La ARU señaló que “se opone categóricamente” y la SPF manifestó “honda preocupación y rechazo”.

La Asociación Rural del Uruguay (ARU) y la Sociedad de Productores Forestales (SPF) se expresaron respecto a la intención del intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, de imponer un “precio” al uso de la caminería rural.

La ARU señaló que “se opone categóricamente” y la SPF manifestó “honda preocupación y rechazo”.

ARU: “ES UN IMPUESTO ENCUBIERTO”.

La Asociación Rural expresó en el comunicado que “apoya expresamente las manifestaciones de la Gremial de Productores y Transportistas del departamento de Paysandú y de todo el sector productivo del departamento”.

“Conocemos y reclamamos por el estado de los caminos rurales, bajo el entendido de que los productores ya aportan recursos con este fin, directamente, y además, a través de transferencias desde el Gobierno Central a las intendencias”.

Reconoce que con un “mejor control y fiscalización”, junto con “un uso más eficiente de los recursos permitirá recomponer los caminos”, sin embargo, advierte que “nunca a través de la generación de nuevos cobros, que si bien se le llama precio´´ termina siendo un impuesto encubierto que afecta a todos de los productores del país.

SPF: “INICIATIVAS SIMILARES HAN SIDO DECLARADAS COMO INCONSTITUCIONALES”.

Los productores forestales manifestaron su “apoyo a las manifestaciones de rechazo de la Gremial de Productores y Transportistas de Paysandú”.

Consideran que “la propuesta en cuestión agrega costos a la producción nacional afectando negativamente su competitividad, desalentando la inversión y la generación de empleo”.

“Cualquier recurso adicional que aporte el sector privado debe originarse en mejoras tangibles en la eficiencia de las cadenas de producción que no aumenten los costos de producción y eventualmente los reduzcan”, afirman.

La SPF advierte que “la caminería posee una serie de problemas estructurales”, pero la propuesta del intendente de Paysandú “no contribuye a solucionar”. Las fallas estructurales “deberían ser abordados a nivel nacional en conjunto con todas las intendencias y las distintas cadenas productivas”.

Y concluye recordado que “iniciativas similares han sido declaradas como inconstitucionales por parte de la Suprema Corte de Justicia”.

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