucción.
Porto Alegre, Brasil | Todo El Campo | Bajo el lema “La superación está en nuestra naturaleza”, este año la Expointer se realizará del 24 de agosto al 1° de setiembre.
La exposición fue lanzada el lunes 12 de agosto, se trata de uno de los principales eventos de su tipo en la región, y llega a su 47ª edición.
Se realizará en el Parque Estatal de Exposiciones Assis Brasil (Peeab), en Esteio.
De la inauguración participó el gobernador Eduardo Leite quien hizo referencia a la resiliencia y la fuerza del pueblo de Rio Grande do Sul, que se manifiesta en la organización de la exposición después de las inundaciones que afectaron al estado y causaron pérdidas millonarias.
“Además de su relevancia en términos de resultados económicos, hay un efecto moralen la autoestima y percepción de los gauchos sobre la reconstrucción del estado. Este es otro componente importante para que podamos hacer una gran feria, que inyecta esta fuerza de resiliencia. En este momento histórico que nos exige tanto a todos, esta Expointer también estará marcada dentro de este camino, demostrando que la superación es parte de nuestra naturaleza, como lo dice el lema de esta edición”, reflexionó.
Los fenómenos de la naturaleza son rutinarios en la vida cotidiana de quienes trabajan en el campo, ya sean lluvias, tormentas de viento, sequías, plagas, heladas o granizo. La superación de estas adversidades siempre ha sido parte de la actividad rural y, en este sentido, la campaña publicitaria de la 47ª Expointer refuerza el sentimiento de esperanza de que se superarán los desafíos establecidos por las inundaciones.
La titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Producción Sustentable y Riego (Seapi), Clair Kuhn hizo comentarios en el mismo sentido: “Esta es la Expointer de la reconstrucción, para mostrarle a Brasil y al mundo que somos fuertes y valientes. Todo lo que se está haciendo para la realización de la feria tiene la dedicación de alguien. Por lo tanto, nuestro agradecimiento a todo el equipo de Parque Assis Brasil y a nuestros copromotores. La feria también es para nuestro productor rural. Que todos nuestros aplausos hoy sean para los agricultores por toda su dedicación», agregó.
«Esta es la edición que representa la determinación de los gauchos, su sentido de colectividad y solidaridad. Esperamos que el período comprendido entre el 24 de agosto y el 1 de septiembre sea de mucha alegría y éxito, demostrando claramente nuestra fuerza para superarnos», expresó la subsecretaria del Peeab, Elizabeth Cirne-Lima.
El presidente de la Asociación Brasileña de Criadores de Caballos Criollos (ABCCC), César Hax, dijo que esta edición será un hito importante. “Expointer siempre genera grandes expectativas. Este año, por supuesto, viene rodeado de expectativas mucho mayores, por todas las dificultades que ha vivido el Estado. Pero no tengo ninguna duda de la capacidad de nuestra gente”.
Además, la presidenta de UTE, Silvia Emaldi, informó que se aplicarán descuentos en la tarifa de energía a plantas procesadoras de pescado.
Montevideo | Todo El Campo |Ante las dificultades del sector pesquero, UTE aplicará por un año un descuento mensual del 15% en las tarifas del consumo de energía de plantas procesadoras de ese rubro, lo que alcanzará a 33 empresas y generará un ahorro de aproximadamente 16 millones de pesos. Asimismo, se informó sobre avances concreados en el programa de electrificación rural.
La presidenta de UTE, Silvia Emaldi, informó que ente aprobó la implementación de un descuento de 15% mensual en la tarifa de energía de las plantas procesadoras de pescado, y corresponderá al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) enviar a UTE la lista de empresas comprendidas en el beneficio.
El descuento comenzará a aplicarse a partir de agosto y se extenderá por un año.
ELECTRIFICACIÓN RURAL
En un plan conjunto con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), el MGAP, y el Instituto Nacional de Colonización, UTE impulsa la estrategia de electrificación en zonas rurales de todo el territorio nacional.
Mientras en el inicio del actual período de Gobierno, unos 4.600 hogares no accedían a la energía eléctrica por ubicarse en los lugares más alejados de las redes, en la actualidad son unas 800 las viviendas sin el servicio eléctrico.
Por eso, la empresa brinda el servicio en zonas rurales mediante la instalación de paneles solares fotovoltaicos o la extensión de redes aéreas.
GRANJA, LECHERÍA Y VITIVINICULTURA.
Además, Emaldi recordó que en este período UTE también contribuyó con otros sectores, como los correspondientes a granja, lechería y vitivinicultura. A su vez, la empresa pública desarrolló planes comerciales ofrecidos al sector productivo y al de pequeñas y medianas empresas, con tarifas especiales. En forma adicional, implementó beneficios especiales para hogares, residentes en zonas vulnerables y empresas de diferente porte.
