Entre noviembre y abril se registró la menor cantidad de incendios forestales y de campo de los últimos 10 años, lo que se explica por factores ambientales y por el trabajo de sensibilización social.
Montevideo | Todo El Campo | El 30 de abril finalizó la prohibición de realizar fuegos y quemas de cualquier tipo al aire libre en todo el territorio nacional. El decreto N° 436/2007 prohíbe esas actividades desde el 1° de noviembre al 30 de abril de cada año como forma de prevenir incendios.
En esta temporada (noviembre 2023 a abril 2024) la Dirección Nacional de Bomberos debió actuar en 1002 casos, de ese total 53 intervenciones fueron por incendios forestales y 949 por incendios de campo.
El total de hectáreas quemadas sumaron 2.705, de ese total, 602 por incendios forestales y 2.103 por incendios de campo.
Canelones, Colonia y Río Negro fueron los departamentos que presentaron mayor superficie afectada.
Todos esos datos fueron expuestos al presentarse el resultado del trabajo coordinado en incendios forestales y de campo del cual participó el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos.
MATTOS: DEBEMOS ESTAR PREPARADOS.
Mattos expresó que la coordinación y los factores ambientes implicaron que en general hubiera un bajo índice de riesgo de incendios forestales.
Advirtió que la perspectiva climática indica que en la próxima primavera estará presente el fenómeno de la Niña lo cual implica lluvias por debajo de lo normal y temperaturas por encima: “Esa situación podría hacer enfrentar a Uruguay otra vez a una situación de riesgo de incendio superior a la última temporada, por lo que hay que estar preparado, coordinados y hacer limpieza y controles”.
NO HUBO INCENDIOS DE MAGNITUD.
Richard Barboza, encargado de la Dirección Nacional de Bomberos, comentó que la finalizada fue “una temporada muy favorable” en tanto en términos comparativos se observó la menor cantidad de incendios forestales y de campo de los últimos 10 años.
No se registró ningún incendio de magnitud y todos los que se desataron fueron controlados en menos de 24 horas.
Esta situación se explica por dos grandes motivos. Por un lado, debido a factores ambientes que implicaron que en general hubiera un bajo índice de riesgo de incendios forestales y por otro lado debido a las acciones de sensibilización que se llevaron a cabo.
En relación a los factores ambientes, de acuerdo al análisis del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) el verano 2023-2024 se caracterizó por acumulados de precipitación que se ubicaron dentro de lo esperado para el trimestre (con valores más elevados en el norte) y temperaturas en el rango de normalidad (ligeramente por debajo en el norte del país). En cuanto a las precipitaciones, los acumulados más elevados se observaron en los departamentos de Artigas, Salto, Paysandú, Rivera y Tacuarembó mientras que los desvíos negativos fueron en Montevideo y parte de Canelones.
En las últimas cinco décadas, Uruguay ha tenido una política de Estado que le permitió aumentar la cobertura forestal
Nueva York, Estados Unidos | Todo El Campo | El director general Forestal de Uruguay, Carlos Faroppa, participó en el panel La Valoración de los Ecosistemas Forestales en las Políticas y Estrategias Nacionales de la 19ª sesión del Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques (UNFF 19), realizada en la sede de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. El jerarca resaltó los logros de Uruguay en la expansión y conservación de sus bosques.
Faroppa explicó que Uruguay ha logrado aumentar su cobertura forestal en las últimas cinco décadas a través de políticas como la prohibición de tala de bosques nativos y exenciones fiscales, similares al concepto de pago por servicios ecosistémicos.
“En 2023, emitimos un bono soberano innovador, indexado a indicadores de rendimiento en cambio climático, que incluyen objetivos como mantener y aumentar el área de bosque nativo”, destacó.
Faroppa también enfatizó la necesidad de una valoración real de los ecosistemas forestales que contemple su multidimensionalidad y madurez científica y política. Según el director Forestal, “comprender y valorar la singularidad y los desafíos de los diferentes ecosistemas es crucial para integrar estos valores en las decisiones políticas y sociales, lo cual es un paso fundamental para implementar políticas nacionales efectivas”.
Además, criticó las regulaciones que limitan el acceso a mercados como método para alcanzar el desarrollo sostenible. “Estas no consideran alternativas para el desarrollo de los países. Mantener las oportunidades comerciales actuales, en lugar de imponer precios diferenciales por cumplir con objetivos de desarrollo sostenible, es nuestra única esperanza”, argumentó.
Hizo un llamado a construir una mayor conciencia global sobre el valor real de los bosques, sugiriendo que esta debe estar acompañada de acciones que respalden las políticas de desarrollo de cada país y una evaluación de los riesgos sociales al implementar nuevas políticas. Este enfoque no solo promueve un manejo forestal sostenible en Uruguay, sino que también contribuye al debate sobre cómo las políticas forestales pueden fomentar un desarrollo equitativo a nivel mundial.
“Todos necesitamos trabajar, retomar la actividad cuanto antes y el país mover la producción, a ningún actor le sirve que un camino no se pueda usar o presente condiciones inseguras”.
Paysandú | Todo El Campo | Ante el debate sobre el uso de caminería rural que se ha generado en los últimos días, la Federación de Transporte y Carga Forestal (FTCF) emitió un comunicado firmado por Mauricio Mendy, secretario de la institución, en el que se realizan algunas apreciaciones.
La FTCF comienza expresando su coincidencia con el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, cuando éste refiere a que se debe “aplicar el sentido común para buscar soluciones”.
Agrega que “el régimen que limita el uso 72 horas después de cada evento, no considera la situación particular de cada camino que puede permitir su uso antes o después de ese tiempo dependiendo de las características del camino y la intensidad de los eventos en los distintos lugares”, por lo cual se debe “recorrer cada camino antes de volver a circular con el fin de garantizar un transporte seguro”.
Lo anterior “aplica a cualquier actividad del transporte”.
“A ninguna empresa, de ningún rubro, le sirve que los caminos estén deteriorados. Todos necesitamos trabajar, retomar la actividad cuanto antes y el país mover la producción, a ningún actor le sirve que un camino no se pueda usar o presente condiciones inseguras”, plantea.
TRANSPORTE FORESTAL.
Respecto al transporte forestal, la Federación explicó la operativa. Señala que en esa actividad el trabajo “se corta antes del evento de lluvia, se derivan los camiones vacíos que estén en el monte o yendo hacia él, a cargar a acopios intermedios, (pensado justamente para cargas en días de lluvia, y ubicados en lugares estratégicos en cuanto a caminería), o simplemente quedan detenidos en el lugar”.
Aquellos camiones que “estuvieran saliendo del monte cargados al momento de comenzar la lluvia, si la situación lo amerita, quedan detenidos lo antes posible en lugar seguro, dejando libre circulación de tránsito”.
“BUSCAMOS LAS MEJORES SOLUCIONES”.
Asegura que siempre se ha buscado la “buena convivencia con las comunidades pobladas donde transitamos, con los vecinos con los cuales compartimos caminos y por supuesto con todos los sectores de transporte de carga que mueven el trabajo del país y generan tanta mano de obra”.
La FTCF está dispuesta a trabajar “para buscar las mejores soluciones con respeto, mediante el diálogo y el intercambio de ideas”.
Los incentivos son para la edificación de viviendas en madera. El ministro Raúl Lozano destacó las acciones dirigidas al desarrollo del sector que ofrecen más oportunidades a los uruguayos.
Montevideo | Todo El Campo | Fueron presentados los resultados de una consultoría, financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), orientada a estudiar el sector de la construcción de viviendas en madera y proponer los posibles incentivos para aplicar en el país.
El evento se realizó el martes 30 de abril y contó con la presencia de la vicepresidenta de la República en ejercicio, Graciela Bianchi; el ministro de Vivienda, Raúl Lozano; el subsecretario, Tabaré Hackenbruch; y el representante del BID, Felipe Vera, entre otras autoridades nacionales y del ámbito privado.
El ministro Lozano destacó la implementación de actividades para fortalecer la edificación no tradicional en dicho material y sostuvo que esta ofrece mayores oportunidades para los uruguayos, así como la posibilidad de cuidar el ambiente.
TRES PILARES.
El estudio se desarrolló sobre tres pilares: identificación de los beneficios de construir viviendas de interés social en madera, relevamiento de los incentivos que se otorgan en otros países y propuesta de alicientes para el desarrollo del sector en el territorio nacional.
Los estímulos sugeridos abarcan al sector primario o industrializador del citado material, Mevir, cooperativas de vivienda y empresas privadas, entre otros actores.
Las medidas incluyen la creación de fondos específicos para generar soluciones habitacionales en madera, el acceso a créditos fiscales para tareas de investigación, a través de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), y el otorgamiento de subsidios y otras facilidades de financiamiento a participantes de programas públicos y cooperativas de vivienda.
En el documento, se asevera que la aplicación de incentivos en el sector público permitirá que el Estado lidere el desarrollo de hogares de este tipo y fortalezca, entre otros ítems, la edificación y el acceso a los insumos necesarios para ello.
Foto de Mevir | Construcción de viviendas en madera.
El director ejecutivo de Forestal Caja Bancaria, Carlos Sarazola, entiende que todos los ministerios involucrados tendrían que aunar esfuerzos con esa finalidad.
Montevideo | Todo El Campo | La Unión Europea comenzará a exigir que todo lo que se exporte a ese destino no debe tener ningún tipo de vínculo con la deforestación. El director ejecutivo de Forestal Caja Bancaria, Carlos Sarazola, dijo que respecto a eso “todo Uruguay está muy bien posicionado”, y planteo que “el Gobierno debería apoyar a todo el Uruguay forestal” en la obtención del certificado” en cuestión porque Uruguay tiene condiciones “en su totalidad”.
El 15 de abril el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) informó sobre la primera exportación de Uruguay de madera aserrada, con lo que se marcó un hito luego de que comenzara a regir la nueva normativa de la Unión Europea sobre productos libres de deforestación,
Según publicó este portal en el artículo titulado Exportación de madera aserrada cumpliendo normativa europea sobre deforestación | Todo El Campo, la reglamentación europea vigente desde el 31 de diciembre de 2024 exige que los productos enviados con ese destino provengan de áreas sin deforestación, afectándose, “inicialmente, a productos clave como carne de vacuno, soja y madera. Dese Uruguay, el MGAP, junto con la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, ha liderado un proyecto financiado por AL-INVEST Verde; un programa respaldado por la UE que busca implementar un sistema de certificación pública para garantizar el manejo sostenible de los bosques.
Esa nueva normativa demanda una trazabilidad completa de los productos. En colaboración con Forestal Caja Bancaria, se realizó una experiencia piloto que resultó en un embarque de madera aserrada hacia Estados Unidos, cumpliendo con todos los requisitos de la regulación europea.
LA NORMATIVA COMENZARÁ A REGIR EN ENERO DE 2025.
El sábado 27, Carlos Sarazola, explicó en el programa Diario Forestal (CX 4 Rural) que la norma europea EUDR comenzará a regir desde el 1° de enero de 2025 abarcando varios productos agropecuarios como madera, carne, soja, etc., y que exige que todo lo que se exporte a la Comunidad Europea va a tener que cumplir el requisito de cero deforestaciones.
Frente a eso el MGAP y la Dirección General Forestal comenzaron a trabajar en el tema por varias líneas, una de ellas involucra a una empresa española que contrató técnicos uruguayos, y se seleccionó como piloto una empresa de chips y otra de madera aserrada que es Forestal Caja Bancaria.
Respecto a esta última, Sarazola dijo que la empresa fue auditada “para ver si cumplíamos con todos los requisitos” que “básicamente son cuatro”, pero “básicamente lo que la norma exige es que a partir del 31 de diciembre de 2020 no se haya deforestado”. “Uruguay está muy bien posicionado y cumple ese requisito ampliamente, con una ventaja comparativa respecto a otros países”, agrego.
El aspecto legal es uno de los requisitos, esto es las leyes, tratados y acuerdos internacionales; otro consiste sobre las medidas de evaluación de riesgo y las formas de reducción de ese riesgo; y otro requisito el tema de la trazabilidad.
Sarazola señaló que “el 90% de las plantaciones forestales de 1,3 millones de hectáreas que tiene Uruguay, tienen el sello de algunas de las certificaciones conocidas, por lo que estamos bastante bien preparados, todas las empresas forestales y el país, para dar cumplimiento a la norma”.
La auditoría consiste en un exigente proceso de control y verificación de todos los datos desde la plantación, lo que había antes en ese predio, la cosecha, pasando por la industria y llegando al embarque. Eso “se verifica en documento y en verdad terrestre”, subrayó.
Todo el proceso Forestal Caja Bancaria lo sorteó muy bien porque “todo Uruguay está muy bien posicionado”, aseguró, y planteo que “el Gobierno debería apoyar a todo el Uruguay forestal” en la obtención del certificado EUDR por Uruguay tiene condiciones “en su totalidad”.
En Uruguay no hay deforestación como en otros países, añadió y ya hay experiencia en las exigencias europeas: “Uruguay exporta madera aserrada a un fabricante de muebles vietnamita y ésa exporta a Europa. Quien compra el mueble en Europa le exige al fabricante de Vietnam que muestre la evidencia de cumplimiento del certificado EUDR, y el fabricante que es nuestro cliente nos pide esa evidencia”. Hasta ahora Uruguay hablaba directamente con el cliente final europeo, “pero con un certificado va a ser más fácil”, comentó.
Las certificaciones forestales, por lo general valen por cinco años y anualmente se hace una evaluación de seguimiento, pero en este caso “fue un piloto” para un embarque puntual. De aquí en más se tendrá que ver si se hace un certificado país o cómo se continúa, pero todos los ministerios relacionados (de Ganadería, Ambiente, Relaciones Exteriores) deberían aunar esfuerzos para rápidamente sacar beneficio, hablar con la Comunidad Económica Europea y tratar de acordar un protocolo de un certificado”.
Para la forestación “no va a ser tan complicado, pero para la carne no imagino como será porque esa carne que salió de ese ganado, hay que ver por donde anduvo el animal, que no hubo deforestación”, dijo Sarazola.
Belén Delgado | Madrid, España | EuroEFE – Euractiv | Todo El Campo | El sector agroalimentario europeo reclama más claridad en la aplicación de la normativa contra la deforestación importada y ciertas exenciones en el futuro impuesto en frontera por carbono por el impacto que puede tener en su producción.
La secretaria general del Comité Europeo para el Comercio Agrícola y Agroalimentario (Celcaa), Nelli Hajdu, afirma a EFE que “la simplicidad y la viabilidad de su implementación son objetivos clave para garantizar que estas regulaciones se pueden ejecutar y no ponen en peligro las relaciones comerciales y la resiliencia a largo plazo de las cadenas de suministro”.
Esta asociación que representa a los comerciantes de productos agrícolas en la Unión Europea (UE), a menudo pequeñas y medianas empresas, se unió en marzo pasado a más de 20 organizaciones del sector agroalimentario para exigir a la Comisión Europea y los países de la UE aclaraciones y soluciones viables para la aplicación del reglamento europeo contra la deforestación.
En una carta, pedían un sistema de información “plenamente operativo”, la conexión con los sistemas de trazabilidad actuales, medidas de protección de datos y más claridad en las normas específicas para la ganadería, con vistas a “resolver cuanto antes la incertidumbre legal”.
En junio de 2023 entró en vigor la ley comunitaria para evitar que las importaciones en la UE de ciertas materias primas y productos derivados como el aceite de palma, el vacuno, la soja, el café, el caucho, la madera o el chocolate causen la deforestación en terceros países, con un periodo de 18 meses (hasta diciembre próximo) de margen a los operadores para prepararse.
Las empresas que importen estas materias y productos derivados en la UE tendrán que rastrear su origen y emitir una declaración de diligencia debida que garantice que no han causado deforestación en sus lugares de origen en comparación con 2020.
La secretaria general de Celcaa considera que este reglamento “ha servido en cierto modo como modelo para que los comerciantes de productos agroalimentarios comprendan mejor el papel que desempeñan en la implementación de nuevos requisitos ambientales”.
LA AMENAZA DE LOS COSTOS.
La norma, junto a otras como el mecanismo de ajuste en frontera por carbono, el reglamento sobre trabajo forzoso, la directiva sobre informes de sostenibilidad empresarial y la de diligencia debida en esta misma materia, aumenta la carga administrativa y de costos para estas empresas, según Hadju.
En su opinión, resulta un “desafío” porque las cadenas de suministro agroalimentario son “altamente complejas”, con muchos niveles comerciales locales, regionales e internacionales diferentes, miles de pequeños agricultores y productores en los orígenes en algunos casos, además de clientes.
La responsable reconoce que el comercio juega un importante papel en mitigar los efectos del cambio climático en la producción agroalimentaria y, para ayudar en la transición, ve la necesidad de contar con infraestructura resistente al clima, acelerar la digitalización y mejorar el uso del agua y el acceso al mercado.
Respecto al mecanismo de ajuste en frontera por carbono, los comerciantes agroalimentarios también temen un incremento de costos para los productos en la UE, desventajas competitivas frente a terceros países, posibles ajustes en la cadena de suministro y potenciales disputas comerciales.
Este mecanismo, que por otro lado puede incentivar la innovación y la adopción de prácticas más sostenibles, requiere un sistema administrativo complejo para medir y verificar de forma precisa el contenido de carbono de los productos importados, según Celcaa.
EN VIGOR EN 2026.
Actualmente solo se está aplicando a las importaciones de fertilizantes y materiales como el aluminio, dentro de una fase de transición que durará hasta enero de 2026, cuando entre en vigor.
El Comité de Organizaciones Agrarias y Cooperativas comunitarias (Copa-Cogeca) advierte de un aumento de los costos de insumos y maquinaria, sin que los agricultores tengan capacidad para repercutirlos en la cadena alimentaria.
“En el mercado europeo la producción nacional debe competir con las importaciones más baratas y nuestras exportaciones serán menos competitivas”, señala la organización, que pide incluir a toda la cadena alimentaria en el mecanismo o excluir los fertilizantes.
