La justicia obliga a UTE a brindar información sobre contrato con empresa china.
“Alguien tiene que hacerse cargo de las consecuencias que está generando la obra que ocasionó la caída de muros jesuitas de más de 400 años”. Se trata de la estancia Buen Retiro- Castillo Morató, declarada monumento histórico nacional.
Montevideo | Todo El Campo | Dos fallos judiciales (de primera y segunda instancia) condenaron a UTE a entregar información a la familia propietaria de la estancia Buen Retiro- Castillo Morató sobre el contrato que firmó con la empresa china CMEC para la construcción de la línea 500 Kv Chamberlain- Salto Grande.
La estancia Buen Retiro- Castillo Morató, ubicada en Paysandú, se ha visto afectada por tareas de la instalación de 23 torres de alta tensión por parte de UTE, y la familia propietaria del predio ha señalado en varias oportunidades que debido a los trabajos del organismo se ha destruido parte del patrimonio arqueológico del lugar e incumplido normativas nacionales e internacionales que lo protegen.
La estancia, que se remonta al siglo XVII, perteneció al primer presidente constitucional de Uruguay, Fructuoso Rivera y fue declarada monumento histórico nacional en febrero del año pasado.
“ATROPELLO DESASTROSO, CAUDA LA CAÍDA DE MUROS JESUITAS DE MÁS DE 400 AÑOS”.
La solicitud de acceso a la información pública busca saber si la empresa estatal cumplió con las recomendaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entidad que financia la obra, que envió a la arqueóloga brasileña Tatiana Acosta, quien realizó un estudio sobre la situación del territorio y emitió un informe que sugirió varias medidas preventivas.
A su vez, aspira a conocer si las obras, tal como marca la normativa que protege el patrimonio, fueron realizadas bajo la supervisión de un arqueólogo de la Comisión de Patrimonio y otro de la empresa china, para estudiar las muestras extraídas de las excavaciones y comprobar si era posible seguir avanzando.
Los abogados patrocinantes de la familia Morató, Gonzalo Ramírez y Daniel Ochs, presentaron la solicitud de información pública en mayo, amparados en la Ley N° 18.381, pero ante la negativa de la empresa recurrieron a la justicia, que terminó obligando al ente a entregarla en un plazo máximo de 15 días corridos, plazo que ya ha expirado sin que UTE haya acatado la decisión judicial firme.
Debido a las consecuencias que tuvieron las obras, el abogado Daniel Ochs señaló que están agotando todas las instancias para que las autoridades públicas “vean que este atropello es desastroso”.
“Alguien tiene que hacerse cargo de las consecuencias que está generando la obra que ocasionó la caída de muros jesuitas de más de 400 años”, apuntó el profesional.
A su vez, tanto Alfredo Morató, propietario de la estancia, como el abogado coincidieron en que UTE “hace oídos sordos y no escuchó los dictámenes de los expertos del BID” ante este escenario, y afirmaron que el ente “quiere hacer ver” que solo las construcciones son patrimonio histórico. En este sentido, añadió que en la declaración de la Comisión de Patrimonio “queda claro” que el patrimonio abarca todo el padrón del campo.
“Presentamos una acción de amparo donde denunciamos que la línea recta indicaría que no hay que ingresar a la estancia Buen Retiro, pero aun así entran porque quieren evitar que sea afectada la producción de un vecino. Hay un recorrido de diez kilómetros más largo, que resulta más costoso para el Estado, para no afectar una producción, y entran en un establecimiento patrimonial a destrozarlo. UTE siguió adelante sin ningún informe que refutara al de Tatiana Acosta ni tampoco realizaron una evaluación sobre la caída de los muros jesuitas, estaban advertidos de que esto podría suceder pero hicieron caso omiso”, apuntó Ochs.
