En Peralta y Cardozo Chico (Tacuarembó), ya son una escuela rural y seis las casas quemadas, en solo 10 días, por lo que no se entiende la pasividad policial.
Hébert Dell’Onte Larrosa | Montevideo | Todo El Campo | En los últimos días Uruguay pareció haber sido consumido por el caos. A los delitos “comunes”, agravados por la seguidilla de homicidios violentos, se sumaron las amenazas de bombas y los incendios en Peralta y Cardozo Chico, departamento de Tacuarembó.
Todo eso sin mencionar los ciberataques a la Dirección Nacional de Migración, al Ministerio de Desarrollo Social , la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia) y Buquebus.
Hasta hace pocos años, los delitos más preocupantes para las autoridades y la sociedad eran las rapiñas y los arrebatos. En ellos los delincuentes exponían al máximo la violencia que eran capaces de ejercer sobre las víctimas.
A diferencia de hoy, los homicidios no eran cosa de todos los días, o al menos no tenían espectacularidad, y cuando ocurrían por lo general obedecían a razones circunstanciales.
Actualmente casi no se habla ni se informa sobre arrebatos, que ocurren y siguen lastimando a las personas por la agresividad que ejercen sus autores al momento de cometerlo, pero que ante el crecimiento de hechos de mayor envergadura, pasó a un tercer o cuarto plano en el interés y la preocupación social.
Las rapiñas, o sea el apoderamiento de una cosa mueble mediante el uso de violencia o amenazas, sigue siendo de los delitos más graves y preocupantes, pero es el homicidio el acapara toda la atención de la sociedad porque para operar sus autores van rompiendo sus propios límites en una escalada que parece no tener fin. Apelan a armas cada vez más letales -de guerra- y sin reparar el alcance de éstas las usan de forma cada vez más frecuente y de manera cada vez más indiscriminada llegando a lastimar o asesinar a personas inocentes, incluso niños. Lo que ejercen ya no es únicamente el homicidio, es el terror y el mensaje de poder para la sociedad.
A todo eso, en las últimas horas se sumaron las amenazas de bombas en centros comerciales y de estudios, hechos por los que ya hubo dos detenidos, un hombre y una mujer. El hombre resultó condenado a seis meses de libertad a prueba y la mujer deberá cumplir 45 días de prisión domiciliaria, mientras la investigación continúa y a la espera del fallo judicial definitivo.
Mientras estas dos personas declaraban en el juzgado, volvió a darse otra amenaza en la Facultad de Medicina. La Policía busca al tercer involucrado y se espera su pronta detención.
No menos inquietante es lo que sucede en Peralta y Cardozo Chico, Tacuarembó, con incendios a viviendas y escuelas, sin que haya respuestas claras por parte de la Policía y Fiscalía. En este caso el autor ha demostrado que cumple con sus amenazas, ya son una escuela rural y seis las casas quemadas, por lo que no se entiende la pasividad policial.
Los homicidios, las amenazas de bombas -ahora con la ubicación de personas involucradas-, y los incendios de Tacuarembó, son hechos que vulneran a la sociedad, la dejan expuesta a la actividad de los delincuentes que se mueven con comodidad en todo el país.
En contraste, el Estado parece débil, no da señales claras ni mensajes correctos, lo que alimenta la autoridad que los delincuentes quieren ejercer sobre el resto de los ciudadanos a base de miedo y terror.
Es fundamental que desde el Ministerio se comiencen a dar señales de fortaleza y determinación, eso es algo en lo que debemos estar todos juntos. La actitud es clave para lograr los objetivos planteados.
Hace 22 años comenzó en el país un proceso de caída acelerada de la seguridad. A la luz de los acontecimientos de las últimas horas, el Gobierno debe animarse a tomar acciones decididas y de efecto inmediato.
Hébert Dell’Onte Larrosa | Montevideo | Todo El Campo | A la gente le preocupa la inseguridad más que cualquier otro tema de los que suelen estar en la agenda política y social del país.
Delincuencia siempre hubo y los que tenemos algunos años sabemos que la percepción ciudadana siempre evolucionó hacia una situación peor que la anterior. Recuerdo que allá por 1998 -segunda presidencia de Julio Ma. Sanguinetti- escribí un artículo señalando un aumento del uso de rejas en los hogares como forma de protección. Otros barrios o zonas con mayores posibilidades económicas contrataban empresas de seguridad que los vecinos pagaban religiosamente todos los meses. Ya desde entonces había una percepción de inseguridad preocupante.
Con el tiempo la tecnología evolucionó y se abarató siendo posible la instalación de cercas eléctricas, portones control remoto y cámaras que ahora el dueño de la casa puede ver a través de un celular desde cualquier lugar del mundo. Todo eso se sigue haciendo, pero nada detiene la conducta delictiva de los que optan ir por ese camino, por lo que la batalla es permanente: siempre habrá personas dispuestas a delinquir, esa es una verdad estampada a fuego desde que Moisés -el personaje de la Biblia que también aparece en el Corán- recibió los Diez Mandamientos y aquella ordenanza “no matarás, no robarás”.
2002, LA CRISIS Y LA LLEGADA DE LA PASTA BASE A URUGUAY.
Si hay que marcar un punto de quiebre, ese es el año 2002 durante el Gobierno de Jorge Batlle. En un contexto de crisis financiera y bancaria que se convirtió en la más grande en la historia del país, con una disparada de los suicidios nunca vistos hasta ese momento y el aumento del estrés y la irascibilidad social, Uruguay comenzó a observar cómo una nueva y nefasta droga causaba importantes estragos en la población más joven, la pasta base, superando el daño causado por inhalar cemento -hasta ese momento la forma más económica de drogarse pero con un impacto y alcance mucho más acotado-. La pasta base cambió radicalmente el comportamiento de los desafortunados consumidores y comenzó a desdibujar algunos aspectos de la sociedad uruguaya.
En 2005 gana por primera vez el Frente Amplio las elecciones nacionales y asume Tabaré Vázquez iniciando su primer Presidencia. Con él llega al poder la visión edulcorada que el socialismo siempre ha tenido de la delincuencia y del delincuente transformándolo en víctima.
Con esa mentalidad, la gran política de seguridad comenzó con la liberación de presos, bajo la equivocada lógica de contar con la buena voluntad de los premiados. Alcanzaba con haber leído de niño la fábula de la rana y escorpión para saber que nadie pierde su condición por el mero hecho de que otros crean que sí.
La delincuencia creció y cada vez hubo señales más evidentes de que una nueva sociedad estaba emergiendo desde las sombras, perdiendo todo resto de vergüenza, actuando de forma cada vez más descarada y osada, sin códigos ni valores de ningún tipo, arrasando con todo lo que se le cruzara y perdiendo todo sentido de valor por la vida humana.
En 2010 la ciudadanía puso en el Gobierno a José Mujica, un mago de la ilusión, hombre de grandes promesas no cumplidas. Si hubiera honrado aquel “educación, educación, educación”, seguramente Uruguay sería otro, pero tuvo un gran éxito en su fracaso, del que luego responsabilizó a los sindicatos.
Fue en ese mismo 2010 que asume el peor ministro del Interior que tuvo el país desde el retorno de la democracia, Eduardo Bonomi. Con él comenzó un período de baja autoestima policial, el desamparo por la acción de enfrentar a los delincuentes y la instauración de un estado en que el delincuente parecía que siempre podía salirse con la suya.
Sumado a ello Mujica legalizó la marihuana desoyendo los informes técnicos de la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay y la Sociedad Uruguaya de Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia.
El resultado fue que la juventud más vulnerable, la de contexto socioeducativo más bajo, fue bombardeada de mensajes donde la delincuencia no es tan mala, la droga no hace tanto mal sino que nos da más libertad, y estudiar no es una buena elección cuando el mundo narco te empodera sin esfuerzo.
¿Cuántos adolescentes y jóvenes se embanderaron con esa idea destrucción propia y ajena?
2015 es el año del tercer Gobierno del Frente Amplio, y la segunda Presidencia de Vázquez en la que comete el error de mantener a Bonomi a pesar del deterioro de la seguridad. Y lo confirma una y otra vez en el cargo hasta el último día de su mandato.
Es Vázquez quien reglamenta la venta de marihuana en farmacias, aún contra su voluntad y luego de la amenaza de Mujica de “trancar todo en el Parlamento” si no se avanzaba al respecto.
EL COMIENZO DEL CAMBIO.
Con la llegada de Luis Lacalle a la Presidencia y Jorge Larrañaga al Ministerio del Interior, un viento esperanzador ganó a la sociedad. En los cuadros policiales comenzaron a llegar mensajes de apoyo y respaldo por el accionar, y algo muy importante: cambió la disposición y la actitud de quienes debían combatir el delito.
Así llegamos al presente. Mejor que antes, pero sin ser suficiente.
Los números indican que la delincuencia ha bajado en los crímenes “tradicionales”, por llamarlos de alguna forma. Pero no ha sido así en las nuevas maneras delictivas vinculadas al narcotráfico. Ahí hemos ido de mal en peor.
Sucede que el delito y la delincuencia organizada no son conceptos abstractos, sino que detrás de ellos hay personas racionales e inteligentes que emplean todas sus capacidades para contrarrestar lo que la Policía haga para combatirlas.
Los delincuentes saben cuáles son los contextos vulnerables donde puede fortalecerse, saben de las debilidades humanas, conocen fortalezas propias para tomar impulso, y la de sus adversarios -la Policía- para evitarlas. Eso hace que su combate requiera mucho más esfuerzo y deba darse a varios frentes en manera simultánea, incluyendo los programas sociales, las políticas educativas, las instancias de reinserción social y también la prensión y represión. Y estrategia, que es lo que está faltando.
ESTRATEGIA DE EFECTO INMEDIATO.
Pero necesitamos de una estrategia de efecto inmediato. Está muy bien lo que hace el Inisa con los menores infractores, y está muy bien todo lo que se quiera hacer en educación y cárceles, pero falta asumir una decisión que sea desde ya y que de resultados ahora.
La campaña electoral ha sido propicia para que los diferentes precandidatos presenten propuestas concretas, pero todas adolecen de falta de inmediatez, salvo la de sacar a los militares a la calle, no para ocupar el lugar de la Policía, sino en apoyo. A la luz de la escalada de violencia que está viviendo el país, quizá sea el momento de tomar acciones decididas. La gente lo necesita.
Los temas de seguridad abordados están vinculados al hurto de animales, combustibles, cereales, maquinarias y salud animal.
El jueves 17 de marzo tuvo lugar el taller organizado por la Comisión Nacional de Seguridad Rural, del cual participaron los ministros del Interior, Luis Alberto Heber; de Defensa Nacional, Javier García, y de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos.
También estuvieron presentes la presidenta de la Comisión, Fernanda Maldonado, representantes de la Fiscalía, representantes de la Comisión Nacional de Seguridad Rural, del Plan Estratégico Nacional Rubro Ovino (Penro), del Instituto Nacional de Carnes, del Instituto de Bienestar Animal, de agrupaciones de productores y técnicos diversos.
Según el calendario de actividades, después de este taller dirigido a funcionarios de la región Norte, integrada por los departamentos de Artigas, Salto y Paysandú, habrá otros, se informó, y en los meses de mayo, julio, setiembre, noviembre y en diciembre las capacitaciones continuarán en el resto de los departamentos.
GARCÍA: “URUGUAY ES MÁS SEGURO QUE HACE DOS AÑOS”.
El ministro de Defensa Nacional dijo que la coordinación institucional permitió que Uruguay sea más seguro que hace dos años, tanto en el ámbito rural como en el resto del territorio.
Agregó que existe una decisión política del presidente Luis Lacalle, que fijó como prioridad el combate a la criminalidad y el delito en cualquiera de sus modalidades.
La ley de urgente consideración (LUC) es un instrumento muy importante para lograr éxito en estos resultados, porque contiene disposiciones legales, por los nuevos instrumentos y por la voluntad política e institucional del Gobierno de respaldar a quienes llevan adelante el combate a la criminalidad, explicó.
En los últimos dos años, la política de frontera del Ministerio de Defensa permitió desplegar 10.178 puestos de control y patrullas móviles, con un promedio diario de 820 efectivos. Se cumplieron 9,5 millones de horas de servicios y se recorrieron más de 800.000 kilómetros cuadrados en control terrestre y más de 1.240 de millas náuticas de patrullaje fluvial.
Además, fueron evitados 3.621 casos de ingresos al país irregulares por las fronteras. También se evitaron 103 casos de gran contrabando, 21 casos de incautación de drogas, 9 casos de abigeato y 76 embarcaciones irregulares.
HEBER: “QUEDA MUCHO POR HACER”.
El ministro del Interior, en tanto, recordó que las denuncias por abigeato son recibidas en la línea gratuita 0800.4444, lo que facilita que los ciudadanos no deban concurrir a las comisarías o destacamentos.
“Estamos rumbo a un país más seguro. No estamos en los guarismos que queremos, todavía queda mucho trabajo por hacer, pero es muy relevante el abatimiento y el éxito que ha tenido la seguridad en términos generales”, subrayó.
Heber recibió de la Comisión un lector de trazabilidad, que se suma a otros 20, y tres drones.
MATTOS: HUBO UN CAMBIO EN EL COMBATE DEL DELITO Y SUS RESULTADOS.
El ministro Mattos, indicó que la ocurrencia de robos, asaltos, copamientos y abigeatos en el ámbito rural motivó en esta administración que se creará la Dirección Nacional de Seguridad Rural, con sede en Florida.
Esa nueva Dirección de Seguridad Rural que tiene sede en Florida fue un cambio en el combate al delito y resaltó los cursos brindados a los funcionarios de los diferentes organismos que cuentan ahora con la información necesaria y un respaldo institucional coordinado.
MALDONADO: “INTENSO TRABAJO DE PREVENCIÓN”.
Fernanda Maldonado resaltó que la Comisión trabaja “intensamente en la prevención de los delitos en el medio rural, fundamentalmente en la capacitación dirigida a funcionarios del Ministerio del Interior, de la Fiscalía y de Defensa”.
Los talleres son mensuales y se cubre todo el territorio nacional de forma virtual, lo que es complementado por talleres específicos como los que hace el INAC, Servicios Ganaderos, Dicose y el Sistema Nacional de Trazabilidad.
La seguridad rural “no sólo es el tema del abigeato, que es lo que más se pone arriba de la mesa”, precisó, y eso incluye el hurto de “cereales, combustible, maquinarias, la penetración ilegítima en fundo ajeno que es un delito del que poco se habla y mucho daño causa”.
Nuestro trabajo “es muy coordinado entre los tres ministerios” en todas esas temáticas, concluyó.
