En su discurso de cierre de la Expo Prado 2022, el presidente de la ARU dijo que “desde 2011 a la fecha, los salarios rurales aumentaron 59% más respecto a los salarios públicos y al índice medio nacional”.

El sábado 17 de setiembre, en el acto de cierre de la Expo Prado 2022, el presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), Gonzalo Valdés, expuso en un discurso de 30 minutos las consideraciones que esa institución considera más relevantes, dirigidas a la ciudadanía en general, pero teniendo en cuenta la presencia del presidente de la República, Luis Lacalle, como de todas la autoridades del equipo económico y del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), encabezadas por el ministro Fernando Mattos.

Valdés se refirió a temas variados que hacen al sector rural como al país en general. Comenzó destacando que “el sector agropecuario es el motor del país, representa el 80% de las exportaciones de bienes y genera 270.000 puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos, principalmente en el interior del país”.

Al medio rural se lo categoriza como un sector de permanentes reclamos, pero “quienes nos señalan como permanentes críticos no entienden, o tal vez no quieren entender, cuál es el ánimo que motiva nuestro accionar. Lo nuestro no son quejas. Son aportes que tienen como finalidad el bienestar de la población toda, buscando la mejora en la gestión de los recursos estatales que, en definitiva, son aportados con sus impuestos por cada uno de los habitantes de la República, sean rurales o no”, expresó.

“Buscamos una mejor gestión de nuestra propia actividad, siempre apuntando al bienestar de la gente de campo, productores o trabajadores rurales” y es con esa visión que “explícitamente promovimos un ajuste de los salarios por el adelanto de los correctivos previstos para el 2023. Además, sugerimos un adelanto del aumento de sueldos antes de lo previsto por la ronda de Consejos de Salarios de 2021”, dichas acciones tuvieron como fin “proteger a los trabajadores rurales ante el proceso inflacionario, que afectó y continúa afectando la economía a nivel global”.

“Desde el 2011 a la fecha, los salarios rurales han aumentado 59% más respecto a los salarios públicos y al índice medio nacional”, subrayó.

BICHERA.

El segundo punto mencionado por Valdés fue el de la bichera, un tema de “preocupación del Poder Ejecutivo, de todas las gremiales nacionales y regionales, especialmente de los productores”; una “prioridad y promesa de campaña” hecha por quienes hoy gobiernan.

Durante mucho tiempo la ARU “fue erróneamente señalada por muchos como la responsable de trancar y demorar una solución; de ser caprichosos en nuestros planteos y no colaborar en generar un ambiente de negociación acerca de cómo se llevaría adelante el programa”, generándose “fuertes diferencias”, incluso “con el propio Ministerio” de Ganadería.

Ante esa situación de “falta de acuerdo con las gremiales y teniendo en consideración la urgencia del tema”, la ARU fue clara en que “el Gobierno debía asumir su función de gobernar y llevar adelante el programa, asumiendo la responsabilidad política del éxito o fracaso del proyecto”.

“Siempre es saludable el diálogo y el intercambio de ideas, pero no encontramos motivo alguno para que se condicione una campaña y/o un programa sanitario al consenso unánime del Gobierno y las gremiales”.

Finalmente, hace dos años, “se planteó el camino fácil, la financiación por parte de los productores en función de no recurrir a rentas generales, único punto que acompañamos y con el que estuvimos de acuerdo desde el inicio de este proceso. Se plantearon otras medidas con las que no estuvimos de acuerdo, como la creación de un instituto específico”, pues eso implica más estructura pública, más burocracia”.

“Recientemente, se cerró el capítulo de la bichera. Una vez aprobada la reglamentación correspondiente, el programa será financiado por aportes exclusivos de los productores, pero sin generar nuevas tasas y confiando en una mejor gestión de los aportes existentes”. De esa forma, la ARU “se plantó firme en lo que creyó justo para los productores, trabajando y dialogando para que sus aportes, que tanto cuesta realizar, fueran bien gestionados”.

QUE EL SENADO SOLUCIONE LOS ERRORES DE LOS DIPUTADOS.

Por otra parte, la ARU ha analizado las tasas y contribuciones “cuyo producto, por imposición legal, tienen destinos específicos y dirigidos exclusivamente al contribuyente, es decir a la cadena agroindustrial, y que por imperio legal no pueden tener un destino ajeno al servicio público correspondiente”.

“En el sector agroexportador hay más de una decena de tasas y contribuciones que se le imponen al productor directa o indirectamente. Coyunturalmente, muchas de ellas han generado saldos positivos, como el Fondo de Enfermedades Prevalentes, el Fondo de Inspección Sanitaria, INAC, INIA, y otras”; pero “históricamente han sido afectadas para cubrir presupuestos distintos a los que estaban destinados en deterioro de la propia institucionalidad agropecuaria”.

En el 2021, unos US$ 133 millones fueron recaudados únicamente en concepto de tasas y contribuciones del agronegocio. Es una suma equivalente a los aranceles que el Uruguay paga por las exportaciones totales a China”.

Cuestionó las modificaciones que los diputados hicieron al proyecto de la rendición de cuentas al establecer “reasignaciones de recursos con afectaciones específicas”, con lo cual se causa un “perjuicio de la actividad económica nacional y en especial del sector agropecuario”. Son modificaciones que “debilitan al Instituto Nacional de Colonización, derivando recursos a la Universidad de la República. Lo mismo sucede con los recursos del Laboratorio Tecnológico del Uruguay, creando un impuesto a las exportaciones no tradicionales”.

En ARU no se niega “la importancia de apostar por la ciencia, la tecnología, la innovación o la formación de su gente; tampoco nos oponemos a que esos proyectos o programas deban ser subsidiados, si las políticas sociales así lo demandan”, pero “dichos subsidios cruzados, como el del transporte de pasajeros, deben provenir de Rentas Generales y no deben cargarse sobre la producción” porque “afectan la competitividad” y son “una clara violación de las normas tributarias”.

Asimismo, cuestionó el impuesto a la exportación de animales en pie, carnes, menudencias y subproductos, con destino a Rentas Generales, introducido en Diputados “sin haber evaluado sus implicancias y consecuencias. Aplicar un impuesto a las exportaciones de productos agroindustriales desincentiva a la producción, reduce las inversiones, reduce el empleo, principalmente en la industria”. Es una medida que tiene un “efecto contrario al buscado” porque “termina reduciendo directamente la recaudación de Rentas Generales”, “atenta directamente en la competitividad de la cadena cárnica, sin perjuicio de reducir a la vez los ingresos del Estado”.

“No es equivalente a una detracción. Son dos detracciones, dos retenciones a las exportaciones de productos tradicionales y no tradicionales”, y el Gobierno “a través del presidente como del ministro de Ganadería, se ha manifestado explícitamente en contra de esta medida, reconociendo que genera un antecedente desfavorable. Confiamos en que el Senado revisará este artículo”, subrayó.

LOS AVANCES DEL GOBIERNO.

Valdés agregó que al campo le consta y reconoce que “la mejora en la gestión de recursos humanos y económicos es una obsesión del equipo económico” compuesto por Presidencia, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Es clave “reducir el déficit fiscal, llevar adelante la asignación de recursos acorde con los fines propuestos y su efectivo cumplimiento” y “ajustarse a la regla fiscal vigente desde la ley de urgente consideración”.

A su vez, “reconocemos que hay avances importantes en varios aspectos”, y enumeró: “Vemos como positivo la acción del Poder Ejecutivo avanzando en negociaciones de acuerdos comerciales con otros países o bloques como Turquía, el Acuerdo Transpacífico, la habilitación de exportación de sorgo a China, así como el inicio de un tratado de libre comercio con ese mismo país”. La “modernización de la institucionalidad agropecuaria” a través de la Estrategia Nacional para el Desarrollo Agropecuario del MGAP, con lo cual “se busca de un mejor desempeño y una política de Estado que asegure el desarrollo del agronegocio. “La firma de un memorándum de entendimiento con el Ministerio de Producción de Brasil, relativo al trabajo en conjunto en diversas áreas especialmente en materia sanitaria”.

También hay mejores gestiones en las campañas sanitarias y “se realizan esfuerzos importantes atendiendo la ruralidad por parte del Gobierno”.

“Se está trabajando fuerte en la electrificación rural y en la conectividad, priorizando a las escuelas rurales”; el avance en obras viales que posibilitan el movimiento de la producción; y “un fuerte apoyo financiero al sector rural”.

LAS REFORMAS NECESARIAS: SEGURIDAD SOCIAL, EDUCACIÓN Y DEL ESTADO.

ARU considera “imperioso concretar la reforma de la seguridad social” para tener un “sistema previsional sostenible en el tiempo. Debemos hacerlo por las próximas generaciones”.

“También es impostergable la transformación de la Educación, porque de ella depende el futuro del Uruguay”, dijo Valdés y reclamó como “fundamental que todos, especialmente cámaras empresariales y trabajadores, conozcan profundamente su contenido”.

Como paso más profundo: “Necesitamos avanzar hacia una profunda reforma del Estado, que garantice un Estado eficiente y austero, con funcionarios estrictamente necesarios y capacitados técnicamente para ocupar los cargos que ejerzan”.

Reclamó “un Estado ágil, profesionalizado, digitalizado al cien por ciento en expedientes y trámites, buscando la eficiencia de la gestión pública, logrando la ejecución de sus programas y procesos de contratación”.

No obstante, ARU ve “con preocupación que cada una de esas transformaciones, tan necesarias para preparar al país para el mundo en el que vivimos, encuentran más obstáculos que aportes”.

No todo el sistema político pareciera estar dispuesto a asumir la responsabilidad del ahora”, objetó: “Piensan más en los costos político-electorales de sus decisiones, que en las consecuencias de no hacer lo debido”.

SITUACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO.

El agro asume su “responsabilidad como productores de trabajar e invertir en busca de un aumento de nuestra propia productividad generando más divisas, pero fundamentalmente creando más empleos en forma directa e indirecta. La inversión determinó el aumento de productividad en todos sus productos: granos, leche y carne. La introducción de innovación, tecnologías, conocimiento aplicado y agregado de valor, han permitido un mayor rendimiento en los cultivos tanto en soja y arroz”.

“El acortamiento del ciclo pecuario logró aumentar la tasa de extracción al 25%, mejorando la relación ternero/vaca de cría, manteniendo la participación de hembras en el rodeo en un 55%, y produciendo 830.000 toneladas de carnes”.

“El 80% de los ingresos por exportaciones de bienes son de origen agropecuario”.

“Seguir en este camino implica invertir en tecnologías, especialmente en la cría y recría, resultando necesario la mejora en genética, sanidad y manejo en los suelos de menor capacidad forrajera”.

SE EQUIVOCAN: NO HAY VIENTO, MUCHO MENOS HURACÁN DE COLA.

Valdés dijo que “se equivocan” quienes creen que hoy hay viento o un huracán de cola.

“La evolución de los precios internacionales del maíz, soja, trigo y leche muestran, en términos constantes, que históricamente el 2006 fue el año de los precios más altos; entre junio y julio de este año cayeron a los valores promedios desde el año 2000”.

“Lo mismo sucede con la ganadería, la faena de vacunos de 2021 fue similar a la del 2006, y los precios del novillo en pie, siempre en términos constantes, estamos en los mismos niveles que en el 2008”.

Y “el rubro ovino fue de los sectores más afectados por la pandemia, resultando imperioso la incorporación de tecnología buscando lanas de mayor finura y aumento en producción de carne”.

EL TIPO DE CAMBIO “COMPROMETE AL AGRO”.

El inusual comportamiento del dólar también tiene su impacto: “El tipo de cambio sigue comprometiendo la actividad. En el último año, la devaluación del dólar rondó el 10%, acumulado a la inflación a agosto de 9,3%, prácticamente tenemos una inflación en dólares del 17%. Una pérdida del poder de compra de esta envergadura compromete al agro sin lugar a duda”.

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