Brasil, Uruguay y Bolivia se sumaron al pedido de Paraguay para que la Argentina deje de aplicar de manera unilateral el cobro de un peaje de 1,47 dólares por tonelada al transporte de cabotaje que circule por el tramo Puerto de Santa Fe-Confluencia de la Hidrovía del Paraná, que es por donde pasan las barcazas con soja paraguaya que luego se embarcan en terminales portuarias de la zona de influencia de Rosario.
El costo del nuevo peaje, tal como sucede con la tarifa de 3,06 dólares por tonelada de registro neto embarcada en el tramo inferior del Paraná, debe ser descontado por las empresas exportadoras del precio de la soja recibido por los productores paraguayos, lo que implica que se transformó, en los hechos, en una “retención” aplicada por un país a otro del Mercosur.
En la ciudad de Montevideo, Uruguay, se llevó a cabo este viernes la LVIII Reunión de la Comisión del Acuerdo de la Hidrovía Paraguay-Paraná en la que Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay abordaron temas inherentes al proceso de integración regional del transporte fluvial internacional regulado por el Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra de 1992.
Entre los temas tratados se incluyó el del peaje y el representante de Paraguay reiteró que el mismo constituye un gravamen sobre el transporte internacional sin acuerdo de los países, que es discriminatorio y no responde a servicios efectivamente prestados a la navegación en contravención al acuerdo, los entendimientos y prácticas regionales que hacen de la Hidrovía.
Los delegados de los demás países solicitaron a la Argentina abstenerse de adoptar medidas que atenten contra la normativa acordada en la Hidrovía Paraguay-Paraná y expresaron la disposición de encontrar una solución en el marco del respeto del derecho internacional.
Las delegaciones de Paraguay, Brasil, Uruguay y Bolivia coincidieron en la necesidad de analizar la información técnica proporcionada por la delegación argentina el 16 de mayo de 2023, a fin de su evaluación conjunta en el ámbito de la Comisión del Acuerdo en un plazo no mayor de 15 días, y reafirmaron la solicitud de suspender la aplicación de las resoluciones 625/2022 y 1023/2022 del Ministerio de Transporte argentino hasta tanto se agote el tratamiento del asunto.
Los delegados de los cuatro países sostuvieron que la aplicación del peaje significa una afectación directa a los agentes económicos que utilizan la Hidrovía, que hasta la fecha ya ocasionó perjuicios económicos considerables al comercio intrarregional, que tendrán que ser cuantificados a efectos de su eventual compensación.
La Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco) estima que el sobrecosto generado por el peaje para el comercio exterior del país sería de unos 40 millones de dólares anuales. Se trata de una cifra que, para una nación pequeña como Paraguay, es mucho dinero.
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