La realidad es que todos somos más vulnerables frente a una delincuencia que se convierte en un monstruo que lo devora todo y que parece imparable.
Hébert Dell’Onte Larrosa | Montevideo | Todo El Campo | La noche del 30 de mayo de 2024 el barrio Maracaná, en la zona de Cno. Cibils y ruta 1, más precisamente la peatonal El Ombú, fue testigo y escenario de un crimen que conmovió a toda la sociedad.
En el lugar operaba una boca de drogas y hasta allí llegó un grupo de delincuentes que sin mediar palabras disparó un mínimo de 140 tiros, según los casquillos ubicados por la Policía, y según se informó en el momento los agresores usaron unas 10 armas. Claramente el objetivo era aniquilar a la familia, y prácticamente que lo lograron.
El resultado fue un saldo de cuatro muertos de 40, 18, 16 y 11 años. La conmoción social del momento no fue el mayor ni los adolescentes -parece que socialmente ya entonces estábamos acostumbrados a que los maten, en especial si ellos o sus familias están vinculados a algún tipo de comportamiento delictivo- sino por el niño.
Los lectores quizá recuerden la indignación que se generó en el momento, alzándose voces de condena y llamados de autoridades y actores sociales para que no vuelva a suceder algo así. Todo sentimos que aquella noche se rompió un límite y el desafío era no acostumbrarnos, reaccionar, para tratar de volver a ser aquella sociedad pacífica de hace no muchos años.
Lamentablemente, la indignación pasó rápidamente y hoy no es raro leer en los diarios o escuchar en los informativos que menores de edad, inclusive niños muy pequeños, son heridos en hechos criminales en lo que, obviamente, no tienen nada que ver.
Recordemos algunos casos. En enero pasado una niña de 2 años fue baleada cuando estaba con su padre, un hombre de 21 años que murió como resultado del ataque en tanto la niña recibió varios disparos logrando sobrevivir.
Más acá en el tiempo, uno de los últimos hechos ocurrió el 17 de octubre e involucra a una niña de 10 meses que recibió un disparo en el barrio El Tobogán (zona del estadio Luis Tróccoli).
El lunes 20 de octubre, apenas 3 días después, tres personas fueron heridas en Nuevo Ellauri, las víctimas tienen 21, 19 y 12 años. Este último fue el que resultó con las heridas de mayor gravedad, permaneciendo en el CTI de un centro de salud en estado crítico.
Es evidente, que desde aquel niño asesinado el 30 de mayo de 2024 hasta hoy, no hemos mejorado en nada. Por el contrario, nuestra sociedad ha empeorado significativamente, no solo porque la delincuencia sigue baleando niños, incluso de meses, sino porque la sociedad recibe esa información y ya no se indigna.
Lamentablemente parece que nos hemos acostumbrado, lo aceptamos y si genera algún tipo de molestia, es tan fútil que se nos pasa rápidamente y nos dura el tiempo que lleva dar vuelta la página del diario, cambiar de canal con el control remoto o hacer un clic en la computadora y pasar a otra cosa. Quizás algo más trivial e insignificante que no nos moleste tanto y que no genere ese enojo incómodo que no sabemos cómo manejar porque nos sabemos indefensos, y que se acaba convirtiendo en frustración.
Mientras tanto el Ministerio del Interior nos dice que los delitos bajan, lo cual es muy curioso, porque según los datos oficiales el delito ha retrocedido desde el gobierno anterior, y continúa su descenso en este. Con tantas bajas ya deberíamos estar en la mitad que hace algunos años o cerca de cero, sin embargo, sabemos que eso no es lo que está pasando y que la realidad es que todos somos más vulnerables frente a una delincuencia que se convierte en un monstruo que lo devora todo y que parece imparable.
Las autoridades deberían dejar de anunciar caídas del delito porque ya nadie cree tal afirmación. No digo que mientan -eso sería gravísimo e imperdonable-, pero la realidad es que el miedo social es tan creciente que nadie nota ni percibe una baja en los índices delictivos. Más bien todo lo contrario, y la disociación entre lo que el gobierno dice y lo que la gente siente, lleva a un alejamiento del discurso oficial y la sensación de que quienes están para protegernos no entienden lo que en verdad está sucediendo.
Y ya no es solo Montevideo. Por mucho tiempo, si uno quería vivir en un lugar tranquilo alcanzaba con cruzar la frontera de la capital y adentrarse en el interior. Eso bastaba para encontrar una vida de andar tranquilo, de conversaciones largas, puertas sin llave y el saber que los niños, los adolescentes y los mayores -los más vulnerables- estaban seguros. Pero la delincuencia ha crecido tanto que ya no queda lugar donde refugiarse.
El Ministerio del Interior dio a conocer algunos procedimientos vinculados al delito de abigeato y producción ganadera, en dos casos los culpables fueron condenados, debiendo cumplir la pena en libertad a prueba.
Minas, Lavalleja | Todo El Campo | El abigeato en todo el país tuvo un incremento del 8,7%, informó el Ministerio del Interior en el Boletín Semestral de Estadísticas Criminales, siendo el único delito contra la propiedad que aumentó.
En las últimas horas, el Ministerio del Interior dio a conocer algunos procedimientos vinculados al delito de abigeato y producción ganadera. En dos casos los culpables fueron identificados y condenados, debiendo cumplir bajo la modalidad de libertad a prueba.
En Lavalleja, la Brigada Departamental de Seguridad Rural desarrolló una investigación por denuncias de abigeato, que resultó con una persona condenada, pero no por el delito que se le denunció sino debido a que liberaba cheques sin fondos.
El hombre, de 54 años, era tenedor de ganado y fue denunciado por un administrador de fondos de inversión ganadera de Maldonado al no poder justificar la falta de al menos 200 vacunos ubicados en campos de ese departamento y en Lavalleja. También estaba implicado en otras denuncias vinculadas con la falta de otros 400 vacunos radicadas también por representantes legales de productores individuales y de fondos ganaderos.
Llevado ante el juez éste lo condenó como responsable penal en la comisión de un delito continuado de libramiento de cheques sin fondos, un delito de libramiento de cheque girado contracuenta suspendida, un delito continuado de libramiento de cheques frustrando su pago, un delito de disposición de cosas prendadas y un delito continuado de apropiación indebida; todos ellos en régimen de reiteración real.
La sentencia establece que el imputado cumpla con 24 meses de prisión bajo libertad a prueba, con medidas alternativas y con la prohibición de negociar ganado, con suspensión de su actividad como productor ganadero por el plazo de 12 meses.
TACUAREMBÓ, DENUNCIA POR ABIGEATO.
En las seccionales 4ª y 16ª se denunció faltante de ganado en predios ubicados en esas jurisdicciones. La Brigada Rural local inició una investigación aclarando lo sucedido y determinándose la participación de un hombre de37 años que fue condenado como autor penalmente responsable de “dos delitos de abigeato, en régimen de reiteración real, en grado consumado, a título de dolo directo”, a la pena de 22 meses de prisión, debiendo cumplir el total de la condena en libertad a prueba con medidas alternativas.
CONDENADO POR FAENA CLANDESTINA EN LAVALLEJA. La Brigada de Seguridad Rural de Lavalleja investiga un caso de faena de ganado clandestina. La investigación comenzó a partir de la denuncia radicada por el ahora indagado (de 67 años) el martes 2 de julio del 2024 cuando simuló la falta de 120 ovejas de cría, se pudo determinar su responsabilidad en el delito, resultando condenado, debiendo cumplir con ocho meses de prisión bajo libertad a prueba y penas alternativas.
La percepción de inseguridad en México supera el 60%. Es un país inseguro, pero la acción coordinada de las autoridades logra reducir el índice de los principales y más violentos delitos.
Hébert Dell’Onte Larrosa | Montevideo | Todo El Campo | El crecimiento de la inseguridad no es exclusividad de Uruguay, sino un fenómeno que se da en muchos países de todo el mundo, de diferentes formas y maneras, pero es inseguridad al fin.
México es considerado un país con altos índices de delincuencia, una encuesta realizada este año determinó que la percepción de inseguridad es del 62%.
Según el índice global de Datos de Ubicación de Conflictos Armados (Acled), en 2024 México fue el país sin guerra regular más peligroso y violento del mundo. En América Latina le siguen Brasil, Colombia, Honduras y Venezuela.
Otro dato duro es que, de las 50 ciudades más violentas del mundo, 20 están en México, entre ellas Acapulco, famosa por ser una atracción turística, de acuerdo a datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de 2024, presentado en febrero de este año en la capital mexicana.
Todos esos números y porcentajes corroboran lo que todos conocemos: la violencia y la inseguridad mexicana, una realidad que nos llega diariamente a través de la prensa, libros, películas, y ahora también desde las redes sociales.
Sin embargo, hay un estado mexicano, Nuevo León (noreste mexicano, limítrofe con Estados Unidos, separado por el río Bravo) que le ha torcido la mano a la delincuencia, logrando reducir el índice de delitos en los primeros seis meses del año.
México con destaque de Nuevo León
La información a la que accedió Todo El Campo indica que desde enero a junio fueron 6 meses consecutivos con una reducción de los delitos.
Los homicidios cerraron el primer semestre de 2025 con una caída del 47% respecto a igual período de 2024. Es la mayor reducción en los últimos 8 años. También hubo menor cantidad de robos y rapiñas.
Los delitos sexuales y de violencia familiar siguen siendo un tema de alerta para las autoridades locales por salirse de la media histórica. Es de destacar que el feminicidio cayó 82%.
Todos son porcentajes importantes, y aunque son números fríos, el mensaje es claro: es posible ganarle a la delincuencia.
Samuel García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León explicó su estrategia para llegar a esos resultados: “No es fruto de la casualidad, es un trabajo de todos”, involucrando a los integrantes de la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz, compuesta por autoridades estatales, municipios, Defensa Nacional, Guardia Nacional y Marina. También destacó el rol desempeñado por empresarios, la ciudadanía y por supuesto el cuerpo policial: “El trabajo de todos es lo que está dando resultados”, subrayó.
Cada integrante de la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz cumple una función específica y cada vez que se opera, “hay un nivel de coordinación”.
Como fue dicho, con 6 millones de habitantes, Nuevo León nos está diciendo que es posible combatir la delincuencia y hacerla retroceder. ¿Por qué ellos pueden en un contexto nacional de mucha inseguridad, y por qué nosotros no?, es algo que tendríamos que analizar.
En Peralta y Cardozo Chico (Tacuarembó), ya son una escuela rural y seis las casas quemadas, en solo 10 días, por lo que no se entiende la pasividad policial.
Hébert Dell’Onte Larrosa | Montevideo | Todo El Campo | En los últimos días Uruguay pareció haber sido consumido por el caos. A los delitos “comunes”, agravados por la seguidilla de homicidios violentos, se sumaron las amenazas de bombas y los incendios en Peralta y Cardozo Chico, departamento de Tacuarembó.
Todo eso sin mencionar los ciberataques a la Dirección Nacional de Migración, al Ministerio de Desarrollo Social , la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia) y Buquebus.
Hasta hace pocos años, los delitos más preocupantes para las autoridades y la sociedad eran las rapiñas y los arrebatos. En ellos los delincuentes exponían al máximo la violencia que eran capaces de ejercer sobre las víctimas.
A diferencia de hoy, los homicidios no eran cosa de todos los días, o al menos no tenían espectacularidad, y cuando ocurrían por lo general obedecían a razones circunstanciales.
Actualmente casi no se habla ni se informa sobre arrebatos, que ocurren y siguen lastimando a las personas por la agresividad que ejercen sus autores al momento de cometerlo, pero que ante el crecimiento de hechos de mayor envergadura, pasó a un tercer o cuarto plano en el interés y la preocupación social.
Las rapiñas, o sea el apoderamiento de una cosa mueble mediante el uso de violencia o amenazas, sigue siendo de los delitos más graves y preocupantes, pero es el homicidio el acapara toda la atención de la sociedad porque para operar sus autores van rompiendo sus propios límites en una escalada que parece no tener fin. Apelan a armas cada vez más letales -de guerra- y sin reparar el alcance de éstas las usan de forma cada vez más frecuente y de manera cada vez más indiscriminada llegando a lastimar o asesinar a personas inocentes, incluso niños. Lo que ejercen ya no es únicamente el homicidio, es el terror y el mensaje de poder para la sociedad.
A todo eso, en las últimas horas se sumaron las amenazas de bombas en centros comerciales y de estudios, hechos por los que ya hubo dos detenidos, un hombre y una mujer. El hombre resultó condenado a seis meses de libertad a prueba y la mujer deberá cumplir 45 días de prisión domiciliaria, mientras la investigación continúa y a la espera del fallo judicial definitivo.
Mientras estas dos personas declaraban en el juzgado, volvió a darse otra amenaza en la Facultad de Medicina. La Policía busca al tercer involucrado y se espera su pronta detención.
No menos inquietante es lo que sucede en Peralta y Cardozo Chico, Tacuarembó, con incendios a viviendas y escuelas, sin que haya respuestas claras por parte de la Policía y Fiscalía. En este caso el autor ha demostrado que cumple con sus amenazas, ya son una escuela rural y seis las casas quemadas, por lo que no se entiende la pasividad policial.
Los homicidios, las amenazas de bombas -ahora con la ubicación de personas involucradas-, y los incendios de Tacuarembó, son hechos que vulneran a la sociedad, la dejan expuesta a la actividad de los delincuentes que se mueven con comodidad en todo el país.
En contraste, el Estado parece débil, no da señales claras ni mensajes correctos, lo que alimenta la autoridad que los delincuentes quieren ejercer sobre el resto de los ciudadanos a base de miedo y terror.
Es fundamental que desde el Ministerio se comiencen a dar señales de fortaleza y determinación, eso es algo en lo que debemos estar todos juntos. La actitud es clave para lograr los objetivos planteados.
Hace 22 años comenzó en el país un proceso de caída acelerada de la seguridad. A la luz de los acontecimientos de las últimas horas, el Gobierno debe animarse a tomar acciones decididas y de efecto inmediato.
Hébert Dell’Onte Larrosa | Montevideo | Todo El Campo | A la gente le preocupa la inseguridad más que cualquier otro tema de los que suelen estar en la agenda política y social del país.
Delincuencia siempre hubo y los que tenemos algunos años sabemos que la percepción ciudadana siempre evolucionó hacia una situación peor que la anterior. Recuerdo que allá por 1998 -segunda presidencia de Julio Ma. Sanguinetti- escribí un artículo señalando un aumento del uso de rejas en los hogares como forma de protección. Otros barrios o zonas con mayores posibilidades económicas contrataban empresas de seguridad que los vecinos pagaban religiosamente todos los meses. Ya desde entonces había una percepción de inseguridad preocupante.
Con el tiempo la tecnología evolucionó y se abarató siendo posible la instalación de cercas eléctricas, portones control remoto y cámaras que ahora el dueño de la casa puede ver a través de un celular desde cualquier lugar del mundo. Todo eso se sigue haciendo, pero nada detiene la conducta delictiva de los que optan ir por ese camino, por lo que la batalla es permanente: siempre habrá personas dispuestas a delinquir, esa es una verdad estampada a fuego desde que Moisés -el personaje de la Biblia que también aparece en el Corán- recibió los Diez Mandamientos y aquella ordenanza “no matarás, no robarás”.
2002, LA CRISIS Y LA LLEGADA DE LA PASTA BASE A URUGUAY.
Si hay que marcar un punto de quiebre, ese es el año 2002 durante el Gobierno de Jorge Batlle. En un contexto de crisis financiera y bancaria que se convirtió en la más grande en la historia del país, con una disparada de los suicidios nunca vistos hasta ese momento y el aumento del estrés y la irascibilidad social, Uruguay comenzó a observar cómo una nueva y nefasta droga causaba importantes estragos en la población más joven, la pasta base, superando el daño causado por inhalar cemento -hasta ese momento la forma más económica de drogarse pero con un impacto y alcance mucho más acotado-. La pasta base cambió radicalmente el comportamiento de los desafortunados consumidores y comenzó a desdibujar algunos aspectos de la sociedad uruguaya.
En 2005 gana por primera vez el Frente Amplio las elecciones nacionales y asume Tabaré Vázquez iniciando su primer Presidencia. Con él llega al poder la visión edulcorada que el socialismo siempre ha tenido de la delincuencia y del delincuente transformándolo en víctima.
Con esa mentalidad, la gran política de seguridad comenzó con la liberación de presos, bajo la equivocada lógica de contar con la buena voluntad de los premiados. Alcanzaba con haber leído de niño la fábula de la rana y escorpión para saber que nadie pierde su condición por el mero hecho de que otros crean que sí.
La delincuencia creció y cada vez hubo señales más evidentes de que una nueva sociedad estaba emergiendo desde las sombras, perdiendo todo resto de vergüenza, actuando de forma cada vez más descarada y osada, sin códigos ni valores de ningún tipo, arrasando con todo lo que se le cruzara y perdiendo todo sentido de valor por la vida humana.
En 2010 la ciudadanía puso en el Gobierno a José Mujica, un mago de la ilusión, hombre de grandes promesas no cumplidas. Si hubiera honrado aquel “educación, educación, educación”, seguramente Uruguay sería otro, pero tuvo un gran éxito en su fracaso, del que luego responsabilizó a los sindicatos.
Fue en ese mismo 2010 que asume el peor ministro del Interior que tuvo el país desde el retorno de la democracia, Eduardo Bonomi. Con él comenzó un período de baja autoestima policial, el desamparo por la acción de enfrentar a los delincuentes y la instauración de un estado en que el delincuente parecía que siempre podía salirse con la suya.
Sumado a ello Mujica legalizó la marihuana desoyendo los informes técnicos de la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay y la Sociedad Uruguaya de Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia.
El resultado fue que la juventud más vulnerable, la de contexto socioeducativo más bajo, fue bombardeada de mensajes donde la delincuencia no es tan mala, la droga no hace tanto mal sino que nos da más libertad, y estudiar no es una buena elección cuando el mundo narco te empodera sin esfuerzo.
¿Cuántos adolescentes y jóvenes se embanderaron con esa idea destrucción propia y ajena?
2015 es el año del tercer Gobierno del Frente Amplio, y la segunda Presidencia de Vázquez en la que comete el error de mantener a Bonomi a pesar del deterioro de la seguridad. Y lo confirma una y otra vez en el cargo hasta el último día de su mandato.
Es Vázquez quien reglamenta la venta de marihuana en farmacias, aún contra su voluntad y luego de la amenaza de Mujica de “trancar todo en el Parlamento” si no se avanzaba al respecto.
EL COMIENZO DEL CAMBIO.
Con la llegada de Luis Lacalle a la Presidencia y Jorge Larrañaga al Ministerio del Interior, un viento esperanzador ganó a la sociedad. En los cuadros policiales comenzaron a llegar mensajes de apoyo y respaldo por el accionar, y algo muy importante: cambió la disposición y la actitud de quienes debían combatir el delito.
Así llegamos al presente. Mejor que antes, pero sin ser suficiente.
Los números indican que la delincuencia ha bajado en los crímenes “tradicionales”, por llamarlos de alguna forma. Pero no ha sido así en las nuevas maneras delictivas vinculadas al narcotráfico. Ahí hemos ido de mal en peor.
Sucede que el delito y la delincuencia organizada no son conceptos abstractos, sino que detrás de ellos hay personas racionales e inteligentes que emplean todas sus capacidades para contrarrestar lo que la Policía haga para combatirlas.
Los delincuentes saben cuáles son los contextos vulnerables donde puede fortalecerse, saben de las debilidades humanas, conocen fortalezas propias para tomar impulso, y la de sus adversarios -la Policía- para evitarlas. Eso hace que su combate requiera mucho más esfuerzo y deba darse a varios frentes en manera simultánea, incluyendo los programas sociales, las políticas educativas, las instancias de reinserción social y también la prensión y represión. Y estrategia, que es lo que está faltando.
ESTRATEGIA DE EFECTO INMEDIATO.
Pero necesitamos de una estrategia de efecto inmediato. Está muy bien lo que hace el Inisa con los menores infractores, y está muy bien todo lo que se quiera hacer en educación y cárceles, pero falta asumir una decisión que sea desde ya y que de resultados ahora.
La campaña electoral ha sido propicia para que los diferentes precandidatos presenten propuestas concretas, pero todas adolecen de falta de inmediatez, salvo la de sacar a los militares a la calle, no para ocupar el lugar de la Policía, sino en apoyo. A la luz de la escalada de violencia que está viviendo el país, quizá sea el momento de tomar acciones decididas. La gente lo necesita.
